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Los niños del sur: víctimas de la guerra invisible

En el sur se está intensificando la guerra y prueba de ello no son sólo los carros bomba que explotaron hace dos semanas en Tumaco y Villa Rica, Cauca, sino también los niños que han quedado mutilados o gravemente heridos en lo que va corrido del año.

En el mes y medio que lleva este año, ya fueron 33 los niños que fueron víctimas de una granada, explosivo artesanal o mina antipersonal. La cifra es alarmante de por sí, pero aún más si se tiene en cuenta que hace un año, en esta fecha, había cinco niños víctimas. Y en todo el 2011 fueron 35.

Este dramático aumento de niños y niñas heridos tiene alarmadas a las organizaciones que trabajan con las víctimas de minas antipersonal. Porque, dicen ellos, el aumento no es casual.

“Esta es la consecuencia de la Operación Odiseo que dio de baja a 'Alfonso Cano'”, dijo a La Silla Paulo Lasso, coordinador de la Campaña Colombiana contra las Minas en el Cauca.

Después de la muerte del ex comandante, las Farc se han concentrado más en los cascos urbanos de estos departamentos del sur, que en el combate en las zonas más altas de las montañas. “Y cada vez hay más ataques contra puestos de policía, que están dentro de los pueblos y muchas veces cerca a los colegios”, dice Lasso.

Aunque el problema de las minas es cada vez más dramático, muchas gobernaciones y alcaldías no lo tienen como prioridad. Y más grave aún, el presupuesto del gobierno central no siempre llega o se demora en llegar. Según supo La Silla Vacía, el programa de la Vicepresidencia dedicado a este tema no tuvo presupuesto en 2011 para fortalecer la prevención y atención de estas víctimas sino hasta noviembre, casi terminando el año. Esta será otra talanquera para el proyecto de Restitución de Tierras y Reparación de Víctimas porque nadie va a querer volver donde sus hijos pueden dar un paso en falso y quedar para siempre incapacitados.

Estos son los niños que han sido víctimas desde enero hasta el día de hoy, de la guerra que se libra en el sur. 

Haga click en el nombre de los municipios para más información

Portada: Ana Patricia Palacios, Mine 4, 2008.
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Los 'articulitos' que sincerarían las cifras de inversión extranjera

Cuando la familia Santodomingo vendió Bavaria a SABMiller, esa transacción no pagó impuestos a pesar de tratarse de la venta de una de las empresas más grandes del país. Muchas veces pagan más impuestos los que venden un apartamento que todo un conglomerado económico.

Una ley que ha pasado de agache y que cursa actualmente en el Congreso podría cerrar esta posibilidad de ahora en adelante. Es una ley que podría aumentar considerablemente el recaudo tributario pero que también podría tener el efecto secundario de sincerar las cifras de inversión extranjera.

Se trata de un proyecto de ley del representante liberal Simón Gaviria sobre disolución de sociedades que ya fue aprobado por el Senado pero que tiene tres artículos que obligan a todas las compañías nacionales y a todas las empresas extranjeras que tengan sucursal en Colombia a informar quiénes son sus beneficiarios reales –es decir, quiénes son las personas naturales que, en última instancia, son sus propietarios.

Y esos propietarios podrían no estar pagando impuesto al patrimonio porque no le informan a la DIAN que tienen acciones en sociedades colombianas a través de esas empresas extranjeras. O podrían estar pagando menos impuesto de renta al no incluir entre sus ingresos las utilidades que reciben a través de la compañía extranjera.

Muchos colombianos han creado empresas en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes o las Bahamas, donde es muy fácil crear sociedades y no hay que pagar impuestos por tenerlas. A través de esas empresas invierten en Colombia, y oficialmente el dinero de esa inversión queda registrado como inversión extranjera, como lo muestra este gráfico.

 

Estos artículos fueron promovidos por el Superintendente de Sociedades (y antiguo blogger de La Silla Vacía) Luis Guillermo Vélez y el senador conservador Juan Mario Laserna, y tienen el apoyo de Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN. Y siguen la línea de legislación que se está adoptando en otros países como Estados Unidos o Francia para volver menos atractivos los paraísos fiscales y perseguir el no pago de impuestos.

