Solapas principales

Patricia Guerrero

Fundadora de la LMD

Fundadora de la Liga de Mujeres Desplazadas. Gestora de la Ciudad de las Mujeres en el Municipio de Turbaco,Bolívar. Consejera para Colombia de la campaña www.stoprapeinconflict.org Primera mujer colombiana en cruzar la ZDM www.WOMENCROSSDMZ.org. Consejera para Colombia del Fondo Global para las Mujeres GFW.

Patricia Guerrero en la Red de las Mujeres

Del Acuerdo no nos sacan

Los Acuerdos de La Habana traen varios avances para incluir a las mujeres y la comunidad Lgbti. Esos avances requieren ser implementados sin demora antes de que un desviado espiritual como el ex procurador Ordóñez los sepulte.

Artículo

343

1

Patricia Guerrero en la

Cincuenta años de impunidad contra las mujeres.

En cincuenta años de conflicto armado nadie sabe cuantas víctimas de violencia sexual VS ha dejado el conflicto interno armado en Colombia. Muchos de los crímenes penales internacional ni siquiera existían hace veinte años. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional refleja en su articulado la barbarie de los crímenes de género en la lógica jurídica que reclama la ley, la convención, el estatuto, el tratado o el protocolo mucho después del genocidio, la tortura, la desaparición forzada, o la violencia sexual contra las mujeres.
Aborto forzado, embarazo forzado, esclavitud sexual, prostitución forzada, violación (rape) como genocidio etc., hasta hace muy poco fueron reconocidos como crímenes penales internacionales. Colombia hace parte del Estatuto de Roma y este, como los demás tratados que reconocen y protegen los derechos humanos incluido el DIH forman parte del bloque de constitucionalidad y son de superior jerarquía que la legislación interna. En todo caso prevalecen sobre la legislación nacional.
En Colombia han sido las víctimas, las sobrevivientes, las organizaciones de mujeres, las defensoras de derechos humanos de las mujeres y otras organizaciones democráticas, quienes con el apoyo de la Bancada de Mujeres del Congreso de la República, han logrado elevar a la categoría de ley la persecución de la violencia contra la mujer. 
La investigación, persecución y castigo para los responsables de violencia de género y la violencia sexual en razón del conflicto interno armado siguen siendo el reto para la Fiscalía General de la Nación. En más de 16 años como defensora de las víctimas de violación sexual y desplazamiento forzado, ni uno de los más de 130 casos que hemos denunciado ante la Fiscalía General de la Nación ha obtenido resultados. Las investigaciones han sido archivadas por falta de pruebas: 100% de impunidad respecto de los casos de la Liga de Mujeres Desplazadas .
La Corte Constitucional ha reclamado a la Fiscalía General de la Nación justicia para nuestros casos así como para cientos de casos más de mujeres desplazadas que han sido víctimas de violación sexual (Auto 092 de 2008. Anexo Reservado) por todos los actores armados en el conflicto: paramilitares, guerrillas y fuerza pública. Sin embargo la respuesta de la Fiscalía sigue siendo descoordinada, parcial e inconsistente y la impunidad no ha sido superada, sino que por el contrario, las victimas desconfían del sistema judicial, pues sus derechos como víctimas han sido reiteradamente violados. Ellas han sido re victimizadas al ser expuestas a contar los hechos N número de veces ante diferentes funcionarios públicos, tanpoco tiene una asistencia psicológica permanente y calificada que les permita superar el trauma y el estrés post traumático, sino todo lo contrario, sus versiones son puestas en tela de juicio y muchas de ellas han debido desplazarse nuevamente por el estigma social, y otras, por temor a la persecución de los perpetradores en ocasiones miembros de sus propias familias.
Un reciente informe se seguimiento a estos casos denominado ‘Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual’ del cual hizo parte la Liga de Mujeres Desplazadas y el Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos, hace un extenso recorrido por los obstáculos institucionales, entre los cuales la falta de una política criminal de mujer y género es evidente en la Fiscalía General de la Nación, así como la falta de un tratamiento diferencial de las víctimas, como la falta de garantías de acceso a la justicia destacándose: la desprotección, la visión restringida de la VS en conflicto armado y los graves obstáculos en la atención en salud. Son cincuenta años de guerra e impunidad contra las mujeres. 
 

