Por Jineth Prieto | Ana Karietna León Quiroga · 02 de Noviembre de 2017

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Hace una semana arrancó el paro campesino en el Catatumbo, y desde entonces han llovido denuncias de lado y lado sobre los enfrentamientos que sostiene Ascamcat, la asociación campesina que lidera la movilización, con el Esmad, por el bloqueo de las vías que conectan a buena parte del departamento con el resto del país. 

En medio de ese cruce de versiones, hay varios elementos que han empezado a quedar en evidencia.

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Hay muchas verdades a medias en el paro

La Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, entró al paro bajo el argumento de que el Gobierno había incumplido los acuerdos de la Mesa de Interlocución Agraria, MIA, que fue instalada después del paro de 2013 para hacerle seguimiento a las peticiones de los campesinos.

Según el pliego de peticiones de Ascamcat, los acuerdos quedaron en veremos porque el gobierno no le ha heho seguimiento al avance en la inversión, que entre otros puntos incluía la destinación de recursos para proyectos agrarios, la declaración de la Zona de Reserva Campesina, proyectos de infraestructura y electrificación rural.

Sin embargo, no es verdad.

La Silla conoció el acta del último día en el que se reunió la MIA Catatumbo (28 de julio de 2016) y que fue firmada por Jhony Abril, uno de los dirigentes de Ascamcat, y en ella se detalla que fue la organización campesina la que decidió pararse de la mesa.

En esa relatoría escrita por las Naciones Unidas, uno de los garantes de los acuerdos del paro de 2013, se explica que las conversaciones se interrumpieron porque los delegados de Ascamcat, una organización que tiene afinidades políticas con la Farc, se molestaron por una reunión que haría el Gobierno al día siguiente en Tibú para hablar con los campesinos y no les avisaron.

Última reunión MIA Catatumbo by lasillavacia on Scribd

Así que contrario a lo que ha dicho la asociación campesina, quienes realmente frenaron los diálogos fueron ellos y no los funcionarios del Gobierno.

De hecho, La Silla supo que tras ese episodio, el Viceministerio de Agricultura ofició en al menos cinco ocasiones a Ascamcat y a la ONU para retomar la MIA, pero que ellos se negaron a hacerlo.

Si bien en los últimos meses hubo acercamientos, las reuniones no se hicieron porque Ascamcat pidió que la mesa se reactivara con los garantes (Ernesto Samper y Piedad Córdoba) presentes. Finalmente la reunión se realizó el 26 de octubre, un día después de iniciado el paro, pero como ese día Ascamcat pidió incorporar nuevos acuerdos y los funcionarios que asistieron no estaban autorizados para eso, no se avanzó.

Sobre el porcentaje de incumplimientos, tampoco se ha dicho toda la verdad.

Una vez se instaló la MIA el gobierno se comprometió a destinar $500 mil millones ($250 mil millones en infraestructura y otra partida igual en agricultura) para cumplir con las peticiones de la entonces recién instalada Cumbre Agraria, que sumó a movimientos campesinos de diferentes vertientes, indígenas y afros.

Según los reportes del Ministerio de Agricultura, esa inversión ya se hizo y está representada en 237 proyectos que fueron presentados y priorizados por las organizaciones sociales (la Onic direccionó $50 mil millones, Congreso de los Pueblos otros $50 millones, PCN Anafro otros $50 mil millones, Marcha Patriótica otros $50 mil millones, y a organizaciones más pequeñas -entre esas Ascamcat- otra partida igual).

De ese total, 212 los desarrolló directamente el Minagricultura (111 están terminados y 101 en ejecución), y todos tienen que ver con proyectos productivos en regiones afectadas por el conflicto.

En infraestructura es donde ha habido menos avances y la mayoría de las promesas no han pasado de la etapa preliminar.

El anillo vial del Catatumbo tiene los estudios, pero aún falta que se contrate su ejecución, y el acueducto de Hacarí está en las mismas condiciones. Hay algunas obras avanzadas como el Hospital de Tibú, que está en construcción, y también hay destinación de recursos para la operación del Banco de Maquinaria.

En la orilla del gobierno tampoco se ha dicho toda la verdad.

Como contó La Silla, uno de los principales detonantes del paro está en la política de erradicación de la coca y en cómo se está pisando con la sustitución voluntaria.

