Por Jineth Prieto · 03 de Julio de 2018

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El pulso que estalló hace tres meses por el manejo de Comfanorte, la segunda caja de compensación de Norte de Santander y una de las empresas más rentables del departamento, en las últimas semanas escaló.

Una tutela que dilató la puja por varios cupos del Consejo Directivo, versiones encontradas sobre la labor de la Supersubsidio y una carta de todo el gremio de las cajas de compensación del país respaldando denuncias sobre presuntas irregularidades en el actuar de esa entidad, ya hacen parte del entramado.

En el fondo sigue el ruido sobre que la política le estaría tocando la puerta a esa caja, tradicionalmente manejada por los empresarios de la región.

Los rounds

Como contó La Silla, desde que se definieron los 10 cupos del nuevo Consejo Directivo de Comfanorte -5 entran en representación de los trabajadores y 5 en representación de los empresarios- iniciaron al tiempo dos peleas.

 

La primera vinculó al Ministerio de Trabajo y obedeció a que ese despacho omitió incluir dentro de los designados a los empleados no sindicalizados, que son los que representan más del 90 por ciento de los afiliados.

La segunda fue la de un grupo de empresarios, que impugnó ante la Superintendencia de Subsidio Familiar la elección de los cinco delegados de ese sector ante el Consejo (los cupos se definen por votación de todas las firmas afiliadas), por considerar que una de las empresas que votó para definir esos cupos estaba inhabilitada para hacerlo. 

Ambos pulsos en el fondo están relacionados con la idea que ha ido tomando fuerza entre los empleados de la caja (en medio de la disputa ya crearon un sindicato propio y marcharon en contra de la politización en la entidad) y buena parte de los empresarios que están afiliados a ella, sobre que el grupo político del exministro liberal Juan Fernando Cristo está tratando de incursionar en esa entidad.

Eso especialmente porque mientras en el lado de los trabajadores el Ministerio solo le dio juego a dos sindicatos que se acercaron al exsecretario general de la caja, Luis Pérez, quien habría usado su nombre para promover una eventual aspiración suya a la gerencia de Comfanorte; en el lado de los empleadores, quien impugnó la elección fue Óscar Yáñez, un empresario cercano a Cristo, cuyo partido no solo tiene juego en el Mintrabajo sino en la Supersubsidio.

Cristo le ha negado a La Silla tener algún tipo de interés en el manejo de Comfanorte, así como Yáñez nos dijo en esta historia que su interés era el que cualquier empresario afiliado a la caja podría tener, y en todo caso aún falta camino para que se decanten completamente las dos pujas por los asientos en el Consejo directivo de la caja; sin embargo, en el último mes varios rounds tuvieron lugar.

El más reciente tuvo que ver con el Mintrabajo. 

El viernes el Tribunal Administrativo de Norte de Santander decidió denegar la tutela que interpuso el sector de empleados no sindicalizados pidiendo que se respetaran sus derechos a la igualdad y al debido proceso y los incluyeran dentro del Consejo Directivo de Comfanorte. 

Aunque el fallo no tocó el fondo de la controversia porque los magistrados consideraron que una tutela no era el mecanismo para pelear por esa designación y por esa razón aún sigue abierta la puerta para que el pleito continúe por otra vía legal, la decisión se convirtió en una tempranera victoria para el Ministerio por dos razones.

La primera porque validó la manera en la que repartió inicialmente los cinco puestos y de entrada le quita fuerza a la versión de que la designación de los delegados obedeció a criterios políticos; y la segunda porque si el sector que tuteló decide seguir peleando, tendrá que interponer una demanda que podría tardar varios años en resolverse definitivamente. 

El otro round tuvo que ver con la impugnación de la elección de los delegados de los empresarios. 

Ese pleito empezó a moverse el 25 de mayo cuando la superintendencia delegada para la responsabilidad administrativa y las medidas especiales proyectó la respuesta a la queja de Yáñez  y le dio la razón sobre que la Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte, Fesc, organización que representó -además de sus votos, los de 34 empresas más afiliadas a la caja-, estaba inhabilitada para representar a otras firmas debido a que sí existiría un conflicto de intereses.

Según lo que planteó en esa decisión la Supersubsidio, la inhabilidad estaría soportada en que la caja tiene injerencia en el Consejo Superior de esa universidad (una parte de sus miembros son elegidos por la caja), y en que quien el director de Comfanorte es quien preside ese órgano.

