Otras Regiones

551 resultados

Lo que se juega hoy en las consultas

Este domingo se realizarán consultas populares en 271 municipios del país para definir candidatos a Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas y Concejos. Además, en Bogotá habrá consultas del Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de La U para escoger los candidatos a las Juntas Administradoras Locales. Mientras que los liberales buscarán candidatos a ediles en todas las 20 localidades del Distrito, los de La U lo harán en todas menos en Sumapaz y los conservadores sólo en Engativá.

En total serán 361 consultas, la mayoría de las cuales (317) serán del Partido Conservador. Los azules tendrán consulta en dos departamentos (que suman 150 municipios) para Gobernación: Cesar y Antioquia. También tendrán consultas para la Asamblea en 13 municipios del Putumayo, para la Alcaldía de 98 municipios, para los Concejos de 55 municipios y una para los candidatos a la JAL de la localidad de Engativá en Bogotá.

Los conservadores, además, tenían una consulta para la Gobernación del Huila, pero fue cancelada esta semana (así como gran parte de las candidaturas en varias consultas del país), luego de que los candidatos involucrados decidieran renunciar a participar en ese mecanismo pese a los gastos en los que hicieron incurrir a la Registraduría con recursos de todos los contribuyentes.

Pero también los liberales, Cambio Radical, La U, el Polo y los Verdes tendrán consultas y, aunque en unas no es mucho lo que está en juego, otras podrían terminar afectando la política regional.

La Silla Vacía decidió investigar cómo se han movido las consultas para gobernaciones y alcaldías de capitales departamentelas. Esto es lo que está en juego:

Haga click en los puntos del mapa para ver la información

Imagen mapa: 
Imagen portada: 

¿Nos sobran 3 millones de personas?


Una mofa popular contra los economistas es que se pasan la mitad del tiempo pronosticando resultados optimistas (subirá el crecimiento, el empleo, los ingresos, etc.) y el resto explicando por qué esas maravillas no ocurrieron.

Pues bien, el pópulo debe este año una disculpa a nuestros economistas. Lejos de pasarse de optimistas, tanto el año pasado como este se quedaron cortos para proyectar el crecimiento de nuestra economía. En junio de 2010 el entonces Ministro de Hacienda estimó que el crecimiento del PIB en 2010 sería del 3% y el del 2011 el 4%. El Gerente del Banco de la República en noviembre del 2010 era más optimista que el Ministro. Proyectó que ese año creceríamos 4.5%, pero indicó que en 2011 apenas llegaríamos al 3.5%. Pues bien, Ministro y Gerente se equivocaron.

Según reveló en marzo de este año el director del DANE, el año pasado la economía creció 4.3%,  por lo que el director del DNP subió su optimismo y estima que en el 2011 creceremos al 5%. Y si por el lado del crecimiento las noticias fueron buenas, por el de la inflación no lo fueron menos. Pese a algunas amenazas, la inflación se mantuvo bajo control y cerró el año pasado en 3,17%.

Tener baja inflación y mayor crecimiento económico es sin duda buena noticia. Sin embargo, esa buena noticia contrasta con las demás noticias e imágenes de un país inundado, con casi 3 millones de colombianos que reportan haber perdido alimentos, enseres, vivienda y lo que tuvieran de empleo e ingresos.

La ola invernal empezó a mediados del año pasado y aún no cesa. Según Colombia Humanitaria, a Mayo del presente año 514.990 familias de 870 municipios, en 29 de los 32 departamentos del país, habían sido afectadas por el invierno. Aproximadamente 2’574.950 personas en total. Si la economía puede seguir creciendo sin ellas, ¿quiere ello decir que casi 3 millones de colombianos no importan para efectos del ciclo económico? ¿Tal es su marginalidad?

De los 870 municipios inundados, 20 tienen al 100% de su población afectada, que perdió todo lo que tenía. Otros 52 municipios tienen a más del 50% del total de su población afectada. Lo perdieron casi todo. En esos 72 municipios habitaban algo más de un millón de personas, que a la luz de las cifras de crecimiento podrían haber desaparecido de la faz de Colombia sin ningún efecto aparente sobre el PIB, distinto de que podemos seguir creciendo sin ellos.

Por efecto sobre todo del crudo invierno, el sector agrícola no creció el año pasado, se quedó en 0%. La semana pasada el Ministerio de Agricultura reportó que 1 millón de hectáreas de vocación agropecuaria estaban inundadas, que se habían perdido cerca de 200.000 hectáreas de cultivos, 115.00 bovinos habían perecido y casi un millón y medio habían sido desplazados de sus pastizales. A pesar de ello, la economía nacional puede crecer al 5% ¿Tal es el nivel de irrelevancia económica del sector agrícola en Colombia?

