¿Adiós a los católicos del Sena?

Apreciamos el papel de la Iglesia Católica en el Sena aunque entendamos las consideraciones históricas para preservar al Estado laico. Si el dilema de mantener a un fundador legítimo e intachable o defender la naturaleza laica de nuestra constitución se pudiera resolver jurídicamente estaríamos muy satisfechos.

José Germán Zarama de la Espriella
José Germán Zarama de la Espriella
Consejero del SENA, periodista y ejecutivo gremial
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15 de Diciembre de 2016

El Consejo Directivo Nacional del Sena analizó ayer la reciente sentencia de la Corte Constitucional de declarar inexequible un aparte de la ley 119 de 1994. Dicha ley reglamenta la composición del consejo directivo y la sentencia aludida elimina la representación de la Iglesia Católica en los consejos directivos del Sena.

En efecto, la Sala Plena de la Corte Constitucional dice que el catolicismo ha gozado de prioridad sobre otras religiones, en dicha entidad. Esto se opondría a la doctrina constitucional sobre el carácter laico de nuestro Estado. Es de anotar que en la Constitución de 1991 Colombia pasó de ser un Estado confesional, profeso a la religión católica, a una nación laica.

Dicho concepto, que se explica más adelante, en sentencia de la propia Corte, reñía con algunos apartes de la Ley 119 de 1994. Respecto al ‘Estado Laico’, vale la pena recordar en este punto las consideraciones del Magistrado Alejandro Martínez, en la Sentencia No. C-350/94. Esta sentencia, entre otros temas, analiza las “Formas de relación entre el Estado y las religiones”.

En la sentencia, C-350/94, del mismo año en que se expidió la ahora cuestionada Ley 119, se aclara el concepto de laicidad. En el citado documento se afirma: “Un Estado que se define como ontológicamente pluralista en materia religiosa y que además reconoce la igualdad entre todas las religiones no puede al mismo tiempo consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos”.

Como se ve, la decisión de la Corte obedece a un cambio constitucional, discutido hace ya más de 25 años y avalado por el constituyente primario. En realidad, hoy por hoy, muy pocos colombianos están interesados en restaurar el estado confesional que rigió el país entre 1886 y 1991. Pero tampoco por ello, el Consejo Directivo del Sena podría desconocer los méritos históricos de la Iglesia Católica para hacer parte de esta institución.

Por ello, tanto el Gobierno, como los sindicatos y los empresarios del Consejo Directivo Nacional aceptamos, como corresponde, la sentencia, pero nos solidarizamos con la Iglesia Católica. ‘Dura lex sed lex’, como se repite ‘ad nauseam’, dijo uno de los consejeros. Pero el respeto a la ley no implica dejar a un lado el afecto histórico y cultural de un pueblo ni de los compañeros del consejo directivo.    

Este afecto ‘inter-pares’ nace de la relación entre el catolicismo y el Sena desde su fundación en 1957, durante el Gobierno de la Junta Militar. No podemos olvidar que en esos días la iglesia impulsó la creación del Sena con base en las experiencias de comunidades católicas.

Ciertamente, en el V Congreso de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), de febrero de 1954, se propuso la fundación de un instituto de formación profesional. Y en aquellos días la UTC tenía como asesores a los sacerdotes jesuitas Vicente Andrade Valderrama y Francisco Javier Mejía. Esta propuesta fue respaldada por la Iglesia Católica y logró suficiente respaldo político para ser ejecutada mediante un plan del cartagenero Rodolfo Martínez Tono.

La Iglesia Católica, desde ese inicio ha sido consecuentemente un protagonista central en los consejos directivos nacionales y regionales del Sena. Yo, que he tenido el honor de representar a Fenalco como consejero regional dos años y diecisiete años más como consejero nacional, puedo afirmarlo. Y puedo dar testimonio en consecuencia de la integridad y vocación de servicio de los consejeros que han representado a la Conferencia Episcopal.

Con afecto entonces abrigamos alguna esperanza de encontrar salidas legales, respetuosas de la constitución y la ley, si no podemos ignorar las paradojas políticas. No obstante recordamos bien la tendencia internacional de consolidar la separación entre las Iglesias y el Estado, tan próxima a cumplir 500 años. Esta nueva visión filosófica empezó con Martin Lutero, en 1517. Fue cuando unos grupos de cristianos independientes, empezaron a abogar por la separación completa de la Iglesia y el Estado. 

Mientras en los países protestantes tomaban fuerza estas doctrinas, España, potencia mundial dominante en la época, se aferró al poder papal extendido a sus colonias. En los países protestantes, mientras tanto, se crearon Iglesias nacionales, independientes del Vaticano y subordinadas al poder real, como en Inglaterra.

Durante nuestra época colonial, la Iglesia Católica adquirió por ello una gran influencia económica, social, cultural e ideológica,  que mantenía el statu-quo político. De hecho, su voz era decisiva a la hora de tomar una u otras decisiones importantes en la Nueva Granada. 

Por razones obvias, con el advenimiento de la revolución de independencia, en el siglo XIX, esta subordinación al Vaticano empezó a resquebrajarse. Pero la idea de separar la Iglesia del Estado se agudizó solo en el gobierno de José Hilario López a mediados del siglo XIX. En el gobierno del general José María Obando, se insistió en la conveniencia de legislar a favor de un Estado laico.

Y la idea se reglamentó en 1853, con el liderazgo de uno de los principales promotores de esta iniciativa: Manuel Murillo Toro. Murillo sería más adelante Presidente de los revolucionarios Estados Unidos de Colombia.

Lo cierto es que este sistema político, que facilitó la incursión de otras comunidades religiosas,  colapsó con la contrarreforma de Núñez de 1886. Y durante 105 años más se instauró el estado confesional que terminó con la mencionada constitución laica de 1991.

Apreciamos el papel de la Iglesia Católica en el Sena aunque entendamos las consideraciones históricas para defender al Estado laico. Si el dilema de mantener a un fundador legítimo e intachable o defender la naturaleza laica de nuestra constitución se pudiera resolver jurídicamente estaríamos muy satisfechos.

No podemos juzgar a las instituciones por hechos ancestrales de un pasado ya superado. En la vigencia de la Constitución de 1991, si identificamos a alguna comunidad religiosa que respete la separación de Iglesia y Estado, es la Iglesia Católica.

Esto podemos afirmarlo sin dudas, al menos en nuestra experiencia  respecto al Sena, donde la Iglesia ha opinado sin mordazas pero no ha impuesto nada. Personalmente, no podría decir lo mismo de otras comunidades que hacen política de manera directa, promoviendo sus propios congresistas y representantes en el Estado. He ahí el dilema.