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La semana pasada, la Procuraduría regional de Chocó destituyó e inhabilitó por 15 y 18 años a tres concejales de Quibdó porque en 2016 eligieron a dedo a la Personera del municipio, Gladys Lemos. La Silla Pacífico supo que aunque esa decisión todavía no está en firme -porque el fallo es de primera instancia-, puede terminar impactando a todo el Concejo de la ciudad.

El fallo de la Procuraduría dice que los tres concejales que ocuparon la mesa directiva en el Concejo el año pasado eligieron a Lemos a pesar de que ella no sacó el puntaje más alto como exige la ley. Y habrían modificado los términos de un concurso de méritos que se encontraba en la fase final y habrían nombrado a la aspirante que ocupaba el séptimo lugar, como contó El Tiempo.

Ellos son Pedro Palacios Rentería (el más votado de Cambio Radical y que fue el presidente del Concejo cuando eligieron a la Personera),  Jhon James Maturana (del partido Conservador que era el primer vicepresidente), y Jaime Enrique Mosquera de Alianza Verde y que era el segundo vicepresidente. Los tres hacen parte de la coalición de gobierno del Alcalde Isaías Chalá.

En enero, el Tribunal Administrativo de Quibdó ordenó anular la elección de Lemos y nombrar en su reemplazo a Henry Cuesta que sí sacó el primer puntaje. Sin embargo, ahí no paró el escándalo.

También en enero, el CTI ordenó la captura de los tres concejales. Ellos quedaron libres mientras se adelanta la investigación, porque en ese momento la Fiscalía no tenía suficientes pruebas en su contra, según supo La Silla por una fuente de esa entidad y que pidió la reserva de su nombre.

Además, la Fiscalía está investigando a otros dos concejales que al parecer, también tuvieron que ver directamente en el nombramiento de Lemos. Se trata de Pompeyo Paz Cuesta, veterano concejal, presidente de la Mesa Directiva en el 2015, y Juan Arístides Mena García, que de acuerdo al Espectador, publicó en redes sociales el resultado de la elección un día antes de la misma. Mena García se lo negó a La Silla y no pudimos encontrar la publicación.

Por eso, si la investigación de la Fiscalía avanza y el fallo de la Procuraduría se confirma en segunda instancia, al menos una tercera parte del Concejo de Quibdó que fue elegido en octubre de 2015 podría cambiar.

Al menos en el caso de la Procuraduría eso es probable que ocurra porque la decisión la tomará la misma Procuraduría -en cabeza de la delegada para asuntos administrativos-.  En su reemplazo, entrarían los tres candidatos de la lista que les siguen en votación.

Como si eso no fuera suficiente, La Silla Pacífico supo que la próxima semana, la Procuraduría va a notificar al resto de los 14 concejales de que también quedarán investigados por este escándalo.

Y es que resulta que además de elegir a la Personera a dedo, la mesa directiva del Concejo tomó la decisión de excluir al resto de los 14 concejales de la elaboración de las entrevistas y la votación final, lo que sería ilegal porque por ley, todos los concejales tienen que participar en la elección.

“Hubo como cuatro que protestamos, y les dijimos que eso no estaba bien. Pero los de la Mesa dijeron que asumieron toda la responsabilidad”, le dijo a La Silla un concejal. Algo similar dijeron otros dos concejales. Uno de ellos agregó, además, que incluso les sugirieron a los directivos de la Mesa que consultaran con un experto la decisión, pero la Mesa Directiva se opuso.

Aún así, como la decisión que se tomó fue elegir a Lemos, La Silla supo que la Procuraduría los va a investigar por prevaricato por omisión porque no impidieron que se avanzara con esa elección.

Eso podría terminar de poner en jaque a todo el Concejo. Y sobre todo podría afectar al Alcalde Isaías Chalá que hasta ahora -según tres concejales consultados por La Silla- estaba teniendo una luna de miel con el Concejo donde, no había tenido problema para lograr que le aprobaran los proyectos a pesar de que su coalición tiene a 9 de 17 concejales, que hacen una mayoría estrecha.

“El tiene el apoyo de casi todos para lo que presente. Algunas cosas se debaten más que otras, pero por lo general todo pasa”, dijo uno de los concejales consultados.  

Eso quedó en evidencia por ejemplo en el mes de febrero cuando el Alcalde Chalá presentó el proyecto para declarar al municipio en ley 550, es decir, ley de quiebras. En ese momento, aunque algunos concejales se opusieron “en los debates todo se habló y salió aprobado”, como le dijo a La Silla otro de los concejales.

Faltará ver qué ocurre a partir de la próxima semana con este escándalo que aunque por ahora solo involucra a tres concejales directamente, promete crecer.

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