"Esta legislación equivale a una reforma tributaria" le dijo el senador Laserna a La Silla Vacía. "Es fundamental para saber dónde están los capitales colombianos y para formalizar la situación irregular de muchos. Si el presidente Santos apoya la norma y nos ayuda a sacarla adelante en la Cámara, ahora sí se podrá decir que es un 'traidor a su clase'".

Aunque no se puede presumir que toda la inversión que viene de esos paraísos fiscales es de compañías de colombianos ávidos de pagar menos impuestos, el ejercicio de restar esos montos de la inversión extranjera total sí ayuda a dimensionar qué tan grande realmente es.

Éste sería el efecto de estos artículos sobre el monto de inversión extranjera que registra el Banco de la República, que se reducirían en más de una cuarta parte:

 

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Los personeros cuestionados de la restitución de tierras

En la restitución de víctimas que arrancó este mes hay pocos personajes tan claves para su éxito como los personeros municipales. Pero las alianzas que llevaron a la elección de la mayoría de estos funcionarios, encargados de acompañar a las víctimas en todo el proceso, no permiten ser demasiado optimistas.

De los doce municipios piloto escogidos por el Gobierno para arrancar la restitución de tierras, ocho fueron apoyados por políticos o empresarios más cercanos a los victimarios que a las víctimas. Dos casos se ven con optimismo-el de San Francisco, Antioquia, y el del Carmen del Darién, en el Chocó. Y sobre los otros dos no pudimos conseguir información.

El director del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce Mac Master, anunció esta semana que se reunirá con todos los personeros del país el 17 de febrero para capacitarlos y desde su oficina se está montando un sistema de seguimiento ciudadano a los personeros para garantizar que realmente se merezcan la confianza de las víctimas.

Estos son los personeros en los municipios donde arranca la restitución de tierras.

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Por las manos de estos candidatos pasa la restitución de tierras

El próximo 30 de octubre será un día decisivo para el proyecto de restitución de tierras del Gobierno porque ese día se elegirán los alcaldes de las zonas donde el despojo fue altísimo, como los municipios del Urabá Antioqueño, de Montes de María o del Catatumbo y cuya colaboración será fundamental para resarcir a las víctimas.

Aunque la Ley de Víctimas no delega en los alcaldes funciones especificas para la restitución de tierras (lo que fue hecho a propósito porque muchas autoridades locales han estado involucradas en el despojo o son manipuladas por los victimarios), para quienes han trabajo en los planes piloto es evidente que una alcaldía, que es la máxima autoridad policiva del municipio, que ponga su institución a favor de la restitución hace más rápido y más seguro el proceso para los líderes de tierras, que han sido perseguidos en los últimos meses por reclamar sus títulos.

El proceso de restitución de tierras se hará de manera gradual en todo el país ya arrancó con unos municipios piloto en 14 municipios. La Silla Vacía averiguó quienes parecen ser los candidatos más opcionados en nueve de esos municipios, y de acuerdo a distintas fuentes en la zona, el pronóstico no es muy optimista para las víctimas.

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Todavía faltan tres meses para elecciones y van más de 20 candidatos muertos

Este año han sido asesinados más de veinte candidatos a las elecciones regionales de octubre. Las inscripciones todavía no se han cerrado y ya se alcanzó el número de candidatos asesinados para las elecciones de 2007, cuando se registraron 21 homicidios de personas que aspiraban a algún cargo público.

En ciertas regiones la guerrilla ha sido responsable de buena parte de estas muertes y en Norte de Santander se ha distribuido un panfleto firmado por el Ejército Popular de Liberación, EPL, en el que se amenaza a varios candidatos y trabajadores públicos del departamento.

No en todos los casos la guerrilla ha sido la culpable. En varios casos autoridades no han podido concluir quiénes son los responsables de los asesinatos o amenazas en contra de candidatos, por lo que el ambiente electoral se torna cada vez más pesado.

