Por Natalia Arenas · 27 de Diciembre de 2017

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Este año, sobre todo en el Pacífico, quedaron en evidencia los duros retos de implementar el Acuerdo de Paz que se pactó con las Farc. Además, se calentaron a las campañas al Congreso y a la Presidencia. Este es el top de las mayores transformaciones que tuvo el poder en el Pacífico:

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El Pacífico mostró que es la región más propensa a reciclar la guerra

La amenaza de las disidencias que había sido visible desde finales del año pasado se consolidó este año con la explosión de pequeños nuevos grupos armados o el fortalecimiento de los antiguos que se están disputando los espacios que dejaron las Farc.

Solo en Tumaco hoy operan 11 grupos distintos incluyendo tres disidencias de las Farc y con 200 mil habitantes, es el municipio donde más aumentaron los homicidios según la Fiscalía. De hecho, las cifras de la Personería de Tumaco dan cuenta que hasta el 1 de diciembre había 190 homicidios, la cifra más alta en una década según la Personera.

Esto, a pesar de que desde junio el Gobierno puso a Tumaco como un piloto para lanzar el Cuerpo Élite de la Policía con más inteligencia y coordinación para desmantelar las bandas criminales y los grupos sucesores del paramilitarismo. Además, tras el asesinato de seis campesinos cocaleros en octubre, al parecer a manos de la Policía Antinarcóticos, el Presidente Santos lanzó el Plan Atlas con 9 mil hombres de la Fuerza Pública -la mayoría de los cuales ya estaban trabajando en Nariño- para garantizar la seguridad en el Puerto y combatir el narcotráfico.

La situación también es muy grave en el norte del Cauca donde hay al menos cuatro grupos disidentes que en ocasiones trabajan conjuntamente con guerrilleros del ELN. Y en Chocó, donde el Clan del Golfo y el ELN se están disputando las rutas del narcotráfico por el Pacífico y han sitiado a las comunidades con la siembra http://lasillavacia.com/historia/mientras-el-pais-desmina-el-eln-sitia-r... de minas antipersona.

La consecuencia no es sólo que en la región fueron asesinados muchos líderes sociales como el tumaqueño José Jair Cortés, sino que volvieron las masacres de los años más crudos de la guerra, como la que ocurrió en Magüí Payán a principios de diciembre por enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las Farc.

 
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Estalló la bomba de la coca

La presión de Estados Unidos por el aumento de cultivos de coca en el país y la descoordinación entre la política de erradicación forzada y la de sustitución de cultivos se volvió una olla a presión que estalló en Tumaco y dejó en evidencia a los enemigos de la política de sustitución de cultivos.

Al principio del año, en Tumaco hubo dos paros de pequeños cocaleros que bloquearon la vía Tumaco Pasto y obligaron al Gobierno a sentarse a negociar con ellos los términos del programa de sustitución de cultivos. En el segundo paro, sin embargo, fue asesinado un Policía y varios civiles y policías resultaron heridos. Lo que había detrás, como incluso denunciaron los mismos cocaleros de la Coccam, es que la protesta fue infiltrada por el ELN y grandes narcotraficantes.

Eso obligó al Gobierno a tener que definir y caracterizar por primera vez qué es un cultivo industrial y cómo se diferencia de un cultivo de ‘subsistencia’.

Aún así, en octubre las comunidades cocaleras se enfrentaron nuevamente a la Policía que estaba haciendo erradicación forzada, presionadas en parte por las disidencias y los narcos. En hechos que aún no se esclarecen, al parecer la Policía Antinarcóticos disparó y asesinó a seis campesinos en el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera.

La bomba de la coca estalló porque a pesar de que muchos cultivadores accedieron a firmar acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos para cambiar la coca por otros productos, la erradicación se movió mucho más rápido. De hecho, el pasado 6 de diciembre, el Gobierno anunció que había cumplido la meta de erradicar 50 mil hectáreas de coca y que el departamento donde más erradicó fue precisamente Nariño, con 18 mil de esas hectáreas. En cambio, a cuatro meses de que se venza el plazo de erradicar 50 mil hectáreas de manera voluntaria, el programa va en un 20 por ciento.

