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Por Tatiana Duque | Ana León · 13 de Abril de 2021

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La expedición anoche del decreto que reglamenta el programa nacional de aspersión de cultivos ilícitos es el paso más concreto del presidente Iván Duque para retomar el a fumigación aérea. Se trata de la principal herramienta para repotenciar su estrategia de seguridad, clave para que el Centro Democrático retome esa bandera en 2022.

 

Además del decreto, faltan pasos técnicos ordenados por la Corte Constitucional, como los conceptos del Instituto Nacional de Salud (INS) y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Pero en la reglamentación firmada el Gobierno introdujo modificaciones a su propuesta inicial que aplanan obstáculos para cumplir esos requisitos.

Con esto, según supo La Silla Vacía de fuentes en Casa de Nariño, Duque calcula que puede retomar la aspersión en junio, un par de meses después de la meta impuesta por el propio ministro de Defensa, Diego Molano.

Lo hace mientras en los territorios cocaleros tienen la certeza de que responderán con movilizaciones en contra, aunque no con la misma fuerza de hace unos años.

Consultamos en seis zonas (Catatumbo, Nariño, Cauca, Caquetá, Sucre y Putumayo) y encontramos que el debilitamiento del movimiento social por cuenta del incremento de la violencia, los incumplimientos del Acuerdo de Paz y la estigmatización hacia los líderes sociales le está pasando factura a asociaciones campesinas en su capacidad de convocatoria.

La aplanadora para fumigar

Además de este decreto, el Gobierno allanó el camino para volver a la fumigación con otro decreto firmado la semana pasada. Ahí determinó que sea el Consejo de Estado, y no los jueces de primera instancia, el que decida sobre las tutelas en contra de la fumigación aérea de cultivos de coca. Con esto Duque busca protegerse, como contamos en septiembre, de las tutelas y medidas cautelares que históricamente han frenado la fumigación.

Pero el decreto de fumigación firmado ayer también derriba otros dos obstáculos.

En primer lugar, al trámite pendiente y crucial solicitado por la Corte Constitucional de pedir un concepto previo sobre riesgos a la salud al Instituto Nacional de Salud (INS). 

En el borrador decía que el INS evaluaría los riesgos a la salud con base en un informe de la Policía Antinarcóticos que debía incluir “como mínimo, las áreas y parámetros técnicos de la operación, entre ellos, la mezcla a utilizarse en la aspersión”.

Pero en el decreto eso desapareció. Ahora el INS tomará la decisión con base en un estudio de riesgos que el Ministerio de Salud “tenga disponible”. 

Hasta la publicación de esta historia el Ministerio de Salud no le había respondido a La Silla las razones del cambio. El jefe de la cartera, Fernando Ruiz, además se encuentra en una posición incómoda por la política de fumigación impulsada por Duque.

En el 2015, cuando era viceministro de Salud de Juan Manuel Santos, hizo parte de una iniciativa opuesta: argumentar que el glifosato no debía ser usado desde aviones porque eso violaba el principio de precaución. Con su jefe de ese entonces, el ministro Alejandro Gaviria, interpretó evidencia científica sobre la relación del glifosato con el cáncer para detener la fumigación. Su posición fue además pública.

Actualmente, el Ministro de Salud tiene una solicitud de impedimento para referirse al tema, radicada ante la Secretaría Jurídica de Palacio. Si es aceptada, Duque deberá nombrar a un ministro ad hoc para actuar en esta situación en el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Para María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas y columnista de La Silla Llena, eso es más protocolario.

“Ya hay estudios que demuestran afectaciones graves de salud, tanto del uso del glifosato en general como del glifosato en el contexto de la lucha contra las drogas. Si le hicieran caso a la evidencia científica ya disponible, sería suficiente para no hacerlo”, dice Vélez.

El otro escollo que aplana el decreto de fumigación es el de la necesidad de hacer consultas previas. Se trata de un mecanismo de participación de las comunidades étnicas, requisito para iniciativas que tienen un impacto ambiental, como dejar caer un herbicida desde el aire.

El Ministerio del Interior, vía resolución, las evadió en enero, pero un fallo de tutela del Tribunal de Pasto suspendió provisionalmente esa decisión.

En ese caso, el Gobierno tiene una contrademanda en curso, pendiente de la decisión de segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia.

