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Por Juan Manuel Flórez Arias · 12 de Noviembre de 2020

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El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, obtuvo anoche el primer triunfo luego del golpe sobre la mesa que dio en la Asamblea, donde la semana pasada rompió su alianza con parte de los partidos Liberal y Conservador, y armó una nueva coalición en la que la principal bancada -8 diputados- es la del Centro Democrático, partido con el que compitió en la campaña del año pasado.

Con 21 votos a favor y 4 en contra, la corporación aprobó anoche en segundo debate (de tres) el proyecto de Gaviria para que la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) deje de ser una dependencia de la Secretaría de Hacienda y se convierta en una Empresa Industrial y Comercial del Estado (Eice). 

Con eso la principal fuente de recursos del departamento, pues en 2018 le transfirió 1 billón de pesos y le da entre el 25 y el 30 por ciento de todo su presupuesto, tendría un régimen de contratación privado, más flexible que el público actual, sin privatizarla.

El proyecto parte de una sentencia del Consejo de Estado de 2018 a favor de los trabajadores de la FLA, que lograron dejar de ser servidores públicos para ser empleados oficiales, que sí tienen derecho a huelga y a presentar pliegos de peticiones.

Sin embargo, el sindicato Sintrabecólicas critica el proyecto, porque considera que no respeta el fallo porque la Eice seguiría adscrita a la Secretaría, y solo administraría y comercializaría las marcas de licores, que seguirían siendo de la administración central, igual que los equipos.

Los otros cuestionamientos expresados ayer por diputados como Luis Peláez del movimiento Dignidad de Jorge Robledo (antes Polo Democrático) o Camilo Calle del Partido Verde, son que la transición no blinda a los trabajadores de un posible despido masivo y que puede abrir la puerta a una privatización de la FLA.

En medio de las dudas, el proyecto es un cambio de fondo: acata el fallo de del Consejo de Estado que exhorta a dar más derechos a los trabajadores usando el “esquema de las empresas industriales y comerciales del Estado creadas por la Asamblea”, y de una vez facilita la contratación, sin soltar la toma de decisiones, que seguirían centralizadas en la Gobernación.

Eso porque la junta directiva de la nueva Eice tendría cinco sillas y todas las controlaría el gobernador, pues serían: 

  1.  El gobernador 

  2. El secretario de Hacienda, que nombra el gobernador

  3.  El gerente del Instituto de Desarrollo de Antioquia (Idea), que nombra el gobernador

  4. Dos para miembros independientes del sector privado, designados también por el gobernador, que los podrá remover en cualquier momento.

Es una transformación a la medida de la Administración, que movió todas sus cartas y su influencia política para que la Asamblea se la apruebe.

Cambio de aliados

El resultado de ayer reflejó los efectos de la mano dura que implementó Aníbal desde que, hace un mes, salió de prisión domiciliaria y retomó su cargo.

El gobernador encargado Luis Fernando Suárez, quien reemplazó a Aníbal mientras estuvo detenido entre junio y octubre por una investigación por presunta falsedad en contrato en su primera gobernación, pidió en julio facultades especiales para transformar directamente la FLA, algo que rechazó la mayoría de los diputados. 

Luego, en septiembre, presentó un proyecto y convocó a sesiones extraordinarias para votarlo, pero no pasó ni un debate.

 

Ante eso, cinco días después de retomar su libertad, el 21 de octubre, Gaviria reunió a los 16 diputados con los que a principio de año armó mayoría entre los 26 y les pidió cuentas.

“¿Cuál es el cronograma? ¿Cuáles son los ponentes? Porque yo no acepto dos ponencias que están en duda”, se supo que dijo explícitamente.

Eso porque lo hizo en una reunión privada paralela a la instalación del debate en la Asamblea ese día, uno de los diputados dejó por error su micrófono encendido y el diputado Peláez la grabó.

Esa reunión marcó la ruptura definitiva de Gaviria con el diputado liberal Rubén Callejas, presidente de la Asamblea y de la línea política del senador Iván Darío Agudelo. Callejas había sido el líder de la coalición y como presidente decide el orden del día.

“Aníbal comenzó a intentar manejar la agenda de la Asamblea, nos dijo que le hacíamos el favor y le entregábamos una fecha. Yo le pedí respeto y me retiré”, dijo Callejas a La Silla.

Un diputado de otro partido, que pidió que su nombre no fuera citado, dijo que la relación de Aníbal con la coalición nunca fue buena: “no fue a la instalación de la Asamblea, les llegó a decir que él habría ganado sin ellos”, dice. “Entonces la coalición, que tenía todas las presidencias de las comisiones, intentó usar su influencia como herramienta de chantaje, pero lo que hizo Aníbal fue cambiarlos”.

El Gobernador mostró que el que tiene el poder en la relación es él.

El 30 de octubre, Callejas votó negativo el proyecto en su primer debate, pero pasó con los votos positivos del verde Rogelio Zapata, el uribista José Gregorio Orjuela y Rodrigo Mendonza, del Partido de La U.

Tres días después, el lunes festivo, Aníbal citó a 17 diputados, los 8 del Centro Democrático y los de otros partidos que habían votado positivo, y les propuso armar una nueva coalición sin Callejas ni los tres diputados de Conservadores de Vida, del grupo político del senador Juan Diego Gómez, que habían expresado reparos a la ordenanza.

Al día siguiente, se votaban las mesas directivas para el próximo año y se reveló el cambio de fuerzas: la presidencia que iba a ocupar Juan Esteban Villegas, de Conservadores de Vida, fue para Jaime Alonso Cano, también conservador pero de la línea del senador Carlos Andrés Trujillo, que quedó en la coalición.