 
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El ELN dio dos pasos para atrás

Después de haber dado ‘el primer paso’, al acordar el cese al fuego bilateral con el Gobierno, el ELN dio dos pasos para atrás en el Pacífico con dos hechos que violaron el cese.

El primero fue el asesinato del Gobernador Indígena Aulio Isarama Forastero en el municipio de Alto Baudó en Chocó a finales de octubre y que la misma guerrilla reconoció días después.

El segundo fue la masacre de 13 personas que estaban en una fiesta de cumpleaños de un disidente de las Farc en Magüí Payan el 27 de noviembre. Aunque la mayoría de las víctimas mortales eran disidentes de las Farc del grupo ‘Resistencia Campesina’ (y el cese no los cobija), en la masacre también cayeron civiles como el representante legal del consejo comunitario manos Amigas, Edison Ortíz. Además, el ELN presuntamente retuvo al hermano de Ortiz, Wilman Haney que quedó herido en una pierna tras la masacre.

Lo que quedó en evidencia con estos hechos, además, es que los elenos en el Pacífico no le están obedeciendo al Comando Central que está negociando la paz en Quito.

 
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Regresó el parapolítico Juan Carlos Martínez

Después de haber quedado ‘muerto políticamente’ en las elecciones regionales de 2015, el ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra regresó no sólo con candidatos al Congreso en el 2018 sino con la boleta de libertad tras haber pagado la pena de siete años y seis meses por haberse aliado con los paramilitares de alias ‘HH’ para hacerse a su curul en 2002.

Sus primeras declaraciones las dedicó a echar al agua a los políticos que -según él- ‘lo traicionaron’, entre ellos la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y su grupo político a quienes asegura que apoyó aún estando preso y luego lo dejaron solo.

Las cartas de Martínez para las elecciones del próximo año son Daniel Garcés Carabalí, su sobrino, y líder del Proceso de Comunidades Negras, PCN, que aspira a la Cámara de Representantes por la curul afro y al Senado por Opción Ciudadana, el viejo PIN, aspira su amigo William Rodríguez Cabal.

Para apalancar esas aspiraciones Martínez cuenta con aliados como el alcalde de Tumaco, Julio César Rivera y el de su natal Timbiquí, Edison Castro Lerma, a quienes respaldó en sus campañas.

 
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El Pacífico indignado se hizo oir

Bajo la premisa de que “el pueblo no se rinde, carajo”, este año, los paros cívicos de Chocó y de Buenaventura no sólo paralizaron su propio comercio sino que lograron que sus reclamos, que surgieron tras muchas promesas incumplidas, fueran escuchados e indignaran al resto del país.

El paro de Chocó que se extendió por 22 días surgió luego de que el Gobierno incumpliera su promesa de terminar las dos únicas vías que comunican al departamento con el resto del país como se había pactado en el 2016. Al final, los chocoanos lograron volver a comprometer al Gobierno a destinar más de 400 millones de pesos del presupuesto del próximo año y de vigencias futuras para ahora sí, terminar las vías. Las tres licitaciones se adjudicaron en diciembre.

Mientras tanto, el paro cívico en Buenaventura que se originó también tras varias demoras e incumplimientos de los compromisos que adquirió el Gobierno en 2014, se montó casi que exclusivamente sobre la exigencia de que el Gobierno decretara la emergencia económica, social y ambiental de la ciudad.

Tras 21 días de protesta, miles de heridos por enfrentamientos con el Esmad, mucha carga represada en el principal puerto sobre el Pacífico, y cientos de manifestaciones de apoyo a los bonaverenses dentro y fuera del país, el Gobierno aceptó crear un fondo de patrimonio autónomo, donde tendrán asiento tanto representantes del Gobierno como líderes del paro para gestionar recursos que permitan sacar a la ciudad del atraso en el que está. Ese fondo se convirtió en ley a finales de noviembre.