Debate

Patricia Guerrero en la Red Líder

Justicia y dignidad para las mujeres

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en decisión del 4 de marzo de 2015, emitió una sentencia que hace historia para las mujeres víctimas del crimen de violencia sexual en el conflicto armado.
El postulado Marco Tulio Pérez Guzmán alias el Oso, desmovilizado del Frente Golfo de Morrosquillo del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, ha sido excluido del procedimiento especial de justicia y paz (Ley 975 de 2005), por haberse negado a confesar en su versión libre, que cometió actos de violencia sexual contra 9 mujeres en el Municipio de Libertad, San Onofre, Sucre.
La Corte en su fallo confirmó la decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante la cual se había excluido al paramilitar; decisión que fue apelada.
Pero más allá de esta importante decisión, lo que tenemos es un grupo de víctimas sobrevivientes sin miedo y determinadas a que se les hiciera justicia, un grupo de defensoras de derechos humanos sin miedo y determinadas a buscar justicia en los tribunales, y un estratégico movimiento internacional de mujeres, -entre las que se encuentras las mujeres del premio nobel de la paz que hace poco visitaron Colombia en apoyo de la Campaña Internacional para poner fin a la Violación y la Violencia de Género en Situación de Conflicto Armado (www.stoprapeinconflict),- que no dudaron en apoyar a las víctimas, las demandas de las defensoras, así como a las organizaciones de mujeres acompañantes: la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz. Alianza IMP. 
En el año 2000, las mal llamadas Mujeres de Confort, o Mujeres de Solaz, cometieron el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra contra la Mujer. Justicia y Dignidad para las Mujeres, en razón a la esclavitud sexual a que fueron sometidas miles de mujeres durante la segunda guerra mundial por el ejército japonés. Este tribunal de la sociedad civil demostró entre otras cosas: la planificación sistemática y con pleno conocimiento de causa, para lograr secuestros masivos de mujeres y niñas con el fin de concentrarlas en lugares controlados militarmente, para usarlas como esclavas sexuales.
La decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, abre un mundo de posibilidades a la Fiscalía General de la Nación, a la que hay que felicitar en este caso porque siempre creyó y acompaño a estas 9 víctimas; y a la Unidad de Análisis de Contexto, porque resulta obvio que este hecho de violar a las mujeres, y esclavizarlas sexualmente en zonas de conflicto controladas militar y económicamente por los paramilitares, o por las guerrillas, o por la fuerza pública en connivencia con el paramilitarismo, no ha sido el único; y se ha de establecer, si fue esta una conducta permitida, agenciada y tolerada por los superiores en las líneas de mando, para así establecer conexidades, o si hubo planificación y sistematicidad en este, y todos los casos que se puedan llegar a investigar.
Finalmente abre un mundo de posibilidades a las víctimas de violencia sexual, para que denuncien los hechos y no permitan que sus verdugos se paseen rampantes y sin ninguna vergüenza por las mismas calles por las que transitan ellas, estigmatizadas sin dignidad ni justicia para las mujeres.
Agradezco sus comentarios.
Patricia
 

Debate

214

Patricia Guerrero en la Red Líder

Justicia y dignidad para las mujeres

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en decisión del 4 de marzo de 2015, emitió una sentencia que hace historia para las mujeres víctimas del crimen de violencia sexual en el conflicto armado.
El postulado Marco Tulio Pérez Guzmán alias el Oso, desmovilizado del Frente Golfo de Morrosquillo del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, ha sido excluido del procedimiento especial de justicia y paz (Ley 975 de 2005), por haberse negado a confesar en su versión libre, que cometió actos de violencia sexual contra 9 mujeres en el Municipio de Libertad, San Onofre, Sucre.
La Corte en su fallo confirmó la decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante la cual se había excluido al paramilitar; decisión que fue apelada.
Pero más allá de esta importante decisión, lo que tenemos es un grupo de víctimas sobrevivientes sin miedo y determinadas a que se les hiciera justicia, un grupo de defensoras de derechos humanos sin miedo y determinadas a buscar justicia en los tribunales, y un estratégico movimiento internacional de mujeres, -entre las que se encuentras las mujeres del premio nobel de la paz que hace poco visitaron Colombia en apoyo de la Campaña Internacional para poner fin a la Violación y la Violencia de Género en Situación de Conflicto Armado (www.stoprapeinconflict),- que no dudaron en apoyar a las víctimas, las demandas de las defensoras, así como a las organizaciones de mujeres acompañantes: la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz. Alianza IMP. 
En el año 2000, las mal llamadas Mujeres de Confort, o Mujeres de Solaz, cometieron el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra contra la Mujer. Justicia y Dignidad para las Mujeres, en razón a la esclavitud sexual a que fueron sometidas miles de mujeres durante la segunda guerra mundial por el ejército japonés. Este tribunal de la sociedad civil demostró entre otras cosas: la planificación sistemática y con pleno conocimiento de causa, para lograr secuestros masivos de mujeres y niñas con el fin de concentrarlas en lugares controlados militarmente, para usarlas como esclavas sexuales.
La decisión adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, abre un mundo de posibilidades a la Fiscalía General de la Nación, a la que hay que felicitar en este caso porque siempre creyó y acompaño a estas 9 víctimas; y a la Unidad de Análisis de Contexto, porque resulta obvio que este hecho de violar a las mujeres, y esclavizarlas sexualmente en zonas de conflicto controladas militar y económicamente por los paramilitares, o por las guerrillas, o por la fuerza pública en connivencia con el paramilitarismo, no ha sido el único; y se ha de establecer, si fue esta una conducta permitida, agenciada y tolerada por los superiores en las líneas de mando, para así establecer conexidades, o si hubo planificación y sistematicidad en este, y todos los casos que se puedan llegar a investigar.
Finalmente abre un mundo de posibilidades a las víctimas de violencia sexual, para que denuncien los hechos y no permitan que sus verdugos se paseen rampantes y sin ninguna vergüenza por las mismas calles por las que transitan ellas, estigmatizadas sin dignidad ni justicia para las mujeres.
Agradezco sus comentarios.
Patricia
 

