La Justicia en Colombia es ciega, coja y huérfana

Dicen popularmente que la “justicia cojea, pero llega”, aunque en los últimos años no solo cojea, sino que cada vez tiene menos credibilidad y efectividad, sin que los jueces, cortes, Ministerio de Justicia, Congreso y asociaciones de profesionales del derecho, respondan por esta situación, o por lo menos propongan una salida a la crisis, que no es nueva, sino más bien endémica.

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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04 de Septiembre de 2017

Hace cerca de 40 años Luis Carlos Galán planteaba los problemas de la justicia que todavía hoy no se han solucionado:

- La justicia es alarmantemente lenta, a tal punto que la libertad y el patrimonio de las personas son vulnerados por la pasividad del Estado, por los mismos intereses que se debaten ante los jueces.

- El poder jurisdiccional carece de autonomía e independencia establecidas en la Constitución Nacional.

- El País se ha acostumbrado a que las normas en códigos y ordenamientos orgánicos legales se expidan en desarrollo de las facultades extraordinarias otorgadas al ejecutivo.

- Se ha recargado a jueces y magistrados con casos que deberían resolver otras instancias.

- La elección de jueces y magistrados no ha escapado del fenómeno clientelista, el favoritismo, y aún el prevaricato priman sobre la idoneidad, formación, experiencia, honestidad y otros atributos de los candidatos, hasta el punto que agentes mediocres desplazan a profesionales muy capaces”[1]. Hoy esto último tiene una alta relevancia.

Como se puede ver en la encuesta Gallup de junio de 2017[2], que contiene datos desde 2005, muestra como el Sistema Judicial entre marzo de 2005 y diciembre de 2009, había mantenido lo que se podía considerar un empate técnico entre las opiniones favorables y desfavorables, pero a partir de 2010 la opinión desfavorable comenzó a crecer, pasó de 47% en diciembre de 2009 a 80% en junio de este año, como se puede ver en la siguiente gráfica:

 

Cabe anotar que hasta el 2010 la Rama Judicial había disfrutado de una doble condición, como bien se plantea en el estudio “Costos y Eficiencia de la Rama Judicial en Colombia”[3].  De una parte, el grueso de la población le reconoce a la Rama la “majestad” que ha mostrado a la hora de enfrentar los grandes temas de Estado, a nivel de las Altas Cortes (Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado)”, como es el caso del Referendo de 2003 (Ley 796 de 2003), la Reforma Constitucional sobre reelección inmediata (Acto Legislativo 2 de 2004), la posibilidad de un tercer período presidencial consecutivo (Fallo C-141 de 2010) y los procesos relativos a la “parapolítica”, la compra de votos al interior del Congreso, las investigaciones sobre corrupción a nivel parlamentario o el hostigamiento a las propias Cortes por parte de ejecutivo.

Por otro lado, como lo plantea Clavijo “el ciudadano del común le reprocha a la Rama Judicial (en su conjunto), y con razón, su tardanza y falta de eficacia en el día-a-día; es una justicia que no le llega pronta al hombre común”. Cabe anotar que el Sistema Judicial tiene el mismo nivel de opinión de desfavorabilidad que los partidos políticos y Venezuela, que es ya mucho que decir.

En lo que hace a la Corte Constitucional, hasta abril de 2012 gozaba de una opinión favorable por encima del 60%, entre esa fecha y agosto de 2014 apenas superaba el 50% y a partir del 2015, la opinión ciudadana favorable sobre esta Corporación cayó hasta llegar a 36% en junio de 2017, situación que tiene que ver, en cierta manera, con la elección politiquera de algunos cargos en esta Corte desde finales del Gobierno del presidente Uribe (ver siguiente gráfica:

Casi idéntico comportamiento tiene la Corte Suprema de Justicia, solo que la opinión desfavorable de los ciudadanos comienza desde mediados de 2013, cuando pasó de 53% de opinión favorable a 29 en junio de este año, como se puede ver en la siguiente gráfica:

Este desprestigio de las altas cortes tiene que ver con algunos escándalos que han protagonizado algunos de sus miembros en los últimos años. En 2012 el llamado ‘carrusel’ de las pensiones, en el que estarían involucrados al menos 13 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que subieron el monto de sus pensiones de un promedio de 3 a 12 millones de pesos, con solo trabajar de uno a tres meses en el alto tribunal, abusando del régimen especial de pensiones que cobijaba a la Rama Judicial[4].

