Por Jineth Prieto | Ana Karietna León Quiroga · 04 de Diciembre de 2017

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Desde que el alcalde de Pamplona, Ronald Contreras, fue capturado y asegurado por las presuntas irregularidades en un contrato para apoyar con proyectos a las víctimas de ese municipio con la Corporación Vida y Progreso, en el Norte político empezaron a circular una serie de versiones sobre el poder que movía esa fundación y los que serían sus verdaderos dueños.

La Silla investigó sus orígenes, los contratos que ha suscrito y encontró los hilos que la unen a Vidal Pitta Correa, quien hasta hace un mes era el segundo al mando de la Contraloría de Norte de Santander.

 

El principio de oportunidad

El pasado 1 de noviembre durante la audiencia de imputación y medida de aseguramiento del Alcalde de Pamplona y su secretario de gobierno Jeiver Acero, hubo un detalle que pasó de agache en el departamento. 

 

Ese día la Fiscalía reveló que la representante legal de Vida y Progreso, Gloria Soto, estaba buscando un principio de oportunidad y que en el marco de eso reveló varios detalles del manejo de la corporación. 

Aunque no se revelaron todos los detalles que entregó, sí dejó claro que es solo un eslabón y que hay otras personas detrás. 

“... para ejecutar el proyecto los propietarios de la corporación me manifestaron que debía utilizar solamente 52 millones de pesos (el valor del contrato fue de $164 millones). Eso fue lo que se invirtió realmente”, dijo el juez de control de garantías citando el testimonio de Soto como una de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

En la copia del audio que le dieron a La Silla de la imputación el juez no ahondó, pero con dos fuentes que lo supieron de primera mano porque están dentro del proceso judicial confirmamos que en las declaraciones que Soto le entregó a la Fiscalía fue nombrado Vidal Pitta Correa, un político que hasta ese momento tenía mucho poder. 

Pitta Correa viene de una familia conservadora, es hijo de Vidal Pitta Galvis, un abogado que fue concejal de Cúcuta y hoy tiene una escuela de enseñanza de automóviles, y a quien le heredó la vena política.

Su trayectoria electoral ha sido corta. En 2007 intentó llegar al Concejo de Cúcuta siguiendo la tradición de su familia, pero se quemó con 1.880 votos.  Su récord como ficha de poderosos locales, en cambio, es abultado.

En Norte de Santander, Pitta, un abogado especialista en derecho administrativo, es conocido como un aliado del exgobernador Édgar Díaz. 

Su cercanía, hasta donde pudo comprobar La Silla, data de cuando Pitta fue asesor jurídico de la Secretaría de Educación del departamento durante la primera gobernación de William Villamizar. 

En ese entonces, Díaz, quien estaba al frente de ese despacho, lo tuvo como su asesor jurídico, y posteriormente, cuando se eligió en el primer cargo de Norte (con el apoyo de Villamizar), lo nombró como secretario jurídico de su administración, cargo en el que se mantuvo hasta finales de 2014. 

Aunque para ese momento se rumoró que podría buscar un cargo de elección popular en las elecciones de 2015, solo fue hasta después de los comicios que su nombre empezó a sonar cuando se metió en la baraja de inscritos para convertirse en Contralor de Norte de Santander. 

El cargo lo perdió con Silvano Serrano, quien pasó de gerenciar la campaña de Villamizar a vigilar la inversión de su segunda administración, pero no quedó borrado, y, según dos diputados, llegó al segundo cargo más importante de ese ente de control como cuota de Díaz. 

En ese cargo se hizo visible en noviembre, cuando su nombre apareció en las investigaciones de la Fiscalía por la plata que fue invertida irregularmente en el contrato de Pamplona con la Corporación Vida y Progreso. 

Dos días después de que el Alcalde de Pamplona y su secretario fueran asegurados, Pitta renunció a su cargo argumentando motivos personales. 

Los hilos

Una vez estalló el escándalo, cinco políticos -dos diputados, dos funcionarios de la Gobernación y otro que para 2018 quiere buscar una curul en el Congreso- le dijeron a La Silla por aparte que esa fundación era conocida en Norte por ser de Vidal Pitta, y que la habría utilizado para extorsionar alcaldes a cambio de quitarles hallazgos fiscales desde su cargo de subcontralor. 

Dos de ellos, incluso, añadieron que por eso el nombre de Vida y Progreso coincidía con las iniciales del exfuncionario. 

En La Silla no encontramos pruebas de las afirmaciones, y Vidal Pitta también nos negó que fueran ciertas.

Lo que sí encontramos son hilos que unen al exsubcontralor con la Corporación Vida y Progreso.

El primero es su esposa Kelly Tatiana García López. Ella, según consta en el registro de constitución de la corporación, fue una de las fundadoras en mayo de 2012. 

En las actas registradas en el certificado de representación legal de la corporación, no figura el momento en el que García dejó de aparecer formalmente en los documentos de Vida y Progreso, pero encontramos que por lo menos hasta hace un año era una seguidora muy activa de su cuenta en redes sociales y hasta ayer de las redes de Paola del Pilar Cárdenas Lara, quien junto a ella fue otra de las cofundadoras y aún aparece como socia de Vida y Progreso.

Cuando le preguntamos a Kelly García, quien actualmente trabaja en la Secretaría de Hacienda de la Gobernación en la división de cobro coactivo, por su papel en Vida y Progreso, se negó a contestarnos y dijo sentirse intimidada.

