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Por Camilo Andrés Garzón | Adelaida Ávila Cabrera · 02 de Enero de 2020

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2019 era el año clave de la agenda anticorrupción que quedó encarnada en la consulta de 2018, y el resultado fue agridulce: de los siete proyectos de ley que encarnaban sus mandatos, y que el gobierno de Iván Duque presentó como compromiso para hacer realidad ese mandato, el Congreso aprobó cuatro, mientras que otros tres se hundieron. Al poner la lupa a cómo votó el Congreso, aparece que no lo tramitaron como un paquete de medidas sino como proyectos autónomos, lo que se nota en las votaciones y explica los resultados diversos -y también refleja la dificultad general para manter coaliciones definidas-.

Sin embargo, tres cosas fueron generales y muestran que los proyectos terminaron dividiendo y no uniendo a las bancadas, a pesar de que todas, como todos los políticos, agitan las banderas anticorrupción:

  • El Senado los empujó, la Cámara no: mientras en el Senado varios proyectos se aprobaron por unanimidad, en la Cámara aparecieron más objeciones. Eso refleja que los senadores son más conocidos, y su elección depende más del voto de opinión que los podía castigar por oponerse, y también -según el representante verde Mauricio Toro- porque en la Cámara los discutieron con más detalle y eso hacía surgir oposición a sus detalles. 

  • La oposición fue la que más votó en contra: en los proyectos que tuvieron importantes votaciones por hundirlos, los que votaron en contra fueron principalmente de la oposición. Eso refleja sus críticas a los proyectos en concreto, más que a la agenda que han defendido: como contamos en La Silla Vacía, en varios proyectos encuentran una versión suave e incluso con micos de la propuesta de la consulta. Por eso, en buena medida, los proyectos no funcionaron como un paquete unificado, pues la distancia entre ellos y lo propuesto en la consulta fue variable.

  • Hubo más ausentes que en contra: otra característica fue una gran cantidad de congresistas que no votaron, en muchos casos de críticos iniciales de la consulta anticorrupción. No hacerlo puede servir para evitar las críticas por oponerse, sin asumir el costo de votar a favor. 

Más allá de eso, así fue el trámite*:        

No cuajaron los que más tenían que ver con la plata

El pez gordo de la agenda era el proyecto de reforma constitucional para ponerle un tope a los salarios de los congresistas y servidores públicos. Nunca salió de la Comisión Primera de la Cámara y se hundió, pues los miembros de la Comisión se declararon impedidos para votar y el Gobierno no insistió, a pesar de que es un tema tan taquillero que en las últimas semanas del año pasado el presidente del Senado, Lidio García, y el senador petristas Gustavo Bolívar hicieron propuestas para reducir el salario de los congresistas.

Otros dos proyectos, el que establecía medidas contra la corrupción como el seguimiento contractual en el Secop y el que creaba mecanismos para hacer más transparente la definición del presupuesto, como informes de la inversión por regiones o audiencias públicas de rendición de cuentas, se hundieron sin tener ni un solo debate.

Avanzaron el que tenía precedentes y los más formales

Uno de los aprobados ya tiene precedentes exitosos: es el que obliga a todas las entidades a usar unos mismos pliegos en sus licitaciones y concursos. Con eso evita que cada una defina de forma distinta, por ejemplo, qué experiencia se necesita para poder construir una carretera, que muchas veces sirve para tener “pliegos sastre”, armados para favorecer a un contratista y así garantizar que éste se quede con la obra. Ahora Colombia Compra Eficiente podrá definir esos pliegos para que todas las entidades exijan los mismos requisitos, algo que ya existe para el sector de la infraestructura y ha funcionado bien, pues ha logrado menos licitaciones con un solo oferente, lo que significa ahorros para el Estado.

Así votaron:

Se nota el contraste entre Senado y Cámara y que en ésta solo 2 votaron en contra (Nilton Córdoba y Alexander Bermúdez Lasso, ambos liberales), así como que 76 representantes no votaron y vienen de bancadas tan diversas como el Polo, el Mira, el uribismo, el verde o el conservatismo. 

Algo similar se ve en el proyecto que obliga a los servidores públicos de elección popular (alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles) a hacer públicos más datos de sus ingresos, al igual que el registro de los aportes que se realizaron en sus campañas. Este proyecto también avanza sobre algo que ya existe (ya tienen que publicar los aportantes a sus campañas, y presentar declaraciones de bienes).

 

Solo votó en contra la representante antioqueña Margarita Arango, del Centro Democrático, y fueron menos los representantes que no votaron. 

En contraste con esos dos proyectos, el que obliga a revelar los conflictos de interés de los congresistas y de sus familiares más cercanos tuvo bastantes votos en contra. Eso porque la oposición pedía que incluyera a más familiares (la ponencia de la senadora verde Angélica Lozano los llevaba hasta el cuarto grado de consanguinidad, el de los primos hermanos, y quedó hasta el segundo, que solo incluye a padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos), y por eso votó en contra. Es uno de los casos en los que sienten que el proyecto es una versión lavada de la propuesta de la consulta anticorrupción:

Por eso votaron en contra 15 senadores, todos de oposición, 25 representantes, también de oposición (más cinco liberales lejanos al Gobierno).    

Esa misma lógica se ve en el proyecto que obliga a los congresistas a que informen a sus electores de su actividad legislativa con informes públicos de gestión. Los verdes lo objetaron porque salió sin obligaciones clave, como contar su agenda o la forma en la que votaron.  

Acá la oposición se notó más claramente en la Cámara, pues casi todos los 13 votos en contra son de oposición, y casi se hunde por la suma de ellos más la gran cantidad de ausentes de todas las bancadas.   

El quinto proyecto que pasó es quizás el más notorio, pues elimina beneficios a los corruptos condenados, como pagar su pena en guarniciones militares. Solo le falta que Cámara y Senado concilien sus textos. Es este en el que se nota más claro que ausentarse a la hora de votar, sirve para no comprometer la imagen de los congresistas. 

Así votó cada congresista:

* Nota metodológica: los datos de las votaciones vienen de documentos que nos entregaron oficialmente las secretarías de Senado y Cámara. Reflejamos los votos a los títulos de cada proyecto, pues cuando se votan los artículos de forma separada, algunos congresistas apoyan unos y otros no, y al votar por el título definen su posición global frente al proyecto; tuvimos en cuenta las votaciones finales en cada cámara, que se dan en las plenarias, y no las previas en comisiones (en las que solo votan los congresistas miembros de ellas).

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