Según datos de la Misión de Observación Electoral MOE, estos son los candidatos que han sido asesinados o han sido víctimas de algún atentado este año en Colombia:

 

Pase el mouse por los municipios señalados para saber cuáles han sido los candidatos asesinados o víctimas de un atentado este año. Haga click en los nombres de los departamentos a la izquierda para acercarse a esas regiones. Iremos añadiendo más candidatos, si llegan a sufrir un atentado o a ser asesinados. 

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Los padrinos políticos de las elecciones de octubre

Entre más se acercan las elecciones regionales de octubre, se van aclarando más los apoyos que reciben los candidatos a alcaldías y gobernaciones. Y, en varios casos, esos apoyos vienen de quienes ya están en el poder y quieren perpetuar o heredarle sus caudales electorales a los candidatos que los reemplacen.

Varios gobernadores y alcaldes en el país han apadrinado algún candidato para prestarles su peso político -muchas veces prestándoles la burocracia de sus despachos- y así ayudarles a que logren vencer en las urnas.
Pero como la participación indebida en política es un delito y apoyar públicamente a un candidato podría terminar en una destitución para un alcalde o un gobernador, los apoyos no se hacen por encima.

Sin embargo, en algunos casos, hay apoyos que se hacen evidentes.

Haga click en el mapa para saber más.

 

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Los líderes de tierras que temen terminar como Ana Fabricia Córdoba

Desde que el gobierno de Juan Manuel Santos prometió una restitución de tierras el año pasado, los asesinatos contra los líderes de tierras aumentaron. En los ocho años de Uribe fueron asesinados 35 líderes. Y en el gobierno de Santos, que todavía no ha terminado su primer año, ya han asesinado a 11 (ver lista).

Después del asesinato de Ana Fabricia Córdoba en Medellín hace dos semanas, la Mesa de Garantías, que reúne a líderes de víctimas y al gobierno en cabeza del Ministerio del Interior para definir las medidas de protección a las organizaciones de víctimas, quedó congelada.

“Yo no veo voluntad política”, dijo Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar y miembro de la Mesa. Y explicó que solo se volverán a sentar en la mesa cuando el Gobierno les brinde medidas que sean realmente efectivas.

¿Qué propone el Gobierno?

Ya que la Mesa de Garantías quedó en el aire, el Ministerio del Interior decidió que se reuniría con los distintos grupos vulnerables, uno por uno, para discutir quiénes son los líderes amenazados. El jueves pasado fue la primera reunión con comunidades indígenas y afros y el balance no fue tan positivo como esperaban: las organizaciones entregaron al Ministerio una lista de dos mil personas que están siendo amenazadas y el Ministerio dijo que las analizaría, pero que por ahora no se hacía responsable de estas dos mil personas.

“Es imposible ponerle protección a cada uno”, dijo a La Silla Vacía un funcionario del Ministerio que estuvo en esa reunión. “El Ministerio ya protege a 11.200 personas y gasta ochenta millones de dólares por año en protección”.

Ante la sobredemanda, el Gobierno ya decidió que va a discriminar de acuerdo a los casos, pero teme que este proceso sea eterno si los sindicalistas, las mujeres, los defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables con quienes esperan reunirse también presentan listas de dos mil personas. “Hay recursos limitados”, dijo este funcionario.

Esta estrategia de discriminación por falta de recursos es precisamente la que se ha venido llevando a cabo en los últimos años y que fue ratificada por el decreto 1740 que firmó Álvaro Uribe en mayo del año pasado.

En este decreto se establece que los líderes de víctimas solo serán protegidos si van voluntariamente a la Policía para someterse a un análisis de riesgo. Si el riesgo resulta ordinario, se asume que corre el mismo riesgo que cualquier colombiano y no se le dan protecciones especiales, porque se parte de la premisa que todos los colombianos corremos cierto riesgo. Si se califica como extraordinario, tiene derecho a un avantel, un chaleco de balas, escoltas o rondas de policía otorgadas por el Ministerio del Interior.

“El problema es que muchas veces quienes hacen el estudio no conocen el contexto en el que vive la persona, no saben lo que pasa en la región. Yo conozco mucha gente que le hacen un atentado y luego el estudio de riesgo sale ordinario”, dijo a La Silla Vacía una de las líderes de víctimas. Este fue el caso de Hernando Pérez, defensor de tierras en el Urabá que fue asesinado el pasado 21 de septiembre, después de que la policía catalogara su riesgo como ordinario.