“Como ustedes no son un órgano de investigación del Estado, no estoy en la obligación de dar respuesta a preguntas sobre mi vida privada”, escribió.

Por su parte, Pitta dijo que revisáramos la fecha de su matrimonio (fue a mediados de 2013) haciendo referencia a que él se casó con Kelly después de creada Vida y Progreso.

Si bien eso es cierto, encontramos que al menos desde febrero de 2012, es decir, dos meses antes de que naciera Vida y Progreso, Pitta ya sostenía una relación sentimental con Kelly García. 

Al igual que su esposa, el exsubcontralor Pitta también ha interactuado en redes sociales de Vida y Progreso, e incluso fue una de las cuatro personas que le dio ‘me gusta’ a la primera foto que subió esa corporación cuando creó su página en Facebook.

El tercer hilo con esa fundación es Víctor Méndez, quien fue secretario de Vivienda de la Gobernación de Díaz y compañero de Pitta en el gabinete, y quien, según sus propias publicaciones en redes sociales, ha trabajado con Vida y Progreso como ‘gerente asociado en proyectos’ desde 2015. 

Dos fuentes que conocen por dentro la movida política en el departamento le dijeron a La Silla que Méndez y Pitta son amigos desde hace años.

Sobre eso, Mendez le dijo a La Silla que desconocía si Pitta tenía algo que ver con Vida y Progreso y aseguró que su vínculo con la corporación nace porque la representante legal de la época lo llamó a ofrecer talleres.  

“Mi vinculación solo ha sido por prestación de servicios”, aseguró. 

El exsecretario de vivienda de Norte también fue tallerista en el polémico contrato de Pamplona y uno de los entrevistados por la Fiscalía sobre la ejecución de esos recursos.

Los contratos y la bonanza

La Silla también encontró que desde que Pitta asumió como subcontralor, Vida y Progreso aumentó el volumen de su contratación. 

Según el portal de datos abiertos del sistema de contratación pública, desde su creación en 2012 hasta 2015, Vida y Progreso ejecutó nueve contratos, la mayoría relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos. 

De esos dos fueron directamente con el Ministerio del Interior cuando Juan Fernando Cristo estaba al frente de esa cartera, cinco con pequeños municipios, uno con la Gobernación y otro con Cúcuta.

Pero desde 2016, cuando asumió como Subcontralor, no sólo duplicó esa cifra, sino que diversificó su portafolio de servicios. 

De los 18 contratos que Vida y Progreso ha suscrito desde 2016, 16 son con alcaldías bajo la vigilancia de la Contraloría. Y están agrupados en tres categorías. 

La primera tiene que ver con víctimas y población vulnerable. 

Además del de Pamplona, esa corporación ha ejecutado otros $298 millones para atender a esa población vulnerable y capacitarla con el Instituto de Salud departamental, IDS, y ejecutó otro con la alcaldía de Toledo por $20 millones para hacer actividades muy similares a las que abrieron la caja de Pandora de la corporación.

En Cúcuta recibió otros dos que, sumados, superan los $560 millones (uno para adultos mayores, y otro para festejar el día de las madres en 2016); y dos más en el IDS para capacitar en salud ambiental en varios municipios del departamento que también llegan a los $600 millones. 

Según los presupuestos que fueron detallados en algunos de esos contratos, Vida y Progreso pagó precios muy similares por suministro de materiales, alquileres de lugares, y hasta videos, a los cuestionados en el contrato de Pamplona por presuntamente estar sobredimensionados.

La segunda categoría tiene que ver con la asesoría a alcaldías de municipios pequeños para hacerle seguimiento a las metas del plan de desarrollo. 

Aunque esa función está concentrada en las secretarías de planeación locales, este año cinco municipios (San Calixto, Arboledas, Convención, Cucutilla y Los Patios) decidieron que era buena idea contratar por $20 millones a un tercero para que vigilara los avances de su administración.

Todos coincidieron hasta en la justificación de la contratación (quedó redactada casi igual en todas las alcaldías) y en que la persona idónea para hacerlo era Vida y Progreso.

La tercera categoría está relacionada con el arriendo de una aplicación que, La Silla comprobó, es de descarga gratuita tanto para sistemas operativos Android como iOS. 

Se llama SigApp y funciona como una agenda digital, herramienta que la mayoría de teléfonos inteligentes incluyen.

En el Instituto Financiero de Norte, el hospital local de Los Patios, y la Universidad Francisco de Paula Santander, le han pagado a Vida y Progreso por el “arriendo” de la plataforma. 

La Silla intentó conocer la versión de la Corporación Vida y Progreso sobre su crecimiento, el arriendo de la aplicación gratuita y su relación con Pitta, pero en los dos números registrados en la Cámara de Comercio nos dijeron que ahí no funcionaba. 

También llamamos al contacto que estaba registrado en la página de Facebook pero nos colgaron cuando nos presentamos como un medio de comunicación y no volvieron a responder.

Paola Carvajal, una de las socias de la corporación, aseguró en dos ocasiones que estaba muy ocupada para hablar, y la tercera vez que la llamamos su asistente nos dijo que estaba en una reunión.

Como hasta ahora el proceso inicia, tanto Pitta como su esposa y los socios de Vida y Progreso deberán defenderse de las acusaciones de la representante de la corporación. Solo ahí se sabrá si jugaron algún rol y si el episodio de Pamplona es aislado o se repite en los demás contratos que empezó a recibir desde 2016, cuando la bonanza le tocó la puerta a la Corporación.

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