Aunque el Gobierno se ha mantenido en que esas dos tareas son complementarias, dado que los acuerdos de sustitución están moviéndose a paso lento, los campesinos están en condición de desventaja porque el Ejército sí está erradicando forzosamente en sectores donde aún no ha llegado la oficina de drogas a firmar con los campesinos acuerdos para la erradicación voluntaria de las matas a cambio de entrar a un programa que les permita hacer la transición para sembrar cultivos lícitos.

Eso sin contar, que los proyectos productivos, así como los planes de desarrollo con enfoque territorial (pactados en La Habana), también van a paso lento, y eso tiene a los campesinos en medio de un limbo, porque sin la inversión en vías, en acueductos y electrificación rural, no tienen cómo empezar a desarrollar otro tipo de sembradíos.

 
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El paro no es tan pacífico y la Fuerza Pública sí le ha dado un tratamiento militar

Desde que arrancó el paro en el Catatumbo, el 25 de octubre, Ascamcat ha dicho que su protesta es pacífica.  Pero desde el lunes, cuando empezaron formalmente los enfrentamientos, tras una reunión entre los líderes del paro y autoridades departamentales que fue suspendida porque un helicóptero de la Policía hizo un sobrevuelo, ha quedado en evidencia que las acciones no son tan pacíficas como dicen.

Además de que pincharon mulas, han quemado llantas y han talado más de 70 árboles para bloquear los pasos vehiculares. Ayer también incendiaron dos tractomulas (una en la entrada del desvío hacia Las Mercedes en Sardinata y la otra en la vía de Tibú a Cúcuta).

Adicionalmente, ayer hubo reportes de que intentaron incendiar un tercer tractocamión y saquearlo, pero eso finalmente fue controlado. 

En lado de la fuerza pública, también se han registrado varios excesos. 

Ascamcat denunció que los estaban atacando con armas de fuego para dispersarlos, que en general ha habido uso excesivo de la fuerza, y que a un periodista de Marcha Patriótica y a uno de NC Noticias (el noticiero de la Farc), los golpeó la Policía y les robó material de trabajo. 

Igualmente, la ONU publicó un tweet en el que rechaza la forma en que la Fuerza Pública está siendo presencia en el lugar y la presencia de tanquetas (en la Policía le dijeron a La Silla que una es de transporte y otra de agua).

Entre los enfrentamientos han resultado detenidos seis campesinos (cuatro ya fueron dejados en libertad) y dos heridos.

De modo que tanto los manifestantes como la Fuerza Pública han recurrido a hechos violentos. Los campesinos para mantenerse en el paro y la Policía para responder a los bloqueos y recuperar el tráfico.

 
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Ascamcat no es tan fuerte como dice

Como contó La Silla, parte de la expectativa de este paro estaba dada en que por primera vez Ascamcat iba a medir su fuerza entre los campesinos de la región desde el paro de 2013. 

Si bien esa organización logró visibilidad con esa movilización en el centro del país y se convirtió en uno de los interlocutores de la región con el Gobierno, dentro del Catatumbo no solo perdieron seguidores debido a las consecuencias económicas de ese paro, sino legitimidad debido a que, según las denuncias de ese entonces, algunos campesinos se sintieron presionados para salir a protestar. 

Ese distanciamiento con varios sectores campesinos se ahondó en los últimos años con el aterrizaje de la plata de la MIA, porque además de quedó la sensación de que los beneficiados solo fueron los afiliados a la Asociación, y tampoco hubo mucha claridad sobre la inversión de los recursos. 

Ascamcat priorizó los proyectos, seleccionó a los sectores beneficiados y a los operadores, pero no ejecutó directamente la plata de la MIA; por lo que el hecho de que les endilguen eso es más una muestra de que hay sectores que no confían en su papel.

Aún así, en los últimos años Ascamcat ha dicho que ha venido creciendo sostenidamente y que dentro de su registro de afiliados tiene a varios miles de campesinos del Catatumbo, algo que nadie en la región les había podido debatir hasta ahora porque no había manera de comprobar si la afirmación era cierta; pero como este paro es de ellos (ninguna otra organización campesina, ni Asojuntas está participando), el alcance de su fuerza por primera vez se midió. 

La Silla habló con autoridades de la región, veedores del paro y campesinos, y aunque nadie se atrevió a dar un número consolidado de campesinos en las manifestaciones, todos los datos aproximados coinciden en que sumados hay entre 600 y 800 en los siete puntos.