Pero mientras tanto, con el decreto el Gobierno zanjó el tema.

El borrador del decreto de aspersión aérea que se conoció en febrero ni siquiera mencionaba las consultas previas. Pero el documento firmado ayer sí las incluyó.

Sin embargo, modifica la secuencia de pasos para hacer este trámite, que suele ser engorroso y conflictivo con las comunidades. Según el decreto, las consultas previas, de ser necesarias, deben tramitarse durante la evaluación de los planes de manejo ambiental específicos, no para los que actualmente está revisando la Anla.

El argumento del Gobierno para acelerar la erradicación es que existe una relación costo-beneficio en el proceso. Ruiz nos dijo que asperjar una hectárea de cultivo ilegal cuesta 1.8 millones de pesos. Una cifra similar es la que viene manejando el Ministerio de Defensa (cuyo cálculo sube a 2 millones de pesos). Esa cifra es muy inferior a la que en 2019 la Oficina de Drogas de la Presidencia le dijo a Dejusticia que costaba asperjar: 72 millones de pesos, como revelamos en su momento. De ese monto específico el Gobierno nunca volvió a hablar. Más allá de esa controversia, Ruiz dice que en las cifras de su Ministerio asperjar resulta más barato que la aspersión terrestre (con drones) que cuesta 4.8 millones; y que la erradicación manual forzada (la estrategia más usada por el Gobierno en 2019 y 2020) que cuesta 3.8 millones. Un argumento que ha sido cuestionado por organismos humanitarios como la ONU y por investigadores independientes. Un informe de 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dice que hay una relación “estadísticamente significativa” que demuestra que la erradicación manual y sobre todo la aspersión aérea inciden en que menos gente abandone los cultivos ilícitos. “Estamos evitando muertes de héroes de la Patria”, nos dijo Ruiz. Según cifras del Ministerio de Defensa, en los últimos dos años la erradicación forzada manual -que incluye grupos de 20 a 30 uniformados y civiles; ha dejado 157 heridos y 25 uniformados muertos. Eso sin contar que solo en Putumayo fueron contabilizados más de 120 choques entre campesinos y la fuerza pública por erradicaciones forzadas. A lo que se suma el otro argumento del Gobierno: la efectividad. De acuerdo con Ruiz, con la aspersión podrían erradicarse 162 hectáreas por día; casi 10 veces más de lo que hacen los grupos móviles de erradicación forzada (1.9 hectáreas) y la aspersión terrestre (2.2 hectáreas).

Es decir, que en vez de tener que arrancar consultando, puede avanzar hasta que se tengan identificados los polígonos a fumigar. De esta manera, el Gobierno puede avanzar en la evaluación ambiental de la fumigación, ya en trámite, y citar al Consejo Nacional de Estupefacientes, donde se da la luz verde para avanzar en la implementación del programa.

Así nos lo confirmó una fuente de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, argumentó a La Silla Vacía que este cambio no violará el derecho a la consulta. E indicó que precisamente por eso se incluyó la consulta en el decreto.

“Siempre que haya territorios indígenas y grupos étnicos siempre habrá consulta previa. Olvídate que habrá decisiones en contra de eso, tampoco habrá (fumigación) parques naturales nacionales ni ecosistemas como páramos”, dijo.

Con esta modificación se da espacio para avanzar, entendiendo que aún falta tiempo para la primera aspersión.

Y aunque el ministro Ruiz no se casa con fechas (así como no lo hizo en febrero, cuando el ministro Molano puso la fecha de abril), sí nos habló de posibles departamentos en donde aplicaría la aspersión.

“Hay departamentos que son neurálgicos, delicados. El primero es Norte de Santander, que tiene el 27 por ciento de todas las hectáreas sembradas en el país. Cauca, Nariño, Antioquia, Bolívar”, insistió Ruiz. Eso sí, nos dijo que por ahora esa decisión recae sobre la policía antinarcóticos, en cabeza del general Hernán Bustamante.

Mientras el Gobierno le pasa la aplanadora a los obstáculos para la aspersión, el movimiento campesino, principal opositor en las regiones de esta medida, está debilitado.

La debilidad actual de las organizaciones

En las regiones cocaleras ya se venía discutiendo regresar a las protestas contra el glifosato. Movilizaciones previas ocurrieron en febrero en Villa Garzón, Putumayo, con 2 mil campesinos; y en Tumaco, Nariño, en marzo con 4 mil más.

