Por Sara Ruiz · 10 de Enero de 2018

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“En este país no hay desarrollo si no hay peajes”. Eso dijo el Gobernador de Antioquia cuando en su despacho, el 29 de junio de 2017, la ANI y los alcaldes del Eje Bananero acordaron cobrar a los urabaenses por transitar entre sus municipios.

Ya la comunidad estaba alertada desde enero de ese año. En la salida de Turbo hacia Necoclí se había instalado una caseta de peajes, y en la carretera que une Apartadó con Turbo, otras dos. Entonces se conformó un comité cívico que empezó a pedirle al gobierno nacional ubicar los peajes a la entrada y a la salida del Eje Bananero.

Después de un año, sin una respuesta que los satisfaciera y con los peajes aprobados por los alcaldes, ese grupo de más o menos 130 personas anunció un paro.

La idea hizo que el 27 de diciembre el comercio y transporte de la región se paralizaran, y que días después las carreteras terminaran en llamas.

Este es el cuento que hay detrás.

Empieza a mezclarse el cemento

La historia empezó en el 2009, con el Conpes que dio luz verde a la construcción de la Transversal de las Américas, una ruta que va por toda la costa Caribe desde el límite entre Chocó y Panamá hasta donde se juntan La Guajira y Venezuela.

El contrato, de un poco más de un billón de pesos, se lo adjudicó en 2010 el Instituto Nacional de Concesiones, Inco (hoy ANI) a un concesionario de tres constructoras: Odinsa S.A., El Cóndor y Valorcon. La primera, la de la expansión del aeropuerto El Dorado; la segunda, la de la Ruta al Mar en Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, y la tercera, la de la familia del senador Julio Gerlein. Odinsa le vendería luego su parte de la concesión a El Cóndor, que quedó con el 66,7 por ciento del negocio.

En ese contrato se acordó que la vía entre El Tigre (entrada a Chigorodó) y San Juan de Urabá, en los límites con Córdoba, tendría tres peajes, y que los cobros los establecería el concesionario.

Firmó el Inco y el entonces presidente de Odinsa y representante legal del grupo, el exministro fallecido Luis Fernando Jaramillo Correa. El 31 de mayo de 2011 se firmó el acta de inicio de la obra, a un plazo de siete años.

Luego siguieron el concreto y la aplanadora.

Arrancó el mejoramiento de carreteras, los cambios a calzadas dobles y la construcción de tramos en el corredor del Darién, que abarca Chocó y el Golfo de Urabá. Entre los urabaenses no hubo resistencia. Hasta ahí, todo bien.

En septiembre 2015, el Ministerio de Transporte cuadró tarifas y peajes. Quedaron tres casetas. Una bidireccional, Cirilo, entre Turbo y Necoclí; y dos unidireccionales, Riogrande y Chaparral, entre Apartadó y Turbo.

Cirilo empezaría a funcionar en junio de 2016 y Chaparral-Río Grande, en enero de 2017. La distancia entre los dos peajes es de 62 kilómetros. La distancia total entre la entrada a Chigorodó y la salida de Necoclí es de poco más de 102.

Para mantener la vía, que costó 467 mil millones de pesos, el gobierno acordó que se cobrarían 3.100 pesos en Cirilo a vehículos particulares para personas residentes en Turbo y Necoclí, y para residentes en Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, se cobraría lo mismo en Riogrande y Chaparral. Esto equivale al 46 por ciento de la tarifa plena de peaje para carros de categoría 1 (automóviles, camperos, camionetas, microbuses de llantas sencillas), que quedó de 6.700 pesos.

También se estableció que se cobraría 4.700 pesos para vehículos de servicio público que operan en Turbo y Necoclí, en El Cirilo: y lo mismo para los de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, en Riogrande - Chaparral. Esto es un 65 por ciento de la tarifa plena, que quedó de 7.200 pesos.

Se arman las casetas

Por retrasos en la obra, el peaje de Cirilo a mediados de 2016 no estaba instalado. El 7 de julio de ese año, la ANI y el concesionario acordaron incluir en el contrato de la Transversal de Las Américas (2010) la ubicación de los tres peajes entre Turbo y Necoclí, y El Tigre (Chigorodó) y Turbo. 

Apenas en febrero de 2017 el proyecto llevaba el 55 por ciento de ejecución. Entonces el cobro, que se acordó que empezara con el 80 por ciento de la carretera lista, se aplazó para mayo.

A pesar de esa decisión, por esos días habitantes de Turbo, conductores y pasajeros de la región empezaron a ver unas casetas azules sobre la nueva doble calzada.

Ante la alerta de cobro, nació el Comité de Iniciativa Ciudadana de Urabá, integrado por bananeros, maestros, comerciantes, transportadores, estudiantes, concejales y algunos miembros de las alcaldías locales. Ellos le empezaron a pedir a la ANI un par de “peajes de frontera” a la entrada y a la salida del Eje Bananero.

Eso, para que alrededor de 60 mil personas de la región que se desplazan diariamente por esa vía, en su mayoría de estratos 1, 2 y 3, no tuvieran que pagar más por el tiquete de transporte público, que con el cobro de peajes, subiría de precio.

Además, la instalación de dos peajes como los planteó la ANI dificultaría la movilidad entre los cinco municipios, que tienen entre sí una distancia mínima (entre Apartadó y Turbo) de 40 minutos, y máxima (entre Chigorodó y Necoclí), de dos horas. El Comité y la ANI instalaron una mesa de diálogo el 8 de febrero.

Ante las peticiones y reclamos de la población, el cobro de peajes se había vuelto a aplazar para el 1 de enero de 2018. Y el gobernador Luis Pérez sentó a los alcaldes del Eje Bananero y a la ANI a negociar. Eso fue el 29 de junio de 2017.

La cosa quedó así: Para usuarios recurrentes de las vías y carros de placas inscritas en la zona, el peaje de vehículos particulares valdría 2.100 pesos (bajó 1000 pesos) y el de transporte público valdría 3.100 (1.500 pesos menos).

Eso, a cambio de algunas vías complementarias para las cinco alcaldías y de mover el peaje de Riogrande 300 metros más al Sur, para que quedara en jurisdicción de Apartadó.

El Comité Cívico no supo nada hasta que apareció un video de Alejandro Abuchar, el alcalde de Turbo, en una reunión con la ANI, en que reclamaba que estaba embolatando los compromisos que había hecho con los municipios en esa reunión. Eso fue el 12 de diciembre de 2017 en la Gobernación. Ahí fue que el Comité brincó y anunció el paro para el 27 de diciembre.

Luego vino el incendio. La estación de Policía de Carepa incinerada, los 36 capturados, las alcaldías de de Carepa, Apartadó y Chigorodó saqueadas, los peajes de Cirilo y Riogrande destruidos.

La ANI postergó el cobro de peajes por tercera vez, por 30 días. Dijo que era imposible mover las casetas a las fronteras del Eje Bananero, pero hasta ahora no ha dicho por qué. La Silla intentó comunicarse con el gerente de la obra, Alberto Rodríguez, pero no respondió.

Luis Pérez, que dijo el lunes por la noche no tener voto sobre lo que decida el alto gobierno, propuso convertir los tres peajes en uno. Eso sí, manteniendo las tarifas diferenciadas que habían aceptado los alcaldes hace seis meses.

Después de la encerrona de ayer con el Gobernador, los alcaldes y la ANI, la decisión fue “investigar los delitos cometidos”, dijo el Ministro del Interior, y tomarse unas semanas para pensar dónde reubicar los peajes.

Contexto

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