A pesar de ese contexto, hace unos días, las proyecciones de crecimiento fueron ajustadas no a la baja sino al alza. Ahora el Director del DNP cree que este año el crecimiento puede llegar al 5.5% y el Ministro de Hacienda al 6%. Su optimismo se basa fundamentalmente en perspectivas favorables para las exportaciones, la expansión del consumo, la inversión privada y la inversión pública en áreas como infraestructura, justamente para mitigar los efectos de la ola invernal. También al jalonamiento de los sectores minero, de construcción y servicios.

Entre tanto, otras agencias de noticias reportaron que el 40% de los afectados ya habían sido previamente desplazados, no sólo por el invierno sino por el conflicto armado. Y otros análisis económicos registraron que aunque la inflación global se mantuvo alrededor del 3%, las mayores variaciones de precios en el año 2010 se registraron en el sector salud (4,31 por ciento), alimentos (4,09 por ciento), educación (4,01 por ciento) y vivienda (3,69 por ciento). Es decir, en los sectores que más afectan el ingreso y capacidad de consumo de los colombianos de menores ingresos. Así que tanto los pobres inundados como los que siguen a flote, pagan, además, mayores precios relativos por su canasta de consumo.

El invierno ha puesto en evidencia no sólo nuestra pésima infraestructura y débil capacidad institucional. Sobre todo, ha sacado a flote una imagen brutalmente cruda de lo que significa que seamos uno de los países más desiguales e inequitativos del mundo.

Mientras 3 millones de compatriotas tienen el agua al cuello los demás podemos seguir expandiendo el consumo, la inversión y el crecimiento. Dudo que haya una fotografía más cruda del tipo de sociedad, estado y mercado que hemos construido.

Afectación por municipio

Afectados ola invernal


Afectados por la ola invernal

 

Imagen mapa: 
Imagen portada: 

Más petróleo + más carbón = Más votantes

Esta semana el registrador Carlos Ariel Sánchez alertó sobre el excepcional incremento en el número de inscripción de cédulas en 67 municipios del país. La Silla Vacía identificó 17 poblaciones más donde el número de personas inscritas sobrepasa los históricos de las elecciones locales y que además coinciden con zonas de explotación de hidrocarburos.

La mayor sorpresa está en el departamento del Putumayo que tiene el mayor número de personas inscritas durante los casi dos meses que lleva el proceso. Hasta ayer se habían inscrito 6.085 ciudadanos. El municipio donde más inscripciones se han registrado es Villagarzón, (ver mapa) que tiene 1.084 nuevas inscripciones, el equivalente al 90 por ciento de las inscripciones de hace cuatro años. Se han inscrito más personas que en la capital Mocoa, Puerto Asís y Orito que son los municipios más grandes. La explicación es que a esa población llegó hace un año la compañía canadiense Gran Tierra a explotar petróleo y, aunque muchos de los trabajadores de la multinacional no viven en Villagarzón más que unos diez meses mientras les dura el contrato, aparentemente se están inscribiendo allí.

En el Meta también se presenta una situación atípica: es el departamento con el mayor número de municipios donde está disparado el número de inscripciones. Allí también hay producción petrolera y hay caseríos que tenían cien habitantes antes de la llegada de las petroleras y hoy tienen mil.

El caso más diciente es el de Puerto Gaitán (ver mapa) donde ya se inscribió el 22,67% del total del censo electoral; son 2.784 ciudadanos, una cifra representativa si se tiene en cuenta que en las elecciones de alcalde de 2007 sólo 1.266 votos separaron al ganador del segundo candidato.

En ese municipio, y en los otros denunciados, el Consejo Nacional Electoral tendrá que investigar si se está dando el fenómeno de trashumancia electoral. Es decir, que la gente se está inscribiendo en poblaciones diferentes a las que vive.

Lo que más sorprende de las cifras es que aún faltan cinco semanas para que concluya el período de inscripción de cédulas que comenzó el 23 de febrero y las previsiones indican que podrían triplicarse pues históricamente en las dos últimas semanas ocurren la mayoría de inscripciones.

En los municipios petroleros, fuera de que han llegado más personas a trabajar en las exploraciones o explotaciones de hidrocarburos, también está la versión de que algunas de estas compañías son las que están impulsando a sus trabajadores a inscribirse en los puestos de votación de los municipios donde operan. A estas empresas les conviene que los alcaldes elegidos sean sus amigos y con frecuencia invierten sumas considerables en las campañas electorales.

Muchos de los temas relacionados con la exploración o explotación de hidrocarburos pasan por las administraciones locales: los permisos de planeación municipal, las quejas de los ciudadanos por contaminación, el impuesto predial, el Plan de Desarrollo Local y la inversión de las regalías que pagan, que son el motor económico del municipio.

Pase el mouse por los municipios señalados para saber cuál es la cifra de inscripción de cédulas, la relación con las elecciones de 2007 y la influencia petrolera. 

