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Por Paula Doria | Manuela Galvis · 18 de Enero de 2021

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Este lunes, después de cuatro meses de la noche de brutalidad policial en Bogotá en las protestas del 9S, la Fiscalía imputará cargos a tres patrulleros por cuatro homicidios de personas que murieron por heridas de bala: Jaider Fonseca, de 17 años; Andrés Felipe Rodríguez, de 23; Germán Puentes, de 25 y Angie Paola Baquero, de 27. 

Aunque los abogados de estas víctimas, sus familias, y otras víctimas celebran esas imputaciones, piden que haya una estrategia investigativa que vincule a la cadena de mando de la Policía. 

Como la Fiscalía no solicitará medida de aseguramiento contra los patrulleros imputados hoy, los abogados de las víctimas van a solicitarla.

La teoría de una acción coordinada

“Lo que nosotros buscamos no es que se castigue únicamente al que disparó, sino a quienes dieron la orden”, dijo a La Silla Maira Páez, la joven esposa de Jaider Fonseca, quien murió a sus 17 años la noche del 9 de septiembre tras recibir cuatro disparos frente al CAI de Verbenal, en la localidad de Usaquén. 

Páez hasta ahora no ha sido reconocida como víctima por la Fiscalía.

La Silla conversó con cuatro abogados de las víctimas de esa noche, tres víctimas, dos concejales y un congresista que siguen el caso.

Todos defienden la teoría de que la responsabilidad de lo sucedido no recae únicamente en policías individuales que dispararon, pues argumentan que se repitieron patrones que dan indicios de una coordinación comandada por mandos más altos. 

Pero, según cuatro abogados de las víctimas, eso se estrella con la estrategia investigativa de la Fiscalía, que está llevando cada caso por separado y por eso no esté construyendo una visión judicial unificada de lo que pasó el 9S.

Por eso le han hecho una solicitud formal al ente investigador para que sea la Unidad de Derechos Humanos, y no quienes las llevan hasta ahora, la que esté al frente del proceso. 

Los avances de las imputaciones de hoy muestran que en esa mirada desagregada hay dificultades.

Juan Felipe Sánchez, quien representa al fallecido Andrés Felipe Ramírez, le dijo a La Silla que en el expediente del que solo ha podido tomar apuntes está la declaración de un patrullero que dijo a la Fiscalía que “un Teniente del CAI de Verbenal les dio la orden de quitarse las chaquetas para que no fueran identificados fácilmente”. 

Frente a la falta de chaquetas e identificaciones, una forma de dificultar su identificación y así cometer abusos con menor riesgo de sanciones, otros patrulleros que estaban en servicio esa noche aseguraron que se las quitaban “para no ensuciarlas”. Esto pese a que el reglamento exige que su identificación debe ser visible y clara cuando están en ejercicio. 

Los cuatro abogados consultados por La Silla coinciden en que los fiscales que están llevando los casos se están enfocando en los informes de balística, y que las imputaciones de hoy se lograron porque la bala quedó alojada en el cuerpo de la víctima, de modo que era más sencillo relacionarla con las armas que las dispararon.  

Por eso al abogado Ali Bantú, representante del fallecido Julián González, le preocupa que en ese caso no hay una prueba balística. “Me siento frustrado. Lamentablemente va a ser muy difícil individualizar la responsabilidad en este caso, justamente porque la identificación de la Policía es muy compleja”, dice. 

Lo mismo piensa Luisa Acevedo, hermana de Manuel Fernández Acevedo, de 26 años, quien puede quedar cuadripléjico por un disparo y cuyo caso no avanza. “No quedaron los cascos de la bala y nos han dicho que eso dificulta el proceso. Además, la Fiscalía no se ha vuelto a poner en contacto con nosotros para preguntarnos o contarnos cómo avanza el proceso”, contó a La Silla Vacía.

La Silla intentó comunicarse con la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de múltiples contactos, y con la Fiscalía, pero para la fecha de la publicación de este artículo no había habido respuesta.

En todo caso, más allá de los casos individuales, la hipótesis de una acción coordinada tiene fuerza.

Una acción premeditada

Los abogados y políticos pendientes del tema coinciden en que hubo una acción premeditada, al menos de los policías que muestran las reconstrucciones de video que hicieron La Silla, Cero Setenta y Zona Franca.

Efectivamente, hay estos indicios:

- La respuesta de la policía fue similar en varios puntos de la ciudad: El abogado y excongresista Alirio Uribe, quien representa a tres de las víctimas fatales de esa noche, dijo a La Silla que “debió haber una orden de dispersar a la multitud a punta de bala” porque esa fue la respuesta en 15 barrios. “Un solo policía en uno de los CAI de Suba disparó 40 tiros”, dijo. ​

Agregó que no piensa que la orden fuera matar, porque de ser así habría habido más muertes. En efecto, esa noche además de los 10 ciudadanos muertos en Bogotá, hubo más de 70 heridos de bala. 

La misma Policía reconoció que su capacidad de respuesta esa noche había sido sobrepasada, lo que según Uribe genera las condiciones para un uso irregular y generalizado de la fuerza.

- Policías ocultaron sus identificaciones: los uniformados no se quitaron la identificación únicamente en Verbenal. En Timiza, Kennedy, y otros lugares de la ciudadad pasó lo mismo, y el veedor distrital Guillermo Rivera mostró preocupación al ver en videos que varios policías intercambiaban armas con civiles esa noche. 

A esto se suma, según denunció el abogado Sánchez, evidencia de que las armas y municiones de varios policías que dijeron a la Fiscalía no haber estado en servicio ese día, sí habían sido utilizadas. 

