Por Sara Ruiz · 21 de Enero de 2018

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En el cementerio de San José hay una tumba sin marcar. Es la más grande. Está cubierta de baldosas rojas resquebrajadas y tejas de zinc. Esa tumba está ahí hace veinte años y no está marcada para cuidarla.

Mientras la lista de líderes sociales y exguerrilleros muertos en el posconflicto sigue alargándose en los lugares que abrasó la guerra, en San José se callaron los fusiles hace tres años.

En principio, la noticia es más que buena. San José, además de haber padecido una violencia que le dejó más de mil muertos y diez mil desplazados, ha tenido un estigma de bastión guerrillero por ser la cuna del frente 5 de las Farc. Antes de la firma de la paz, y a raíz del cese del fuego, a San José le dejaron de matar a su gente. Ya los pobladores ni saben con exactitud quién fue el último.

Pero esa gran noticia no parece suficiente para el pueblo. A ese, al de la tumba sin marcar, lo recuerdan todos porque representa lo que había antes de la muerte que encerró a San José y que, aunque hayan acabado las balas, no ha vuelto.

Ese hombre es Bartolomé Cataño, ‘Bartolo’ le dicen de cariño, aún después de muerto. Él, uno de los fundadores del corregimiento y único concejal del lugar en los noventa, fue el que donó los predios y gestionó recursos para construir la escuela, la parroquia, el centro de salud y la primera fábrica de almidón de yuca.

‘Bartolo’ era de la Unión Patriótica. Él y su partido evocan los tiempos de oro de San José. Los tiempos de los alcaldes de izquierda en la región, que en Apartadó fueron cinco. Ellos le dejaron al corregimiento una cooperativa para la producción y distribución de cacao –que abarca el 50 por ciento de la economía local– y le prometieron a sus habitantes una prosperidad que la violencia frenó.

A Cataño lo mataron los paramilitares un día de agosto, cuando iba camino a su casa desde Apartadó, en 1997. Al carro fúnebre le pegaron varios disparos y los paramilitares le mandaron advertir a la comunidad que iban a sacar el cuerpo para quemarlo. Por eso decidieron no marcar el sepulcro.

Ese fue el día en que llegaron las masacres de los paramilitares a San José y la gente se tuvo que empezar a ir para salvar su vida. La cooperativa quedó abandonada y hoy no es más que una bodega donde vive una familia desplazada del Urabá chocoano.

El rostro de ‘Bartolo’ está pintado con aerosol en la fachada de ese almacén, que hoy intenta despegar con esfuerzos de la Junta de Acción Comunal y la Asociación de Campesinos. Ellos pretenden que pronto los productos de las 32 veredas de San José puedan llegar allí para enviarse a diferentes partes del país.

Pero respaldo de la Alcaldía no hay. “El gobierno no nos ha querido pagar la deuda que tiene con nosotros hace 20 años”, comenta un miembro de la Junta. Observa el rostro pintado de Bartolomé, con partes descascaradas. “Buen alcalde no hubo ninguno después de la UP”, añade otro, sacudiendo con los pies el polvo de la calle, que es el mismo en las tres manzanas que tiene el caserío.

Baluarte

Al casco poblado de San José se llega en chivero o en moto, por una carretera destapada desde Apartadó. Ocupa más de la mitad de ese municipio, que es la capital de desarrollo urabaense, y la más poblada de la región.

En la zona urbana de Apartadó matan alrededor de 4 personas al mes, según datos de la Secretaría de Gobierno, que está enfrentando la inseguridad que en zonas del país donde el Estado nada que llega está trayendo el posconflicto. Para San José, mientras tanto, esta etapa -aunque sin muertos- es sinónimo de una expectativa sin cumplir.

En el 2017 los líderes de las 32 veredas se sentaron tres veces con la Alcaldía, la Gobernación y la Fuerza Pública a hablar de proyectos productivos e inversión. Pero hasta ahora las trochas que unen el centro poblado con las veredas siguen siendo caminos de seis o doce horas a mula o a pie, aunque el Ejército le ha hecho mantenimiento a 30 kilómetros de ellos.

En el 2016 se empezó a hacer un acueducto que no se ha terminado, y el muro de contención que previene que el río se desborde e inunde un sector del caserío está resquebrajado a solo cinco años de haberse erigido. Esas son pruebas para ellos de que el Estado, que algún día les hizo daño en connivencia con paramilitares, no está interesado en ellos.

En cambio, el que era su rival, la guerrilla, sí lo está.

“En San José cada familia tiene al menos un integrante que estuvo en las Farc”, comenta Inca Libertad, que era miembro del comité político del Frente 5 y líder de la Asociación de Campesinos del corregimiento. “Aquí no volvió a haber muertes no porque haya seguridad, sino porque la gente está organizada”, añade.

Y es que las Farc le dejaron a los habitantes de San José normas de convivencia, comités de conciliación que establecen multas y sanciones a personas que no hagan trabajo comunitario, incurran en violencia intrafamiliar o le hagan daño a algún habitante del corregimiento. Por eso allí la Policía no registra riñas ni homicidios pasionales.