Debate

214

Patricia Guerrero en la

Cincuenta años de impunidad contra las mujeres.

En cincuenta años de conflicto armado nadie sabe cuantas víctimas de violencia sexual VS ha dejado el conflicto interno armado en Colombia. Muchos de los crímenes penales internacional ni siquiera existían hace veinte años. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional refleja en su articulado la barbarie de los crímenes de género en la lógica jurídica que reclama la ley, la convención, el estatuto, el tratado o el protocolo mucho después del genocidio, la tortura, la desaparición forzada, o la violencia sexual contra las mujeres.
Aborto forzado, embarazo forzado, esclavitud sexual, prostitución forzada, violación (rape) como genocidio etc., hasta hace muy poco fueron reconocidos como crímenes penales internacionales. Colombia hace parte del Estatuto de Roma y este, como los demás tratados que reconocen y protegen los derechos humanos incluido el DIH forman parte del bloque de constitucionalidad y son de superior jerarquía que la legislación interna. En todo caso prevalecen sobre la legislación nacional.
En Colombia han sido las víctimas, las sobrevivientes, las organizaciones de mujeres, las defensoras de derechos humanos de las mujeres y otras organizaciones democráticas, quienes con el apoyo de la Bancada de Mujeres del Congreso de la República, han logrado elevar a la categoría de ley la persecución de la violencia contra la mujer. 
La investigación, persecución y castigo para los responsables de violencia de género y la violencia sexual en razón del conflicto interno armado siguen siendo el reto para la Fiscalía General de la Nación. En más de 16 años como defensora de las víctimas de violación sexual y desplazamiento forzado, ni uno de los más de 130 casos que hemos denunciado ante la Fiscalía General de la Nación ha obtenido resultados. Las investigaciones han sido archivadas por falta de pruebas: 100% de impunidad respecto de los casos de la Liga de Mujeres Desplazadas .
La Corte Constitucional ha reclamado a la Fiscalía General de la Nación justicia para nuestros casos así como para cientos de casos más de mujeres desplazadas que han sido víctimas de violación sexual (Auto 092 de 2008. Anexo Reservado) por todos los actores armados en el conflicto: paramilitares, guerrillas y fuerza pública. Sin embargo la respuesta de la Fiscalía sigue siendo descoordinada, parcial e inconsistente y la impunidad no ha sido superada, sino que por el contrario, las victimas desconfían del sistema judicial, pues sus derechos como víctimas han sido reiteradamente violados. Ellas han sido re victimizadas al ser expuestas a contar los hechos N número de veces ante diferentes funcionarios públicos, tanpoco tiene una asistencia psicológica permanente y calificada que les permita superar el trauma y el estrés post traumático, sino todo lo contrario, sus versiones son puestas en tela de juicio y muchas de ellas han debido desplazarse nuevamente por el estigma social, y otras, por temor a la persecución de los perpetradores en ocasiones miembros de sus propias familias.
Un reciente informe se seguimiento a estos casos denominado ‘Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual’ del cual hizo parte la Liga de Mujeres Desplazadas y el Observatorio Género Democracia y Derechos Humanos, hace un extenso recorrido por los obstáculos institucionales, entre los cuales la falta de una política criminal de mujer y género es evidente en la Fiscalía General de la Nación, así como la falta de un tratamiento diferencial de las víctimas, como la falta de garantías de acceso a la justicia destacándose: la desprotección, la visión restringida de la VS en conflicto armado y los graves obstáculos en la atención en salud. Son cincuenta años de guerra e impunidad contra las mujeres. 
 

Debate

Patricia Guerrero en la Red de las Mujeres

Del Acuerdo no nos sacan

Los Acuerdos de La Habana traen varios avances para incluir a las mujeres y la comunidad Lgbti. Esos avances requieren ser implementados sin demora antes de que un desviado espiritual como el ex procurador Ordóñez los sepulte.

Artículo

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