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Por Juanita Vélez | Tatiana Duque · 29 de Enero de 2018

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Alegando que no les han pagado a pesar de haber firmado acuerdos de sustitución de cultivos, decenas de campesinos recolectores de coca en Caquetá armaron sus maletas y se fueron a probar suerte en otros lados. Especialmente a Nariño, el departamento con más coca de todo el país y donde la sustitución ha sido más lenta.

Esa migración es la muestra de un cabo suelto en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, que aterriza parte del punto de drogas del Acuerdo de La Habana: aún no hay claridad sobre qué hacer con los campesinos que solo se dedican a recolectar la hoja, lo que puede terminar en un país que en lugar de tener muchos menos cocaleros, tenga los mismos pero en otras zonas.

La migración

Aunque desde hace 15 años cocaleros de regiones como Caquetá, Putumayo y Casanare han entrado y salido de zonas cocaleras de Nariño por ‘oleadas’ según el vaivén del negocio, esta vez lo están haciendo por una razón particular.

 

Según un político, dos presidentes de juntas de acción comunal y un vocero de los cocaleros en Caquetá, como ya no hay hoja para recoger porque cada vez son menos los cultivos de coca, se van. Y suman bastantes, porque por cada hectárea de coca se necesitaban de a diez o doce recolectores, según uno de los presidentes de junta.

Solo en La Montañita, uno de los municipios donde se concentra buena parte del cultivo de coca en el departamento, la Oficina de Drogas ya les desembolsó el segundo pago a más de 400 familias cultivadoras. Familias que a cambio arrancaron la mata, con lo cual cientos de campesinos que vivían de recolectarla quedaron en el aire.

“Por lo menos el 30 por ciento de los recolectores se han ido de aquí”, dijo a La Silla Balvino Polo, uno de los voceros en Caquetá de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam. En La Montañita, según él, hay aproximadamente 250 campesinos que se dedican a eso, por lo que se habrían ido mínimo 75.

En teoría, eso no debería ocurrir porque el Pnis les ofrece un millón de pesos mensuales durante un año por hacer trabajo comunitario. El problema es que, mientras a los cultivadores el Gobierno ya les ha pagado y por eso siguen en la zona, a los recolectores no.

Para pagarles, los recolectores deben firmar contratos de prestación de servicios con las Juntas de Acción Comunal, JAC, lo que ha generado problemas porque hay JAC que no están registradas ante la Oficina de Drogas o que simplemente no quieren asumir esa función.

En el caso de La Montañita, aunque las juntas sí están montadas en la idea de firmar los contratos, no han logrado conseguir una empresa que les de la seguridad social a los recolectores. “Como es una población tan vulnerable y que van de un lado a otro, nadie se le quiere medir”, nos dijo Polo.

Para una fuente de la dirección de Drogas que habló bajo la condición de no ser citado, el Gobierno nunca se comprometió a desembolsarles pagos a los recolectores solo porque digan que lo son y firmen un acuerdo.

“Es cierto que hemos tenido problemas con eso y que hay gente que tenía la expectativa de que solo con alzar la mano y decir que era recolector le ibamos a pagar. Pero primero tenemos que depurar los listados que nos entregan en cada municipio”, nos dijo esa fuente.

“A veces resultamos con listados en los que hay el triple de recolectores que de cultivadores y, para evitar colados, primero nos toca filtrar. Estamos diseñando un protocolo para ver exactamente qué hacer con ellos e identificando con qué juntas o asociaciones campesinas locales podemos arrancar a ver lo de los contratos”, agregó.  

En efecto, como lo hemos contado en La Silla, al principio no era claro si el Pnis iba a incluir a los recolectores o solo a los cultivadores. Al final la Oficina de Drogas decidió incluirlos bajo el argumento de que eso ayudaría a desarrollar a todo el municipio y no solo a premiar a los que cultivaron.

Lo que pasa es que, al decidirlo, el Gobierno se puso la vara muy alta porque cada vez hay más personas que piden ser beneficiarias, pero no hay más plata.