Imagen mapa: 
Imagen portada: 
Hilos temáticos: 

La advertencia que el Mininterior no escuchó sobre Córdoba

 

Foto Defensoría del Pueblo
 

Sobre el asesinato de Margarita Gómez y Mateo Matamala, los estudiantes de la Universidad de los Andes, se ha escrito mucho, así como de la presencia de los grupos armados que se tomaron a Córdoba luego de la desmovilización y serían los responsables de los asesinatos. Pero lo que no se ha dicho es que este Gobierno, en agosto pasado, tuvo la oportunidad de declarar una alerta temprana para la zona y prefirió no hacerlo porque se trataba de “una zona turística donde todo estaba controlado”.

La negativa para emitir la alerta salió de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT) que coordina el Ministerio del Interior y que es el único organismo que puede declarar una alerta de este tipo y con ello obligar a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas de prevención y protección para los civiles.

Y la solicitud fue hecha por la Defensoría del Pueblo que emitió un informe de riesgo para los municipios de Lorica, Moñitos, San Antero y San Bernardo del Viento, los que conforman La Costanera. Ese informe fue el resultado de una visita de los funcionarios de la Defensoría a la zona y de la evidencia del peligro que corrían sus habitantes y visitantes.

Ese informe, que fue entregado al Ministerio del Interior, resumía el peligro para la población de la zona donde se estableció una especie de “puerto” de salida de la droga hacia México y Centroamérica, pero que con la presencia de varios grupos armados había llevado también a la orilla del mar las cocinas y los cristalizaderos camuflados en las camaroneras abandonadas.

En San Bernardo del Viento, donde aparecieron los cuerpos de Margarita y Mateo, la delegación de la Defensoría encontró que la tierra estaba muy barata y se estaba vendiendo mucho aparentemente por presión de los armados. Y también se encontraron con hombres armados que durante día y la noche recorrían la playa, seguramente los mismos que asesinaron a los estudiantes.

La pérdida del control del Estado en Córdoba no es nueva. Prácticamente después de la desmovilización de los paramilitares, en este departamento mandan los grupos armados que se negaron a entregar las armas y se quedaron con el control del narcotráfico. Incluso se han dado alianzas entre la guerrilla y los paramilitares para los negocios de la droga.

Según las cifras del Observatorio del Delito en Córdoba entre 2005 y 2010, se han registrado 2.396 homicidios en el departamento. De estos, 532 ocurrieron en 2009 y, en los primeros ocho meses de 2010, se contabilizaron 401 homicidios más.

Para la Defensoría del Pueblo, el conflicto en Córdoba es una disputa por la tierra de los nuevos grupos paramilitares que se tomaron el departamento (ver mapa), están desplazando y, por ello, las principales víctimas de los asesinatos, las amenazas y los desplazamientos son los líderes comunales, los indígenas y los campesinos.

En ese departamento, los familiares de las víctimas están haciendo las labores forenses para recoger a sus muertos porque las instituciones competentes se niegan a hacerlas. Y en lugar de retornar a sus tierras continúan dejándolas por culpa de las amenazas.

Desde 2006, la Defensoría ha entregado los informes de riesgo y principalmente en 2010 advirtió sobre el recrudecimiento de la violencia y el regreso de las masacres.

Estos fueron los principales informes que tuvo en sus manos la CIAT:

 

1

Lorica, San Antero, Moñitos y San Bernardo Del Viento: Informe de riesgo emitido el 9 de agosto de 2010

Después de la visita de una delegación de funcionarios del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría, se declaró la alerta por la evidente presencia de los grupos armados ilegales.

Hasta agosto, solo en San Bernardo del Viento, se habían reportado 16 asesinatos. En Lorica, 21; ocho en Moñitos y siete más en San Antero. Pero el año anterior, en esos tres municipios los muertos habían sido 52 en Lorica, 8 en Moñitos, 12 en San Bernardo y 28 en San Antero.

La Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas decidió no alertar.

El lunes 10 de enero fueron asesinados los estudiantes de la Universidad de los Andes, Margarita Gómez y Mateo Matamala.

 

2

La Apartada: Informe emitido el 9 de agosto de 2010.

El informe de inminencia sobre ataques a la población civil se dio por las denuncias de la población sobre las amenazas a los líderes indígenas y sociales y el asesinato de varios de ellos. Los autores eran Los Rastrojos que dominaban el territorio e intentaban evitar que hasta allí llegaran Los Paisas y las Águilas Negras. Incluso hubo varios atentados con artefactos explosivos.

Después del informe que la CIAT no respondió continuaron los asesinatos, al punto que en al cierre de agosto ya se registraban 34 homicidios.
 

3

Buenavista: Informe emitido el 29 de julio de 2010.

Se realizó un informe de inminencia por la gravedad de las denuncias y una alta posibilidad de que ocurrieran muertes de civiles ya que en la zona conocida como Alto San Jorge se registraba una disputa entre Los Paisas y Las Águilas Negras, por los corredores del narcotráfico. Hasta el momento del informe se habían registrado 59 homicidios, un 500 por ciento más que el año anterior.