La Silla consultó a líderes y voceros de seis regiones, y varios movimientos están planeando sumarse al paro de centrales obreras del próximo 28 de abril.

En Putumayo “se están buscando acciones para poner en la mesa la discusión política, no basada en la imposición sino en acuerdos y desarrollo antes de aplicar políticas de imposición”, nos dijo Wilmer Madroñero, líder campesino de Meros (Mesa Regional de Organizaciones Sociales).

En Cauca, el movimiento campesino agrupado en Pupsoc (Proceso de Unidad Popular) tiene delegados desde ayer en Popayán, trabajando con las organizaciones indígenas y afro para sumarse a una movilización que agrupe a Nariño, Cauca y Valle. Pero no tienen fecha definida hasta el momento.

En otras zonas, como en Catatumbo, las organizaciones campesinas y sociales no han hablado formalmente de unirse para una gran movilización como la que protagonizaron en 2013, cuando pararon 53 días.

Sin embargo, las comunidades de esa subregión de Norte de Santander han impedido jornadas de erradicación manual o aspersión terrestre en sus territorios, convocando a cientos de campesinos a bloquear el paso del Ejército.

”Hay una debilidad en las organizaciones”

César Jerez, líder campesino

Y a propósito del decreto de aspersión aérea, un líder regional nos dijo que “paro habrá, eso no lo duden”.

De todos modos, esa fuente, así como otras seis más —entre campesinos, expertos y verificadores— nos admitieron que la base social no está tan fuerte como en el paro campesino de 2013 o la Minga de 2019 en el sur del país.

“Las comunidades veían la fumigación como algo distante”, nos dijo el investigador en política de drogas y miembro de Viso Mutop, Pedro Arenas, uno de los que más conoce la situación en el sur del país, especialmente en Guaviare. “Hay una debilidad de las organizaciones”, nos admitió César Jerez, uno de los líderes más visibles del movimiento campesino y de las zonas de reserva.

El Acuerdo de 2016 le dio un impulso a las organizaciones sociales y en particular a las que agruparon a campesinos cultivadores de la mata, una base social históricamente afín a las Farc. A partir de 2017, esos movimientos tuvieron una vocería directa con el Gobierno para formalizar los acuerdos de sustitución de cultivos (los Pnis).

El ejemplo más visible es la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). Agrupó a 5 mil voceros de 14 departamentos. Incluso logró entrar a la política, y en 2019, en Putumayo, impulsó la elección de un diputado. 

Otros ejemplos regionales mostraron esa fuerza: la Mesa Regional de Organizaciones Sociales (Meros) en Putumayo, la Asociación de Campesinos de Catatumbo (Ascamcat) en Norte de Santander, o la Red del Pacífico Sur en Nariño.

Pero su debilitamiento actual ha venido de la mano de la fragmentación del conflicto, tras cuatro años de firmado el Acuerdo de Paz.

Especialmente la violencia contra los líderes que le apostaron a la sustitución. Como mostró La Silla Vacía en 2020, 24 de los 120 líderes asesinados desde la posesión del presidente Duque, le apostaban por la sustitución. Según la organización Somos Defensores, desde 2016 han sido asesinados 75 líderes.

“No se proveyeron medidas de seguridad en los territorios Pnis y eso aumentó el riesgo por la disputa de los territorios”, nos dijo Arenas.

En Catatumbo por ejemplo, la inseguridad sobre los líderes debilitó la fuerza que tenía Ascamcat en ese territorio: “Ellos siguen diciendo que son 3 mil afiliados, pero en realidad les quedan como 100 personas. Han tenido problemas muy feos de amenazas e intimidaciones con sus líderes”, nos dijo una fuente de cooperación internacional en la región*.

”La administración paralizó las instancias de vocería del Pnis”

Pedro Arenas, investigador

Justamente ayer, uno de sus voceros más visibles, Juan Carlos Quintero, fue retenido presuntamente por el ELN durante tres horas, cuando se movilizaba con su esquema de seguridad en la vía Teorama - Tibú.

Otra razón son las críticas de los campesinos y cultivadores que quedaron por fuera de los programas Pnis. Esto debilitó los liderazgos de los campesinos que sí le apostaron a la sustitución y asumieron parte de la responsabilidad de los incumplimientos de los gobiernos Santos y Duque.