 
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Terminó la novela de las curules de los afro no afro

Después de tres años de pelea jurídica, la curul de la circunscripción afro que estaba vacante desde las elecciones de 2014 finalmente se llenó con la decisión del CNE de nombrar a la ex reina de belleza chocoana, Vanessa Mendoza. Aunque en las elecciones ella sacó menos de 600 votos, fue la única candidata que se inscribió por un consejo comunitario y por eso, se quedó con la curul.

Así, terminó la novela de las curules afro no afro que en las últimas elecciones legislativas ganaron los dos candidatos del polémico sucreño Yahir Acuña y que luego perdió, inicialmente con la muerte de María del Socorro Bustamante y luego con la decisión del Consejo de Estado de tumbar la elección de Moisés Orozco, que más tarde fue asesinado en el Valle del Cauca.

 
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Un abanderado anticorrupción terminó acusado por presunta corrupción

En octubre, la Fiscalía anunció que le iba a imputar cinco delitos al Gobernador de Nariño, Camilo Romero, por presuntamente haber cambiado las condiciones para la comercialización de 80 mil cajas de Aguardiente Nariño en el departamento en agosto del año pasado y que favoreció a una persona allegada a la campaña Gobernador en 2015.

La audiencia de imputación se celebró en Bogotá a finales de noviembre y el Gobernador se declaró inocente de los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y revelación de secreto. Todo un prontuario que ahora la Fiscalía le tendrá que probar a un político que se ha arropado desde que inició su precoz carrera pública con la bandera anticorrupción.

 
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La poderosa Rosa Solís recibió un duro golpe

Después de seis años, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una demanda que amenaza el poder de una de las mujeres más polémicas del Valle del Cauca, que hasta ahora ha sido el ‘palo en la rueda’ de los grandes proyectos de infraestructura en Buenaventura: Rosa Emilia Solís.

El Tribunal decidió anular los títulos de propiedad colectiva de los consejos comunitarios de Gamboa y La Caucana, el primero representado legalmente por Solís y el segundo donde ella ejerce influencia a través de su representante legal y aliada, Marleny Hinestroza.

Aunque la decisión es de primera instancia, por lo que depende del Consejo de Estado si se aplica al final, la decisión representa de entrada un duro golpe para Solís, que había cimentado su poder en buena parte sobre el dominio que logró en ambos consejos comunitarios que están localizados en un punto estratégico del primer puerto sobre el Pacífico. Allí el Gobierno planea construir la nueva ciudad de Buenaventura con una inversión de 200 mil millones de pesos y que por las mismas condiciones del proyecto, si ella esla dueña de la tierra entraría como socia.

 
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Buenaventura perdió a su principal aliado

Monseñor Héctor Epalza se retiró en agosto después de haber trabajado 13 años como obispo de Buenaventura. Fueron años en los que, a pesar de sus achaques de salud cada vez más pronunciados y el cansancio de sus 77 años, el Obispo no dejó de ser la voz de Buenaventura y un aliado estratégico de los movimientos sociales para que el resto del país conociera “la maldad”, como él mismo lo llamó, que concentra el principal puerto sobre el Pacífico. Por ejemplo, fue quien denunció las casas de pique que llevaron a los bonaverenses a protestar en el paro cívico del 2014 y uno de los principales apoyos del paro cívico de este año que buscaba declarar la emergencia económica y social en la ciudad. A partir de agosto, y por decisión del Vaticano, su reemplazo es el padre Rubén Darío Jaramillo Montoya.

 
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Chocó se quedó con Belén de Bajirá

A pesar de las protestas del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y de toda la bancada antioqueña en el Congreso, en junio el Instituto Geográfico Agustín Codazzi finalmente publicó el mapa que dejó al corregimiento de Belén de Bajirá en territorio chocoano. Había sido un compromiso del Gobierno para levantar el paro cívico de Chocó de mayo. Así, se resolvió una disputa limítrofe entre los dos departamentos que estuvo vigente por 17 años.

 

Contexto

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