El caso del magistrado Henry Villarraga en el Consejo Superior de la Judicatura, quien renunció en 2013 tras la posible “asesoría” que le prestaría a el coronel (r) del ejército, Róbinson González, detenido por falsos positivos. En ese mismo año, el famoso“crucero” de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Ruth Marina Díaz Rueda con los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, María Patricia Cruz Miranda, Clara Inés Márquez Bulla, Ruth Elena Galvis y Álvaro Fernando García; la magistrada de la Sala de Descongestión Luz Estella Rocca; Jaime Araque, de la Sala de Familia, y Alberto Romero, del Tribunal Superior de Villavicencio.

En 2014, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda, insultó a los policías que detuvieron a su hijo por estar aparentemente teniendo relaciones sexuales en uno de los carros oficiales del alto tribunal; la puerta giratoria (‘yo te elijo, tú me eliges’) del magistrado Francisco Javier Ricaurte como togado del Consejo Superior de la Judicatura; el famoso caso del presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt con Fidupetrol y el reciente caso de corrupción del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla, que involucra a los exmagistrados Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte del Consejo Superior de la Judicatura.

Con relación a la Fiscalía General de la Nación, desde agosto de 2014 los ciudadanos tienen una imagen mayoritariamente desfavorable y seguramente hoy es mayor con los escándalos recientes de algunos fiscales puestos a disposición de la justicia por las relaciones que tenían con delincuentes y en actos de corrupción, como es el caso del fiscal Luis Acero.

Como se puede ver en la siguiente gráfica la imagen favorable de la Fiscalía cayó por debajo del 50%:

De este desprestigio no se salvan los organismos de control, la Procuraduría y la Contraloría han visto caer sus imágenes favorables desde finales de 2014, como se puede ver en la encuesta Gallup de junio de 2017.

Pero no son solo los resultados de esta encuesta, los Programas Cómo Vamos que aplican estos instrumentos desde hace algunos años en catorce (14) ciudades del país, muestran cómo, en promedio, solo el 13% de los ciudadanos creen que existe una alta probabilidad que los delitos sean sancionados, es decir el 87% de los ciudadanos no creen que “vaya a haber justicia”.

En lo que hace al delito más grave, como es el homicidio, la ineficiencia del sistema de justicia es casi total. De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General de la Nación en 2008 el porcentaje de condenados por este delito fue del 2,2% (del total de denunciados, no solo los imputados) y en 2014 apenas subió a fue 9,1%”[5], es decir casi uno de cada 10 homicidas termina en la cárcel, porcentaje muy bajo si se compara con los EE.UU, Canadá, Chile y países europeos donde los porcentajes superan el 50%.

Este poco halagüeño panorama de la justicia pone en alto riesgo a los ciudadanos y da altos incentivos para que los delincuentes sigan en las mismas y con mayor energía.  Lo preocupante de esta situación es que estos resultados nadie los cuestiona, pero tampoco nadie pone la cara para responder por ellos, es decir la justicia además de coja y ciega, se ha quedado muda y huérfana y a los ciudadanos, quién podrá defendernos ante tantos criminales, inclusive dentro de la justicia. 

 

[1] Fundación Luis Carlos Galán “Galán y la Justicia” 1990.

[3] Clavijo Sergio. Costos y eficiencia de la Rama Judicial en Colombia. Introducción página No 15.

[4] Ver El Heraldo, “El caso Pretelt sume en la crisis a Corte Constitucional. https://www.elheraldo.co/nacional/el-caso-pretelt-sume-en-la-crisis-corte-constitucional-186183

[5] El Tiempo. Impunidad, agujero negro en la exitosa caída del homicidio. 19 de Julio de 2015, pagina 8