La corrupción en Cúcuta y el retroceso social

Recientes informes dan cuenta de la turbidez de la contratación pública en Cúcuta, la ciudad del país con el más bajo promedio de oferentes en sus procesos licitatorios. El fenómeno de la corrupción se examina a la luz de los indicadores del desarrollo económico y social, y de las condiciones de la política local.

Pedro Durán Barajas
Pedro Durán Barajas
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27 de Marzo de 2017

  1. Corrupción

A principios de marzo la Cámara Colombiana de la Infraestructura publicó un estudio sobre la transparencia en la contratación estatal. El estudio tuvo en cuenta 1.246 contratos de infraestructura en 45 entidades nacionales y en las principales entidades territoriales. Sus resultados muestran que la Aeronáutica Civil, Invías, el IDU, y la Alcaldía de Bucaramanga son las entidades donde los procesos de contratación estatal son más transparentes y confiables. Al final de la lista, Cúcuta brilla en cambio por lo contrario.

Imagen tomada de La República.

 

Ya en el mes de enero el senador Antonio Navarro había revelado indicadores parecidos que daban cuenta del número de oferentes en las licitaciones públicas que llevaron a cabo las entidades territoriales durante 2016. El resultado de Cúcuta fue tan malo como el que presentó el informe de la CCI dos meses después. Cada proceso licitatorio adelantado por el Municipio de Cúcuta convoca en promedio 1,05 oferentes, lo que hace inexistente la competencia por calidad y precios, dando lugar a sobrecostos para los que no existe ninguna contraloría que los establezca y los sancione.

Fuente:

 

Parece ser Cúcuta, por desgracia, “Campeona Nacional de la Turbidez en Contratación Pública 2016”, lugar que disputa cabeza a cabeza con Arauca.

Veamos cómo la relación directa entre corrupción, pobreza y desarrollo social, que está de sobra probada en las ciencias sociales, se constata penosamente en Cúcuta.

 

  1. Economía y desarrollo

El Índice de Progreso Social (IPS), un indicador utilizado en Colombia desde 2015 para agregar otros muchos indicadores de desarrollo (v/gr.: acceso a cuidados médicos, saneamiento básico y contaminación, suministro de agua potable, acceso a vivienda, criminalidad y percepción de seguridad, alfabetización, cobertura y acceso a la educación, conectividad, percepción de corrupción, percepción de libertad y tolerancia, desigualdad e inclusión social), confirma que en Cúcuta, la corrupción y el atraso social van de la mano.

En el informe Índice de Progreso Social 2016 de las 10 principales ciudades capitales del país, publicado en noviembre de 2016 por la Universidad del Norte y la Red de Ciudades Como Vamos, se incorpora por primera vez a Cúcuta entre las diez ciudades evaluadas. El resultado del informe la ubica en el penoso noveno lugar delante de Cartagena.

Fuente:

 

El IPS resulta obviamente afectado por el mayor grado de pobreza de Cúcuta respecto a las diez principales ciudades colombianas estudiadas. Tanto el ingreso per cápita como el porcentaje de población en condiciones de pobreza es mayor en Cúcuta:

Fuente: IPS en 10 ciudades colombianas. Universidad del Norte. Red de Ciudades Como Vamos.

 

Fuente: IPS en 10 ciudades colombianas. Universidad del Norte. Red de Ciudades Como Vamos.

 

En el conjunto de indicadores denominados “Fundamentos del Bienestar (FB)”, uno de los tres agregados de indicadores que integran el IPS, y que reúne información sobre educación, conectividad, salud, bienestar social y sostenibilidad ambiental, la posición de Cúcuta resulta especialmente desventajosa:

Fuente: IPS en 10 ciudades colombianas. Universidad del Norte. Red de Ciudades Como Vamos.

 

Adicionalmente, a lo largo de 2016 como ha ocurrido varias veces desde hace un par de décadas, Cúcuta tuvo la tasa de informalidad más alta de Colombia, que promedió 69% según las mediciones periódicas del DANE. Durante el trimestre que transcurrió entre noviembre de 2016 y enero de 2017, la tasa de desempleo medida por el DANE fue 16,5%, también la más alta del país.

Las cifras anteriores muestran una combinación de pobreza y deterioro social en medio de la que veremos cómo y por qué prospera la corrupción.

 

  1. El negocio, socio

“En cuanto a los ingresos de la administración central, el recaudo propio sufrió una caída del 8% real respecto al 2014 y del 3% anual durante el transcurso del periodo 2012-2015, mientras tanto, las transferencias tuvieron un aumento real anual del 9% en el mismo periodo. En este sentido, las finanzas del municipio de San José de Cúcuta resultan ser altamente dependientes de las transferencias, las cuales representan el 67% (sin regalías) del total de los ingresos, mientras que los recursos propios solamente representan el 21% del total.” Informe de desempeño fiscal. Municipio de Cúcuta. Ministerio de Hacienda. Diciembre 2015.

