¿Y aquí quién paga?

Es claro entonces que la gestión del capital natural colombiano es costosa y que ese dinero debe salir de alguna parte, de ahí la pregunta ¿Y aquí quién paga?

Juan Pablo Romero Rodríguez
Juan Pablo Romero Rodríguez
Ingeniero Ambiental
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26 de Abril de 2018

“Todos los procesos que dan sustento a la vida en el planeta están bajo el control del ser humano”. Esta afirmación basada en el trabajo del doctor Paul J. Crutzen, fue hecha por     Francisco Alpizar (Director e Investigador Senior, Programa de economía y medio ambiente para el desarrollo del CATIE) en el marco del simposio de crecimiento verde desarrollado en Bogotá en Julio del 2017.

La afirmación es fundamental para que todos los actores de la sociedad entendamos mejor cuál es nuestro papel dentro de la gestión del mundo, es decir, es responsabilidad de todos mantener los procesos que hacen posible nuestra vida en este planeta ya que, si no lo hacemos, no seremos viables como especie en el mediano y largo plazo.

El mantenimiento de los procesos que soportan nuestra vida lo hacen los ecosistemas naturales limpiando el aire, purificando el agua, regulando la temperatura y, entre otras, haciendo que los suelos en los que cultivamos nuestros alimentos sean fértiles.

La protección de los ecosistemas naturales del país es una tarea compleja que requiere esfuerzos interinstitucionales significativos, pero por sobre todo, requiere recursos económicos que permitan desarrollar las acciones necesarias para que el Capital Natural del país se mantenga en el tiempo. Desafortunadamente, el estado Colombiano no invierte lo suficiente en esta tarea.

Es entonces importante entender que el país ha adoptado un modelo de gestión en el que se delimitan zonas de importancia ambiental y, para mantener su buen estado, se les han dado categorías de protección que restringen el uso del suelo. El principio de esta decisión es que, si se mantienen en buen estado estos ecosistemas, la sociedad colombiana puede continuar recibiendo los beneficios que estos aportan.

Las áreas protegidas nacionales son administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia, organización que a través de su publicación de “Aporte de los parques nacionales naturales al desarrollo socio-económico de Colombia” concluye que dichas áreas aportaron en 2013 beneficios a la sociedad colombiana por casi tres mil millones de dólares en servicios ecosistémicos asociados al agua y los sectores mayormente beneficiados fueron el agrícola, el energético y el de consumo doméstico.

Es importante observar que, si lo anterior tuviera en cuenta servicios ecosistémicos adicionales a los hidrológicos, por ejemplo, asociados al carbono, al hábitat de especies, al turismo y a la cultura, la cifra de beneficios aportados a la sociedad colombiana sería mucho más alta.

Es apenas lógico pensar que, si hay algo tan valioso para un país, los esfuerzos económicos alrededor de su mantenimiento deberían ser equivalentes a la magnitud de los beneficios que aportan. Sin embargo, esto no es así.

De acuerdo con el mismo estudio anteriormente citado, en el 2013 Colombia asignó un presupuesto por hectárea de área protegida equivalente a la mitad de lo que invierte México, el 3 por ciento de lo invierte Costa Rica y el 2 por ciento de lo que invierten los Estados Unidos.

No solamente Colombia invierte menos sino que, de acuerdo con la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, para el 2012 esta institución tenía una brecha financiera de aproximadamente 479 mil millones de pesos.

La situación anterior es grave y el fenómeno nacional es mucho más grave. Por toda Colombia hay ecosistemas naturales que no se encuentran dentro de áreas protegidas y que deben mantenerse y, por lo tanto, se debe asegurar que lo que está en buen estado se mantenga de esta forma.

En segundo lugar, se debe buscar mejorar el estado de los ecosistemas que están degradados.

En tercer lugar se debe propender porque haya cada vez más tierras cubiertas con ecosistemas naturales y en cuarto lugar hay que lograr que los métodos de producción agropecuaria e industrial sean cada vez menos impactantes sobre los ecosistemas naturales.

Es claro entonces que la gestión del capital natural colombiano es costosa y que ese dinero debe salir de alguna parte, de ahí la pregunta ¿Y aquí quién paga?

Esa pregunta debe ser respondida entendiendo varias cosas. La primera es que, en la medida en la que las acciones que no se hagan ahora, se van volviendo más costosas en el futuro porque la magnitud y la complejidad de las tareas aumentan. Por ejemplo, es más costo eficiente conservar un pedazo de bosque que tenerlo que volver a plantar para tratar de devolverlo a su estado natural.

En segundo lugar, esta tarea no solo es responsabilidad del estado colombiano. Si todos nos beneficiamos de los ecosistemas, todos deberíamos aportar activamente en su mantenimiento. Es acá donde una situación ambiental que requiere de aportes económicos se vuelve un asunto político.

Si a un industrial le solicitaran recursos adicionales para el mantenimiento de los ecosistemas que le prestan servicios ecosistémicos, él o ella podrían plantear justamente que ya pagan impuestos ambientales como el impuesto nacional al carbono o la tasa por uso de agua.

En esta misma línea, si se hiciera el mismo requerimiento a empresas del sector de generación eléctrica del país, podrían argumentar de manera justa que, desde hace muchos años, hacen transferencias millonarias de dinero a autoridades ambientales y a municipios de donde toman el agua para generar su energía y que eso debería ser suficiente.

Si se solicitara a las personas que hicieran aportes económicos para el mantenimiento de las cuencas de las que se capta el agua que consume su hogar todos los días, también de manera justa las personas podrían argumentar que el agua está carísima y que su capacidad adquisitiva no les permite pagar más.

Es claro entonces que diferentes sectores de la sociedad ya hacen algún tipo de aporte económico dirigido al mantenimiento de los ecosistemas naturales del país. Sin embargo, esto no es suficiente y por lo tanto estos aportes deben aumentar, bien sea a través de aportes voluntarios en esquemas de pago por servicios ambientales o en esquemas de inversión para la gestión ambiental mejor conocidos como fondos de agua.

Sin embargo, si el sector privado y la sociedad civil en general no hacen los aportes necesarios de manera voluntaria para el mantenimiento de los ecosistemas estratégicos del país, se tendría que analizar aumentar los impuestos para buscar asegurar la financiación en el corto mediano y largo plazo de las inversiones requeridas.Por otro lado, es claro que la inversión debe hacerse más eficiente en lo público para que el recurso que se tiene alcance para cada vez más cosas, adicionalmente la corresponsabilidad dentro de lo público tiene que ser más significativa.

Ministerios como el de Minas y Energía y Agricultura deben hacer cada vez más inversiones sobre ecosistemas estratégicos que muy buena medida son la base del desarrollo de sus carteras. La corresponsabilidad es clave en el mantenimiento de los ecosistemas naturales, así las cosas, si todos los actores de la sociedad colombiana no nos asumimos de alguna forma como parte de esta titánica tarea, no seremos viables ni en el mediano ni en el largo plazo.