“La verdad es que la gente no salió mucho,  es una clara muestra del debilitamiento de Ascamcat”, le explicó a La Silla una fuente del sector humanitario que está vigilando el paro.

 

Otra fuente nos dijo: “Eso de que quemen tractomulas y pinchen carros es muestra de que son menos fuertes. Si tuvieran a los campesinos respaldándolos la sola presencia sería suficiente, pero usted lo que ve son grupúsculos de 40, 50 o 100 personas”.

Eso, sin embargo, no quiere decir que los habitantes del Catatumbo no estén de acuerdo con las peticiones de inversión en salud, educación y transporte que lidera Ascamcat. 

“Aquí el problema no es el fondo, es la forma. Esto de los paros ya no tiene mucha acogida porque los campesinos saben las consecuencias económicas. Además venían de otra movilización de otra organización campesina, y la situación se vuelve insostenible así”, nos aseguró una autoridad del Catatumbo. Un líder de La Gabarra en Tibú y otra en el sector urbano, así como dos autoridades locales en Hacarí y un funcionario de la Alcaldía en San Calixto, nos dieron una versión similar.

 
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En el Catatumbo cada quien pelea por lo suyo

Desde que en el Catatumbo empezaron a empoderarse la organizaciones campesinas, si algo ha quedado claro es que cada una pelea por lo suyo y solo para sus afiliados.

En esa región, además de Ascamcat están el Cómite de Integración Social del Catatumbo (Cisca), el Movimiento Constituyente Popular (MCP), y las asociaciones de juntas de acción comunal, Asojuntas. 

Todas tienen una base política diferente. Mientras que Ascamcat ha tenido una histórica afinidad con las Farc (algo que una vez el grupo entró al proceso de paz se hizo más evidente y por ejemplo, la antigua zona veredal del Catatumbo donde se concentró el Frente 33, está respaldando el paro); el Cisca es más cercano a los postulados políticos del ELN y el MCP a los del reducto del EPL. 

Además, Asojuntas en cada vereda y corregimiento tiene su propio organigrama, y está compuesta por los presidentes de juntas de acción comunal que en muchos casos no están con ninguna de las otras tres organizaciones.

Cada una de esas organizaciones, con sus propias complejidades, representa una porción de habitantes en el Catatumbo que tienen en común que quieren que el Estado les arregle las vías, les construya centros de salud y colegios, les ponga agua y luz, y les asegure condiciones para dejar de cultivar coca sin aguantar hambre, pero cuando se trata de alinearse todos tiran para un lado diferente. 

No solo Ascamcat tiene mesa de interlocución.  Hace dos semanas, Cisca instaló la suya propia por acuerdos que también le han incumplido desde hace años, y Asojuntas está reclamando que la reconozcan.

“Entonces aquí lo que tenemos son unos procesos sociales de la región cada uno por su lado, pero la inmensa mayoría de los campesinos están en la mitad viendo desde la barrera como unas organizaciones se pelean por quién consigue más, pero solo para sus afiliados”, dijo a La Silla una fuente que conoce por dentro el conflicto en la región, pero que pidió la reserva de su nombre para no entrar en enfrentamientos con ninguna asociación.

Eso en el fondo está relacionado con el despertar político de todas las organizaciones en la zona rural del Catatumbo, cada una está tratando de crecer su base para empezar a pelearse poder en la región.

Ascamcat, como lo ha contado La Silla, está interesado en quedarse con los réditos electorales que podrían generar los acuerdos de La Habana, y junto a la Coccam (organización que creó en el Catatumbo para liderar los procesos de sustitución), está haciendo trabajo político, en algunos casos, según denuncias de los campesinos en varios municipios y que han sido confirmadas por la Defensoría del Pueblo y Personerías, incluso desinformando y enviando el mensaje de quien no esté con ellos no puede acceder a los beneficios de lo pactado con las Farc para el desarrollo rural.

 
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Tibú paga los platos rotos otra vez

Al igual que en 2013, Tibú ha sido el principal damnificado del paro de Ascamcat, porque por su ubicación ha terminado sitiado por los manifestantes.

Desde que inició el bloqueo, Ecopetrol ha suspendido contratos de prestación de servicios, con lo que, según La República ya hay 150 personas sin trabajo temporalmente, algo que puede aumentar si el paro continúa.

Ayer la estatal de petróleo también suspendió el suministro en la planta de gas de Sardinata, que surte a mil usuarios en Tibú y también impacta a cerca de 140 mil usuarios en el área metropolitana de Cúcuta. 