Previo a la alerta de la Defensoría se había registrado una masacre de seis personas que fueron decapitadas presuntamente por Los Paisas.

Y después del informe que no tuvo respuesta del CIAT, hombres armados y encapuchados comenzaron a recorrer las casas y se produjo una decena de asesinatos sistemáticos.
 

4

Puerto Libertador y Montelíbano: Primer informe emitido el 9 de febrero de 2006.

La primera vez que la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo sobre estas poblaciones ubicadas al sur de Córdoba apenas terminaba de consolidarse la desmovilización, y con ella en ese departamento el aumento de la violencia. El CIAT no respondió la alerta y tampoco lo hizo el 29 de febrero de 2008.

Sólo tras la muerte de más de 50 personas en forma sistemática, el 29 de febrero se emitió la primera alerta, que fue renovada el 13 de octubre siguiente.

Pero la respuesta no ha sido positiva para las alertas en 2009 ni en 2010, a pesar de que los muertos al final del año pasado superaron los cien. La mitad de ellos fueron asesinados en masacres.
 

5

Valencia: Emitido el 5 de agosto de 2009. Inminencia.

Cuando el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, advirtió sobre la inminencia de un ataque a la población civil en el municipio de Valencia no había más que cuatro muertos en la población. Sin embargo, fue su cercanía al municipio de Tierralta lo que originó el llamado que no fue atendido por el CIAT.
Después de la solicitud, hacia el territorio de Valencia llegaron Las Águilas Negras y Los Paisas y comenzó un desplazamiento originado por la búsqueda de tierras para cultivos ilícitos.
 

Haga click en los botones que quiera visualizar

Imagen mapa: 
Imagen portada: 

Estos son los dueños de las CAR

Con la tragedia invernal las corporaciones autónomas regionales (CAR) han quedado en ojo del huracán. Incluso el presidente Santos decidió quitarles el presupuesto que no han gastado para entregárselo al Fondo Nacional de Calamidades.

Las CAR son entidades estatales pero autónomas. Sus directores no le responden a la Ministra de Ambiente, al gobernador ni al Presidente. Por lo menos en el papel, sus jefes son unas juntas o consejos directivos, en los que están sentados algunos alcaldes de la región, el gobernador y el Ministerio. Y estos políticos comparten silla, además, con ONG, empresas, representantes de sectores como indígenas o afrocolombianos. Esas juntas, que los eligen y los pueden destituir, en muchos casos terminan capturadas por grupos políticos, que convierten las entidades en botines burocráticos.

Como dijo a la Silla Vacía un experto en temas ambientales, “se reúnen los alcaldes y eligen a sus representantes en la junta. Luego, consiguen el apoyo de algunas organizaciones y dejan al Gobierno nacional en minoría. Con eso ponen al director y luego le cobran en puestos”.

Las CAR manejan un presupuesto significativo. Y, como son autónomas, no hay claridad de cómo gastan sus recursos. Su principal fuente es la llamada sobretasa ambiental, un dinero que se cobra por encima de otros cobros, especialmente del impuesto predial. La sobretasa no es un dinero despreciable: en una columna, Carlos Caballero Argáez se preguntaba qué se habían hecho los 1,5 billones de pesos anuales que reciben las CAR.

Además de manejar un presupuesto jugoso y de la nómina de las CAR, los directores son la última instancia en muchos asuntos ambientales. Por ejemplo, son ellos los que aceptan los planes de manejo ambiental de las empresas, que son necesarios para funcionar. También pueden multar a quienes violan las normas ambientales. Y estos poderes, que pueden resultar muy útiles para hacer cumplir la ley, les dan un enorme poder. Por ejemplo, pueden sacar a una empresa de un mercado, negándole la licencia ambiental.

En algunos casos, ese poder está al servicio de los intereses ambientales. Por ejemplo, Corporinoquía se ha dedicado a pensar el futuro de la Orinoquía. Pero otras CAR han sido objeto de fuertes críticas por su falta de gestión, por ser más botines burocráticos que entidades eficaces.

Este diagnóstico no es nuevo y por el Congreso han pasado varios proyectos de ley que buscan acabarlas o reorganizarlas, incluyendo uno presentado por el gobierno Uribe. Todos se han hundido.

Con las inundaciones y los derrumbes que afectan a casi todo el país se manifiestan las consecuencias de esa politización.  Estos son los políticos que están detrás de varias de las CAR que están en las zonas más afectadas por la emergencia invernal:

Nota de la Editora: La Silla Vacía afirmó erróneamente que Alfonso 'El Turco' Hilsaca estaba detenido, investigado por promover grupos paramilitares. Esta información no se ajusta a la verdad puesto que la Fiscalía ya precluyó la investigación judicial a favor del señor Hilsaca. La información ya fue corregida en la nota y ampliada con otros datos para mayor precisión. Ofrecemos disculpas por este error que ya fue rectificado.

