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Por Ana León · 01 de Febrero de 2021

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Desde finales de 2019, en la zona rural fronteriza de Cúcuta y su área metropolitana, la guerrilla del ELN y la banda criminal los Rastrojos están en guerra por el control de la coca sembrada y de las rutas ilegales hacia Venezuela. Una guerra en la que el ELN venía tomando ventaja.

Pero en medio de esa disputa hay un nuevo desarrollo. Las Autodefensas Gaitanistas (o Clan del Golfo) entraron al territorio y formaron una alianza con los Rastrojos, con la misión de desterrar al ELN y recuperar el control que tradicionalmente tenían en esa zona. 

Con ese nuevo actor la violencia se ha disparado, afectando a varias veredas cercanas a Cúcuta. Se han presentado desplazamientos, confinamientos, y amenazas contra civiles que están a menos de dos horas por tierra de una ciudad de casi 800 mil habitantes. 

Al punto de que el fin de semana pasado, un grupo de al menos ocho familias de la vereda La Silla, una de las más azotadas, decidieron abandonar definitivamente la zona. Se trata del primer grupo de desplazados que dejó sus tierras de manera definitiva como resultado de esta nueva guerra. Vienen huyendo de la alianza de grupos que ha implementado formas de control extremas, como secuestrar los teléfonos celulares de la vereda entera. 

Detrás de ellos podrían venir nuevos desplazamientos, advierten varias autoridades con las que habló La Silla Vacía. Además, ese conflicto amenaza con trasladarse cada vez más cerca a la zona urbana de Cúcuta. 

Un viejo conflicto en zona rural de Cúcuta

Como en todo el país, desde la desmovilización de las Farc, el poder ilegal empezó a transformarse en Norte de Santander. Como contamos en esta historia, desde 2017 el ELN y el EPL, conocidos también como Los Pelusos, entraron en guerra por el control del Catatumbo. Una pelea que ganó el ELN y que forzó el repliegue del EPL. 

Fortalecido entonces desde finales de 2019, el ELN siguió su campaña para lograr un mayor dominio territorial. Entró a disputar la zona rural del área metropolitana de Cúcuta, que tradicionalmente era controlada por la banda criminal conocida como Los Rastrojos, que opera allí desde la desmovilización paramilitar. 

 

Esta zona cercana a Cúcuta está compuesta por 17 veredas, pertenecientes a los municipios de Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia y Tibú. Este último municipio, es justamente puerta de entrada al Catatumbo. 

Esas veredas son cruciales para los ilegales. No solo por su vecindad con el Catatumbo, región en la que más ha aumentado la siembra de coca en los últimos años. Según la ONU, para 2019 concentraba el 14 por ciento de la coca en el país, con 21.300 hectáreas. Cuatro veces más que en 2015 y 33 veces más que en 2010.   

También porque constituyen uno de los pasos fronterizos irregulares más estratégicos con Venezuela: trochas escondidas en el monte por las que entran y salen carros, camiones, y volquetas con contrabando, cocaína, y minería ilegal de carbón. 

Por ese botín, el año pasado se registraron dos masacres que dejaron 16 muertos. Al parecer, la primera fue perpetrada por el ELN y la segunda por los Rastrojos. En medio de esas muertes, se dieron tres desplazamientos temporales de centenares de personas. 

Pero desde finales del año pasado, el refuerzo de las Autodefensas Gaitanistas a los Rastrojos, ha incrementado la presión del conflicto sobre las comunidades. 

El detonante en la vereda La Silla

En octubre del 2020, hombres armados sin uniforme militar pasaron casa por casa recogiendo todos los celulares de cada uno de los habitantes de la vereda La Silla, del municipio de Tibú, a una hora y media por tierra de Cúcuta. Allí hay unas 80 familias que en su mayoría viven de sembrar coca y sacar carbón de la mina. 

“Pasó como un mes entero hasta que los devolvieron”, nos contó un habitante del sector que, al igual que la mayoría de fuentes que consultamos para esta historia, no quiso ser citado por seguridad. Tampoco quiso precisar qué grupo había sido. 

Eso, según esa fuente, y la corroboración de un funcionario público que ha atendido a la población, es para revisar si los campesinos son informantes de alguno de los bandos o del Ejército.

Al tiempo, se empezó a esparcir el rumor de que las Autodefensas Gaitanistas habían llegado a la zona.  La Fundación Progresar, que denunció públicamente esa incursión en diciembre, asegura que se trata de una alianza entre las Autodefensas Gaitanistas y los Rastrojos para contrarrestar al ELN. 

Aunque las autoridades no lo afirman oficialmente, dos funcionarios que defienden derechos humanos en la región, nos dijeron que en efecto hay un pacto entre esos grupos paramilitares.

En el mismo sentido, un investigador de conflicto en la región y un funcionario público departamental, nos dijeron que los gaitanistas que están llegando a reforzar a los Rastrojos provienen de la costa Caribe y del Urabá antioqueño. 

