Por Jineth Prieto · 27 de Junio de 2018

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El fallo del Consejo de Estado que le devolvió la autoridad ambiental sobre el sector urbano de los cuatro municipios del área metropolitana a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, le abrió camino al representante del viejo PIN Fredy Anaya para multiplicar su poder en el departamento.

Más allá de las facultades para decidir sobre licencias ambientales y cambios de uso del suelo, ese fortín, que es manejado por su grupo político, recuperó el dominio sobre la administración de los $50 mil millones que se recaudan en promedio anualmente por la sobretasa ambiental en Girón, Floridablanca, Piedecuesta y la capital de Santander.

Todo cuando se está calentando la previa del 2019 y dentro de los planes del saliente congresista está buscar un cargo de elección popular.  

La decisión

Luego de seis años de pleito entre el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, y la Cdmb por el manejo de la plata de la sobretasa ambiental de los centros urbanos más importantes de Santander, ayer finalmente el Consejo de Estado se pronunció.

 

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Primera de ese tribunal en fallo de segunda instancia decidió anular el acuerdo que en 2012 declaró al AMB como la autoridad ambiental en la zona urbana de los cuatro municipios del área. 

La determinación se basó en que para administrar la plata de la sobretasa ambiental, esa entidad tuvo en cuenta una proyección del censo expedida por el Dane en 2012 que decía que en los cuatro municipios había más de un millón de habitantes (el principal requisito para ser autoridad ambiental), cuando el único censo válido en Colombia es el de 1985.

Eso dejó sin piso jurídico al acuerdo, porque aunque desde esa fecha se han hecho dos censos más en el país (uno en el 94 y otro en el 2005), ninguno ha sido adoptado legalmente por el Congreso y por lo tanto una proyección no podía ser la base de una decisión administrativa con tantos alcances en la región. 

Aunque contra este fallo no existen recursos, La Silla supo que en la Alcaldía de Bucaramanga (preside la junta del área metropolitana)  están considerando pedir que se revise bajo el argumento de que en 2014 el AMB emitió un nuevo acuerdo  basado en la ley de áreas metropolitanas que fue sancionada en 2013.

Según le explicaron a La Silla el acuerdo de 2014 es el que actualmente tiene vigentes las facultades y como ese no ha sido demandado entonces no se afectarían el AMB; sin embargo, no es tan claro qué tan fuerte sea ese argumento porque más allá del acuerdo, lo que el fallo del Consejo de Estado tumba es la competencia de esa entidad para ser autoridad ambiental debido a que no existe censo que certifique que en el área metropolitana hay más de un millón de habitantes

Además, también confirmamos que en el AMB pedirán una aclaración a la decisión para que les digan si el fallo tendría efectos hacia atrás y si implicaría que la plata que no le giraron a la Cdbm desde 2013 (cuando entró en vigencia el acuerdo de la autoridad ambiental metropolitana) debe ser reintegrada, algo que en principio no debería suceder porque lo que cambia con el fallo es el nombre del administrador de los recursos, no el destino de la inversión.

Como esas peticiones tienden a demorarse varios meses en el Consejo de Estado y hasta que no se resuelvan los fallos no quedan en firme, es probable que con ello se dilate la nueva transición de poder.

Sin embargo, y aún si se demora, el fallo trae consigo una variación en las cargas de poder de la región.

El regreso de los súper poderes

En los últimos 18 años la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, pasó de ser la entidad encargada para la conservación y preservación del medio ambiente en 13 municipios de Santander, a ser conocida como uno de los fortines políticos más apetecidos del departamento. 

Aunque desde 2013, cuando inició la transición de poder por el acuerdo de la autoridad ambiental quedó debilitada principalmente porque su presupuesto propio se empezó a reducir (pasó de 65 mil millones anuales a $8 mil millones para este año), siguió siendo considerada una fuente de poder para los poderosos regionales. 

Eso, no solo porque aún con la reducción mantenía más de 400 contratistas de prestación de servicios en su haber, sino por el dominio que ejerce sobre la Empresa de Alcantarillado de Santander, Empas (entidad que tiene un presupuesto propio adicional de más de $100 mil millones, de los cuales $64 mil son de inversión).

Esa fue la razón, por la que en 2015 el pulso por poner al nuevo director estuvo tan apretado en Santander.

Ese año, el representante del viejo PIN, Fredy Anaya, logró mover la cantidad de fichas suficientes para que el ungido fuera Martín Camilo Carvajal, un abogado que hizo carrera a su lado y que se dio a conocer por hacer parte de su grupo político. 

Con él a la cabeza, como lo ha contado La Silla, no solo las cuotas de Anaya retornaron a los cargos claves de la corporación y la contratación con las empresas allegadas a él se volvió a disparar en Empas, sino que la entidad volvió a ser  pieza clave de su maquinaria. 

(Además de que se movió para ponerle votos a su esposa, la ahora representante electa liberal Nubia López, también funcionó como parte de la campaña del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en la primera vuelta presidencial).

Por eso, con el fallo del Consejo de Estado, el poder del congresista no solo crece, sino que lo que hace en un momento clave. 

Anaya le confirmó a La Silla hace dos semanas que está pensando en buscar un cargo de elección popular el próximo año, y aunque no nos dijo cuál y aseguró que no había nada seguro; por aparte confirmamos con fuentes de adentro de su grupo que su interés está puesto en la Gobernación de Santander.

La pregunta está en cómo se moverá, porque aunque dentro de su grupo se estaba barajando la idea de que fuera por firmas para desmarcarse políticamente de los partidos tradicionales, ayer se cumplió el plazo que tenía para renunciar a su credencial y a la militancia al viejo PIN con el fin de habilitarse para aspirar el próximo año por un partido o movimiento diferente.

Eso le juega en contra porque además de que buscará votos en una zona en la que en 2015 se empezó a levantar una ola de opinión, que se ratificó en las legislativas, y que tiene en común que vota por los candidatos que representan la anticorrupción; lo hará no solo con su fama de mercader de la política -como le dicen en los círculos de poder regionales-, si no con el apoyo del partido manejado por el parapolítico Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil.

La Silla confirmó que ayer, tras la notificación del fallo del Consejo de Estado, la Cdmb le envió una carta al Área Metropolitana pidiéndole que le giraran directamente el recaudo de la plata de la sobretasa ambiental. 

Así que en todo caso, con esa recargada de poder, la potencial campaña del congresista tendrá cómo contrarrestar lo que no le juega a favor, sobre todo porque eligiendo a su esposa en la Cámara como la representante más votada de todo el liberalismo en el país, demostró que en Santander hay un sector importante de la población que le sigue respondiendo a las maquinarias.

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