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Por Ever Mejía · 27 de Diciembre de 2020

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A siete días de que venza el contrato de la concesión del alumbrado público que estuvo vigente durante 22 años en Cartagena, el alcalde William Dau tendrá que escoger nuevo operador a dedo y a las carreras porque no se hizo licitación y, de lo contrario, la ciudad quedará a oscuras a partir del próximo cuatro de enero. 

La circunstancia no obedece únicamente a la inoperancia de la Administración Dau, pues el negocio ya se había prorrogado dos veces en el gobierno pasado que tuvo en encargo al exrepresentante Pedrito Pereira, que tampoco entregó la nueva concesión. 

Como alcalde electo Dau sostuvo que la concesión debía entregarse a través de una licitación pública, no obstante, su Administración solo se pronunció sobre el tema en octubre para anunciar que entregaría un contrato interadministrativo, a dedo, por 10 años a una empresa del sector público. 

 

Sin embargo, este miércoles el Concejo, con el que Dau ha tenido múltiples enfrentamientos, archivó el proyecto de acuerdo que presentó la Alcaldía en el que se solicitó la aprobación de 464 mil millones de pesos en vigencias futuras para garantizar el servicio en los próximos diez años.

La opción que contempla ahora el Alcalde es entregar el contrato a un nuevo operador por un solo año y sin pasar por el Concejo. 

La movida tiene en ventaja a tres empresas del sector público que, tras un estudio de mercadeo, la Alcaldía consideró idóneas para asumir el proceso inicial. 

Se trata de Empresas Públicas de Medellín (EPM), cuyo presidente de junta directiva es el alcalde de Medellín Daniel Quintero; Alumbrado Público de Barranquilla, donde tienen vínculos el zar de las basuras William Vélez y los poderosos megacontratistas de Char en Barranquilla, Christian y José Manuel Daes; y Enel-Codensa, conformada por el Grupo Energía Bogotá, propiedad por la Alcaldía de Bogotá, y por la multinacional italiana Enel. 

El alumbrado

En una decisión cuestionada por entes de control, en 1998 el fallecido alcalde de Cartagena, Nicolás Curi, (condenado por corrupción) le entregó la concesión de alumbrado público por 20 años al consorcio Iluminemos Cartagena, del que hacía parte una empresa que tiene entre sus accionistas a quien era su amigo: William Arabia. 

Ese contrato vencía en 2018, pero dos veces fue extendido por Pedrito Pereira, uno de los alcaldes encargados que tuvo Cartagena en medio de su crisis social y administrativa.

En 2019, Pereira también firmó un contrato interadministrativo con la banca de desarrollo territorial Findeter para realizar estudios que permitieran definir el modelo de la prestación del servicio de alumbrado público en Cartagena. 

En ese estudio Findeter planteó alternativas para que la Alcaldía definiera la prestación del servicio ante la inminente finalización de la concesión.

En un principio Pereira presentó un proyecto de acuerdo para extender la concesión a Iluminemos Cartagena por nueve años, algo que fue criticado por diferentes sectores, incluido el entonces alcalde electo Dau, quien defendía la idea de hacer una licitación con una empresa internacional como garante del proceso. 

El 5 de diciembre del año pasado, en un debate en el Concejo, Dau dijo que: “Tenemos que tomar una decisión objetivo, a largo plazo, que es una nueva licitación. Eso le corresponde a la Administración del alcalde electo William Dau”.  

Y desde sus redes presionaba a Pereira para que no extendiera la concesión por nueve años: “!Y a Pedrito le digo que si renueva la concesión de alumbrado público por más de un año con el supuesto argumento que es la recomendación de Findeter se va a armar la gran pelotera! ¡A Cartagena se respeta!”. 

Al final, Pereira solo renovó el contrato por un año porque la propuesta que hizo Iluminemos Cartagena de extender la concesión por nueve años fue rechazada tras un análisis que hizo el Distrito con Findeter.

Con eso, la entrega de la nueva concesión recayó sobre la Administración de Dau. En enero, Findeter le entregó el estudio con las alternativas que tenía la Alcaldía para adjudicar la concesión: la mejor opción era otorgar la concesión a través de una licitación pública y la segunda era entregarla a través de un contrato interadministrativo. 

En ese entonces, el gerente de Findeter, Jaime Luque, dijo que la Administración no debía necesitar más de un año para hacer la adjudicación del proyecto. 

