Más allá de la buena calificación de Colombia en el Índice de la Gobernanza de los recursos Naturales 2017

Colombia fue clasificada entre los 10 países que mejor usa y gestiona sus recursos naturales, de acuerdo al Índice de la Gobernanza de los Recursos  Naturales 2017. El buen desempeño general, contrasta al desagragar los resultados y deja ver vacios en materia de divulgación de información, transparencia en el manejo de Ecopetrol, rendición de cuentas, entre otros. 

Yessica Prieto Ramos
Yessica Prieto Ramos
Coordinadora de Investigaciones de Crudo Transparente
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06 de Julio de 2017

Colombia obtuvo un desempeño satisfactorio -71 puntos sobre 100- en el Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales 2017 del NRGI (Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales por sus siglas en inglés), para el sector petrolero y gasífero. Una noticia alentadora para el gobierno nacional en momentos donde las industrias extractivas están siendo rechazadas por las diferentes regiones del país. Pese a esta calificación, el informe detalla puntos críticos que son importante tener en cuenta y que dejan ver las debilidades del país para el buen uso y gestión de sus riquezas naturales.

El índice es el resultado del análisis de las políticas y prácticas adelantadas por los gobiernos de 81 países respecto a sus industrias de petróleo, gas y minería. El país se ubicó en el puesto séptimo a nivel general y tercero dentro de América Latina, siendo Noruega, Chile y Reino Unido los países abanderados en estas prácticas. Se destacan la gestión del fondo soberano (calificación de 100 sobre 100), proceso presupuestario nacional y la distribución territorial de los ingresos provenientes de las actividades de explotación de crudo y gas.

Sin embargo, adentrándose en los resultados desagregados del Índice, el componente con menor puntuación para el país -36 sobre 100-, es el de “impacto social”. Este hace referencia al acceso y publicación de las evaluaciones de impacto ambiental, social y los planes de mitigación que las empresas deben presentar para acceder a las licencias ambientales. Así mismo, hay una preocupación por el proceso de otorgamiento de estas licencias y una carencia de políticas y mecanismos para conocer los pagos realizados por cada proyecto y empresa; intereses financieros de funcionarios públicos y beneficiarios reales de las compañías, entre otras.

Los resultados del índice permiten concluir que el país está haciendo un esfuerzo importante por gestionar de manera adecuada los recursos naturales; pero falta voluntad política y mecanismos eficientes que obliguen a las compañías a cumplir con sus compromisos en materia económica, social y ambiental.

Es imperioso que el gobierno nacional, más allá de celebrar la buena calificación, se concentre en buscar soluciones que promuevan la transparencia dentro de Ecopetrol, favorezca la rendición de cuentas, divulgue los contratos firmados antes de 2003, y demás medidas que permitan una gestión y uso eficiente de los recursos naturales para generar desarrollo real y sostenible para el país. El adelanto de un diálogo nacional en torno a este tema es necesario en estos momentos en que las comunidades están oponiéndose con mayor fuerza a los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Debemos superar el debate de “agua o petróleo” que nos tiene polarizados, y sentarnos a generar un consenso en torno al tipo de desarrollo que queremos y que es posible promover.

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