¿Cómo hacer más eficaz la financiación de las CAR en el posconflicto?- Una mirada al Fondo de Compensación Ambiental

Una de las tareas pendientes del Gobierno Nacional es diseñar la arquitectura financiera que lleven a la financiación sostenible del posconflicto ambiental, los recursos son escasos en las zonas más afectadas con el conflicto armado durante décadas y se requieren inversiones determinantes en conservación y restauración ambiental.

Luis Felipe Guzmán Jiménez
Luis Felipe Guzmán Jiménez
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19 de Septiembre de 2017

El Fondo de Compensación Ambiental es uno de los mecanismos de financiación de la gestión ambiental que alimenta los presupuestos de las Corporaciones Autónomas Regionales. Tiene su origen en la Ley 344 de 1996 que reconoció la desigualdad de recursos entre las Corporaciones del país, su desarrollo reglamentario esta compuesto por el Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico de Presupuesto), Decreto 954 de 1999 (Reglamenta el funcionamiento y administración del Fondo) y los Acuerdos del Comité del Fondo Nº 4/2010,  Nº 5/2011, Nº6/2012 y Nº7/2013; este es el compendio normativo que marcá las actuaciones de éste.

Fue necesario la creación de un fondo que se encargará de redistribuir los recursos entre éstas, de forma equitativa, teniendo en cuenta que existen Corporaciones con mayores ingresos que otras, todo ello para garantizar el cumplimiento de sus funciones administrativas en todas las regiones del país.

Las Corporaciones tiene el gran reto de ser autoridades ambientales en los 32 departamentos de Colombia, el segundo país más biodiverso y uno de los más ricos en cuanto a disponibilidad de agua en América Latina. Desafortunadamente, las Corporaciones Autónomas más “pobres” son las que tienen en sus territorios ecosistemas estratégicos dignos de conservación ambiental y padecen conflictos socio ambientales por proyectos de interés nacional en materia de infraestructura vial, industrias extractivas de recursos naturales no renovables y ganadería extensiva, todos una gran amenaza a los ecosistemas y la diversidad biológica; sumado a ello, una gran presión ambiental debido a los bloques de minería criminal (OECD/ECLAC, 2014).

Además de lo anterior, estas Corporaciones Autónomas “pobres” en recursos económicos tienen competencia administrativa en las grandes áreas de protección o conservación ambiental del país, en donde hay poca población y por ello sus ingresos provenientes de las transferencias del impuesto predial, sector eléctrico, tasas retributivas o multas son escasos o inexistentes, y son castigadas presupuestalmente. Un hecho preocupante si se tiene en cuenta que estas corporaciones jugarán un rol determinante en los territorios del pos acuerdo, pos conflicto o escenario de paz.

Los ingresos del Fondo provienen del 20% de los recursos percibidos por las Corporaciones Autónomas Regionales, con excepción de las de Desarrollo Sostenible por concepto de transferencias del sector eléctrico y el 10% de las restantes rentas propias, con excepción del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble percibidos por ellas y de aquéllas que tengan como origen relaciones contractuales interadministrativas.

La distribución de dichos recursos opera por transferencias del Ministerio de Ambiente a las 15 Corporaciones Autónomas Regionales que han sido identificadas con los recursos más precarios para el financiamiento de gastos de inversión, funcionamiento y servicio a la deuda, luego de la asignación realizada por la junta técnica del Fondo (teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para la selección de las Corporaciones), incluyendo las 7 Corporaciones de Desarrollo Sostenible (CDA, Corpoamazonia, Corpomojana, Corpourabá, Coralina, Codechocó, Cormacarena).

Dicho Fondo ha cumplido un papel importante en la gobernanza ambiental de las autoridades regionales permitiendo el acceso equitativo a fuentes de financiación  por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales. Pero existen algunas falencias que podrían ser objeto de reformas para consolidar un mecanismo eficaz y oportuno para la gestión ambiental en Colombia, los presentamos a continuación: 

Algunos problemas puntuales

En cuanto al acceso, esta fuente de financiación no permite que las entidades territoriales se beneficien de ella. Si bien está diseñada para las Corporaciones Autónomas Regionales, los municipios deben hacer inversiones ambientales importantes en el territorio y planificar para generar desarrollo sostenible; por ello, considdero importante crear unas regalías ambientales como incentivo financiero para aquellos municipios que conserven el patrimonio natural en su jurisdicción, lo cual garantizaría una distribución justa y equitativa de recursos para conservación. 

En cuanto a las rentas que los alimentan, debe hacerse una revisión de éstas pues existen algunas corporaciones que pueden aportar más que otras; para ello es necesario implementar un sistema de información ambiental que aglutine aspectos económicos para poder contar con el insumo a la hora de tomar decisiones.

En cuanto a la distribución, es necesario implementar una política de reasignación de los recursos, pues se esperarían mayores aportes para la Amazonía y la Orinoquía, toda vez que estas zonas son estratégicas para el país y la inversión considerable de recursos resulta una prioridad. 

En cuanto al impacto de la financiación, los gastos de inversión, funcionamiento y servicio a la deuda deben ser por períodos que garanticen un impacto al interior de las entidades y una continuidad en la ejecución de recursos, es decir un fortalecimiento institucional pues la forma de distribución actual no apunta a la auto sostenibilidad en el largo plazo.

En conclusión, el Fondo de Compensación Ambiental debe ser objeto de un proceso de reingeniería administrativa y financiera para que se convierta en una de las más fuertes y estables fuentes para la gestión ambiental en Colombia. De lo contrario, seguirá siendo el fondo que distribuye recursos entre las Corporaciones con menores ingresos y nunca se podrá hablar de Corporaciones autónomas financieramente. Finalmente, es una deuda historica con los lugares mas apartados de la Capital, los cuales albergan gran parte de Biodiversidad del país por lo tanto los recursos deberán destinarse a labores de conservación  y a la restauración de los daños ambientales que ocasionó el conflicto en estas zonas del país.


Este Fondo entró a operar con el Decreto 954 del 2 de junio de 1999, desde su operacion hasta el año 2002, este fondo distribuyo $23.650 millones entre las 15 corporaciones de menores recursos contribuyendo a aliviar su situación deficitaria.

Los cuales serán los percibidos por concepto de transferencias del sector eléctrico y 10% de las restantes rentas propias, con excepción del porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble percibidos por ellas y de aquéllas que tengan como origen relaciones contractuales interadministrativas.

Este comité técnico del Fondo de Compensación Ambiental está integrado por: 2 representantes del Ministerio de Medio Ambiente, incluido el Ministro o su delegado, 1 representante de la Unidad de Política Ambiental del Departamento Nacional de Planeación, 1 representante de las Corporaciones Autónomas Regionales y 1 representante de las Corporaciones de Desarrollo Sostenible.

En la actualidad el Fondo de Compensación Ambiental se rige por el Acuerdo No. 4 de enero de 2010, última modificación del Reglamento Operativo, ese es el instrumento orientador respecto a los requisitos y procedimientos asociados al Fondo.