- En los CAI de los asesinatos había denuncias por abuso policial: En localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, Usaquén y Bosa se presentaron en el pasado denuncias por abusos como violencia física, tortura, comparendos injustificados, violencia sexual y amenazas contra población particular, que en su mayoría son hombres jóvenes de barrios populares. 

Es decir, que ya había una relación tensa entre jóvenes residentes del barrio y la Policía, como también contó La Silla aquí y aquí.

- Hay confusión sobre quién estaba a cargo esa noche: Para las fuentes consultadas por La Silla, no deja de ser sospechoso que justo ese día no hubiera plena claridad de quién estaba al mando en la Policía y que los cambios en el mando se hicieran en las horas más complejas. 

Esto, según varias fuentes, dificulta el camino para encontrar a un responsable. 

Las autoridades tienen una explicación. El comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez, tenía covid y el segundo al mando, el general Luis Libreros, se enteró esa noche de que también estaba contagiado y le tocó aislarse. 

Entonces fue el tercero, el general Carlos Rodríguez, quien quedó a cargo de la situación desde alrededor de las ocho de la noche. 

En ese momento ya había habido disparos, pues se empezaron a ver después de las siete de la noche en el CAI Gaitania en Suba; pero continuaron en otros puntos hasta las 10 de la noche. 

A la opacidad sobre la cadena de mando se suma que la Alcaldesa hubiera dicho en principio que la habían desobedecido y después cambió de versión argumentando que constitucionalmente la cadena de mando depende del Gobierno, y no del Distrito.  

Caso emblemático, tímida investigación 

Bogotá no había vivido una jornada de violencia policial desde el año 1977, cuando el gobierno de Alfonso López Michelsen reprimió el paro cívico de centrales obreras y estudiantes, en la que al menos 20 personas fueron asesinadas y hubo una cifra similar de heridos a la del 9S.

Es por eso que la concejal de la Colombia Humana Susana Muhamad insiste en que “hoy no hay siquiera consecuencias políticas por no haber prevenido una protesta contra la brutalidad policial que terminó en más brutalidad policial”.   

Pero que se logre comprobar la teoría de la cadena de mando se ve difícil cuando incluso las figuras de alto perfil que apoyan a las víctimas han sido reticentes a impulsarla decididamente. 

Para empezar la alcaldesa Claudia López, que asumió desde el inicio una postura de defensa de las víctimas, ha señalado a algunos policías de haber disparado de forma “indiscriminada contra población inerme”. 

Pero también dejó claro que al menos en los Puestos de Mando Unificado (PMU) que se hicieron esa noche, “nadie dio la orden de dispararle a los ciudadanos o de recuperar los CAI a sangre y fuego”. También dijo que la mayoría de uniformados obedecieron, aunque lo que sucedió esa noche tuvo consecuencias muy graves: “ni en un combate entre Ejército y guerrilla hay 72 heridos a bala".  

El comandante de la Policía esa noche, el General Rodríguez, también dijo que “nadie da la orden de que los policías disparen o no”. 

En efecto es así. De acuerdo al reglamento del Ministerio de Defensa, la Policía podrá hacer uso de la fuerza y de sus armas bajo principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad y legalidad. El reglamento también deja claro que podrá ser usada “como último recurso para proteger la vida incluída la de ellos mismos sin mandamiento previo” y que se debe “evitar la fuerza letal”. 

Más allá de las tres primeras imputaciones

La Silla pudo acceder a las cifras que recopiló la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, a corte del 20 de diciembre, sobre los avances de los casos penales de heridos y fallecidos, que no incluyen las primeras imputaciones de la Fiscalía. 

De 395 casos, sólo estaban en proceso 121. De estos 43 ya habían sido finalizados porque la persona desistió de la denuncia, no se pudo contactar a la víctima o no se pudieron ampliar los hechos.

 

Aunque algunos familiares de víctimas, como Harold Ramírez, padre de Julieth Ramírez, están esperanzados en que las investigaciones avancen, a otros les preocupan los antecedentes de cómo opera la justicia en estos casos. 

Por ejemplo, en los últimos cinco años tras 7 mil denuncias recibidas por la Fiscalía sobre abuso policial ninguna terminó en condena, como contamos aquí

En el debate de control político que le hicieron en el Congreso a la Fuerza Pública días después del 9S, el general Rodriguez aseguró que la Fiscalía llevará los casos, que la Inspección de Policía recogió las armas de dotación que dispararon ese día para ponerlas a disposición de la investigación y que varios policías y comandantes de CAI que estuvieron ese día serían investigados por la Fiscalía, Procuraduría y la Policía. 

Ninguno de esos comandantes supera el rango de capitán. 

En cuanto a las razones de por qué reaccionaron de esa manera, el principal argumento de varios integrantes de la Policía a La Silla Vacía en su momento es que estaban actuando en legítima defensa (o eso creían) pues sentían que su vida y la de otros ciudadanos corría peligro, algo que contradicen varias de las reconstrucciones de video de ese día. 

Por eso al inicio de este proceso judicial, y sin que se conozcan muchos detalles importantes de las investigaciones y de las otras que están en proceso, existe ya una brecha alrededor de las expectativas de justicia o impunidad por el 9S. Mientras las víctimas sienten que un desenlace sin responsabilidades sobre la cadena de mando generará impunidad, la Policía y la Fiscalía están más centradas en las responsabilidades individuales. 

Esta reticencia institucional a aceptar que detrás del 9S puede haber fallas sistemáticas en la cultura, el entrenamiento y los protocolos frente a la protesta en la Policía Nacional se perfila como una tensión importante hacia el futuro.

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