Desde su llegada, varios hechos han alimentado el temor de la población campesina en la zona. No pudimos determinar qué bando es responsable de los hechos violentos, porque la comunidad en el fuego cruzado no se atreve a señalar a ninguno. 

El pasado 28 de diciembre más de 50 familias se tuvieron que refugiar en la iglesia de la vereda, atemorizados por ráfagas de disparos y el estallido de un cilindro bomba en la parte alta.

El enfrentamiento paró pero la comunidad, aterrorizada, se quedó confinada ahí varios días. 

Dos habitantes de la zona nos dijeron que estando allí, los ilegales habían impedido que entraran las fuerzas militares, funcionarios u organizaciones sociales. 

Solo hasta el 31 de diciembre entró la primera organización, la Cruz Roja, con ayuda humanitaria. Luego los militares. 

Desde entonces no ha habido más enfrentamientos entre esos grupos en la vereda La Silla. Pero la violencia sigue en aumento.  

Hace dos semanas asesinaron a un líder de una de las veredas de la zona. William Rodríguez, era el gerente de un acueducto veredal y tenía a cargo decidir cómo distribuía agua a dos sectores distintos que utilizan la misma red. Según una fuente oficial que participa en los consejos de seguridad de la región, Rodríguez estaba en medio de presiones del ELN y de los gaitanistas, porque ambos le pedían que dejara sin agua al sector de sus enemigos. Por eso lo habrían matado.

Después del confinamiento en la iglesia, el Ejército llegó a La Silla pero, según nos dijeron un concejal y dos líderes del sector, no sienten que esa sea una solución de fondo porque su presencia no es permanente, ya que las tropas van rotando por todo el sector.   

De hecho, el evento que desencadenó el desplazamiento a Cúcuta ocurrió el sábado pasado, en la escuela Ambato, a media hora de La Silla. 

Veintitrés familias de las que se habían confinado en la iglesia llevaban varios días allí. Le pedían al Gobierno que les diera garantías para vivir tranquilos en sus fincas, cuando un hombre de civil en una moto llegó con un mensaje de amenaza.  

“Nos puso un audio en donde nos decían que teníamos que volver ya a La Silla y que ahí en la escuela no podíamos estar más. Que el que no volviera ya no podía volver más. Les informamos a todos y unos se devolvieron y otros cogieron para Tibú y otros para Cúcuta”, nos contó uno de los habitantes del sector. 

Así, a diferencia de los desplazamientos masivos que se habían dado el año pasado por enfrentamientos armados, éste fue producto de amenazas directas contra la comunidad.

Un desplazamiento que, además, está desarmando los esfuerzos de erradicación voluntaria de coca, producto del proceso de paz. 

Desde el Programa de Sustitución nos confirmaron que las ocho familias que se fueron definitivamente para Cúcuta, eran parte del proceso de reconversión. 

Allí el Pnis, el programa de sustición voluntaria, ya tenía dificultades. De las 42 familias de la vereda La Silla que hacen parte del programa de sustitución de cultivos, diez tienen su proceso suspendido desde septiembre, pues la ONU, encargada de visitarlos y verificar la sustitución, no ha podido entrar por seguridad.  

Una alarma para Cúcuta

De las 12 fuentes con las que hablamos para esta historia, entre habitantes de la zona, funcionarios públicos que están al frente de la situación, y miembros de Ongs que trabajan allí, 4 coincidieron en que el temor y la presión que esa guerra está generando en las comunidades es tal, que lo más probable es que escale hasta la zona urbana de Cúcuta. 

“En cuestión de unos meses, póngale cinco, seis...Estas amenazas, masacres y desplazamientos se van a repetir y van a abarcar más y más territorio, hasta la zona urbana”, nos dijo una fuente de la Defensoría del Pueblo que ha seguido el caso. 

Además, como contamos en esta historia, la presencia de los Rastrojos en la periferia urbana de Cúcuta se ha hecho más visible en los últimos meses. Por ejemplo, con patrullajes intimidantes en las noches que hacen que la gente se quede en la casa. Todo esto, en medio de su estrategia de repliegue frente al poder que adquirió el ELN en la zona rural. 

Aunque oficialmente la Alcaldía de Cúcuta ha negado que la situación de la vereda La Silla impacte directamente a las veredas de su jurisdicción, la Defensoría del Pueblo sí les informó de una alerta de desplazamiento masivo a mediados de diciembre en uno de sus corregimientos, en esa mismo sector fronterizo. 

Y un factor adicional podría recrudecer el conflicto en la zona. Según una fuente de la Alcaldía de Cúcuta, el Gobierno ya les informó que en febrero reinicia la aspersión terrestre allí. Eso, sumado a alianzas entre grupos paramilitares, traen a estas comunidades recuerdos de un pasado muy violento que parece dibujarse de nuevo en el futuro. 

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