En otras palabras, el declive de la economía formal de Cúcuta, reflejado por los indicadores agregados en el IPS, ha mermado a lo largo de las dos últimas décadas la capacidad de tributación local, y ha convertido el Municipio de Cúcuta en una entidad dependiente de los giros nacionales, como se ve con claridad en los informes de desempeño fiscal del Ministerio de Hacienda, que muestran una situación semejante a la de las capitales costeñas, a cuya fiscalidad Cúcuta se parece cada vez más: Riohacha, Sincelejo, Montería, Valledupar, además de Quibdó, Florencia y Mocoa.

DEPENDENCIA DE TRANSFERENCIAS NACIONALES Y REGALÍAS

( Transferencias + Regalías / Ingresos totales * 100% )

Puesto

Ciudad Capital

%

1

Bogotá D.C.-Bogotá

22,19

2

Medellín-Antioquia

26,91

3

Bucaramanga-Santander

38,36

4

Cali-Valle Del Cauca

40,89

5

Puerto Carreño-Vichada

43,19

6

Tunja-Boyacá

46,05

7

Barranquilla-Atlántico

46,43

8

Pereira-Risaralda

48,09

9

Yopal-Casanare

50,35

10

San Jose Del Guaviare-Guaviare

52,34

11

Manizales-Caldas

53,81

12

Ibagué-Tolima

54,64

13

Cartagena-Bolívar

54,93

14

Mitú-Vaupés

56,60

15

Puerto Inírida-Guainía

57,58

16

Villavicencio-Meta

57,92

17

Armenia-Quindío

58,21

18

Arauca-Arauca

62,10

19

Leticia-Amazonas

64,39

20

Neiva-Huila

65,27

21

Santa Marta-Magdalena

66,71

22

Popayán-Cauca

66,86

23

Valledupar-Cesar

67,91

24

Pasto-Nariño

68,91

25

Montería-Córdoba

73,86

26

Cúcuta-Norte De Santander

74,81

27

Mocoa-Putumayo

75,75

28

Florencia-Caquetá

77,66

29

Sincelejo-Sucre

80,84

30

Quibdó-Choco

85,16

31

Riohacha-Guajira

89,90

Fuente:

Desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2015

 

DNP. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - SFPT

 

La penosa dependencia del Municipio de Cúcuta de los giros nacionales para poder operar y su incapacidad de autofinanciamiento, guardan una obvia correspondencia con el estancamiento del sector productivo formal de la ciudad, que se contrae en términos relativos desde hace más de dos décadas. Un buen indicador de la contracción relativa de la economía local es la participación porcentual del PIB regional en el nacional. La información sobre Norte de Santander –no desagregada para Cúcuta- está disponible desde 2003 en los informes del PIB regional que produce la Cámara de Comercio de Cúcuta:

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta. Informes PIB regional - DataCúcuta

 

Cúcuta está contrayéndose económicamente en términos relativos, pese a que no absolutos. El estancamiento del sector productivo formal apareja la degradación social que se refleja en el aumento de la informalidad y la persistente inseguridad. En materia fiscal, cada vez Cúcuta aporta menos al fisco nacional, y cada vez depende más de él. El Municipio de Cúcuta está convertido en un ente discapacitado que vive de los giros nacionales.

La contracción económica del sector productivo formal con relación al PIB nacional, acompañada por la condición de entidad subsidiada que ha ido adquiriendo el Municipio de Cúcuta, ha convertido el reparto de la torta de rentas nacionales transferidas al gobierno local en el mejor negocio de la ciudad. En otras palabras, en Cúcuta el mejor negocio es ser alcalde corrupto o ser gran contratista de un alcalde corrupto. Como las transferencias de la Nación al presupuesto local crecen proporcionalmente al mismo tiempo que crece la pobreza, el negocio, socio, es administrarlas. La corrupción es la obvia consecuencia.

 

  1. ¿Qué dirán los gremios?

Nada, porque buena parte de la dirigencia gremial depende de la contratación estatal. Frente al informe de la Cámara Colombiana de la Infraestructura de marzo de este año que muestra a Cúcuta como la ciudad “Campeona Nacional de la Turbidez en Contratación Pública 2016” ¿qué ha dicho la Cámara de Comercio de Cúcuta? Nada. ¿Qué ha dicho Fenalco? Nada. ¿Algún gremio regional importante se ha pronunciado? Ninguno.