Por eso, decidió invalidar los votos que había representado la universidad, algo que cambió el orden de los resultados y habilitó la plancha de Yáñez para ocupar uno de los cinco renglones de los empresarios.

“Ese renglón sumado a los cinco de los sindicatos que puso el Ministerio de Trabajo, le deja a un nuevo sector que es cercano a Cristo la mitad más uno de los votos y con eso ya pueden hacer mucho”, dijo a La Silla un empresario que nos pidió no ser citado. 

Sin embargo, como contra esa decisión proceden recursos que ya se están tramitando (el argumento principal es que Fesc no es un subordinado de la caja y que su relación es la misma que la de cualquier empresa afiliada) y que deberán ser resueltos directamente por el superintendente Leonardo Rojas, el pulso hasta ahora va por la mitad. 

Aún así una serie de actuaciones de funcionarios de la Superintendencia durante el trámite del proceso le han dado fuerza al ruido de que habría intereses políticos detrás de la conformación del Consejo Directivo de Comfanorte.

El nuevo ruido político

Aunque la superintendencia delegada para la responsabilidad administrativa y las medidas especiales es poco sonada dentro del engranaje de poder nacional, es clave porque es allí donde se vigilan y se coordinan las cajas intervenidas y donde se evalúan todos los hallazgos a todas las cajas del país, algo que le da un margen de maniobra importante dentro del sector. 

En 2016 ese despacho mojó prensa cuando llegó a ese cargo Gildardo Lopera, un exalcalde de La Ceja, Antioquia, que es conocido por ser ficha del ahora senador rojo electo Julián Bedoya, quien junto con Andrés Cristo, hermano del exministro Cristo, hace parte del bloque que se opone a la presidencia de César Gaviria en el Partido Liberal.

En su blog de Portafolio, el periodista económico Carlos Fernando Gaitán, cuestionó su nombramiento no solo porque venía a engrosar el fortín liberal en el que se convirtió la Supersubsidio, sino porque su llegada se dio en reemplazo de una funcionaria que había ganado el cargo meritocráticamente y salió luego de denunciar presuntas irregularidades y manejos políticos en la intervención de las cajas de Barrancabermeja, Sucre y Bolívar.
 
Lopera fue el que estuvo al frente de la investigación de la impugnación a la elección de los delegados de los empresarios ante el Consejo Directivo de Comfanorte y sobre las actuaciones bajo su cargo hay dos versiones. 

La de Comfanorte es que hubo presuntas violaciones al debido proceso porque les dieron tiempos más cortos para responder que los estipulados por ley, que no les dieron espacio para contradecir pruebas y que funcionarios que no estarían autorizados ejercieron funciones de policía judicial para recaudar pruebas.

“Hay un interés muy extraño porque las impugnaciones se demoran mucho más y aquí todo ha sido muy rápido”, dijo un directivo de Comfanorte que pidió la reserva de su nombre por no estar autorizado para hablar con medios. “Si usted mira casos como los de Tolima y Risaralda llevan mucho más tiempo, aquí ha habido una inusual celeridad, pareciera que quieren dejar todo listo antes del cambio de gobierno”.

Por eso, en esa caja pidieron a la Procuraduría que acompañara el proceso, y de hecho, luego de poner su caso a consideración de la junta de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación, Asocajas, ese gremio decidió enviarle una carta al superintendente Rojas, secundando las denuncias.

La versión de la Superintendencia es que se ha actuado conforme a la ley y sin ningún interés político de por medio.  

“Yo no conozco como Superintendente a nadie en Norte de Santander, a Comfanorte solo he ido una vez cuando era delegado de proyectos y no tengo el menor interés en favorecer ni en perjudicar a nadie”, explicó a La Silla el superintendente Rojas. “Todo el trámite se ha hecho atendiendo todas las consideraciones de ley, la impugnación salió el 26 de mayo, es decir, 75 días después de la asamblea para definir los consejeros, ahí no hay ninguna celeridad”.

El delegado Lopera nos dio una versión muy similar y sobre sus relaciones con el Partido Liberal nos dijo que no entraría en detalles por su condición de servidor público, aún así explicó que conoce a todos los congresistas de Antioquia y a muchos de todo el país por su condición de exalcalde y exdiputado. 

Como aún falta que se resuelva definitivamente la impugnación y si con ella se confirma la reacomodada en el Consejo Directivo, el debate sigue abierto.

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