Aunque la vía a Cúcuta no es la única que conecta a Tibú y existen salidas alternas, en el municipio nadie se está moviendo porque hay amenazas de quemas de carros; y encima, ya se empezó a sentir el desabastecimiento. 

Cuatro fuentes del municipio (un periodista, dos líderes y en la Pastoral), nos aseguraron que ya empezaron a verse menos frutas y verduras en el casco urbano y que si sigue así el paro dentro de poco desaparecerán del mercado.

En Rcn Radio los habitantes de Tibú también han denunciado su descontento porque los bloqueos no fueron socializados y mucha gente teme que se repitan las pérdidas económicas que les causó el paro de 2013, de las que dicen, aún no se han recuperado. 

Con el bloqueo de las vías, según El Tiempo, se ha impedido el tránsito diario de 3.500 toneladas de carbón por el departamento; y a esas voces de han sumado las de varios gremios de Norte de Santander que están alertando por las pérdidas económicas que deja una parálisis de este tipo en la región.

Hasta anoche, en la mayoría de municipios, a excepción de Sardinata (que es otro punto de bloqueos), no había anomalías más allá de las afectaciones en el transporte intermunicipal.

 
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Ni en paro, ni en posconflicto, el Catatumbo es prioridad para el Gobierno

La del Catatumbo es una bomba social que estalla de vez en vez. 

Esa región no solo tiene disparados los índices de pobreza extrema y de necesidades básicas insatisfechas, sino que por vivir en medio del conflicto (tras las salida de las Farc, quedaron el ELN y el EPL) tiene aún más complicado el camino para que efectivamente llegue la inversión, que de por sí es demorada, porque muchos sectores siguen siendo de difícil acceso.

El más reciente botón de la muestra es Caño Indio, la vereda donde se concentró el año pasado el Frente 33 de las Farc para iniciar con el proceso de desmovilización. 

Aunque en esa vereda y otras tres (Palmeras-Mirador, Chiquinquirá y el Progreso 2) que son contiguas, ya firmaron los acuerdos individuales de sustitución y se erradicó el 95 por ciento de la coca, y el Estado empezó a desembolsar los recursos para que los campesinos puedan hacer el tránsito a los cultivos legales, se desató un problema social porque no ha llegado integralmente al territorio. 

Además de que no toda la vía está intervenida (solo arreglaron el tramo hasta el campamento de la Farc), como allá no hay agua ni luz, al igual que en muchas veredas del Catatumbo, los campesinos no tienen todas las condiciones para resembrar, porque para muchos cultivos necesitan distritos de riego. 

Encima, todavía el Estado no ha llegado con los proyectos productivos, y solo los propietarios de las hectáreas han recibido la plata de erradicación (los raspachines aún la están esperando).

“Aquí esto está muy complicado y no se sabe qué vaya a pasar porque esa plata que nos dan se acaba y todavía no estamos produciendo nada”, le dijo a La Silla un habitante de la vereda.

A la situación de Caño Indio, como piloto del Catatumbo en el aterrizaje del posconflicto, se suma que para frenar el paro actual no ha habido decisión de Presidencia. 

En la Gobernación de Norte le confirmaron a La Silla que aunque han solicitado la presencia de altos funcionarios para que se sienten a hablar con Ascamcat y levanten el paro, les han dicho que todavía no han designado a nadie.

“Se siente que no hay mucha voluntad”, explicó una fuente de la administración departamental.

 
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Ningún político de Norte de Santander ha aparecido para mediar en el paro

Además de las muestras de solidaridad con el paro vía Twitter de algunos políticos, ninguno con credencial  ha llegado a mediar en esa pelea.

Ni el senador del Polo, Alberto Castilla, quien fue elegido por el movimiento campesino de la región, ni el representante conservador, Ciro Rodríguez, quien tiene buena parte de su fuerza electoral allí, han llegado a la zona para hacer las veces de puente con el Gobierno.

El único movimiento político que se ha manifestado ha sido la Farc, que guarda afinidad con Ascamcat, y que ha enviado comunicados de respaldo a la movilización.

En la Gobernación de Norte le dijeron a La Silla, que estaban buscando que ellos entraran a mediar dado que existe cercanía, pero que aunque la desmovilizada guerrilla ha dicho que sí, aún no ha intercedido para calmar los ánimos y lograr el despeje vial.

 

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