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Por Jerson Ortiz · 01 de Agosto de 2018

Alcalde Miguel Rico fue vinculado al proceso como presuntor autor intelectual del crimen del abogado Luis Gerardo Ochoa.

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El alcalde de Pitalito, Miguel Rico, fue detenido y acusado por la Fiscalía de ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato del abogado Luis Gerardo Ochoa, ocurrido en abril del año pasado en ese municipio. Aunque una juez lo dejó en libertad provisional, Rico seguirá vinculado al proceso, lo que lo deja en el ojo del huracán tanto a él como a los aliados políticos que lo ayudaron a gobernar estos años.

El caso de la captura

Antes de ser asesinado en abril de 2017, el abogado Luis Gerardo Ochoa investigaba una posible estafa en el proyecto de vivienda Ciudadela La Voz de Dios en el que según la Fiscalía, el alcalde Rico tenía intereses particulares como “quedarse con varios apartamentos o intermediar para que se los dieran a unos concejales que se habían portado bien con su administración”, según el relato de un testigo protegido.  

Lo que Ochoa encontró inicialmente fue irregularidades en la manera como la empresa constructora Asoginco le compró el lote a los integrantes de la iglesia Cristiana Cruzada la Voz de Dios, que apoyó a Rico en campaña y a la cual pertenece el pastor Edgar Núñez, que era el secretario de Planeación de Pitalito. Según un miembro de la iglesia, el negocio no se hizo bien, dejó dudas y por eso le pidió a Ochoa que averiguara.

Después el abogado empezó investigar quiénes eran los dueños de Asoginco y descubrió que detrás estaba el empresario Mauricio Parra, quien había estado en la cárcel por tráfico de drogas y tenía señalamientos con grupos delincuenciales.

Las pesquisas de Ochoa apuntaban al lado correcto porque el año pasado la Fiscalía señaló a Parra de ser uno de los principales testaferros de las Farc en el sur del país. Por eso el predio donde se iba a construir La Voz de Dios entró en proceso de extinción de dominio.

Además, Parra también fue señalado de ser autor del crimen del empresario huilense Jhonny Orjuela, dueño de la cadena de Surtifruver de Bogotá.

“Mi hermano venía denunciando que había una convivencia entre corruptos del sector oficial con delincuentes comunes, con estafadores”, le dijo Ximena Ochoa, hermana de la víctima, a la emisora Huila Stéreo.

La Fiscalía sostiene que Rico tenía afán de que Ochoa no continuara con las investigaciones y no afectara el desarrollo de la Ciudadela,y por eso habría participado en la confección del homicidio.

Por eso ordenó su detención el fin de semana pasado en Bogotá. Aunque la Fiscalía pidió que lo enviaran a la cárcel para que no interfiriera en el proceso, una juez de control de garantías de Neiva lo dejó en libertad provisional porque, según la defensa, Rico tiene fuero especial por su condición de alcalde y si queda detenido o no es potestad de un juez en segunda instancia.

La Fiscalía apeló la decisión y aspira que en segunda instancia Rico sea detenido de nuevo y enviado a la cárcel.

Durante la captura e imputación de cargos el alcalde se defendió diciendo que todo se trató de un montaje y que incluso a su despacho había llegado un correo hace una semana advirtiendo que la Fiscalía lo iba a capturar con testimonios falsos.

A pesar de que este es el primer caso en el que la justicia lo vincula formalmente, el gobierno de Rico ha estado salpicado por otros escándalos.

Los otros ruidos

En plena campaña a la Alcaldía de Pitalito en 2015 fue asesinada la periodista Flor Alba Núñez. Crimen que se asoció de inmediato a su labor como reportera.

Una de las versiones que circuló días después en Pitalito fue que la muerte de Núñez tuvo que ver con unas denuncias que ella hizo sobre la campaña de Rico. En un audio que la periodista le envió a una compañera días antes del asesinato comenta que la campaña de Rico, al parecer, les ofreció dineros a otras campañas para que se bajaran y lo ayudaran a ganar, y que eso le parecía “una corrupción muy berraca”.

