Santurbán o las delimitaciones espurias

La delimitación del Páramo de Santurbán, recientemente tumbada por la Corte Constitucional, es una muestra fehaciente de que resulta imposible conciliar dos finalidades disímiles: hacer minería y preservar el medio ambiente. La opción más sensata es proteger íntegramente la montaña con todos sus ecosistemas, y propender por un abandono de la economía extractivista. 

Fredy Cante
Fredy Cante
Profesor en Universidad del Rosario
7 Seguidores94 Siguiendo

0 Debates

2 Columnas

Columna

267

0

09 de Noviembre de 2017

Al menos en Colombia (Macondo), la realidad sobrepasa la ficción. En el muy breve relato, “Del rigor en la ciencia”, Borges cuenta que en un imperio consagrado a la cartografía, los hacedores de atlas se obsesionaron con la construcción de mapas cada vez más grandes, hasta que un día construyeron un mapa escala uno a uno, del tamaño enorme del país, para captar todos los detalles. Con el paso de los años—narra el literato—, las gentes comprobaron lo inútil de semejante creatura,  y de tal cartografía se conservan vestigios en los marginales desiertos, los cuales sirven de guarida a los animales y de abrigo a los mendigos.

En la reciente Constitución política de Colombia, supuestamente redactada por gentes liberadas de desvaríos, se lee en el artículo 332 que: “El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes”.  Para efectos prácticos, tal lógica implica que los derechos de propiedad de individuos y comunidades, sus espacios apacibles y el ambiente natural y la soberanía alimentaria quedan, literalmente, en el aire como en la famosa canción de Escalona: “Voy hacerte una casa en el aire solamente pa´que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande con nubes blancas que diga "andaluz"…”. Esta es una sutil y leguleya tentativa de expropiar a los pueblos, mediante la imposición de arbitrarios linderos entre el arriba (suelo) supuestamente para los pobladores y el abajo (subsuelo) que es, efectivamente,  apropiado por el Estado y sus consentidos: las empresas dedicadas a la extracción de minerales y energías.

Existe otro inverosímil y muy reciente mapa: la demarcación de un ecosistema que es el páramo y, en particular, el caso de Santurbán en los santanderes, que tiene una tormentosa historia. Hay 30 municipios que hacen parte de este territorio, en particular, los de Vetas y California que, como evocan sus nombres, han hecho minería artesanal durante siglos. Una década atrás irrumpió en el escenario la empresa minera canadiense (ayer Greystar) hoy bautizada con el eufemístico nombre de Eco Oro y,  para esta firma,  lo verdaderamente importante, es el gigantesco acervo de oro y plata que se esconde en las entrañas de la gran montaña. En los últimos meses la minera árabe Minesa es otra que irrumpe ávida de oro.

La administración Uribe (2002-2010) dejó un legado de confianza inversionista (en particular para las grandes compañías transnacionales), con nefastas consecuencias ambientales y sociales. Dejó un país con 8.53 millones de hectáreas de superficie tituladas (destinadas) para proyectos mineros, con aproximadamente 122.000 títulos dentro de los páramos. El código de minas vigente excluye la minería dentro de páramos pero esto implica que tales ecosistemas deben ser delimitados. A la administración Santos le correspondió asumir la nada fácil misión de delimitar este ecosistema, para lo cual contrató al Instituto Humboldt.

En general, los páramos son bellos ecosistemas montañosos que se ubican por encima de los 3.000 metros, son —entre otras cosas— reservorios de agua y nacederos de ríos, y hay muy pocos en el mundo, en países como Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Costa Rica. La delimitación de estos ecosistemas consiste, a grandes rasgos, en trazar un lindero que diferencie el páramo de los otros ecosistemas que se encuentran por debajo de la cota de los 3.000 metros. Es una tarea factible para los simples ámbitos de la mecánica, quizás para la delimitación de propiedades horizontales en las urbes,  pero inaplicable para el  mundo de flujos y complejas interacciones del mundo de la vida. Delimitar un ecosistema equivale a suponer que este se puede aislar de su entorno, algo tan inverosímil como partir un organismo vivo por la mitad (y suponer no se transformará en una naturaleza muerta), o —recordando la historia de Shakespeare sobre el mercader de Venecia— el querer arrancar una libra de carne de un ser humano sin derramar una sola gota de sangre.

El Instituto Humboldt asumió tal misión imposible y produjo un mapa bastante cuestionado, pese a las elevadas matemáticas, y al análisis de imágenes satelitales. Tal tentativa de demarcación es, en el terreno, otro esperpento similar al de trazar una frontera factible entre el suelo y el subsuelo. Tal demarcación no es una labor desinteresada e inocente, pues implica que al trazar una frontera, supuestamente, el páramo se preserva aunque por debajo de los 3.000 metros se haga una labor que destruye el resto de la naturaleza: en el caso de Santurbán las zonas no cobijadas por el mapa quedan destinadas para labores que degradan el ecosistema como la agricultura y la ganadería y, peor aún, para la extracción de un mineral no renovable que sólo beneficia a los rentistas y especuladores: el oro. Con tal adefesio el páramo queda flotando en el aire, pues si se hace minería por debajo de tales ecosistemas esta sería de socavón. Además los indómitos flujos de agua, aire, animales y seres humanos que fluyen en el suelo y en los subterráneos —a pesar de los trazos fronterizos dibujados en los mapas— alterarían y dañarían todo el ecosistema natural.

En días pasados la Corte Constitucional tumbó la mencionada delimitación, y ordenó, entre otras cosas, un proceso de consultas populares para que una nueva demarcación sea legítima y consensuada. En el contexto histórico de Santurbán existe un riesgo no deleznable, relacionado con los intereses creados tan afines al derecho (hay que recordar que la posesión, es decir, los derechos adquiridos, constituyen nueve décimos de la ley), y puede ocurrir que renazcan algunos proyectos mineros en inmediaciones del páramo.

Lo importante es que la decisión de la Corte Constitucional abre una ventana de oportunidad para que las consultas con las comunidades permitan mejorar las cosas. Lo sensato sería salvar, íntegramente, la gran montaña con todos sus ecosistemas, y con los pobladores que han mantenido algunas economías no tan nocivas para la naturaleza.

Una salida de mayor trascendencia a tan complejo problema puede consistir en una demarcación más de orden político (un viraje radical en la política pública de minas y energía), que en una delimitación técnica. Si queremos preservar ecosistemas como los páramos, lo viable es optar por abolir la extracción de combustibles fósiles (que son grandes aportantes al calentamiento global), y de minerales como el oro (que salvan a los especuladores y dañan la naturaleza). Adicionalmente habría que imponer un impuesto ecológico para que los beneficiarios del agua pura —los citadinos de urbes como Bucaramanga— paguen para ayudar a la menguada economía de quienes habitan el páramo. La resultante carencia de rentas minero-energéticas debida al abandono del nocivo modelo extractivista se puede remediar mediante la implementación de otro tipo de economías menos nocivas.