Políticas insuficientes

Frente a la migración venezolana seguimos sin acertar

Juan Thomas Ordóñez
Juan Thomas Ordóñez
Profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario
24 Seguidores10 Siguiendo

0 Debates

3 Columnas

Columna

104

0

12 de Febrero de 2018

 

La semana pasada salió una nueva política de regularización de migrantes venezolanos que amplía hasta el 2 de febrero la fecha de entrada límite para regularizar el estatus migratorio a través del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Al igual que en su versión anterior, que iba hasta mediados del año pasado, tramitar el PEP es un proceso que se ofrece solo a venezolanos que hayan entrado por los puntos fronterizos “habilitados” y que tengan el sello de entrada en su pasaporte.

 

Además de esto, el presidente Santos anunció en Cúcuta una serie de medidas de control y atención al migrante que incluyen la suspensión de la expedición de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), varios esfuerzos de incrementar la presencia del Estado en la frontera y de establecer instrumentos de control efectivos al interior del país. Finalmente, el gobierno propone obligar a todos los migrantes venezolanos, sin importar su estatus, a registrarse en las Personerías y Defensorías de los lugares donde viven, con el fin de poder caracterizar mejor a la población.  La gran mayoría de estas medidas siguen lógicas burocráticas que no se acoplan a la realidad de una parte significativa de la población migrante. En su conjunto, lo anunciado abre más interrogantes que los que alcanza a responder.

 

Aunque “regularizar” el estatus de miles de migrantes es complejo, es poco probable que las limitaciones impuestas al PEP ayuden a atender realmente la situación actual en Colombia. En primer lugar, creer que con esto van a controlar mejor la entrada por los puestos oficiales es iluso y corre el riesgo de estigmatizar más a quienes entran a Colombia por cruces irregulares. La lógica del PEP es que se le otorga a quienes entren a Colombia “bien,” con todos los papeles en orden. Pero construir el proceso de esta forma más bien apunta a que quienes no lo hagan están escondiendo algo al evitar a las autoridades colombianas. En una frontera tan amplia y tan permeable, las razones para escoger uno u otro cruce no son “morales”, es decir gente de todo tipo cruza por ambos; es un hecho histórico, no una particularidad del momento. Hasta ahora no hemos visto una política real que atienda el creciente número de personas que han entrado al país por los cruces informales o cuyos papeles ya no están en regla. ¿Qué pasa con ellos? ¿Los van a devolver? ¿Tienen alguna oportunidad de “regularizarse”? La respuesta a esta última pregunta es no, pero las primeras dos no son tan claras, lo que obliga a preguntar también ¿Por qué no establecer una forma de regularizarlos?

 

Por otro lado, requerir pasaportes vigentes y otros tipos de documentos emitidos por el Estado venezolano muestra un profundo desconocimiento de la situación actual en el país vecino, o, peor aún, un cinismo absoluto. El problema en Venezuela no es únicamente uno de escasez económica, “falta de oportunidades” y varios tipos de vulnerabilidad social y política, sino que también es una escasez documental. Para muchos venezolanos es imposible tramitar pasaportes y otros tipos de documentos en su país de origen. Eso es parte de la crisis que están buscando escapar. ¿Cuál es la lógica de que un gobierno (el colombiano) exija los documentos de otro gobierno (el venezolano) cuando parece tener claro que ese gobierno no está supliendo las necesidades básicas de su población? Parece que “necesidades” no incluye la necesidad de documentación…

 

Y esto no se limita a documentos de identidad, se replica en los requerimientos de convalidación de títulos profesionales y otras áreas. Mientras que el gobierno colombiano admite que hay una crisis migratoria, le exige a los migrantes sus actas de nacimiento, certificados y otros papeles, muchas veces incluyendo apostillas y sellos, aun cuando es claro que en muchos casos no los pueden conseguir. En últimas parece que en Colombia estamos promoviendo una crisis documental como respuesta a una crisis migratoria.

 

Las políticas de solidaridad y de “regularización” de migrantes de Colombia (la última una necesidad administrativa más que otra cosa) no pueden seguir lógicas burocráticas que asuman una equivalencia en su contraparte venezolana. No hay, ni habrá por un buen rato, tal equivalencia. Esto solo nos puede llevar a la conclusión lógica de que lo que se está haciendo con el PEP y otros trámites es tratar de limitar la entrada de estas personas, y, una vez dentro de Colombia, limitar su acceso a la salud, educación y trabajo, algo que definitivamente no es “solidaridad,” pero más aún, no es viable ni tampoco necesario. El Estado lo que necesita es entender quiénes están entrando y qué está pasando con ellos.

 

Y eso me lleva al último punto, que es la absurda idea de que para caracterizar a la población deben obligar a todos los migrantes venezolanos a registrarse en las Personerías y Defensorías del país. Bajo la pretensión de “conocer” a los migrantes, un gobierno que está enviando mensajes cruzados sobre lo que piensa de esta población, establece una política que solo puede ser interpretada como represiva o por lo menos sospechosa. ¿Por qué se registrarían migrantes irregulares si todo parece indicar que el Estado no tiene interés en ofrecerles los beneficios de algo como el PEP? ¿Si las vaguedades y ambigüedades en los mensajes oficiales apuntan a que quien no tenga documentos en regla no tendrá acceso a servicios, por qué esperan que se acerquen a sus oficinas? ¿No será que lo que quieren es más bien otra cosa, como saber dónde viven para ir a buscarlos? Estas preguntas se las hacen los migrantes irregulares de muchos países del mundo. Por lo menos en esos países el miedo no lo promueven políticas que se presentan como “solidaridad”.