Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Juanita Vélez · 22 de Octubre de 2019

1066

0

Hoy la Unidad de Investigación y Acusaciones, UIA, sacó un comunicado que conmocionó el mundo de la justicia transicional pactada en la Habana, la JEP, y que es una muestra más de las difíciles relaciones entre ella y el tribunal de la JEP.

La UIA, que encabeza Giovanni Álvarez, pidió a la Sala de Amnistía que abra un incidente de incumplimiento para expulsar a Omaira Rojas, conocida como ‘Sonia’, y a Enrique Marulanda, hijo de Tirofijo.

“Esta determinación se adoptó tras las verificaciones realizadas por el Grupo de la Policía Judicial de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en coordinación la Dijin, y luego del anuncio público de su intención de retomar las armas y alzarse en contra del régimen constitucional y legal vigente en agosto pasado”, dice, en referencia al video en el que Iván Márquez y su banda anunciaron su rearme.

Dos horas después el magistrado Pedro Mahecha, de la Sala de Amnistía de la JEP, respondió con otro comunicado en el que anuncia que no le abre ese incidente a Sonia, con lo que choca con la UIA en un asunto de alto calibre mediático.

Mahecha alega que “el fiscal 03 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que pidió la apertura del incidente, no pudo demostrar esos indicios (de que sea ella), ya que el cotejo morfológico que aparece en su informe no determina plena identidad ni es concluyente respecto a que Rojas Cabrera (Sonia) aparezca en el video de agosto pasado”.

También dice que el mismo estudio morfológico de la Dijin que cita el fiscal de la UIA, dice expresamente que "No determina plena identidad, su naturaleza es orientadora y no es concluyente".

Además, Sonia le dijo hoy a Blu Radio que ella sigue comprometida con el proceso de paz, vive en Caquetá y que está a la espera de ampliar su versión en el macrocaso de secuestro que avanza la JEP contra miembros de las Farc. 

Y, como reveló La Silla Sur, estuvo en una reunión un mes después del video con otros mandos medios de las antiguas Farc, en la que pidieron avanzar en la implementación del Acuerdo por fuera del partido Farc, como reconfirmó La Silla hoy con Andrés París y Victor Hugo Silva, desmovilizados que estuvieron allí. 

Esta decisión solo es una muestra más de que la relación entre JEP y UIA, no sólo empezó, sino que sigue mal. Estos son los principales capítulos de esa mala relación:

1

Álvarez quería tener más poder para definir qué investiga

La relación arrancó mal desde un principio. Como contó La Silla Vacía en febrero de 2018, cuando Álvarez llevaba menos de dos meses posesionado, llegó a su cargo en medio de fricciones que llevaron a que el entonces presidente Juan Manuel Santos dudara en nombrarlo y a que su posesión se demorara por una denuncia de un ex paramilitar.

Pero lo que realmente creó fricciones internas con los magistrados, que estaban recién posesionados, fue una entrevista en El Espectador en la que Álvarez dijo que la UIA podría investigar de oficio delitos atroces, cuando en la lógica del sistema está claro que es el Tribunal el que define qué casos se investigan.

Eso produjo un primer choque que se superó en las normas de procedimiento que definieron que la UIA no lo puede hacer, pero que fue apenas un abrebocas.

 
2

La UIA le cayó a la JEP en un momento clave

En mayo de 2018, cuatro meses después de ese primer roce, la Sección de Revisión de la JEP anunció que suspendía el proceso de extradición de alias Jesús Santrich, quien había sido capturado un mes antes por la Fiscalía en un proceso nuevo y muy sonado por presunto narcotráfico.

Al día siguiente, Álvarez dijo públicamente que no compartía esa decisión, antes de que lo hicieran el Gobierno Santos y el entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez. 

Como esa puja (que finalmente ganó la JEP) era un choque de trenes de marca mayor, pues definía si Santos alcanzaría a extraditar a Santrich y cuál era el poder de la JEP en extradiciones de desmovilizados por hechos posteriores a su desarme, la posición de Álvarez solo refrendó la división entre él y la UIA; de un lado, y el Tribunal y sus magistrados, del otro.

 
3

La UIA quería más independencia para manejar la plata

Unos meses después, a mediados de 2018, los magistrados se sorprendieron por un artículo del borrador de presupuesto para 2019, en el que aparecía la UIA como una entidad aparte.

Eso, para varios magistrados y la presidenta de la JEP, Patricia Linares, significaba dejar que la UIA quedara con autonomía administrativa y financiera, es decir, a Álvarez con la capacidad e contratar de forma autónoma.

Linares se opuso: “la posición de la Jurisdicción tal como lo acordamos con el Gobierno anterior y con este Gobierno es que seguiremos funcionando con los recursos humanos que acordamos desde el año 2017, porque entendemos las preocupaciones que tiene el país en materia fiscal”, dijo.

Finalmente, el artículo se cayó y de nuevo el Tribunal ganó la pelea. Pero la relación se iba empeorando.

 
4

El caso Bermeo dejó mal a todos, aunque el responsable era Álvarez

En marzo de este año, y en medio de un muy sonado y mediático operativo, la Fiscalía capturó a Julián Bermeo, uno de los fiscales de la UIA, por recibir plata de un agente encubierto de la DEA para interferir en la extradición de alias Jesús Santrich a pesar de que por su cargo no tenía relación con esa decisión (que tomaban magistrados).

La respuesta de Linares fue pedirle a Álvarez, a través de una carta pública, desvincular a Bermeo, pues quien lo seleccionó y quien lo podía sacar era el director de la UIA.

Ese episodio aumentó la desconfianza entre los magistrados y su fiscalía. Como escribió Linares, sólo si Álvarez tomaba las medidas que pedía, se podría “reconstruir la confianza necesaria entre la magistratura y su componente de investigación, que quedó seriamente afectada”. Linares también le pedía publicar las hojas de vida de todos los funcionarios de en la UIA. 

Álvarez le respondió con otra carta, en la que dejó planteado un choque: “vamos más allá: en aras de la transparencia y honrando nuestro compromiso con las víctimas y el país, debemos solicitar a la Secretaría Ejecutiva que sean publicadas las de todos los colaboradores, sin excepción, de los demás órganos que hacen parte de la JEP".

Al final publicaron todas, pero la relación quedó maltrecha.

 
5

Con la captura del Paisa, la JEP mostró la desconfianza

Un mes después de la captura bomba de Bermeo, la Sala de Reconocimiento de la JEP tenía en sus manos otra bomba: qué hacer con ‘El Paisa’, a quien le había abierto un incidente de incumplimiento porque no había ido a las audiencias a las que lo habían citado, pero de quien no había pruebas de rearme (aparecieron después).

La Sala podía pasarle el caso a la UIA, como pedía la Procuraduría, para que ésta pidiera una medida de aseguramiento ante la Sección de No Reconocimiento de la JEP; otra era decretarla directamente.

La Sala optó por lo segundo y, como contamos en su momento, eso fue leído adentro como una consecuencia de los roces que venían desde lo de Bermeo, y que volvieron a aflorar hoy.

Contexto

Las historias más vistas en La Silla Vacia