Más allá del carro blindado

Por eso en la primera mesa con las organizaciones, líderes indígenas y afros plantearon reuniones regionales con el Ministerio para evaluar el riesgo en el contexto de cada uno de los municipios y una reunión con el Presidente Santos para que asumiera personalmente unas responsabilidades frente a las víctimas. Ninguno de los dos les fue otorgado.

“Nosotros no queremos solo medidas materiales, nosotros queremos medidas estructurales”, dijo a La Silla Vacía José Santos, miembro de PCN, una de las organizaciones afrocolombianas en la mesa.

Las organizaciones de víctimas han insistido en que hay que tener un concepto integral de protección. Y que esto tiene que pasar por una depuración de las Fuerzas Armadas en las regiones de aquellos miembros que fueron cómplices de los despojadores y que aún siguen allí. Y también mejorar su comunicación con las comunidades ya que los mismos líderes normalmente saben quién los desplazó, quién tiene sus tierras o quién los amenaza.

“Se han otorgado medidas de protección a 11 dirigentes de una organización de restitución de tierras”, contestó a La Silla María Paulina Riveros, la directora de la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior.

Otro funcionario cercano a este proceso del Ministerio dijo a La Silla Vacía que actualmente se está planeando un plan piloto en Curvaradó y Jiguaminadó, en el Chocó, en el que trabajan conjuntamente Policía, Ministerio del Interior y Ministerio de Agricultura. La idea es que crucen datos sobe el despojo de tierras con las solicitudes de protección y otorgar así las medidas necesarias.

La Silla Vacía habló con organizaciones en todas las regiones donde han asesinado líderes de tierras en los últimos meses y todas consideran que es necesario plantear una política pública nueva para proteger a los líderes de víctimas y los desplazados durante este proceso. En 12 de estos casos se reflejan las dificultades que tienen: algunos saben quiénes están detrás de las amenazas pero no ven que los procesos en su contra avancen, algunos sienten desconfianza para ir voluntariamente a la Policía y otros creen que lo hacen les niegan las medidas.

Sienten que la mejor medida de protección que tienen al final del día es mantener un bajo perfil, no hablar muy duro y, por eso, varios pidieron que sus nombres se mantuvieran bajo reserva.

Estas son las organizaciones de víctimas amenazadas por reclamar las tierras de los desplazados y las medidas de protección que siguen esperando.

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Lo que se juega hoy en las consultas

Este domingo se realizarán consultas populares en 271 municipios del país para definir candidatos a Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas y Concejos. Además, en Bogotá habrá consultas del Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de La U para escoger los candidatos a las Juntas Administradoras Locales. Mientras que los liberales buscarán candidatos a ediles en todas las 20 localidades del Distrito, los de La U lo harán en todas menos en Sumapaz y los conservadores sólo en Engativá.

En total serán 361 consultas, la mayoría de las cuales (317) serán del Partido Conservador. Los azules tendrán consulta en dos departamentos (que suman 150 municipios) para Gobernación: Cesar y Antioquia. También tendrán consultas para la Asamblea en 13 municipios del Putumayo, para la Alcaldía de 98 municipios, para los Concejos de 55 municipios y una para los candidatos a la JAL de la localidad de Engativá en Bogotá.

Los conservadores, además, tenían una consulta para la Gobernación del Huila, pero fue cancelada esta semana (así como gran parte de las candidaturas en varias consultas del país), luego de que los candidatos involucrados decidieran renunciar a participar en ese mecanismo pese a los gastos en los que hicieron incurrir a la Registraduría con recursos de todos los contribuyentes.

Pero también los liberales, Cambio Radical, La U, el Polo y los Verdes tendrán consultas y, aunque en unas no es mucho lo que está en juego, otras podrían terminar afectando la política regional.

La Silla Vacía decidió investigar cómo se han movido las consultas para gobernaciones y alcaldías de capitales departamentelas. Esto es lo que está en juego:

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