Revista al Alcalde más mediático de Colombia

Tienen razón los contratistas psicosociales que por estos días reclaman del Alcalde Federico Gutierrez el respeto a sus profesiones, su dignidad laboral y ser reintegrados a sus empleos en condiciones decentes, mientras rechazan el constante poner y quitar de empleados al tenor del capricho de la administración municipal.

Amaury Núñez González
Amaury Núñez González
Politólogo
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22 de Febrero de 2017

Medellín atraviesa un profundo drama económico y social, más allá de los reflectores que le intentan colocar. De cada cien pesos que se producen al año, el 10% más rico se apropia de 47 pesos, el 10% más pobre apenas recibe 70 centavos. Por cada 100 hogares, en 20 de ellos los miembros de la familia dejan de comer alguna de las 3 comidas del día, 65 tienen ingresos inferiores a un salario mínimo, y en 75, por las condiciones de desempleo y falta de capacidad de generación de ingresos, la carga de la economía doméstica está soportada en menos del 30% de sus miembros. A un poco más de la mitad de los 808 mil hogares la factura de servicios públicos se les come un tercio de los ingresos, hay 45 mil hogares desconectados de agua, 18 mil de gas y 90 mil de la energía. El 45% de los hogares no tienen vivienda propia, y el déficit de vivienda asciende a 150 mil.

Durante administraciones anteriores, que no han sido propiamente las más efectivas en reducción de la pobreza y desigualdad, se sostuvieron programas como Medellín Solidaria, Buen Comienzo, Buen Vivir en Familia, Escuelas y Colegios Saludables y Salud en el Hogar. Al iniciar la administración de Federico Gutiérrez estos tenían cerca de 700 trabajadores, que se han reducido en al menos un 50%. Esa inestabilidad laboral produce efectos adversos en la política social del Municipio y, para quienes le han plantado cara, el perfil de los nuevos contratistas no es meritorio en todos los casos. También han denunciado que con la inestabilidad generada se presentan periodos de inatención de las familias inscritas en ellos. Todo esto atravesado por la angustia laboral generada por la figura de prestación de servicios bajo la cual cumplen sus funciones. Un constante poner y quitar de empleados al tenor del capricho de la administración municipal.

Según el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín, el presupuesto de la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín, entre el año 2014 y 2017, creció un 682%, con $ 2.045 millones adicionales. A su vez, las comunicaciones del Alcalde tienen una adición presupuestal para 2017 de $ 10 mil millones, un 196% más que en 2014. Teniendo en cuenta únicamente las diferencias registradas el último año, dichas dependencias obtuvieron incrementos por 425 y 124% respectivamente, mientras que lo destinado para desarrollo económico, entre 2014 y 2017, registra una reducción de 40 mil millones, 37% menos que ese año. Reducciones similares adelantó Federico Gutiérrez para Juventud, de $ 2.835 millones entre 2014 y 2017, 45% menos, y Mujeres, de $ 6.500 millones, equivalentes a un 49% menos. Curiosamente, la Secretaría de Inclusión Social y Familia, de la cual dependen los programas en cuestión, sí obtuvo recursos adicionales entre 2016 y este año, superiores a los $8 mil millones, 4% más. Entonces ¿en qué se está gastando esa plata y por qué los recortes de personal de los programas? Lo que sí queda claro es el gran ímpetu con que se embalsama de billetes a las comunicaciones del Alcalde más mediático de Colombia, cosa que no debería sorprender a nadie si se tiene en cuenta su maratónica exposición en redes sociales.

La tercerización en Colombia afecta a la mitad de la Población Económicamente Activa, y una de sus modalidades son los aberrantes contratos de prestación de servicios. Alrededor de 15 millones de trabajadores no tiene contrato formal y la mitad están contratados de manera ilegal. Actualmente, la , oráculo en lides económicas para el gobierno nacional, es la de aumentar los empleos temporales por encima de los empleos permanentes. Según la OIT, Colombia es el país de América Latina con mayor penetración del empleo temporal con relación al número de trabajadores asalariados, y está entre los cinco primeros del mundo. Los trabajadores tercerizados ocupan los empleos formales de menor calidad siendo su remuneración un 40% menor que la de los trabajadores con contratos a término indefinido. Tienen razón los contratistas psicosociales que por estos días reclaman del Alcalde y su administración el respeto a sus profesiones, su dignidad laboral y ser reintegrados en condiciones decentes.

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