Haga click en los departamentos que están en verde claro para saber cuál o cuáles CAR están allí y quienes son los políticos relacionados con ellas. .  

 

 

Imagen mapa: 
Imagen portada: 
Hilos temáticos: 

La culpa no es solo de la Niña

(Haga click sobre los símbolos para ver algunos de los casos más sonados de esta ola invernal)

Ver Emergencias invernales en Colombia en un mapa más grande


Mientras avanza lentamente el rescate de las víctimas enterradas por el alud en Bello, Antioquia, el gobierno anunció que decretará hoy el Estado de Excepción para enfrentar la crisis invernal, dado que, según el Ministro del Interior, los instrumentos legales con los que cuenta el Presidente ya no son suficientes. Anoche, Juan Manuel Santos también anunció desde Nueva York que la plata recaudada durante la Teletón de la próxima semana será destinada totalmente a atender las víctimas del invierno; el Banco Interamericano de Desarrollo le prestará al país 350 millones de dólares para la recuperación de las zonas afectadas; El Grupo Santodomingo donará cinco millones de dólares para la tragedia en la región Caribe; y hasta el Papa colaborará, según anunció el embajador ante la Santa Sede.

Atender a los damnificados del invierno en todo el país es la prioridad nacional. Pero no sobra preguntar también por la responsabilidad política de quienes pudieron evitar, aunque sea en parte, la tragedia que hoy viven por lo menos dos millones de colombianos. Porque si bien la Niña ha provocado un récord histórico de lluvias, la culpa no es solo de ella.

Las responsabilidades van desde las alcaldías que no hacen cumplir las regulaciones del uso del suelo hasta las corporaciones autónomas regionales, muchas de las cuales han sido convertidas en fortines políticos más dedicadas al clientelismo que a regular el uso del agua. Y en la mitad están aquellos que aprovecharon para apropiarse de las ciénagas y las riberas de los ríos.

 

Más atención que prevención de desastres

Cada vez que hay un deslizamiento, una inundación o un terremoto, el país recuerda la existencia de las oficinas de prevención y atención de desastres. Pero muchas veces se les dice sencillamente 'oficina de atención de desastres'. Y es que la debilidad de los programas de prevención es patente.

Después del terremoto de Popayán y el desastre de Armero, se creó el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, una red de entidades locales que está coordinada desde el Ministerio del Interior, en la Dirección de Gestión del Riesgo para la Prevención y Atención de Desastres (DGR). En este tema son responsables la DGR y los departamentos, municipios y distritos. La idea es que entre todos prevengan los desastres y, cuando no puedan evitarlos, atiendan esas emergencias.

Según un conocedor del tema, los avances en las oficinas de prevención y atención de desastres, que existen en todos los departamentos, municipios y distritos, son muy diversos. Mientras que en lugares como Bogotá, Medellín y Nariño se han consolidado instituciones sólidas, en otras partes del país la atención y prevención de desastres es precaria. Eso es clave porque mientras que la Nación tiene el dinero, los alcaldes son los que tienen el conocimiento de un río que se puede desbordar o de una comunidad que se asienta en una zona de alto riesgo. Además, los cuerpos de socorro como los de bomberos oficiales o voluntarios dependen de las administraciones locales. Casos de eventual corrupción en bomberos como los que se han denunciado en Tunja o en Neiva, muestran las debilidades que pueden existir.

Además, el gobierno nacional es el que tiene la llave del dinero. El Fondo Nacional de Calamidades es un fondo que maneja la Fiduciaria La Previsora bajo una junta encabezada por el Viceministro de Interior y compuesta por otros miembros del gobierno nacional. En el presupuesto para este año, el Fondo tenía casi 150 mil millones para todo el país. Eso quiere decir que cuando existen amenazas de desastres, o cuando realmente se han producido, los alcaldes y secretarios locales deben presentar solicitudes al Fondo para conseguir dinero. En estos días, por ejemplo, el alcalde de Aguachica anunció que había conseguido ayudas del Fondo para los damnificados por el invierno. Esto quiere decir que las entregas de dinero del Fondo están sujetas a tejemanejes políticos, especialmente cuando no hay situaciones de emergencia. Y cuando hay emergencias, como suele pasar cada año, se termina aumentando el presupuesto. En 2009 se hizo en tres ocasiones; en noviembre de este año se había agotado el dinero y se trasladaron 27 mil millones de pesos adicionales para el Fondo.

