Por Natalia Arenas · 13 de Septiembre de 2017

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El anuncio del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN en la víspera de la llegada del papa fue celebrado especialmente en Chocó, uno de los departamentos que más ha tenido que sufrir los embates de esa guerrilla. Fue especial porque desde hace un año y medio, las organizaciones sociales y étnicas y la Iglesia Católica han buscado un acuerdo humanitario con esa guerrilla y el cese era el primer punto.

Lo que se viene ahora es más presión de los chocoanos, no sólo para que el ELN suscriba el resto de peticiones del Acuerdo Humanitario sino para que la participación de la sociedad civil -que es uno de los pilares de la agenda de negociación con esa guerrilla- se cumpla, y en serio.

"Estamos convencidos de que ya dimos un gran paso, que nos hayan escuchado, pero falta mucho más”, le dijo a La Silla Abid Manuel Romaña, coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, FISCH, y uno de los comisionados chocoanos que viajó a Quito el pasado 31 de agosto.

Más que ‘el primer paso’

Luego de haber presentado el acuerdo humanitario en Quito, el anuncio del cese al fuego bilateral y temporal con el ELN recogió 3 de sus 10 puntos: el ELN renunciará al secuestro, al reclutamiento de menores y a la instalación de minas antipersonales durante los 102 días que estará en vigencia.

 

Para lograr este último, en especial, las denuncias de los chocoanos fueron claves, según le contó a La Silla una alta fuente del Gobierno. Y es que, hasta ahora, el discurso de los elenos había sido que ellos usaban las minas como una estrategia meramente defensiva, pero dado que ya van más de 20 accidentes este año en el departamento, se comprometieron a dejarlas de sembrar.

Además, después de la que fue la primera audiencia entre el ELN y la población civil que Pablo Beltrán catalogó como ‘histórica’, el ELN se comprometió a ir a Quibdó a dialogar con las comunidades.

Para ese ‘diálogo’, las 70 organizaciones sociales y étnicas que suscribieron el acuerdo humanitario instalarán una comisión de verificación y seguimiento donde, según Romaña, estará presente un delegado de la mesa de Quito. La idea es que la comisión sea instalada durante este mes, es decir, antes de que empiece a regir el cese al fuego bilateral el primero de octubre.

“En Quito definimos una ruta para instalar un comité de verificación y seguimiento no sólo al cese al fuego sino al contenido de la agenda. Ejemplo, el punto uno de participación. Queremos una participación real de la sociedad civil. Ya está acordado lo macro, lo que queremos es ayudar a alimentarla desde el territorio”, explicó.

Además, como el ELN se comprometió a incluir un representante del Bloque de Guerra Occidental que opera en el Chocó en la mesa de diálogos de Quito, la idea es que ese representante eventualmente se siente también en la comisión de verificación y seguimiento.

El argumento de las organizaciones sociales para hacer parte de la verificación, al menos en el Chocó, es que todas tienen títulos sobre sus territorios colectivos y por tanto, en esos espacios son la autoridad, como le explicó a La Silla Jesús Durán, director de la organización Pacipaz que también acompañó el Acuerdo.

Por eso, su idea de participación y de llevar propuestas a la mesa parte de una agenda que llevan construyendo desde hace años y que incluye cinco temas: respeto por el territorio, por los derechos humanos, un componente de comunicación que sirva no sólo para que la gente entienda sino para que se empodere, el tema de jóvenes-mujer-género y la etnoeducación.

Esos temas tendrán que ser aterrizados en propuestas concretas en la comisión de verificación y seguimiento, donde los chocoanos quieren que los delegados de la mesa de Quito -Gobierno y ELN- se sienten a discutirlas no sólo con los voceros de las organizaciones que ya viajaron a Quito, sino con las bases.

En últimas, esto implica que los chocoanos se tomaron en serio que uno de los grandes pilares de la agenda de negociación entre el ELN y el Gobierno es la participación de la sociedad civil, una idea que hasta ahora era difusa y que ha suscitado varias preguntas.

La participación para el ELN

Como contó La Silla, una de las grandes diferencias de la agenda de las negociaciones de paz de las Farc y las del ELN es el rol que jugará la sociedad civil y que son el sustento de los primeros tres puntos de la agenda con los elenos.

