Por Jerson Ortiz | Juanita Vélez · 01 de Diciembre de 2017

Fiscalía indaga si hubo responsabilidad administrativa en la avalancha que sorprendió a Mocoa el 31 de marzo.

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El Fiscal General Néstor Humberto Martínez anunció la imputación de cargos a la gobernadora de Putumayo, Sorel Aroca y a los dos últimos alcaldes de Mocoa por la gigantesca avalancha que arrasó a ese municipio en marzo de este año, y con eso sacudió al Putumayo político en vísperas a las elecciones del año entrante.

La Fiscalía llevaba siete meses investigando a estos funcionarios públicos. Si bien con las imputaciones apenas inician los juicios, en los que la Fiscalía deberá vencer a los imputados ante un juez, estas son las cinco conclusiones que dejan por ahora sus anuncios en Putumayo.

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Los Verdes salieron golpeados con vísperas al 2018

Aunque en el tarjetón a Sorel Aroca la avalaron hace dos años Alianza Verde, la U y Cambio Radical, detrás estaba empujándola el ‘Frente Amplio por la Unidad y la Democracia’ en el que aparte de los Verdes estaban el Polo, Marcha Patriótica, la Alianza Social Independiente, Asi, el Mais, la Aico y la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, Meros.

Como Aroca se ha venido distanciando del Frente, que va jugar con candidatos propios a Cámara y a Senado, al partido que más le pega esta imputación es a la Alianza Verde. Esto porque la hoy candidata presidencial por ese partido, Claudia López, ha sido una escudera de Aroca, defendiéndola públicamente por su gestión después de la avalancha.

Y aunque a la gobernadora no le imputan en este caso cargos por corrupción, en redes sociales ya comenzaron a cobrarle a López, la abanderada de la anticorrupción, por haberla apoyado. ,

Este anuncio también representa un golpe para el discurso de renovación con el que Aroca se hizo elegir venciendo a pesos pesados como el conservador Jorge Coral Rivas y el liberal Reynaldo Velásquez, porque la Fiscalía la está cuestionando justamente por su manera de gobernar señalándola de no hacer nada para evitar las muertes registradas el 31 de marzo y 1 de abril de 2017.

De cara a las elecciones de Cámara los dos partidos tradicionales podrían utilizar la situación jurídica de la Gobernadora para ganar votos. Un ejemplo de esto es el representante conservador Orlando Guerra que fue el que hace un año advirtió que podría ocurrir la tragedia y podría usar la imputación de Aroca como caballito de batalla

Lo mismo podría hacer la representante liberal Argenys Velásquez, que también busca reelegirse, y que en campaña a Gobernación lanzó cuestionamientos a Aroca para favorecer la campaña de su hermano Reynaldo Velásquez..

 
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Con Mocoa, los desastres naturales entran en la mira de la Fiscalía

Con estas imputaciones de cargos a la Gobernadora de Putumayo y los dos últimos alcaldes de Mocoa por supuestamente no haber hecho lo necesario para evitar la tragedia, la Fiscalía abrió el debate sobre la responsabilidad que pueden llegar a tener los mandatarios regionales y locales en las tragedias naturales y es probable que si sigue en esa la línea entren en la mira otras tragedias.

Como por ejemplo la de Salgar en Antioquia, donde una avalancha en mayo de 2015 causó la muerte a más de 100 personas. En ese caso la Fiscalía abrió una investigación ese mismo mes para determinar si hubo negligencia. Ahí podrían entrar en la mira la alcaldesa de la época, Olga Eugenia Osorio o el gobernador Sergio Fajardo.

Otro caso es el de Manizales, Caldas, donde en abril de este año un derrumbe causó la muerte a 17 personas. Allá, autoridades como la Personería, habían anunciado que podría ocurrir una tragedia de ese corte y la Fiscalía también anunció una investigación para determinar si hubo omisión por parte de la Gobernación o la Alcaldía.

 
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El anuncio ha dado hasta para ponerle reemplazo a Aroca antes de tiempo

Una cadena de WhatsApp que circuló plagiando a La Silla Sur (la firmaban como www.lasillavaciasur.gov) aseguraba que “extraoficialmente se obtuvo la información que el economista Byron Viveros Chaves, muy cercano al ministro del Interior Guillermo Rivera y a quién le gustan los encargos en la administración se prepara para asumir la función como gobernador”.

En efecto Viveros Chaves es cercano a Rivera. Fue gobernador de Putumayo en 2010 y hoy es contratista de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del ministerio del Interior, donde está Rivera. Pero como una imputación no significa que la persona deba abandonar el cargo Aroca va a seguir como gobernadora, por lo que hablar de un reemplazo es prematuro por ahora.

 
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Aroca y Camilo Romero se defienden con discursos distintos

Aparte de la Gobernadora de Putumayo, la Fiscalía también tiene en la mira a otro dirigente de la Alianza Verde: Camilo Romero, el gobernador de Nariño. Lo particular es que mientras Aroca ha dicho que es un “libro abierto”, Romero se fue en contra de la Fiscalía.

“Hay un afán mediático de la Fiscalía de meternos a todos en un mismo costal, de decir que el Gobernador de Nariño es igualito a los demás, y eso me parece infame”, dijo el gobernador que es acusado de irregularidades en contrato de licores.

La prueba de ese ‘afán mediático’, según él, es que el día que la Fiscalía anunció imputación de cargos en su contra se habló de peculado, que es decir que se robó la plata, pero en la audiencia de acusación del pasado miércoles ese delito no apareció.

Aroca, en cambio, dijo que  “somos un libro abierto para ser investigados, la Fiscalía ya había anunciado la investigación en marzo a los que hacemos parte del sistema de gestión del riesgo. Estamos en completa disponibilidad para responder y demostrar que lo que ocurrió fue imprevisible, un evento extraordinario”. 

Así que mientras Romero la emprende contra el Fiscal, Aroca busca bajarle el tono aunque en el caso concreto de ella se hable de homicidio culposo.

 
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La Fiscalía se está moviendo rápido en Putumayo

Aparte de estas imputaciones de la Fiscalía, hay otras avanzando en el marco de la estrategia de “bolsillos de cristal”, que busca combatir la corrupción en el país.

Por ejemplo, justo ahora están investigando cinco convenios firmados durante 2011 y 2014 entre Ecopetrol y la Corporación Red País Rural por más de 30 mil millones en Huila, Meta y Putumayo y en los que encontraron que no tenían planeación de estudios previos y no se ejecutaron pero sí hubo pagos a favor de la Red. Hay dos exfuncionarios de Ecopetrol y dos de la Corporación con medida de aseguramiento por eso.

También hay otra investigación sobre defraudación al sector de la salud por más de mil millones de pesos a través de ocho transferencias electrónicas que se hicieron desde la alcaldía de Mocoa entre marzo y diciembre de 2011 a dos cuentas bancarias de la empresa privada Comercializadora Internacional de Servicios Aduaneros, Coinsa, con sede en Ipiales.

Por cuenta de esa investigación hoy tienen medida de aseguramiento el exalcalde de Mocoa Mario Luís Narváez y su tesorero Ever Clemente Ruíz

 

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