Otro problema del Sistema ha estado en que trabaja poco en prevención. Ha sido más una red de respuesta a desastres puntuales, a pesar de que la idea es que también sea un apoyo para que en la planeación de temas urbanos o ambientales se tenga en cuenta la prevención de desastres y la mitigación de riesgos. Esto se debe, en parte, a que se trata de un sistema flexible y descentralizado. Esto le da la ventaja de estar más cerca de las realidades, pero también la desventaja de que la voz de la DGR es muy débil frente a los encargados de temas medioambientales o de vivienda, que tienen en la Ministra de Ambiente un portavoz con más poder. Sin embargo, casos exitosos como el de haber realizado en Tumaco tres simulacros de alerta por tsunami y una evacuación exitosa en 2007, muestran que la prevención es posible y deseable.

Esta precariedad de la prevención se refuerza porque la Defensa Civil, que es quizás el cuerpo de socorro más sólido e importante, está orientada a atender la prevención inminente y la asistencia en casos de desastres. En otras palabras, el principal músculo del Sistema está pendiente de los desastres y no de su prevención. Con presencia en unos 800 municipios y menos de 100 mil voluntarios, su radio de acción es limitada. Y con un presupuesto de poco más de 20 mil millones para este año, tampoco podría desarrollar acciones de prevención más profundas. Para eso están, de nuevo, las autoridades locales.

La falta de planeación

El domingo un alud de tierra sepultó a cerca de 125 personas en el barrio Calle Vieja, del municipio de Bello, en Antioquia, y hasta ahora sólo han sido recuperados 23 cuerpos. Diez días antes, en el barrio El Poblado de Medellín, la casa de un reconocido empresario paisa quedó sepultada por un alud, el movimiento de la tierra apenas les dio a sus ocupantes el tiempo para salir. Y en barrios subnormales de Bogotá, Cali, Cúcuta y otros más (ver mapa), la lluvia está a punto de acabar con barrios completos. ¿Quién tenía la responsabilidad de que esto no sucediera?

La responsabilidad está en gran parte en las alcaldías que no obligan a cumplir las normas de planeación a las constructoras, no impiden los asentamientos ilegales y finalmente no hacen cumplir las normas ambientales que impiden cualquier tipo de construcción en las zonas de ladera. Las construcciones mal planeadas hacen que la lluvia debilite las montañas y ocasione tragedias.

En los barrios periféricos de Soacha, en el sur de Bogotá, específicamente en los barrios Loma Linda y La Capilla, tuvieron que ser reubicadas cerca de quince familias que construyeron en la ladera un asentamiento informal. Allí, al contrario de buscar la manera de reubicarlos y recuperar la zona, la Alcaldía de Soacha les está construyendo el sistema de alcantarillado.

Lo de El Poblado, en Medellín, por ejemplo, es un problema de más de treinta años cuando aún los estudios ambientales no eran un requisito y quienes contaban con recursos tajaron parte de la montaña para construir sus casas.

Lo ocurrido en Bello, Antioquia, o en San Cristóbal, en Bogotá, se debe en parte a la negligencia de las alcaldías locales de evitar este tipo de invasiones o construcciones en laderas que, tarde o temprano, se pueden venir abajo porque no existe una base vegetal que las sostenga.

Además, lo que sucede en las zonas rurales, donde están las cuencas de los ríos, influye directamente en lo que ocurre en las zonas urbanas porque si, por ejemplo, hay usos de la tierra indebidos en zonas que deberían ser de reserva, el crecimiento del agua alcanza las cabeceras cuando los aguaceros son muy fuertes.

También está el problema con los caños que cruzan las ciudades y los humedales que hay en poblaciones del interior donde tampoco deberían autorizarse construcciones circundantes.

Con los planes parciales de ordenamiento territorial se ha avanzado en la regulación de la construcción de acuerdo con normas ambientales. Pero aún con estos planes, en la zona occidental de Bogotá, la Secretaría de Planeación autorizó construcciones nuevas cerca al río Juan Amarillo y cerca al humedal. Estas familias han tenido que soportar dos inundaciones que no les permiten salir de su casa.

Las corporaciones autónomas regionales convertidas en fortínes políticos

La responsabilidad de prevenir emergencias invernales como la que padecemos actualmente recae principalmente en las autoridades ambientales como las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el Ministerio del Medio Ambiente y el Gobierno Nacional.

Las 33 CAR que hay en el país son entidades autónomas en distintas regiones que deben encargarse de construir planes de emergencia en caso de desastres naturales, y financiar proyectos para el cuidado de cuencas y ríos. Si el Ministerio de Medio Ambiente dicta políticas generales para todo el país, son las CAR las encargadas de implementarlas.

Las CAR se crearon hace 15 años para darle autonomía a las regiones sobre sus políticas ambientales, bajo la lógica que quien conoce los problemas ambientales a nivel local encontrará mejores soluciones. Por esto también se les otorga un presupuesto que pueden manejar autónomamente y que asciende a unos 1,3 billones de pesos anuales. El problema es que las CAR no deben rendirle cuentas a ningún ente de control: ellas controlan que las empresas que explotan en la región cumplan con los estándares ambientales, pero también son inversionistas de recursos públicos en la zona cuando desarrollan proyectos y por lo tanto terminan siendo juez y parte.