Pero solo a mediados de octubre de este año, a menos de tres meses de finalizar el contrato de Iluminemos Cartagena, la Administración de Dau se pronunció al respecto del tema para a anunciar que entregaría la concesión por diez años bajo la modalidad de contrato interadministrativo (a dedo) a una empresa pública. Esto fue criticado porque le resta pluralidad de opciones al proceso y porque como alcalde electo defendió la licitación pública, la opción mejor calificada por Findeter.  

Dau se justificó diciendo que los tiempos no daban para abrir una licitación y que el contrato interadministrativo es legal y está bien calificado en el estudio de Findeter. 

“Lastimosamente los tiempos no nos alcanzaron (para abrir una licitación), como ustedes saben este año ha sido atípico con el tema de la pandemia (...) Findeter entregó un estudio y solo en junio terminamos de revisarlo y nos dejaba con tiempos muy apretados que no daban para hacer la licitación pública”, se justificó Dau en un Facebook Live desde la cuenta de la Alcaldía. 

Pero en estos dos últimos meses Dau se encontró con la barrera del Concejo que archivó el proyecto de acuerdo que presentó para garantizar la plata.

El proyecto con el que Dau iba a entregar la concesión del alumbrado público por diez años contemplaba inversiones por 570 mil millones de pesos, por lo que necesitaba que la corporación le aprobara vigencias futuras por 464 mil millones. 

Sin embargo, el Concejo lo archivó argumentando, entre otras cosas, que el proyecto no está contemplado en el Plan de Desarrollo.

Con este nuevo escenario, el Alcalde pretende entregar el contrato por un solo año sin pasar por el Concejo. “Tengo entendido que si es solo para el año entrante, que lo firmamos los primeros días de enero para terminar el 31 de diciembre, no hay que ir al Concejo”, le dijo Dau a La Silla. 

El Alcalde también descarta cualquier posibilidad de extender el contrato con el operador actual. “Yo no sé cuál es el arreglo o la propuesta que existe entre el actual concesionario de alumbrado público que tiene 22 años y el Concejo Distrital. El Concejo está haciendo todo lo posible para tratar de que yo le prorrogue, le extienda, el contrato a estos tipo que llevan 22 años, pero yo no lo voy a hacer”, le dijo Dau a La Silla días antes de que se confirmara el rechazo del Concejo.  

Las tres empresas que correrían con ventaja para quedarse con el contrato como quiere Dau serían las que ya fueron avaladas por un estudio de mercadeo que hizo la Alcaldía. 

La primera es Alumbrado Público de Barranquilla, una de las empresas de economía mixta que creó Álex Char como alcalde de esa ciudad, en un esquema para manejar lo público que contamos en esta investigación.

Allí el Distrito tiene una participación del 65 por ciento y la sociedad Barranquilla Capital de Luz (conformada por cinco empresas) tiene el otro 35 por ciento. 

Como hemos contado, de la sociedad Barranquilla Capital de Luz hacen parte empresas que tienen vínculos con el zar de las basuras William Vélez y los hermanos Christian y José Manuel Daes, éstos últimos sostén de la popularidad de la casa Char y poderosos megacontratistas.  

De quedarse con la concesión, sería la entrada de uno de los superpoderes de Barranquilla a la contratación de Cartagena. 

En diciembre del año pasado la relacionista pública de los Daes, Susana de León, organizó un foro en la ciudad llamado “Uniendo Esfuerzos por Cartagena” que, de hecho, contó con la participación de Dau, quien en ese entonces era alcalde electo. Allí Dau tuvo una reunión privada con Christian Daes durante alrededor de media hora.

La segunda opcionada es Empresas Públicas de Medellín (EPM), la joya de la corona antioqueña, que, desde octubre, opera el servicio de energía eléctrica en Cartagena y en todo Bolívar, así como en los departamentos de Córdoba, Sucre y Cesar. 

Y, por último, está la empresa mixta Enel-Codensa, conformada por el Grupo Energía Bogotá, propiedad por la Alcaldía de Bogotá, que tiene una participación del 51 por ciento y la multinacional italiana Enel que tiene el 49 por ciento. Esta empresa también estuvo interesada en operar el servicio de energía en la Costa, tras la salida de Electricaribe. 

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