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Por Ana León · 23 de Junio de 2020

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En Arauca se evidencia que el debate sobre las clases presenciales en medio de la pandemia del Covid es aún mucho más complejo de lo que se ha planteado. Como detallamos en este podcast, regresar al colegio tiene sus riesgos en instituciones que a veces no cuentan ni con agua para lavarse las manos. Pero no regresar deja a los niños sin protección frente a otro virus mortal: el del reclutamiento forzado.

Cuatro fuentes desde terreno que tienen cómo saberlo nos detallaron que, según sus informaciones, en este departamento, en el que hacen presencia el ELN y las disidencias de las Farc, vienen aumentando los casos de niños y jóvenes obligados a irse a las filas de los grupos armados ilegales.

En algunos casos, a sus familias les ofrecen llevárselos “prestados” mientras retoman las clases.

Para mayor gravedad, el delito, que no es nuevo en la región, se está cometiendo sin que se pueda visibilizar mucho debido a que los defensores de derechos humanos y miembros de la cooperación internacional, que son los que visitan los rincones más apartados, no acceden al territorio por las restricciones que imponen los ilegales por la pandemia.    

En consecuencia, hay menos denuncias y los pocos que se atreven a hacerlo corren el riesgo de quedar expuestos en sus identidades ante los armados que controlan. 

 

La escuela protege

En Arauca, las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc, que hacen presencia en todo el departamento y en la zona rural (más del 90 por ciento del territorio), ejercen rol de autoridad. De modo que allí la gente vive, entre otras cosas, respetando su manual de convivencia y a merced de su accionar. 

 

Una fuente que tiene como saberlo pero que no mencionamos por seguridad (como el resto de fuentes con las que hablamos para esta historia) nos contó que durante la pandemia ha aumentado el riesgo de reclutamiento.

Según el detalle que nos dio, dado que los niños no están yendo a estudiar y tienen mucho tiempo libre, los grupos armados están abordando a sus familias a proponerles que se vayan con ellos temporalmente. 

“Les dicen que mientras retoman la clases los dejen ir a trabajar con ellos y que cuando abra la escuela nuevamente, se devuelven”, nos dijo. 

Una versión similar nos la dieron otras dos fuentes que tampoco revelamos por su seguridad. Una de ellas nos dio otro detalle: contó que, en algunos casos, más que llevarse a los jóvenes a la fuerza, les están ofreciendo 800 mil pesos y una moto solo por entrar al grupo armado. 

Es que, tal y como nos dijo un miembro de cooperación internacional que trabaja en la zona, la estrategia que tienen es de “seducir” con dinero, armas y hasta moto a niños desde los 14 años. 

Niños y jóvenes a los que el techo de la escuela protege en sentido literal y figurado, frente a la dura realidad de esta violencia.

Esa escuela ahora ni siquiera es virtual.

“Acá no podemos decir que estamos dictando clases virtualmente sino más bien a distancia y a nuestro modo”, nos dijo un rector de un colegio en Arauquita, Arauca. Él y otros cuatro profesores de escuelas rurales del departamento nos contaron que la nueva modalidad es con guías. 

Cada uno prepara sus temas y talleres de forma escrita, les sacan fotocopias y las envían a sus alumnos cada 15 o 30 días. En las veredas más apartadas, coordinan para hacérselas llegar a algún punto de referencia en un caserío y allí los padres deben recoger las nuevas y dejar las anteriores ya resueltas por los niños. 

Ese esfuerzo, aunque es incomparable con las clases en la escuela, es lo único que pueden hacer para que los niños sigan aprendiendo. 

Eso y volverse profesores tiempo completo. 

“A la hora que llamen hay que recibirles la llamada porque es el momento en el que ellos pueden porque encontraron señal o porque les prestaron un teléfono o porque salieron con sus papás al caserío y ahí llamaron”, nos dijo una profesora en Tame. 

“Yo también los llamo. Cuando me llega el mensaje de que ya está disponible la línea fue que agarraron señal y de una los llamo”, nos contó un profesor en Saravena. 

Como contamos en este otro podcast, la escuela es un entorno protector para los niños. Por un lado porque allí les dan alimentación, que en muchos casos es la única opción que tienen. Por otro, porque los mantiene alejados de escenarios de violencia, más aún en zonas afectadas por el conflicto armado. 

De ahí que en tiempos de pandemia, a través de las llamadas con sus maestros los niños no solo reciben tutorías y resuelven dudas de sus guías. Sobre todo es el mecanismo mediante el cual los profesores saben cómo están sus alumnos. 

“Los míos eran 30 y ya me faltan cuatro que hace una semana no los he rescatado. De uno ya supe que le tocó irse con la mamá a vivir a una finca y allá no tiene comunicación de nada. Los otros tres no los he podido contactar”, nos dijo otra profesora en Arauquita. 

Perder el contacto con los alumnos no solo implica que dejen su proceso educativo. Puede ser señal de que están en peligro. 

Lo peor es que ese peligro, cuando se comprueba, no siempre se puede denunciar.

Aunque hay varios actores de defensores de derechos humanos y cooperación internacional que están al tanto de lo que está ocurriendo es muy difícil hacer algo y más en tiempos de Covid. 

Lo difícil de denunciar

De las nueve fuentes con las que hablamos para esta historia, cuatro tenían información sobre estas denuncias. Una de ellas nos contó que por una oferta de reclutamiento dos familias habían tenido que salir desplazados de la región, en plena pandemia. Por seguridad no revelamos el lugar donde ocurrió.

Más allá de eso, obtener información a detalle fue imposible. Si bien el reclutamiento forzado en Arauca no es novedad, con el Covid-19 hay dos factores que complican las denuncias.

El primero es que no hay acceso al territorio. 

Como hemos contado, en varias zonas del país los grupos armados ilegales se convirtieron en autoridad sanitaria y más allá de que el Gobierno haya impuesto medidas de aislamiento social, ellos mismos ordenaron el confinamiento en las zonas en donde tienen control territorial. 

Por ejemplo, durante los dos primeros meses de la cuarentena, los pocos carros que circulaban en Arauca, lo hacían con permiso de los grupos armados. También, como contamos en esta historia, los migrantes venezolanos que están retornando a su país tienen prohibido transitar a pie por el departamento. 

De modo que, aunque no ha ocurrido ninguna amenaza a defensores de derechos humanos ni a miembros de cooperación internacional, con las restricciones que los grupos impusieron por la pandemia, no se atreven a hacer misiones humanitarias.

“Uno está constantemente en zona rural porque en las visitas es cuando la gente le cuenta a uno qué está pasando. No se atreven a viajar para denunciar porque las guerrillas saben quién entra y quién sale así que si usted viaja tiene que decir a qué viajó. Para las comunidades es más fácil esperar a que uno los visite y ahí denunciar”, nos dijo una de las fuentes consultadas que trabaja en atención humanitaria.

“Yo todas las semanas visitaba al menos a una comunidad. Llevo tres meses sin ir a terreno”, nos dijo otra.  

Y el segundo es que como hay poca denuncia, cualquier dato que salga a la luz expone a las personas que se atreven a informar. No solo a las familias vulnerables de que las guerrillas recluten a sus hijos. También a los líderes y defensores de derechos humanos que son puente entre las comunidades y las entidades que les prestan ayuda en esos casos. 

En ese sentido, tal y como nos dijo una fuente que lo sabe de primera mano, instituciones oficiales en la región tienen información al respecto pero se abstienen de divulgarla. 

Así que con la pandemia de fondo, la vulnerabilidad de los niños que viven en zona rural de Arauca no solo aumenta sino que su denuncia se hace más difusa. 

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