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Por Jerson Ortiz · 22 de Enero de 2018

César Lugo (izquierda) fue nombrado como gobernador encargado en junio de 2016 en lugar de Manuel Carebilla por recomendación de Cambio Radical.

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La semana pasada en los círculos políticos del Amazonas esperaban que en su visita al departamento el presidente Juan Manuel Santos anunciara la convocatoria de elecciones atípicas para reemplazar al exgobernador Manuel Antonio Carebilla, de Cambio Radical,  al que hace tres meses condenaron por corrupción. Pero no lo hizo.

La Silla Sur supo que en el Ministerio del Interior están pensando convocar las elecciones en febrero para que se hagan en abril y no empaten con las de Congreso.

Mientras tanto, las riendas y la contratación del departamento seguirán en manos del encargado César Lugo, que llegó hace año y medio al cargo con el visto bueno de Cambio Radical.

Lugo es mano derecha del Exgobernador. Fue su asesor de contratación  y también está investigado por la Corte Suprema porque es señalado de ser cómplice de Carebilla.

Durante el tiempo en el que ha estado en el cargo, en la contratación de Amazonas hay desde millonarias licitaciones con únicos proponentes y pagos de millonarios anticipos, hasta la adjudicación de diferentes obras a un mismo empresario. Justamente para evitar que se sigan haciendo este tipo de prácticas, la semana pasada entró en vigencia una modificación a la ley de contratación que busca acabar con los pliegos sastres (llamados así por ser hechos a la medida del contratista) para condicionar las licitaciones.

Estas son las seis conclusiones que  La Silla Sur encontró en la Amazonas del gobierno Lugo al revisar todos los contratos de más de mil millones de pesos que se adjudicaron desde junio de 2016, cuando asumió como gobernador, hasta la fecha.

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Todos los contratos por encima de mil millones se los dieron a únicos proponentes

Los trece contratos que pasan los mil millones de pesos y que en total suman 55 mil millones tuvieron, cada uno un solo proponente. Es decir, no hubo pluralidad de ofertas. El contrato más grande es el que se adjudicó en octubre de 2017 para la construcción del colegio Sagrado Corazón de Jesús cuyo valor es de 31 mil millones de pesos. Pese a su magnitud, la única empresa que se presentó a la licitación fue el grupo empresarial Líbano S.A.S. que se mueve en Caquetá.

Para Juan David Duque el director de Colombia Compra Eficiente, la entidad del estado que regula la contratación pública, cuando hay licitaciones de un solo proponente “queda el sinsabor de que los pliegos puedan estar amañados" porque quiere decir que no hubo participación.

 
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En casi todos los contratos hay anticipos hasta de la mitad de la plata

En doce de los trece contratos que revisamos quedó estipulado que los contratistas pueden pedir hasta el 50 por ciento del valor del contrato como anticipo para poder arrancar las obras. Aunque no está prohibido y depende de cada oficina jurídica determinar si se dan o no, la entrega de anticipos supone de entrada un beneficio para el contratista porque se le está pagando sin siquiera haber empezado.

Un caso que llama la atención es el de un contrato por 1.880 millones de pesos para pavimentar unas calles de Leticia y Puerto Nariño. Aunque el contratista tenía 45 días de plazo para cumplir, tuvo derecho al anticipo. 

 
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Los contratistas son casi siempre los mismos

Nueve de los trece contratos que revisamos quedaron en manos de cuatro empresas. El que más obras se ha ganado es Jaime César González, un ingeniero de Villavicencio. González se ha quedado con tres contratos para construir acueductos y alcantarillados en los centros poblados de Puerto Arica, San Rafael y Puerto Alegría. Los tres suman 6.200 millones de pesos. Otros que han podido repetir en el gobierno de Lugo son los de WH Ingenieros y Piasing Ltda, empresas de Villavicencio, que se quedaron con dos contratos para construir una cancha de fútbol sintética en Puerto Nariño por 1.600 millones de pesos y un acueducto para el centro poblado La Chorrera por 2.440 millones de pesos.

También está Wilson Giraldo, un ingeniero de Neiva, Huila, que ganó dos contratos para hacer acueductos en los corregimientos de Mitirití y La Pedrera por 5.500 millones de pesos. Y finalmente está el caso de Dora Liliana Cuéllar que se ha ganado los contratos de 2016 y 2017 para suministrar alimentos para los colegios que están a cargo de la Gobernación. Los dos contratos pasan de los 6.000 millones de pesos.

 
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Hay varios políticos socios de las empresas que han ganado contratos

Las empresas de dos políticos de Caquetá y La Guajira han encontrado trabajo con la gobernación de Lugo. La primera es el Grupo Líbano S.A.S que, como contamos arriba, va a construir el colegio Sagrado Corazón de Jesús. Uno de los dueños de esta empresa es el ingeniero Juan Carlos Sefair que en las elecciones de 2015 fue candidato a la Alcaldía de Florencia, Caquetá, avalado por Cambio Radical, el mismo partido de Carebilla y Lugo.

La otra empresa es Innova I+D SAS cuyo socio y representante legal es Oscar Emilio Sorza, un exrepresentante a la Cámara de La Guajira (2005) que fue coordinador en ese departamento de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014. En Amazonas la empresa de Sorza se ganó el contrato de 1.998 millones de pesos para pavimentar unas vías de Leticia y los corregimientos Puerto Santander y Tarapacá.

 
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Los cuestionados también se llevan su tajada

La Contraloría encontró millonarios sobrecostos en el contrato de suministro de alimentos a los colegios a cargo de la Gobernación que se firmó en 2016 por 3.340 millones de pesos. Encontró, por ejemplo, que el proveedor cobraba huevos de gallina a 900 pesos y la libra de pasta para sopas a 5.500. En total la Contraloría detectó sobrecostos superiores a los 297 millones de pesos. A pesar del hallazgo, que generó marchas en Leticia y una investigación disciplinaria al Gobernador, a su Secretaria de Educación, Betsy Mireya Londoño, y a la contratista, el mismo proveedor cuyo representante legal es Dora Liliana Cuéllar, se volvió a ganar el contrato de suministro del 2017 por 3.000 millones de pesos, también como única proponente. Lo más probable es que Cuellar y su empresa también se presenten para quedarse con el contrato de 2018 que costará 4.200 millones de pesos.

 
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Hay contratos que pueden correr la misma suerte

Como solo hasta febrero el Gobierno delegará a un funcionario suyo en la Gobernación, Lugo tiene en su escritorio otros contratos que alcanzaría de firmar.

El primero es para ampliar la pista del aeródromo del corregimiento de Puerto Arica que está valorado en 5.380 millones de pesos y que según el cronograma deberá adjudicarse el 1 de febrero. El segundo es el de suministro de alimentos que ya está en etapa de pliegos y que según el cronograma se debe adjudicar el 31 de enero. Los otros dos son para contratar los servicios de restaurante y transporte escolar por 1.876 millones y 1.098 millones, respectivamente, y que se deberán entregar a más tardar el 1 de febrero.

*Para consultar la base de datos de los contratos que revisamos haga click acá

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