Ese cambio de poder entre los dos grandes grupos conservadores refleja también sus relaciones con la Gobernación.

El grupo de Trujillo ya está muy bien posicionado: la Secretaria de Salud, Lina Bustamante, es la esposa del presidente de la Cámara, Germán Blanco, fórmula y aliado del senador Trujillo.

En contraste Carlos Mario Montoya, miembro de Conservadores de Vida, solo duró cinco meses como gerente de la EPS Savia Salud; en mayo salió para ser Secretario de Gestión Territorial de la Alcaldía de Medellín (como contamos, fue uno de los enlaces entre la campaña de Aníbal y la de Daniel Quintero.).

Según dos fuentes, una de Conservadores de Vida y otra externa, el cambio se dio tras una pelea de Montoya con el Gobernador, pero esa es solo una prueba de la distancia: “Gaviria viene incumpliéndoles. Siendo el equipo de diputados conservador más grande no les ha nombrado a nadie de primer, segundo ni tercer nivel”, le dijo a La Silla una fuente cercana al grupo.

Sin embargo, la ruptura no es clara: pese a que Aníbal los sacó de la coalición, ayer los tres diputados del grupo votaron a favor del proyecto. 

Uno de ellos, Juan Esteban Villegas, le dijo a La Silla que está esperando reunirse con Gaviria: “No entiendo por qué cobran mi cabeza. Estoy esperando reunirme con el doctor Aníbal y, después del saludo, la primera pregunta será esa”.

Gaviria también sumó a los del Centro Democrático, que según uno de ellos buscaron la alianza: “Cuando vimos que adelantaron la elección de mesa directiva, dijimos: se rompió la coalición. Y dijimos: digámosle al gobernador que queremos participar en la nueva que va a armar. El gobernador lo escuchó”.

Con eso, tendrán a Verónica Arango como vicepresidenta primera de la Asamblea, a pesar de que se declaró en independencia en enero y de que en las sesiones extraordinarias de septiembre, ella dijo que el modelo comercial de la FLA podía cambiarse “sin necesidad de ser una EICE”.

 

Su voto, ya como parte de la coalición de gobierno, muestra que ya no tiene esas dudas. 

Ese voto es apenas un pequeño resultado de los enroques que logró Gaviria en su regreso, pues está ad portas de sacar el proyecto en un par de semanas: el pasado viernes fue el primer debate, ayer el segundo y el tercero está pendiente y probablemente se dé la otra semana.

Transformación a la medida

Esta no es la primera vez que Aníbal Gaviria, como gobernador, intenta transformar la FLA.

En su primera gobernación (2004-2007) propuso vender la fábrica argumentando que un cambio en las tendencias globales de consumo, que favorecían a los vinos y a las cervezas, podrían afectar al aguardiente y por ende la competitividad de la FLA.

Esta vez no habla de privatización, pero sí retomó el argumento de la competitividad. 

El estudio técnico que sustenta el proyecto de ordenanza señala que mantenerla como parte de la Secretaría de Hacienda, “fue una ventaja hasta antes de la promulgación de la Ley 1816 de 2016. La nueva ley eliminó restricciones competitivas y ha permitido el crecimiento de nuevos productos y comercializadores de licores importados”.

Este argumento es razonable de acuerdo con Luquegi Gil, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho Público: “Hoy en día la FLA tiene que sacar muchos procesos por licitaciones que se pueden demorar hasta 45 días. Como Eice esos tiempos pueden disminuir”.

Eso no se traduce en una solución inmediata al problema de competitividad, que quedaría a partir del 1 de enero en manos de la futura junta y sus directivas. 

Sobre eso giraron críticas de algunos diputados, entre ellos los del Centro Democrático antes de ser parte de la coalición. También de Callejas, quien en su ponencia negativa en primer debate escribió: “hoy no tienen estrategias de comercialización, la competitividad será responsabilidad de la junta directiva en enero de 2021”.

Una fuente que conoce en detalle el negocio de licores le dijo a La Silla que la transformación puede ser un primer paso para mejorar la competitividad pero no se mete con el modelo de negocio de la FLA, que es el que tiene más cuestionamientos.

Desde 2003, el sistema es que a final de año la Gobernación, a través del Idea, le presta plata a distribuidores privados para que le compren licor. Así aumentan las cifras de ventas y las transferencias de la FLA al departamento, pero deja mucho producto guardado por meses en las instalaciones de la FLA mientras los distribuidores realmente lo venden.

En 2018, como contó el diario El Colombiano, uno de estos préstamos fue cuestionado por miembros de la junta del Idea pues los distribuidores afirmaron que pedían más aguardiente del que vendían, y por eso seguirlos financiando era “correr el riesgo de terminar llenos de guaro”.

“Ese es el verdadero problema de la FLA, un modelo de negocio enfermo que no es transparente con cuánto aguardiente demanda el mercado. Esto no cambia para nada si se convierte en una Eice, de hecho, puede hacer que la elección de los distribuidores sea aún menos transparente”, dijo la fuente que conoce el negocio.

Más cuando la junta directiva estaría completamente bajo el control del gobernador de Antioquia, mientras en la Licorera de Caldas el gobernador nombra a los cuatro miembros independientes que con él conforman la junta, pero tienen periodos fijos que exceden a su mandato.

Por eso, con el cambio de coalición y el paso exprés del proyecto, Aníbal Gaviria está asegurando una coalición más amplia en la Asamblea, cumpliendo el fallo del Consejo de Estado y conservando su control sobre la FLA, con unas reglas más flexibles para contratar.

En suma, muestra que regresó con su poder intacto.

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