A diferencia de las Farc, que era un ejército jerárquico, el ELN es una ong armada cuyos combatientes constituyen sólo una fracción de la guerrilla y el resto son lo que ellos denominan el “frente amplio”, constituida por miles de civiles que son orgánicos al ELN y que han infiltrado el movimiento civil e instancias políticas en las zonas donde ellos tienen influencia, como Arauca.

Por eso, según el Acuerdo Marco de esa negociación, la sociedad civil participará en la elaboración de propuestas e iniciativas a lo largo de los diálogos y podrá intervenir sobre los temas de la agenda para “construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”, como dice el primer punto.

El segundo punto habla de la “democracia para la paz” entendido como un debate con la sociedad civil en la que ésta examine su participación y las decisiones en los problemas que afectan su realidad.

La idea en últimas es que para el ELN la negociación siempre ha sido vista como un escenario de diplomacia política para posicionar sus imaginarios de lucha revolucionaria y para servir como puente para que la ‘sociedad civil’ negocie con el Establecimiento.

Lo que no ha quedado claro hasta ahora es quién definirá los criterios para escoger la “sociedad civil” que participará en estos diálogos y los mecanismos que tendrán para que su voz sea escuchada. Si esos criterios no son totalmente transparentes existe el riesgo de que dada la estructura del Frente Amplio del ELN, la conversación se vuelva en realidad un ‘yo con yo’, es decir, de los militantes no armados con los amados y queden por fuera las voces de otros sectores de la sociedad menos afines al grupo guerrillero. Por ejemplo, la Mesa Social para la Paz donde tienen asiento organizaciones como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. Este último, como ha contado La Silla, tiene afinidades ideológicas con el ELN. 

Esto es precisamente lo que quieren evitar los chocoanos.

“Nosotros queremos que las comunidades verifiquen y apliquen las normas. Queremos diálogos regionales, que la gente pueda participar, que tenga un nivel real, que lleven propuestas a la mesa”, le dijo a La Silla Pacífico una alta fuente de Chocó que conoce la propuesta por dentro pero que -por su cargo- pidió la reserva de su nombre. “Queremos que [en ese diálogo] no sólo esté una parranda de intelectuales y organizaciones nacionales sino la gente afectada y que vive la realidad de la guerra”.

Aún así, por ahora no se ha definido cuál va a ser la metodología para escoger a la ‘sociedad civil’ que hará parte de los diálogos con el ELN. La Silla supo que lo que viene ahora durante los 102 días que estará en vigencia el cese al fuego bilateral es que 80 personas, 40 designadas por el ELN y otras 40 designadas por el Gobierno se sentarán a establecer cómo será la metodología para la participación social.

Allí participarán organizaciones como la USO, que ya ha venido realizando mesas sociales para discutir cómo la extracción petrolera afecta a las poblaciones.

La única línea roja que ha puesto el Gobierno es que las decisiones que se tomen en esos espacios de diálogo con la sociedad civil no se pueden plantear propuestas vinculantes: es decir, serán insumos para definir políticas públicas pero no obligaran al Estado a comprometerse a realizarlas.

Eso lo entienden los chocoanos.

“Estamos de acuerdo en que no tienen que ser vinculantes, son propuestas. Pero la esencia es que tienen que acogerlas porque salen de un pueblo”, le dijo a La Silla Abid Manuel Romaña del Fisch. Para él, “que este acuerdo tenga éxito va a depender de la capacidad propositiva de la sociedad civil, que hagamos propuestas de frente. En eso estamos”.

Aunque por ahora, los chocoanos están trabajando en un protocolo que les permita replicar esta idea de participación en otros departamentos donde el ELN ha tenido una presencia histórica como en Arauca o el Catatumbo, la posibilidad de que esas propuestas efectivamente sean acogidas, así sea como insumos o proyectos sobre los cuales plantear las dificultades estructurales que subsisten en el territorio, está atravesado por un desafío mayor: el tiempo.

Sobre todo porque aunque el plan es que la metodología de la participación social con la mesa de dialogos de Quito quede lista en diciembre, al Gobierno de Santos le queda muy poco tiempo y cada vez es más evidente que está perdiendo margen de maniobra tanto económica como políticamente. Por eso, lo que no se logre en estos meses dependerá de la voluntad política del siguiente presidente. 

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Carlos Tafurt L

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