Política, mafia y abuso de poder en Santander: los riesgos para las próximas generaciones

Los vínculos non sanctos que hoy determinan la política santandereana –y que han sido denunciados por valerosos periodistas– tienen efectos peligrosos que no estamos analizando con suficiente profundidad y que le deberían quitar el sueño a más de uno, ojalá a cientos de miles.

José Ricardo Puyana Valdivieso
José Ricardo Puyana Valdivieso
Docente a nivel de maestría de las Universidades Externado de Colombia y Autónoma de Bucaramanga
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28 de Agosto de 2015

Quienes hoy estamos entre los 30 y los 40 años, vivimos nuestra infancia o adolescencia influidos por clásicos del cine como las tres entregas de El Padrino y por una historia nacional que se construía bajo la influencia de capos de la mafia como Escobar, Gacha y los Rodríguez Orejuela. Estas tramoyas nos parecían lejanas a los santandereanos: la realidad política y económica de las mafias de Sicilia, Medellín o Cali no tenían nada que ver con el contexto de Santander. Cómo cambian las cosas…

Hoy, esa realidad que se percibía tan ajena pareciera estarse tomando el departamento. El poder de unas pocas familias se convirtió, quizás, en la variable más influyente de nuestro derecho a elegir y ser elegidos. Los nexos probados de algunos de estos líderes con grupos al margen de la ley –y condenados por la justicia colombiana– poco importan. Empresarios, periodistas y ciudadanos acompañan sin temor ni preocupación estos proyectos políticos. La miopía es sorprendente: creemos que esto solo afecta el rumbo de la región en el próximo cuatrienio. Pero no, el daño va mucho más allá e impactará, sobre todo, a las próximas generaciones.

Un puñado de familias que deciden prácticamente todo, cuyo poder político y (sobre todo) financiero parece inalcanzable, hilos de la política que se movieron y se siguen moviendo desde la cárcel, candidaturas que se ven obligadas a alinearse frente a unas cuantas figuras híper poderosas: todas características de un escenario mafioso, azaroso e indeseable en cualquier democracia. Nada que hacer; hoy el departamento y varios de sus municipios se destacan por haber caído en manos de quienes se hicieron al poder mediante el abuso del poder público o, peor aún, gracias a comprobados vínculos con la ilegalidad.

Más allá de lo obvio, los vínculos non sanctos que hoy determinan la política santandereana –y que han sido denunciados por valerosos periodistas– tienen, al menos, dos efectos peligrosos que no estamos analizando con suficiente profundidad y que le deberían quitar el sueño a más de uno, ojalá a cientos de miles.

En primer lugar, esas ansias de poder y la concentración de éste en unas cuantas familias, falsamente divididas, es un camino riesgoso que abona terreno para la instalación de una cultura de captura del Estado. ¿O es que todavía hay quienes creen que la obsesión de estos por el poder –y la chequera de la que viene acompañado– tiene detrás un interés filantrópico de trabajar por los más vulnerables de Santander? No creo. Vienen seguramente por las rentas y ello genera un enorme costo de oportunidad –menor inversión en áreas que lo requieren– que se presenta siempre que hay intención de usar el poder público para beneficio privado.

En segundo lugar, aunque más a largo plazo, esta deformación trae consigo un efecto perverso que se provoca sobre el interés de las nuevas generaciones de involucrarse en política. ¿Quién en su sano juicio, con interés de cambiar la realidad del departamento, asumirá por cuenta propia el proyecto de enfrentarse políticamente a dichos clanes? Esta oscura realidad está espantando a jóvenes que podrían estar dispuestos al servicio público y que difícilmente cuentan con el capital para asumir semejante batalla. La consecuencia: el manejo de lo público queda, cada vez más, en manos de quienes lo quieren usar para su lucro personal.

Esto hay que alertarlo y ojalá discutirlo con rigor y serenidad. ¿A quiénes les estamos dejando las riendas del departamento? Con esta tendencia, la administración en Santander y sus municipios se convertirá, en poco tiempo, en el patio trasero de unos cuantos que ven en el Estado la posibilidad de consolidar poder personal para apoderarse de unas rentas que deberían estar destinadas al beneficio de los santandereanos que más lo necesitan.