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Por Ana León · 06 de Agosto de 2018

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El Catatumbo fue uno de los huesos duros de roer en los ocho años de Juan Manuel Santos. Allí fue donde se gestó el paro nacional agrario de 2013 que el Presidente dijo que no existía, fue la segunda región del país donde más aumentaron las hectáreas de coca sembrada durante su mandato, y aunque con el Acuerdo de La Habana sacó a las Farc de la guerra, no copó el territorio que dejaron libre y deja la zona con una nueva guerra entre las guerrillas del ELN y EPL por control territorial y el manejo del narcotráfico.

Como en su gobierno Santos firmó un Conpes en 2013 y suscribió acuerdos ese mismo año con organizaciones campesinas a través de la instalación de la Mesa de Interlocución Agraria, MIA, para garantizar la llegada de inversión a esa subregión de Norte de Santander, revisamos qué tanto cumplió.

Para hacerlo escogimos las promesas con mayor impacto regional que quedaron consignadas en esos dos documentos y con fuentes tanto oficiales como en terreno contrastamos lo que hizo.

No incluimos los acuerdos que eran responsabilidad de la Gobernación de Norte de Santander, como el banco de maquinaria para restaurar más de 300 kilómetros de la región, así como algunas obras de acueducto y alcantarillado que están en el Plan Departamental de Aguas.

En total revisamos la ejecución de 18 promesas. De esas, Santos cumplió con siete, dejó a medias seis y no cumplió cinco.

Construcción de obras eléctricas a 139 veredas del Catatumbo (tercera fase de electrificación rural)

Cumplió
 

Explicación: En 2014 el Ministerio de Minas contrató la electrificación rural de 139 veredas de Convención, San Calixto, Hacarí, Ocaña, La Playa y Teorama por $25 mil millones. El proyecto fue ejecutado por Centrales Eléctricas de Norte de Santander, finalizó en 2015 y benefició a 6.200 familias.

Si bien ese es un avance, según cifras de la Gobernación, aún falta mucho camino por recorrer. Por ejemplo, en Tibú (el municipio más grande de la región) y Sardinata el 50 y 70 por ciento de las veredas, respectivamente, aún no tienen energía eléctrica.

 

Mantenimiento centro de salud de Tibú

Cumplió
 

Explicación: El Gobierno Santos financió una parte de la remodelación de la sede del Hospital del Norte en Tibú, que también atiende habitantes de El Tarra, El Carmen, Convención y San Calixto.

Ese proyecto, incluida la demolición de la antigua sede, su reconstrucción y el equipamiento, costó $14 mil millones de los cuales el Ministerio de Salud puso $8 mil millones.

La obra arrancó a mediados de 2016, y aunque tenía un plazo de ejecución de un año, no se entregó sino hasta hace dos semanas, con una visita de Santos al departamento.

 

Dotación de transporte medicalizado

Se quedó a medias
 

Explicación: Hace dos semanas, el mismo día en que inauguró la sede del Hospital en Tibú, Santos entregó diez ambulancias para tres municipios del Catatumbo, que costaron $1.200 millones.

Sin embargo, se quedó corto porque en la MIA su Gobierno se comprometió a entregar una lancha ambulancia y un helicóptero para garantizar el transporte de pacientes con casos urgentes desde las veredas más apartadas. No entregó ninguno de los dos.

 

Construcción del megacolegio del corregimiento de La Gabarra

Cumplió
 

Explicación: En 2013 el Ministerio de Educación firmó un convenio con la Gobernación para financiar obras de infraestructura y equipamiento educativo en el departamento, y a partir de él salió la plata para la construcción del megacolegio, que fue contratado en julio de 2015 por $17 mil millones.

Aunque inicialmente las obras tenían plazo de ejecución de 18 meses, finalizaron en marzo de este año. El proyecto terminó costando casi $4 mil millones más.

El colegio, que debe beneficiar a cerca de 1400 estudiantes, solo empezará a funcionar hasta mediados de este mes porque la Gobernación debió hacerle mantenimiento al acueducto y al alcantarillado del sector en el que se construyó.

 

Construcción y dotación de biblioteca pública de El Tarra

Cumplió
 

Explicación: La obra se ejecutó entre febrero y junio de 2013. Costó $568 millones y fue parte de un proyecto del Ministerio de Cultura que beneficiaba a siete municipios víctimas del conflicto armado en el país.

 

Construcción anillo vial para la paz

No cumplió
 

Explicación: En septiembre de 2015 la Gobernación de Norte de Santander contrató por $4.400 millones los estudios y diseños de esa obra que representa la conexión vial entre los municipios de Hacarí, San Calixto y El Tarra.

Los documentos fueron entregaron en diciembre de 2017 y arrojaron que el presupuesto necesario para construir los 108 kilómetros que comprenden es de $630 mil millones.

Aunque dos meses antes la Gobernación, junto con representantes del Invías, el Ministerio de Transporte y la Asociación de Campesinos Ascamcat, firmaron un acta de acuerdo en la que la Gobernación se comprometía a poner los primeros $15 mil millones para la ejecución de la obra y el Gobierno Nacional $5 mil millones, Santos terminó su Gobierno sin contratar esa primera fase.

 

Iniciación de 3.600 unidades de viviendas

Se quedó a medias
 

Explicación:  Esa meta estaba dividida entre 2.600 viviendas que ejecutaría el Ministerio de Vivienda a través del programa de 100 mil casas gratis y 1.000 que construiría el Fondo de Adaptación para los damnificados de la ola invernal de 2010 y 2011.

El Ministerio de Vivienda entregó 300 casas en Ábrego y 300 en Tibú y en ese último municipio se está ejecutando una segunda fase que comprende 240 casas.

Por su parte, el Fondo de Adaptación firmó en 2013 un convenio con la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander para la construcción de viviendas para los damnificados de esa ola invernal en Santander, Norte de Santander y Sur de Bolívar.

Sin embargo, en regiones como el Catatumbo no se construyó ni una sola casa con ese convenio porque, según el Fondo de Adaptación, el contratista se demoró en presentar los proyectos para esa subregión y el dinero se invirtió en otras zonas.

Finalmente, el Fondo de Adaptación únicamente dejó en construcción 96 casas en Tibú, a través de un convenio que firmó con el Ministerio de Vivienda en 2015.

 

Declaratoria de la Zona de Reserva Campesina

Se quedó a medias
 

Explicación: Desde 2011 la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, inició el proceso ante el liquidado Incoder para crear una zona de reserva campesina entre los municipios de El Carmen, Convención, San Calixto, Hacarí, Teorama, El Tarra y Tibú.

Aunque ya cumple con todos los requisitos para constituirse y desde 2015 tiene formulado su plan de desarrollo, el proceso está en el limbo debido al conflicto de límites con la comunidad indígena Barí, que, como Ascamcat, lleva años tratando de que le amplíen los límites de su jurisdicción.

En abril de 2017, la Corte Constitucional falló una tutela a favor de los Barí, ordenando que la Agencia Nacional de Tierras hiciera la delimitación en un año. Ese plazo ya venció y el proceso sigue varado.

Aunque desde entonces los Barí, Ascamcat y la ANT se han reunido para llegar a un acuerdo sobre los linderos, aún no hay avances. Según nos dijo extraoficialmente una fuente de la ANT que conoce el proceso, esa entidad ya logró la consecución de recursos para hacer un estudio de georeferenciación al detalle de la región y así hacer que la discusión sea más precisa; sin embargo, aún no se ha contratado.

 

Formulación y puesta en marcha del plan de reparación colectiva en la comunidad de La Gabarra

Se quedó a medias
 

Explicación:  En 2013 inició el proceso de reparación colectiva en La Gabarra, corregimiento de Tibú que fue epicentro de una masacre paramilitar y en el que habitan decenas de víctimas, y desde entonces, además del acompañamiento psicológico para la reparación emocional, ha habido inversión significativa en tres frentes.

Por un lado, la Unidad fortaleció un proyecto de producción y venta de chorizos de una asociación de 50 mujeres (Amucanefu), a través de la construcción de una planta de cárnicos, y de un criadero de cerdos. Sin embargo, este proyecto fracasó por falta de acompañamiento y porque no todas las condiciones se cumplieron.

La Unidad también remodeló una vivienda que en la época de los paramilitares fue una “casa cárcel”, y la convirtió en una zona social que hoy se usa para reuniones, fiestas y capacitaciones; y por último, dotó a cinco organizaciones sociales con un computador y una impresora para cada una.

 
 

Atender el 100 por ciento de las solicitudes de restitución cuyos predios estén ubicados en la macrozona del Catatumbo

Se quedó a medias
 

Explicación:  Por las condiciones de seguridad del Catatumbo, la Unidad de Restitución de Tierras solo intervino 4 de los 11 municipios: Ábrego, Ocaña, Sardinata y Tibú, pero en los últimos dos hay zonas a las que aún no han podido llegar.

De las cerca de 2.500 solicitudes de restitución que han recibido en el Catatumbo, 791 ya se resolvieron en la etapa administrativa, de esas, en 370 casos no hubo lugar a restitución, 412 están siendo revisadas por los tribunales y solo 127 ya tienen sentencia, es decir, fueron restituidas.

 

Mejorar condiciones de seguridad para la región

No cumplió
 

Explicación:  Aunque el conflicto en el Catatumbo no es nuevo, en estos momentos se recrudeció. Hoy los protagonistas son dos de las guerrillas que históricamente han tenido asiento en esa subregión: el ELN y el EPL.

Como hemos contado, esos dos grupos empezaron a expandirse y fortalecerse desde que las Farc se concentraron para desmovilizarse, y en medio de esa crecida se están enfrentando.

Esa expansión era algo que estaba anunciado desde antes de que las Farc se desmovilizaran.

Por eso, el Gobierno de Santos aumentó su pie de fuerza a principios de 2017. Desplegó con ocho fuerzas especiales en cabeceras municipales; un batallón para custodiar el tubo del oleoducto Caño Limón y dos más para combatir las guerrillas con las que el Ejército pasó de 6.300 hombres a 8.500, pero eso no funcionó, entre otras, porque la población no confía en las fuerzas estatales, que durante el dominio paramilitar fueron cómplices de varios hechos de violencia.

Una vez estalló la guerra entre guerrillas Santos intentó contenerla aumentando nuevamente el pie de fuerza y en abril de este año envió 2.000 soldados, pero nuevamente quedó en entredicho la estrategia y apenas hace una semana dio lugar a la masacre en el casco urbano de El Tarra.

 

Sustitución de cultivos ilícitos

No cumplió
 

Explicación: En 2013 y a raíz del paro agrario, Santos suspendió las aspersiones aéreas y le apostó a la sustitución voluntaria; sin embargo, eso solamente aterrizó una vez se firmó el Acuerdo de La Habana en 2016.

En esos tres años Norte de Santander pasó a ser el departamento con mayor área de su territorio sembrada de coca. Tan solo entre 2014 y 2015, en ese departamento las hectáreas sembradas de coca casi se duplicaron (de 16.500 a 30.500 hectáreas).

Como contamos, hay tres versiones del porqué de ese aumento: la primera es que la suspensión de las aspersiones aéreas habría incentivado la siembra, la segunda es que como la sustitución no arrancó rápido y los precios de la coca bajaron, los cultivadores optaron por sembrar más, y la última es que la expectativa de que el Gobierno compraría los cultivos de coca hizo que más personas la sembraran.

De modo que, aún cuando el programa de sustitución ya suma 500 hectáreas sustituidas en Tibú y ya hay acuerdo con 611 familias en Sardinata para iniciar el proceso, lo que falta por recorrer en esa región es muchísimo.

Eso principalmente porque el Estado ha llegado lentamente y porque en medio de la guerra entre las guerrillas del ELN y el EPL por el control de las rutas de narcotráfico en la región, según la Fundación Ideas para la Paz, el EPL se ha opuesto a la erradicación y sustitución con amenazas y panfletos en El Tarra, Teorama, San Calixto y Hacarí.

A ese panorama se suma el hecho de que Santos en junio anunció que el Gobierno retomaría la aspersión aérea con drones, tras haber contratado una prueba piloto.

 

Reconstrucción acueducto veredal Pacelli, municipio de Tibú.

Cumplió
 

Explicación: En febrero de 2015, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres le entregó dos obras al corregimiento de Pacelli. Un muro de contención y el acueducto que beneficia a 1.500 personas y que costaron $8.147 millones.

 

Construcción acueductos rurales para 14 veredas en el municipio de Tibú.

Se quedó a medias
 

Explicación:  En febrero de 2014 Fonade firmó un contrato para la construcción de un acueducto interveredal que beneficiaría a 8 veredas de Tibú, por un valor de $6.900 millones. Sin embargo, a mediados de 2016 ese contrato, cuyo ejecutor fue el Consorcio CCPAZ, ya sumaba cinco suspensiones.

Según los documentos del proceso, los diseños estaban incompletos y al corregir algunas cantidades de obra cambiaba el plazo de ejecución y el presupuesto.

Desde entonces Fonade no volvió a actualizar el historial del contrato y según el Alcalde de Tibú, Jesús Escalante, la obra finalmente solo benefició a cuatro veredas.

 
 

Optimización alcantarillado del municipio de Hacarí

Se quedó a medias
 

Explicación:  En octubre de 2015 la Gobernación contrató los estudios y diseños de ese proyecto y del alcantarillado de otros diez municipios por $5.518 millones, de los cuales la Nación aportó $1.500 millones.

 

Atención humanitaria a campesinos

Cumplió
 

Explicación: El compromiso inmediato para levantar el paro campesino en 2013, fue la atención humanitaria a 400 familias del Catatumbo, entre cultivadores y recolectoras de coca y otros campesinos. En su momento, el Departamento de Prosperidad Social coordinó la inversión de $12 mil millones entre incentivos económicos, mercados de emergencia, implementación de huertas caseras, empleos temporales con salario mínimo y proyectos productivos.

 

Puesta en marcha de una sede del SENA en Tibú

No cumplió
 

Explicación:  La meta consistía en ejecutar un convenio entre la Alcaldía de Tibú, Ecopetrol y el Sena en el que la primera pusiera infraestructura física y funcionamiento, la segunda adecuaciones a los ambientes de aprendizaje d acuerdo a los programas de formación, y la tercera dotación de equipos así como la contratación de los instructores para dictar las clases.

Aunque, el actual director nacional del Sena, José Antonio Lizarazo, dijo en diciembre del año pasado que el proyecto de la sede del Sena en Tibú “ya estaba definido” en alianza con Ecopetrol, aún no hay contrato.

Además, una fuente de la Alcaldía de Tibú nos dijo extraoficialmente que si bien las tres entidades habían firmado actas de acuerdo para su realización, hasta ahora nada se había ejecutado.

 

Asistencia técnica para 500 familias

No cumplió
 

Explicación: En el marco de la implementación del Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural, Pidar, la Agencia de Desarrollo Rural, se comprometió a darle asistencia técnica a 500 familias del Catatumbo.

Ese proyecto, que está tasado en $1.000 millones, no se ha contratado porque, según la última acta de seguimiento de la MIA, la Agencia y Ascamcat no han concertado ni las condiciones del contrato, ni la metodología de la caracterización de las familias que serán beneficiadas.

 

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