“Nosotros aquí le debemos más a las Farc que al Ejército y a la Policía”, cuenta Dalila Zúñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres del municipio. “Cuando ellos estaban el pueblo era más organizado. No había gente consumiendo en la calle. Ellos nos cuidaban”.

La Policía y los militares están en batallones –de los más grandes de toda Urabá– que coronan dos cerros desde los que se divisa el caserío. Los policías se sientan en los zaguanes de las casas a pasar el calor de la tarde, o se encierran en la estación, como si no tuvieran mucho qué cuidar.

De vez en cuando líderes de la Farc visitan el caserío, y le cuentan a sus líderes cómo va la implementación de los acuerdos en términos de participación política. En la inauguración del partido Farc en Apartadó, que fue el 14 de enero, la Alcaldía reportó seis buses que salieron de San José para el evento.

En San José ha permanecido vivo el brazo político de las Farc que antecedió al nuevo partido. La Junta de Acción Comunal tiene en su mayoría militantes de la UP. Lo mismo la Asociación de Campesinos, Acasa.

Dos de los hijos de ‘Bartolo’, incluso, estuvieron en la guerrilla. Una de sus hijas, líder de la Junta de Acción Comunal y militante de la UP, estuvo en la cárcel por rebelión, pero fue absuelta por falta de pruebas. Y su nieto hace parte de la dirección nacional de la Unión Patriótica en representación de Urabá.

Más aún, el exterminio de la UP le dejó a San José la Comunidad de Paz, un grupo de 600 personas –el diez por ciento de los habitantes– que se declaró neutral al conflicto y que blinda al pueblo.

Aldea

A diez minutos a pie del centro poblado del corregimiento está San Josecito de la Dignidad, una de las tres aldeas de la Comunidad de Paz, que construyeron los pobladores cuando el gobierno Uribe instaló la base militar y de Policía en la parte alta del casco urbano, en el momento de la desmovilización de las AUC.

Ellos tienen una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional que le permite ser un territorio con su propio reglamento y un consejo interno que determina quién entra y quién no.

San Josecito es un remanso. Hay más silencio que en San José.

Allá no pueden entrar políticos, ni soldados, ni policías, ni funcionarios de la Alcaldía, de la Gobernación o de cualquier entidad del Estado. No pueden entrar paramilitares ni exguerrilleros. Está observada permanentemente por organismos internacionales, pero ni siquiera representantes de la ONU pueden ingresar.

Si en San José hay una organización social definida, San Josecito es impecable aunque bajo un régimen autoritario. Allá es obligatorio hacer trabajo comunitario. No se puede consumir licor, ni coca, ni marihuana. No se cultivan ilícitos. No se vota en elecciones. No se aceptan reparaciones individuales de la Unidad de Víctimas, porque hacerlo significa para ellos ser cómplice de la estrategia del Estado de dar dinero a cambio de vidas perdidas o años de despojo.

Al menos eso dice Brígida González, una de las fundadoras de la Comunidad de Paz, que en los años 80 fue líder del Partido Comunista y luego de la Unión Patriótica. Ella vive en el corregimiento hace 37 años.

“San José sigue siendo el mismo de antes de la guerra”, cuenta. En la pared de su casa de tablas entre las que se filtra el sol, tiene colgadas las fotos de su hija, que asesinó el Ejército en medio de una masacre en 2005. La guerrilla mató a su esposo y las AUC a su hermano.

Brígida conoció a Bartolomé. De hecho, su foto está exhibida en un mausoleo que tiene San Josecito en medio de la aldea y rinde homenaje a 326 integrantes de la Comunidad de Paz y líderes de San José que han sido asesinados. Casi todos eran militantes de la UP o familiares de ellos, cuenta Brígida.

La Comunidad de Paz es la portavoz de los miedos de San José. Varias veces al año saca comunicados con resonancia nacional que denuncia lo que algunos campesinos dicen ver: hombres de camuflado que amenazan con quedarse en las veredas, muchachos de civil que asedian a los representantes de esas aldeas.

El último grito de alerta lo emitieron el primero de enero, en que cinco supuestos paramilitares intentaron asesinar a uno de los líderes de San Josecito. La Gobernación no les creyó, y le dio a la Comunidad de Paz más razones para desconfiar y prohibir la entrada del Estado a la zona, que por lo general viene acompañada de inversión y desarrollo.

Además, a pesar de las alertas tempranas de la Defensoría, que han registrado presencia de nuevos grupos con armas en seis veredas, la Fuerza Pública insiste en no ver nada. Su versión es que “Recibimos denuncias de que esos grupos armados están en tal vereda. Salimos, cuando llegamos ya no están”, dice el Comandante de la Brigada XVII del Ejército, el Coronel Antonio Dangond.

La gente del centro poblado de San José sigue sin creerle al gobierno, aunque a veces la Alcaldía haga carreras de observación en bicicleta hacia las veredas, les lleve regalos a los niños en Navidad o haga mantenimiento a las trochas.

Para ellos que no haya muertos hace tres años no significa que el Estado llegó, sino que las Farc decidieron no seguir peleando. La alegría que trae un cese al fuego de tres años no se le ve a San José. Para ellos, la historia de guerra no ha terminado.

Por eso, la tumba de Bartolomé sigue sin marcar.

Contexto

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