Cuando Uribe salió elegido la primera vez prometió acabar con las CAR, que ya tenían graves problemas de corrupción. Pero luego, terminó extendiendo el período de sus directores de tres a cuatro años antes de su primera reelección.

Muchas CAR -con notables excepciones- en cambio de cumplir a cabalidad con sus labores han sido tradicionalmente fortines burocráticos de los políticos. Uno de esos casos es el de Cormagdalena, que según dijo una fuente confiable de la Costa a La Silla Vacía se convirtió en fortín electoral de los senadores de La U Piedad Zuccardi y José David Name. Otro caso es el de CorpoBoyacá: varios alcaldes del departamento han criticado en este año la gestión ambiental de su director Miguel Arturo Rodríguez y dicen que la rotación de personal corresponde a palancas políticas del senador conservador Juan Córdoba.

Varias Corporaciones Autónomas Regionales también fueron cooptadas por los paramilitares y sus eslabones en la política en la última década. Según le denunció la revista Cambio a finales del año pasado, el exsenador Juan Carlos Martínez -capturado por la Corte Suprema por sus vínculos con los paramilitares- mantenía su cuota más grande en la Corporación Autónoma del Valle, una de las regiones donde la tragedia invernal ha sido más dura. Y del ‘Gordo’ García, el exsenador sucreño condenado a 40 años por parapolítica, se dice que tiene su fortín electoral en la CarSucre y CorpoMojana, responsables también de los ríos que hoy están desbordados. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge serían el fortín de Juan Manuel López Cabrales, esposo de la hoy senadora liberal Artleh Casado, según el periódico Vanguardia.

El agua también se despoja

 

Según lo documentó el informe sobre Tierras del Grupo de Memoria Histórica, en el país se produjo en los últimos 20 años un proceso de despojo de las ciénagas en la Costa Caribe.  Este despojo fue realizado sin que las autoridades ambientales y municipales movieran un dedo, y son uno de los factores de los desbordamientos actuales de los ríos en la Costa.

Las ciénagas son alimentadas de agua a través de una red de canales y caños que permiten el flujo entre los principales ríos de la región (Cauca, Magdalena, San Jorge y Sinú) y sus afluentes. En medio de la ciénaga existen los playones, que son unas  islas de tierra donde suelen vivir una parte del año los campesinos. En las ciénagas del Sur de Sucre, en el norte de Córdoba y en María la Baja en Bolívar, epicentros todos de la tragedia invertal, grandes hacendados aumentaron sus propiedades taponando los caños y canales y desviando del cauce pequeñas quebradas con el fin de depositar sedimentos entre los playones. Así aumentaron los playones dentro de la ciénaga o unieron la frontera de sus fincas con el playón, lo que les posibilitó meter más ganado y agrandar gratis sus propiedades.

El otro método que también aplicaron en los Valles del Río Sinú y San Jorge, según el mismo Informe, fue aprovechar los períodos secos para desecar las ciénagas. “En ocasiones, al descender el nivel del agua, despejándose tierra firme, los hacendados y narcotraficantes contratan maquinaria pesada para la construcción de barreras de contención denominadas por los campesinos “camellones”, con los cuales en los períodos de invierno se detiene el retorno de las aguas a su cauce natural, ampliando los potreros de la hacienda. Paralelamente, inversionistas han instalado motobombas y sistemas de drenaje para el secamiento de las porciones de tierra ‘ganadas a la ciénaga’ contribuyendo a las sedimentación de los ecosistemas, y a veces, al contrario, a la inundación de las poblaciones de pescadores-agricultores cercanas".

 

Los ríos se desvían en función de los macroproyectos

Con el auge de los macroproyectos económicos fruto de la confianza inversionista, el mapa hídrico del país está siendo alterado a velocidades impensables hace unos años, como lo reportó hace un año un artículo de La Silla Vacía.

Con el aval del Ministerio de Ambiente, anualmente se otorgan permisos y licencias ambientales para los grandes proyectos impulsados por los ministerios de Minas o Agricultura que buscan desviar ríos u ocupar sus cauces fomentando la exploración de carbón, la construcción de embalses o hidroeléctricas, o la creación de nuevos distritos de riego para cultivar desde palma africana hasta arroz.

Sin la modificación de los cursos de estos ríos muchos de estos megaproyectos serían inviables. Sin embargo, desviar un río u ocupar su cauce tiene un impacto ambiental y social. “Todo el mundo vive del río. Si se afecta el río, se afecta todo el ecosistema humano, vegetal y animal que vive de él,” dijo Juan Martínez de la Defensoría del Pueblo a La Silla Vacía en diciembre del año pasado.

