Agresor de Natalia Ponce: ¿enfermo o delincuente?

El juicio contra el agresor de Natalia Ponce acaba de despertar nuevas inquietudes en la comunidad. Esto ocurre cuando la defensa de Jonathan Vega anuncia que citará a varios médicos psiquiatras que darían testimonio de que Vega sufre una enfermedad mental.

José Germán Zarama de la Espriella
José Germán Zarama de la Espriella
Consejero del SENA, periodista y ejecutivo gremial
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14 de Julio de 2016

En un país acostumbrado a todo tipo de barbarie, uno de los delitos que más conmovió a la opinión pública en 2014, fue el perpetrado contra Natalia Ponce de León. Como se recordará, Natalia fue quemada en su rostro con ácido, registrando lesiones permanentes que no han logrado erradicarse tras varios años de cirugías plásticas.

El hecho tuvo tal impacto en la sociedad que el propio Congreso de la República tomó cartas en el asunto. En efecto, a principios de este año se promulgó la Ley de víctimas de ataques con ácido y agentes químicos. De acuerdo con esta ley la pena para los responsables de ese delito subió de 251 a 360 meses de prisión. Pero, si el ataque causa deformidad o daño permanente en la víctima y si el crimen produce la deformación del rostro la pena aumenta hasta en una tercera parte. Al delincuente del caso Natalia, Jonathan Vega, le esperarían entonces en estas nuevas condiciones al menos cuarenta años de prisión.

Sin embargo, el juicio que se adelanta contra el agresor, acaba de despertar serias inquietudes en la comunidad, al alegar que no es delincuente sino enfermo. Esto ocurre cuando la defensa de Jonathan Vega anuncia que citará a varios médicos psiquiatras, que darían testimonio de que Vega sufre una enfermedad mental y que por tanto, se deduce, no debería ser tratado como un delincuente sino como un enfermo.

El abogado Abelardo de la Espriella, apoderado de Natalia Ponce, argumenta al respecto: “Si está tan loco, por qué no dejó que Medicina Legal le practicara un examen psiquiátrico”. De otra parte, un concepto de Medicina Legal aclara que “Por sí sola, la esquizofrenia paranoide no lleva a una persona a cometer un delito, porque quienes padecen la enfermedad saben cuándo una conducta es buena o no”. Mientras la justicia decide, con muchos más elementos de análisis, quién tiene la razón, si los acusadores o los defensores, vale la pena reflexionar de manera general en el tema.

Lo primero que viene a la mente es aclarar el propósito de la pena de cárcel. Podrían haber tres alternativas de propósitos: punitivos, correctivos o preventivos. Aunque no sea filosóficamente la más presentable, la sociedad busca casi siempre la primera opción: es decir que quien delinque pague, con sufrimiento acorde al daño causado, su delito. Este no sería el caso de Vega, si fuera un enfermo, y a eso juegan los defensores para disminuir o eliminar la pena.

La segunda opción, qué las prisiones sirvieran además para corregir al antisocial, sería ideal. Pero en la práctica ese no es un resultado estadísticamente significativo, al menos entre los ‘egresados’ de las cárceles colombianas. Por supuesto, si lo de Vega fuera un caso de enfermedad, curable de alguna manera, debería internarse por orden judicial, en lugares especializados para este tipo de delincuentes, hasta que se pruebe ante el juez y los médicos que ya está ‘curado’. Y, desde luego, podría darse el caso de que alguien como Vega (o como el pedófilo asesino Garavito) requiera un internamiento de por vida para proteger las demás vidas, lo cual no está establecido en ninguna ley.

La tercera opción, la prisión preventiva, es figura parcialmente contemplada en nuestra legislación. Digo parcialmente, porque con las dudas sobre el efecto rehabilitador de las cárceles, o sanador de los manicomios, debería contemplarse una reclusión de por vida para que la prevención sea totalmente efectiva. Esto, como ya se insinuó antes, no existe.

En realidad la gran mayoría de los crímenes cometidos contra la integridad física o sicológica de otra persona, requieren de un delincuente en dudoso estado de sanidad mental. Pero en todos los casos ciertamente dolosos, y en mi concepto el de Vega si lo fue, ameritan la cárcel. Reitero, para asegurar esto me faltan quizás elementos de juicio y para ello están los jueces.

Si el caso fuera fallado como enfermedad mental, el Estado debería cumplir con la Constitución y dictar estrictas medidas preventivas contra este tipo de delincuentes que ponen en peligro a toda la sociedad. El tema no es solo de preocupación nacional. De hecho, fue producto de análisis hace poco en el Congreso de los Diputados de España. La nueva ley en este país efectúa cambios en materia de medidas de seguridad aplicables a personas afectadas por una patología mental, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar.

En otros países, también preocupan y los supuestos enfermos son tratados con sorprendente severidad. En los Estados Unidos por ejemplo, varios enfermos mentales especializados se encuentran presos en cárceles diseñadas para ellos, en lugar de permanecer internados en hospitales. En este país existen tres cárceles para enfermos mentales: en Nueva York, Los Ángeles, California, y en el condado de Cook, en Illinois.

Lo cierto, tras estas elementales reflexiones, es que además de que el tema todavía no es suficientemente debatido por el órgano legislativo, en Colombia solo hay dos cárceles con unidades de salud mental (La Modelo en Bogotá  y Villahermosa en Cali).