“El Pnis ha aumentado exponencialmente el número de familias y comunidades adscritas, sin que esto haya estado acompañado de un crecimiento proporcional de su presupuesto o equipos en los territorios”, dice el último informe que sacó la Fundación Ideas para la Paz, FIP, el tanque de pensamiento más importante sobre el posconflicto hoy en Colombia.

Por cuenta de eso, según el informe, “en las zonas donde el Pnis realizó el primer pago y fueron erradicados de manera voluntaria los cultivos de coca, los recolectores han quedado en una difícil situación: sin fuentes de ingresos y con incertidumbre sobre cuándo y cómo el Programa comenzará a entregarles la plata”.

Y es por esa incertidumbre que hay una nueva oleada de migración de las viejas zonas cocaleras del piedemonte de la cordillera oriental a las más recientes del piedemonte de la occidental, una zona que tiene ventajas estratégicas para el cultivo.

El atractivo de Tumaco

Muchos recolectores del Caquetá han decidido probar suerte en otros lugares. Uno de sus principales destinos es Tumaco, el municipio con más coca de todo el país (tiene 23.148 hectáreas cultivadas, el 16 por ciento de todas las de Colombia) y donde el negocio sigue siendo tan apetecido que se lo están peleando varios grupos ilegales, a pesar de que allí el Gobierno, en cabeza del vicepresidente Óscar Naranjo, le ha metido el acelerador y ha avanzado con los pagos.

Según tres fuentes que se conocen el fenómeno de la coca allí y saben de la presencia de campesinos de Caquetá, la mayoría han llegado a zonas de Llorente y La Guayacana, además de las zonas 3 y 4 del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, muy cerca a la frontera con el Ecuador, por el río Mataje, y cerca a la ruta por donde entran los insumos para transformar la coca.

“Desde el kilómetro 45 hasta el 77 por la vía que sale al mar hay comunidades de colonos que vienen y van dependiendo del cultivo, si está bueno o no. Si le digo 500 (campesinos), por ahí ya pasó la cuenta”, nos dijo uno de los miembros del consejo comunitario de Alto Mira.

Ese es el consejo comunitario al que pertenecía José Jair Cortés, el líder afro que asesinaron en octubre por defender la sustitución, una muerte que mostró la guerra entre dos disidencias de las Farc (la de alias ‘Guacho y las Guerrillas Unidas del Pacífico de alias ‘David’) y grupos narcotraficantes que quieren copar ese territorio tras la salida de las Farc.

Guerra a la que también está entrando ahora al ELN a la vereda Guayacana del corregimiento de Llorente, según una alerta que sacó la Defensoría del Pueblo, como lo contamos en La Pacífico.

Frente a eso, el Gobierno ya desembolsó el primer y segundo pago a las 3.500 familias de cultivadores inscritas en Nariño, y en Alto Mira y Frontera ya desembolsaron el primer pago a 2 de las más de 3 mil familias que se inscribieron en ese consejo comunitario y son cultivadores.

Sin embargo, la Gobernación se ha quejado porque el Gobierno solo tiene a cuatro personas trabajando para toda la población de Tumaco y otras dos para el resto del departamento y eso, según el asesor de Paz de la Gobernación, Harold Ruíz, es insuficiente para lo que hay que afrontar.

El problema de fondo es que, mientras Caquetá queda en medio de Colombia, Nariño tiene los tres pasos de la cadena de la producción: la siembra, la cristalización (laboratorios de la creación de la pasta) y su exportación por la salida hacia el Pacífico.

Por eso es especialmente atractivo para campesinos cocaleros migrantes, que buscan llegar al departamento con más coca en todo el país y donde pueden usar su experiencia no solo como recolectores, sino en cualquier etapa del proceso.

Por eso, por lo menos por ahora, el éxito desigual del Pnis augura buenas noticias en el Caquetá y otras no tan buenas en Tumaco.
 

CONTEXTO

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