La defectuosa participación de las víctimas

Las quejas se escuchan por todo el país, los funcionarios que atienden a la población víctima sufren cotidianamente la presión de líderes expertos en extorsionar y vivir del Estado, la responsabilidad parte de una política pública de reparación a víctimas ambiciosa y a la vez imposible de cumplir.

Alejandro Alvarado Bedoya
Alejandro Alvarado Bedoya
Abogado e Historiador
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05 de Diciembre de 2017

El principio de participación de las víctimas del conflicto armado ante las autoridades públicas ha sido un punto problemático que ha derivado en un escenario de oportunismo y corrupción. Las entidades territoriales quedan expuestas a la extorsión permanente de algunos líderes de las mesas de participación de víctimas que encontraron en los recursos destinados a la atención de esta población una oportunidad para financiar sus intereses.

Hoy día una desfigurada institucionalidad que atiende y repara víctimas se encuentra a merced de las reparticiones clientelistas de senadores y representantes a la Cámara, por su parte, un universo de organizaciones no gubernamentales se financian a partir de presupuestos públicos en proyectos ineficaces y poco pertinentes que tan solo son desarrollados para cumplir metas que en últimas no mejora en nada las condiciones de la población víctima.

Por su parte, las entidades que conforman el ministerio público presionan de manera injustificada a las entidades territoriales a cumplir con los caprichos y demandas de algunos representantes de víctimas los cuales en muchos casos no cuentan con la legitimidad de la comunidad, fueron elegidos con pocos votos en procesos de elección desordenados, oscuros y cuestionados.

Las quejas se escuchan por todo el país, los funcionarios que atienden a la población víctima sufren cotidianamente la presión de líderes expertos en extorsionar y vivir del Estado, la responsabilidad parte de una política pública de reparación a víctimas ambiciosa y a la vez imposible de cumplir.

Con la no aprobación de las circunscripciones especiales de paz el país perdió una oportunidad para escuchar a los representantes de las comunidades más olvidadas y apartadas, eternamente generadoras de conflicto y descuidadas por el Estado, sin embargo, las garantías de su éxito no estaban aseguradas, porque al tomar los mecanismos de participación actual lo único que se podía augurar era el mismo desastre que sucede en escenarios locales.

En la actualidad las garantías de participación – alimentación, transporte, hotel – en los que incurren las administraciones locales y nacional para garantizar la participación de las víctimas son en muchos casos más costosas que las soluciones que se debaten en horas y horas perdidas de subcomités y comités de justicia transicional.

Con la Ley 1448 de 2011 no es suficiente para atender el drama humano de un conflicto sustentado en la discriminación, la pobreza y la falta de oportunidades, es un ambicioso marco normativo que tiene grandes defectos, uno de ellos, el mecanismo de participación, es importante pensar nuevamente en la extorsión de algunos líderes de víctimas, y en la necesidad de sustituir estos liderazgos negativos.