Algunos de estos impactos incluyen cambiar la corriente y flujo natural del agua, alterar la calidad y cantidad de agua y las especies que viven de ella, y aumentar o disminuir el caudal que afecta a todos los organismos que viven en las riberas.

El problema es que en muchos casos los impactos no se pueden anticipar y las licencias ambientales se otorgan en la parte final de diseño de los proyectos, a pocos días de comenzar la obra en los territorios que se adecuan para los macro proyectos.

 

Imagen mapa: 
Imagen portada: 
Hilos temáticos: 

El legado minero de Uribe

Entre las muchas herencias del gobierno de Álvaro Uribe, la minera es una de las menos conocidas y más relevantes. En los ocho años que gobernó el ex presidente, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Y las hectáreas tituladas en los páramos se duplicó con creces. Hoy en día, 6.3% de las hectáreas en los páramos (122 mil) están tituladas.

Lo más asombroso es que la mayoría de los títulos concedidos en el gobierno de Uribe se obtuvieron cuando ya una reforma al Código Minero prohibía la explotación en páramos pero el Presidente aún no había sancionado la ley. En esos ocho meses que se tomó el Presidente para firmar la ley, según datos del investigador Guillermo Rudas, el número de concesiones mineras aumentó drásticamente como lo muestran estos mapas elaborados por Rudas.

Para ver el cambio en los mapas deslice las etiquetas con los nombres de los presidentes, que están a la izquierda de cada uno de los mapas, hacia la derecha. Una vez cubra toda la superficie del mapa, se hará visible la versión correspondiente.

 

 

 

 

Los títulos en los páramos

 

 

 

Sólo entre julio y octubre de 2009 se firmaron 1.900 contratos en los páramos para los mineros y otros alcanzaron a renovar sus contratos. Todos los que tienen concesiones ahora en páramos argumentan que a ellos se les dió el derecho de explotar los territorios antes de que fuera promulgada la ley, así que tienen un derecho adquirido para seguir explotando su licencia. Y así hacen.

El problema es que esto afecta el nacimiento de varios de los ríos que surten los acueductos de las principales ciudades, afecta a 4.700 especies de plantas, 70 de mámiferos, 87 de anfibios y cerca de 154 aves. Los páramos capturan y almacenan el carbono en sus suelos, que de otra forma sería enviado a la atmósfera.

Para Guillermo Rudas, el aumento de la explotación minera se dio por dos razones: por el auge en el precio del oro que pasó a ser de 1.300 dólares la onza, y por las generosas exenciones tributarias que otorgó Uribe a las multinacionales para que explotaran estos recursos. Según datos del Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, el gobierno dejó de recibir 3.5 billones de pesos por regalías en el último año. Dinero que se quedó en las cajas de las empresas mineras.

El gobierno de Santos recibió esta herencia, y su Ministro de Minas Carlos Rodado Noriega dijo hoy en un Foro sobre minería en la Cámara de Comercio de Bogotá que es importante que el gobierno cumpla con la legislación internacional y nacional para protección de páramos, pero que estas reglas de juego son demasiado exigentes para países emergentes que quieren aumentar su explotación de minerales y que hoy en día están en la mira de las grandes empresas mineras. “No me alcanza el tiempo para atender todas las solicitudes de empresarios mineros que están llegando al país”, dijo Rodado.

 

Imagen mapa: 
Imagen portada: 

Arranca la reconquista uribista

El ex presidente Álvaro Uribe volvió al país, y como era previsible, movió inmediatamente la política. Anunció que apoyará y le hará campaña a candidatos de la U a las alcaldías y gobernaciones de todo el país. Y esta mañana, su mano derecha José Obdulio Gaviria, dijo en los medios que Uribe apoyará una alianza entre la U y el conservatismo y que su objetivo es "consolidar una corriente política".

La pelea entre esa corriente política que es el uribismo será en una primera instancia contra la corriente 'santista' en el partido de la U, que como es natural escogerá entre varios candidatos. El poder que tendrá el ex presidente Uribe con un micrófono en la mano y con el cariño de millones de colombianos se enfrentará al poder del mandatario, que no puede hacer campaña de frente porque sería ilegal y en algunos casos tampoco le interesará correr el riesgo de perder, pero que encarna la promesa de cuatro u ocho años de burocracia en el Estado.

Y por más que José Obdulio diga que la alianza será entre la U y los conservadores, las realidades políticas locales y regionales son las que se imponen en la contienda. De hecho, como presidente Uribe le hizo campaña de frente a varios candidatos a las alcaldías que a la postre perdieron pese al inmenso poder que tenía.

Obviamente, en los próximos seis meses todo puede cambiar, pero por ahora, así va el pulso entre el uribismo y el santismo con miras a las elecciones del 2011.

 

Haga click en los departamentos que están en verde claro para saber cómo va la puja por la gobernación o la alcaldía. 

 

Imagen mapa: 
Imagen portada: