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Por Sara Ruiz · 04 de Febrero de 2018

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Federico Gutiérrez selló otra de sus obras con los reflectores encima. Esta vez fue con más de 40 empresas de los sectores que más contaminan en la ciudad -transportadores, constructoras, ladrilleras, ensambladoras de carros y motos, entre otras- y 20 entidades públicas, que firmaron un acuerdo de voluntades planteadas por ellos mismos para cuidar el medio ambiente.

Esa unión de esfuerzos y voluntades es un mensaje de la Alcaldía para el país: no va a dejar que le vuelvan a decir ‘Medehollín’. Pero detrás de la celebración de ese Sí -que no es obligatorio- de los sectores público y privado, queda la satisfacción de los empresarios y una preocupación de los ambientalistas de la ciudad porque sienten que no se les tuvo en cuenta y que es un compromiso repetido.

Más que nuevo, es un pacto renovado

El Pacto por el Aire de esta semana no es nuevo. Hace diez años, en octubre de 2007, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental, había liderado otro acuerdo interinstitucional para mejorar la calidad del aire.

En esencia, el acto es parecido, “con propuestas similares”, dijo Carlos Cadena, del think-tank de sostenibilidad urbana La Ciudad Verde. Fue un acuerdo de voluntades, en que entidades públicas y empresas privadas se plantearon metas a cinco años. “Pero, dentro de lo valioso que era, no tuvo indicadores ni instrumentos de seguimiento”, le dijo a La Silla Eugenio Prieto, director de Área Metropolitana.

“No funcionó porque no le dieron herramientas a la sociedad civil para hacerle seguimiento a lo que se firmó, y en esta tampoco”, nos contó Cadena. Lo único destacado que dejó ese pacto fue la influencia sobre la decisión de Ecopetrol de reducir la cantidad de azufre en el combustible, hasta pasar de 4.500 a 50 las partículas por millón.

En 2011, con el cambio de administración de Alonso Salazar a Aníbal Gaviria, el Área Metropolitana bajó la guardia con los compromisos y quedaron en un cajón. Por ejemplo, se había acordado hacer un estudio de enfermedades por la contaminación del aire, y nunca se hizo. Apenas empezó en 2017.

Ahora, después de dos contingencias ambientales en marzo (2016 y 2017) y un sistema de alertas tempranas que instaló el Área Metropolitana en 2016 que permitió ver que el problema era grande, salió la necesidad de renovar los votos incumplidos.

Los empresarios lograron lo que querían y quedaron bien

Un empresario constructor de la ciudad le dijo a La Silla off the record que este pacto tiene a los gremios contentos porque lo que firmaron no es impositivo y eso no les perjudica mucho los negocios.

Inicialmente, el pacto por el aire iba a ser un abrebocas a la implementación del Plan de Integral de Gestión de la Calidad del Aire (Pigeca), en que el Área Metropolitana les pone normas y condiciones a las entidades y empresas a 2030. Eso los tenía incómodos porque consideran que ese plan “desconoce cómo funciona la economía de la ciudad”, le dijo ese empresario a La Silla, pues les exigía cambios costosos en sus compañías.

“El pacto es diferente al Pigeca, que es una decisión con base en la norma del Ministerio, en el que quien contamina, paga”, le dijo Prieto a La Silla. La idea inicial del Área Metropolitana era que se firmara ese pacto en noviembre, pero los empresarios se negaron a hacerlo.

Entonces el Área Metropolitana hizo algunas modificaciones y, aunque algunos industriales no quedaron del todo contentos, lograron aprobar el pacto en diciembre.

Gutiérrez, como presidente de la junta del Área Metropolitana, separó el pacto del Pigeca y se encargó de él. Él los buscó y les pidió que se comprometieran voluntariamente con metas puntuales y a su alcance, y ellos aceptaron firmar.

El pacto que firmaron no es obligatorio, no trae sanciones sino medidas de emergencia que traería el no cumplirlo, como el pico y placa ambiental que aplicó el Alcalde el año pasado y solo duró tres días porque Fenalco se quejó.

Con eso, los empresarios ganaron porque se suavizaron algunos puntos del Pigeca inicial, y se comprometieron públicamente a favor del medio ambiente, como estaba planeado para noviembre, pero ya no con la entidad que los vigila al frente; sino a Gutiérrez, que logró convencerlos de unirse al esfuerzo de voluntades.

En cambio, las entidades públicas sí están vigiladas. El otro protagonista del evento, además del alcalde, fue el Procurador Carrillo. Él venía respaldando la iniciativa del Alcalde de firmar ese pacto desde la contingencia ambiental de hace un año.

El Procurador va a estar con los ojos puestos sobre Ecopetrol, al que se le solicitó seguir reduciendo las partículas por millón de azufre en el combustible (de 50 a 5) y no firmó el pacto. También, claro, sobre las entidades públicas que firmaron.

Activistas ambientales, por fuera

El viernes, en el programa Vive Medellín de Blu Radio, el secretario de Medio Ambiente dijo que invitó a la firma del pacto por la calidad del aire a todos los colectivos ambientales de la ciudad. Cuatro representantes de ellos le contaron a La Silla lo contrario. Que les llegó la invitación por correo dos días antes, y no les mostraron el pacto que se iba a firmar.

Ellos habían tenido un espacio para diseñar el Pigeca en su fase final, a través de una mesa permanente por la calidad del aire que instaló el Ministerio de Ambiente y el Área Metropolitana desde la contingencia de marzo. En ella estaban ocho grupos ambientalistas de la ciudad.

La mesa se reunió seis veces, entre marzo y octubre. El Área Metropolitana concertó con los colectivos algunas propuestas para el plan, como medidas para la veeduría y rendición de cuentas por parte de los involucrados y otras para reducir la contaminación de los carros. Cuando estuvo listo en agosto, fue que los empresarios empezaron a protestar.

El Área Metropolitana tuvo que revisar y modificar el Plan varias veces, teniendo en cuenta las inconformidades del sector privado. Para octubre, los colectivos no estaban de acuerdo con los cambios que se estaban haciendo y “la participación se fue diluyendo, se fue perdiendo y muchos se fueron”, le dijo a La Silla Daniel Suárez, del colectivo Aire Medellín.

Ellos recibieron el documento de 300 páginas del Pigeca tres días antes de aprobarse, en diciembre. Cuando lo revisaron, le contó a La Silla Juliana Gutiérrez, del la ONG Low Carbon City, se dieron cuenta de que no había reglas claras sobre la veeduría ciudadana que los ciudadanos habían propuesto.

Finalmente, con ese sinsabor de los colectivos ambientales, se aprobó el Pigeca y el pacto por la calidad del aire se concentró en la institucionalidad y en las empresas privadas.

Ahora los colectivos ambientales están diseñando, de la mano del Ministerio de Ambiente, una plataforma para hacerle seguimiento a los compromisos de cada empresa y entidad que firmó el pacto, le dijo a La Silla Camilo Quintero, Líder de la Coordinación de Gobierno Abierto del Ministerio.

Con ese panorama se queda el aire de Medellín. Con una unión de voluntades actualizada que se había hecho ya diez años atrás. Así se suavizará la protesta contra la Alcaldía ante una posible contingencia, de las que llegan cada año por esta época al Valle de Aburrá.

Comentarios (1)

Edgar Bohorquez G.

07 de Febrero

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De nuevo, primero la rentabilidad que la salud. Pobre Medallo.

De nuevo, primero la rentabilidad que la salud. Pobre Medallo.

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