Por Jineth Prieto | Ana Karietna León Quiroga · 25 de Octubre de 2017

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Ayer los cimientos de la política en Pamplona se estremecieron. Por presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio de $164 millones para la atención a víctimas, la Fiscalía capturó al alcalde de ese municipio elegido por el Centro Democrático, Ronald Contreras, a su secretario de gobierno, Jeiver Acero, y a la representante legal de la Corporación Vida & Progreso, Gloria Soto. 

Aunque aún falta saber si un juez les dicta medida de aseguramiento mientras se lleva a cabo el juicio en el que deberán responder por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin los requisitos legales, la decisión no solo puso en vilo el manejo del tercer municipio más grande de Norte de Santander, sino que pateó los acuerdos que se estaban concretando con el grupo de Contreras para las legislativas de 2018.

El contrato

A finales del año pasado, cuando en Pamplona se preparaban para las vísperas de las fiestas de fin de año, el alcalde Ronald Contreras suscribió un convenio que se convertiría en el regalo navideño de las víctimas del municipio.

Con la Corporación Vida & Progreso, una organización sin ánimo de lucro que por primera vez hacía su aparición en ese municipio, su administración decidió ejecutar un programa para la generación de negocios productivos con esa población. 

La Corporación Vida & Progreso nació a mediados de 2012 con el objeto principal de promover el desarrollo de población vulnerable. Sin embargo, tiene un amplio objeto social que incluye hasta la prestación de servicio técnico y de asesoría en informática y la posibilidad de desarrollar consultorías para desarrollar planes de gestión de empresas privadas y públicas. 

Desde su creación ha sido reformada en cuatro oportunidades, las últimas dos este año. Igualmente, solo en 2017 la Corporación ha cambiado de representante legal al menos 3 veces. 

Según el portal de contratación estatal, entre 2016 y 2017 ha suscrito 13 contratos, que van desde consultorías por $3 millones hasta intervenciones con población vulnerable y capacitaciones sobre diversos temas por hasta $300 millones. 

Varios de ellos están relacionados con víctimas en municipios del Catatumbo y tienen objetos similares al que puso en la mira de la Fiscalía a su representante legal, Gloria Soto.

El contrato, que ascendió a los $164 millones ($149 millones que pagó la Alcaldía en efectivo y $15 millones que puso la corporación en especie), específicamente tenía como fin la realización de cuatro talleres de emprendimiento que finalizarían con la entrega de capital semilla para que un grupo de víctimas no solo iniciaran su propio negocio sino que también generaran empleo.

Tal y como se pactaron las condiciones, la idea era que en dos meses se realizaran las actividades y que en ese tiempo se consolidaran las ideas de negocio con el fin de asegurar su éxito. 

Además, la Corporación Vida & Progreso aceptó que recibiría los pagos escalonadamente (10 por ciento con la firma de anticipo, 60 por ciento con el informe de inversión y el 30 por ciento al finalizar), previa supervisión de los compromisos.

 

Durante la ejecución del contrato, poco o nada se escuchó en Pamplona sobre la inversión de los $164 millones, que se fueron, según los reportes, en el estudió 21 propuestas de negocio y la seleccion de 9 relacionadas con temas agrarios, de peluquería, marroquinería y costura, que recibirían el apoyo institucional.

Solo fue hasta en febrero de este año, dos meses después de que el contrato se hubiera ejecutado, que volvió a sonar. 

La rendición de cuentas en el Concejo de Jeiver Acero, el secretario de Gobierno y quien fue el supervisor del contrato, fue la que abrió la caja de pandora. 

“En esa exposición él habló del contrato de las víctimas dijo que habían invertido toda esa plata y lógicamente hubo preguntas porque ya unos compañeros habían impreso el contrato y pidieron explicaciones por los precios porque eso estaba como costoso”, le dijo a La Silla un concejal que pidió la reserva de su nombre. “Pero lo que pasó fue que las víctimas vieron el debate y se dieron cuenta de que el Secretario no estaba diciendo la verdad”.

Días después del control político a Acero, una delegación de los que habían sido beneficiados con el contrato de la Alcaldía intervinieron en el Concejo para hablar sobre lo que les entregaron. 

“Lo que contaron fue que a una peluquería le dieron una silla de segunda, que a un señor le entregaron unas vacas criollas cuando pagaron por unas de raza, y luego hablaron de que todo lo que decían de las capacitaciones ellos no lo habían recibido por completo”, le dijo a La Silla otro concejal del municipio. Una versión similar nos la dieron otros dos concejales y una de las víctimas que fue beneficiada con los proyectos pero que prefirió no dar su nombre.

La Silla revisó el listado de precios de lo que pagó la Alcaldía y encontró que, además de las denuncias de las víctimas, hay varios precios llamativos. 

Por ejemplo, el video con el informe de resultados costó $3,5 millones pese a que tiene proceso de producción básico;  el acto de clausura, que fue en la sede del Concejo, ascendió a los $6 millones; cada uno de los cuatro talleres de emprendimiento que se realizaron en la Alcaldía llegaron a los $4 millones; y en materiales pedagógicos, que las víctimas dicen que no recibieron, se pagaron otros $9 millones

 

Aunque luego de esas denuncias en el Concejo anunciaron que le pedirían a entes de control que investigaran al Alcalde y a sus funcionarios y 8 de los 15 votaron para hacer la solicitud formal, Contreras decidió pagar el contrato (se liquidó en abril) y en actas dio fe de que toda la plata se había invertido correctamente.

A la par, detrás de cámaras se desató una puja de poder interna en el municipio.

“(En los meses siguientes) vino mucha tensión y hubo presiones de la Alcaldía”, le contó a La Silla otro concejal.

Para mayo, las mayorías dieron un vuelco en esa corporación, la Alcaldía sumó dos concejales a su coalición, y con 9 votos a su favor logró que se aprobara otra proposición para que las denuncias solo se radicaran en la Personería.

“Pero ya era muy tarde, las denuncias ya estaban en manos de todos los entes cuando eso pasó”, dijo a La Silla un concejal de la oposición.

Un Alcalde entre La U y el uribismo

Ronald Contreras es un abogado especialista en contratación estatal que inició en la política de la mano de su familia. 

Su papá, Jorge Contreras, fue un líder del excongresista conservador Guillermo Sánchez Cristancho, un político que en la década de los 90 el barón electoral de Pamplona.

Según dos políticos de Pamplona que conocen por dentro el poder del municipio, esa cercanía fue la que le sirvió para iniciar su carrera fuera del municipio.

Una vez se graduó como abogado en la Santo Tomás de Bucaramanga, llegó a Bogotá donde ocupó varios cargos de bajo perfil como contratista de prestación de servicios en el Distrito, y trabajó casi tres años en la Presidencia, hasta que Uribe terminó su segundo periodo.

Aunque sobre el tiempo que estuvo en la capital no se conocen muchos detalles, tres políticos del municipio le dijeron a La Silla, que si algo ha dejado claro Contreras de esa etapa fue que desde entonces se acercó al uribismo.

“Él dice que es muy amigo de Álvaro Uribe y que fue su secretario privado”, aseguró.

Sobre lo que sucedió después de que salió de Presidencia, tampoco nos dieron razón la semana cinco fuentes con las que hablamos.

Su reaparición fue para las elecciones de 2011 cuando en ese municipio fue uno de los que acompañó la aspiración del entonces candidato a la Gobernación de Norte, Édgar Díaz, quien en esa carrera compitió como la ficha del ahora gobernador William Villamizar. 

Después de apostarle al caballo ganador en esa campaña, Contreras tuvo su primer chance para figurar en la política de Pamplona. 

A finales de ese año, cuando al entonces alcalde, Klaus Faber, lo capturaron por presuntamente colaborar con paramilitares (algo de lo que en 2015 fue absuelto), lo nombraron como mandatario encargado del municipio con la venia de los senadores Manuel Guillermo Mora y Efraín Torrado (después saldría salpicado en las denuncias por el carrusel de contratación de la alimentación en Bogotá).

Eso marcó el antes y el después de su carrera política. 

En la administración de Díaz fue nombrado jefe de la oficina de víctimas del departamento, y se mantuvo en ese cargo hasta que renunció para no inhabilitarse en la carrera por las locales de 2015.

Aunque en ese momento el Gobernador se había elegido por firmas y era de estirpe conservadora, y él había llegado al encargo de la Alcaldía de Pamplona con el respaldo de La U, que para ese entonces ya era santista, buscó el aval del Centro Democrático. 

Una fuente de ese partido le dijo a La Silla que el aval llegó por la cercanía de contreras con Mila Romero, una de las directivas del partido, pero no pudimos confirmar esa versión. 

Más allá de eso, lo que quedó claro con su campaña fue que Contreras se alejó de sus otroras aliados y denunciando mermelada y la clase política que lo ayudó a entrar al poder despegó su nombre en la baraja de candidatos. 

“El efecto que logró fue mucho. Pamplona es un pueblo de derecha y qué más derecha que Uribe. Al final ganó con ese discurso y los congresistas llegaron a lo último a darle el impulso”, le contó a La Silla un político que conoció la campaña por dentro. 

Una vez llegó a gobernar, su discurso cambió y repartió la mermelada que tanto criticó en campaña. Por ejemplo le dio participación al representante liberal Alejandro Carlos Chacón, quien puso cuotas en Empopamplona (empresa de servicios públicos), al senador conservador Juan Manuel Corzo, con la Secretaría de Gobierno, y al representante de La U, Wilmer Carrillo, con Tránsito. 

A este último fue a quien más se ha acercado desde que se convirtió en Alcalde, pese a que ideológicamente es el polo opuesto de las banderas uribistas que él ondeó.

Una fuente de adentro del grupo de Carrillo le confirmó a La Silla que estaban concretando el apoyo de esa administración para las legislativas de 2018.

Los diálogos iban tan avanzados, que incluso en redes sociales circuló una foto de Contreras, varios de sus secretarios y concejales de la coalición, junto a Carrillo.

Hoy un juez de control de garantías definirá si el Alcalde y su funcionario pueden seguir despachando desde Pamplona o si los envía a la cárcel, algo que es muy probable dado que la Fiscalía puede argumentar que estando en sus cargos podrían torpedear el proceso. 

Si le quitan la libertad mientras se define si es culpable, su salida rebarajará el poder en Pamplona; si vuelve al municipio mientras le adelantan el juicio, seguramente tendrá que seguir respondiendo por otras denuncias, como la de las cámaras de seguridad que pagó en $150 millones pese a que en el mercado costarían $15 millones.
 

Comentarios (1)

Robin Hood

25 de Octubre

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Un corrupto + del CD a la carcel o persecucion politica diran.
 
...+ ver más

Un corrupto + del CD a la carcel o persecucion politica diran.
 
En Pamplona votaron x el que diga Uribe: Ronald Contreras (https://www.youtube.com/watch?v=iIWi7_ZVNV0)
Vamos a ver por cual votaran por el que diga Uribe en el 2018.

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