El audio se volvió viral en redes sociales de Pitalito y cadenas de WhatsApp, lo que llevó a Rico a hacer un pronunciamiento público para negarlo. Hasta hoy, el Alcalde no está vinculado formalmente a la investigación. Por el crimen ya fueron enviados a la cárcel los dos sicarios, pero aún no están claros los autores intelectuales.

Los otros cuestionamiento que han salpicado la administración de Rico tienen que ver con el manejo de millonarios contratos del Municipio.

Entre 2016 y 2017 los contratos de restaurantes escolares de Pitalito, que suman más de 5.500 millones de pesos, la administración de Rico se los dio a la Cooperativa Surcolombiana, la cuestionada empresa de Germán Trujillo, esposo de la exgobernadora del Huila, Cielo González Villa.

Trujillo fue capturado hace tres meses por la Fiscalía por quedarse con la plata de los restaurantes escolares de Santander. Además la Superintendencia de Industria y Comercio lo vinculó al Cartel del PAE que se quedó con más de un billón de pesos de comedores escolares de Bogotá en los últimos diez años.

En la alcaldía de Rico también trabaja como asesor jurídico Jorge Pino Ricci, que es el abogado de Trujillo en el proceso de la Superintendencia.

Otro cuestionado que se ha quedado con contratos en la administración de Rico es el ingeniero Diego Fernando Jaime Escobar, uno de los contratistas de la fallida remodelación del estadio de fútbol de Neiva.

Aparte de la contratación, a Rico le reprochan la selección de su gabinete. Por ejemplo la secretaria de Salud, Janeth Sofía Ortiz,  que por estos días oficia como alcaldesa encargada, es cuñada del exdirector de Comfamiliar del Huila, Armando Ariza, al que la Fiscalía capturó y señaló de quedarse con plata del sistema de salud del departamento.

A pesar de estos cuestionamientos y la acusación por el homicidio de Ochoa, con la decisión de la juez de no enviarlo a la cárcel no está claro si Rico va a renunciar al cargo o se va a mantener mientras se defiende. Lo que sí está claro es que el escándalo judicial también le puede pegar sus aliados políticos y a los partidos que lo apoyaron.

Las conexiones políticas

Miguel Rico llegó a la Alcaldía de Pitalito en su segundo intento. Lo hizo impulsado por un salpicón político que incluyó el apoyo de Cambio Radical, La U y la Alianza Verde.

El aval de Cambio se lo entregó personalmente el presidente del partido en ese momento, el representante Rodrigo Lara Restrepo, en un evento en el que Rico selló una alianza con el candidato a la Gobernación, Carlos Julio González Villa, hermano de la exgobernadora Cielo González Villa.  Esa fórmula resultó ganadora en Pitalito.

Que uno de sus alcaldes aliados esté en líos con la justicia es otro escándalo que el gobernador González Villa suma en los últimos días. El mandatario regional no ha terminado de levantarse del escándalo que se armó a su alrededor por la captura de su cuñado, el empresario Germán Trujillo. Y eso pone a tambalear su imagen de cara al remate de su periodo.

En el caso de La U, Rico logró el respaldo por la cercanía que tiene con el exsenador Jorge Eduardo Géchem, que viene de quemarse al Congreso, y el equipo político del fallecido exalcalde Carlos Arturo Giraldo, que tuvo a Rico como su gerente de las empresas públicas entre 2008 y 2010.

El respaldo de los dirigentes departamentales de la Alianza Verde, se dio a pesar de que el partido tuvo en esas elecciones candidato propio, Jorge Iván Coconuvo. Una salpicada que a los verdes les pueda afectar ahora que son los promotores de la consulta anticorrupción.

A los vínculos políticos, Rico le sumó en campaña el respaldo de empresarios, los caballistas del municipio y el de diferentes iglesias cristianas como la de la Cruzada de la Voz de Dios con la que empezó el lío que hoy lo tiene en el ojo del huracán. Por ahora ninguna de ellos se ha pronunciado a favor o en contra del Alcalde.

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