Por Natalia Arenas · 23 de Agosto de 2017

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Ayer, el municipio de Lloró, a 45 minutos de Quibdó, declaró la calamidad pública por las inundaciones que tienen a corregimientos como Boruadó con el agua hasta el techo. Pero, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, esta no es la única emergencia humanitaria que está viviendo este municipio de Chocó que está en medio del fuego entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas.

Las inundaciones en Lloró, el municipio donde más llueve en el país, dejaron el fin de semana pasado a unas 652 familias afectadas luego de que se desbordaran los ríos Atrato y  Angágueda.

A esta nueva crisis humanitaria se le suma la delicada situación de orden público que está sufriendo el municipio desde el año pasado, según el último informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo publicado en abril de este año.

 

El informe, dirigido al Gobernador del Departamento Jhoany Alberto Palacios y calificado como ‘urgente’, revela que desde que salieron los Frentes 34 y Aurelio Rodríguez de las Farc en enero, tanto los nuevos grupos paramilitares como el frente Manuel Hernández ‘El Boche’ del ELN entraron a disputarse el territorio.

Desde agosto del 2016 hasta abril de este año, la Defensoría registra 160 familias desplazadas, el asesinato selectivo de una persona en febrero de este año que era familiar de un hombre que las AGC fueron a buscar casa por casa en la vereda Canchidó y varios confinamientos por los combates entre los dos grupos armados.

Además, las AGC han citado a las comunidades a reuniones para decirles que ellos llegaron al municipio para “garantizar la distribución de las regalías” de la minería ilegal en los ríos Atrato y Angágueda, precisamente los dos ríos que se acaban de desbordar con la arremetida de las lluvias.

La minería ilegal, como contó Semana, es precisamente una de las causas con la que los habitantes de Lloró explican las crecidas de los ríos a niveles superiores a los registrados en años anteriores.

Mientras tanto, el ELN ha sembrado minas antipersonales e incluso, denuncia el informe, se han alojado en escuelas del municipio en su estrategia por combatir el avance de las AGC. 

La situación es tan crítica que, según el informe, el Alcalde del municipio está siendo amenazado a través de mensajes a su celular por las AGC. La Defensoría ratificó esa denuncia en marzo de este año en un consejo de seguridad que se llevó a cabo en el corregimiento de Boraudó.  

Por ahora, la Unidad de Gestión del Riesgo espera que con la calamidad pública se pueda agilizar la atención para las familias que perdieron todo con las lluvias. Incluso, esperan que ahora sí le den trámite al clamor del Alcalde de que se reubiquen 250 familias de Boraudó, el corregimiento que más ha sufrido con los embates del agua. Al menos así se solucionaría parte de la crisis humanitaria que está viviendo el municipio de Lloró. 

 

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