“En la medida de que el Gobierno no cumplió, pues la vulnerabilidad de esos liderazgos aumentó”, nos dijo el investigador Arenas. “La administración Duque paralizó las instancias de vocería del Pnis. Ante esa falta de organización las organizaciones no tienen capacidad de informarse y transmitir la información a sus comunidades sobre qué hace el gobierno”.

Eso se ve, nuevamente, en Catatumbo. “El problema es que la parte social se ha perdido mucho, porque al impulsar lo social nos acosan a nosotros, nos tildan de pertenecer a grupos armados”, nos dijo un líder de la asociación de juntas de acción comunal (Asojuntas).

Como contamos el gobierno Duque suspendió ese programa tras tener 100 mil acuerdos de sustitución por falta de plata. En zonas como Cauca, el programa arrancó tarde (en 2019) y actualmente no hay recursos para lo más transformador del programa, que son los proyectos productivos.

“Hoy los 19 millones de pesos (el subsidio para el proyecto productivo), que es el potencial, el fuerte de dar el paso definitivo, realmente no les cumplieron, no los entregaron. Y hoy el Gobierno no tiene plata. ¿Cuál es la alternativa? Pues volver a los cultivos”, nos dijo Madroñero, de Meros en Putumayo.

Este líder nos dijo que en su departamento de las 30 mil familias que se comprometieron a sustituir, al menos la mitad estarían nuevamente sembrando ilegalmente.

Para el Gobierno, el plan de fumigación viene de la mano de una estrategia que llama “integral” que incluye además de la mano dura contra el narcotráfico (con pie de fuerza militar, reorganización de batallones y un plan ciudadano, como contamos) el de los programas sociales.

“La estrategia del Presidente es integral. Siempre ha dicho que se tienen que tener todos los mecanismos que son sustitución, voluntaria, forzosa y aspersión, cuando se cumplan los requisitos, cada uno donde corresponde”, nos dijo Emilio Archila, el consejero presidencial para la Estabilización y encargado de los programas de sustitución.

”La estrategia del Presidente es integral”

Emilio Archila, consejero de Estabilización

De acuerdo con su oficina, el Pnis tiene cerca de 100 mil familias afiliadas, de las cuales el 10 por ciento “tiene un proyecto productivo definitivo y casi la mitad con huertas propias ya instaladas”. Tiene un presupuesto de un billón de pesos, además de otras iniciativas como Sembrar para Sustituir con 1.200 familias en Catatumbo y están listos ocho proyectos de otro programa llamado Hecho a la Medida.

Una tercera razón, más política, es la crisis del partido Comunes, que agrupó a las antiguas Farc. Como contamos en su momento, la mayoría de estas organizaciones campesinas eran la base social de la antigua guerrilla y las diferencias internas entre excomandantes del partido (que hemos mostrado en historias como esta) también les quitó fuerza a las organizaciones.

“La misma crisis de las Farc como partido repercutió a nivel regional. Hay muchas tensiones y debilidades, hay que reconocerlo”, insistió el líder Jerez.

A pesar del debilitamiento, Jerez, Arenas y tres fuentes en terreno en Putumayo, Nariño y Catatumbo nos dijeron que muy posiblemente se podrán activar movilizaciones. Aunque todas coinciden en que no tendrían la fuerza de años anteriores, como el paro campesino de 2013 o la Minga de 2019.

”No se violará el derecho a consulta previa”

Wilson Ruiz, MinJusticia

El problema de esa situación es la posible olla a presión en los territorios, donde es constante la presencia de grupos armados.

El miedo en algunas de las zonas donde ya ha habido manifestaciones es que se repitan escenarios de violencia del pasado. Un ejemplo es Nariño.

“En los últimos 20 días tuvimos de 2 mil a 5 mil desplazados, en La Tola, El Charco y Olaya Herrera por enfrentamientos entre grupos ilegales. Imagínese usted un desplazamiento por fumigación”, nos dijo el subsecretario de Paz de la Gobernación, Amilcar Pantoja.

*Nota del editor: Por error, en la versión inicial de este artículo le atribuimos la cita a un miembro de la Misión de Verificación de la ONU. Esta versión nos la dio un miembro de cooperación internacional presente en la región.

CONTEXTO

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