Las razones afloran sin dificultad. La que resulta más obvia es que las recientes juntas directivas de los gremios locales y sus presidentes son o han sido grandes contratistas del Municipio y del Departamento, y están vinculados muy directamente con las clientelas políticas cuyos intereses se entreveran con los de las administraciones locales. Eso no es delito. Es simplemente un indicador más del estancamiento de Cúcuta y de la forma en que las élites locales copan el mejor negocio de cualquier región empobrecida de Colombia: vivir del Estado. Por eso en la costa campean los “Ñoños”, de los que ya veremos cómo en Cúcuta también hay.

 

  1. La política

El desarrollo de la política de Cúcuta en las dos últimas décadas debe entenderse en el marco del proceso de decrecimiento relativo de la economía local y del consecuente interés de los políticos regionales por controlar las entidades territoriales receptoras de las transferencias nacionales, principalísimas generadores de empleos y contratación en una región con escaso trabajo en el sector formal privado.

Además, hay que tener muy en cuenta a los actores de la economía informal, sector que hoy genera el 70% del empleo en el Área Metropolitana de Cúcuta y que ha crecido en parte ocupando el espacio económico que deja la contracción de la economía formal. Dentro de ese enorme sector informal, una parte que puede ser grande, está vinculada a los circuitos económicos del crimen organizado, que va desde el contrabando de combustible hasta el narcotráfico.

Una economía en semejantes condiciones de informalidad deja espacios grandes a varios actores para-estatales. Antes el paramilitarismo y hoy las bandas criminales. Donde la Ley no puede regular transacciones y donde no llegan los jueces, alguien aparece para reemplazarlos. Este es el otro gran componente de la crisis regional, pero abordarlo excede las posibilidades de esta nota. No obstante, es preciso mencionarlo como ingrediente del coctel, porque por allí se cuela en la política cucuteña mucho del estilo propio del antiguo paramilitarismo.

 

  1. Los consensos políticos con nombre propio

Vamos a los hechos concretos sobre el tema con que inicia esta nota.

Desde enero de 2016, se han señalado hechos de presunta corrupción o que al menos deberían ser motivo de álgido debate político (cosa que no ocurre), de los que cito solo los más relevantes, algunos de los cuales han dado lugar a publicaciones en La Silla Vacía:

  1. El contrato adjudicado a principios de 2016 por la Alcaldía de Cúcuta para “generar” 3.500 empleos en actividades relacionadas con el mantenimiento de espacio público, al que se atribuyen injustificados sobrecostos.

  2. Las irregularidades en la adjudicación del plan de alimentación escolar (PAE) de 2016 y 2017, sobre el que este medio hizo extensas publicaciones.

  3. La cuestionada entrega en concesión por 30 años del impuesto de alumbrado público, autorizada por unanimidad en el Concejo de Cúcuta, que suma anualmente 34.000 millones, a una empresa controlada por un famoso y cuestionadísimo contratista costeño. 

  4. La autorización otorgada por unanimidad en el Concejo Municipal al Alcalde para entregar en concesión por 20 años la Secretaría de Tránsito, contrato del que se rumora con insistencia que será adjudicado al mismo contratista de la concesión de alumbrado público.

  5. Las autorizaciones otorgadas por unanimidad en el Concejo Municipal al Alcalde para endeudar el Municipio de Cúcuta en $500.000 millones de pesos. 265.000 millones de crédito respaldado por la pignoración durante 15 años (!) del 50% del Impuesto de Industria y Comercio, el 50% del Impuesto Predial y el 100% de la Participación de Plusvalía (Acuerdo 004 de 2017). Los restantes 235.000 millones de crédito serán respaldados por valorización (Acuerdo 003 de 2017). Obviamente, es presumible que la contratación por medio billón de pesos fruto del endeudamiento, se adjudicará respetando los criterios que ubican al Municipio de Cúcuta en la cúspide de las entidades territoriales sospechosas de estar siendo devoradas por la corrupción, según el citado informe de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. 

  6. Las autorizaciones otorgadas por unanimidad en el Concejo Municipal al Alcalde para entregar en concesión el servicio público de aseo en todos sus componentes (Acuerdo 028 de 2016) y para entregar en concesión el amoblamiento urbano y la administración del espacio público de la ciudad (Acuerdo 026 de 2016).

¿Qué voz se ha alzado entre los concejales de Cúcuta para cuestionar alguna de estas actuaciones? Ninguna. ¿Acaso entre alguno de los congresistas de Norte de Santander? Tampoco. ¿Tal vez la Cámara de Comercio de Cúcuta?, ¿Fenalco?, ¿el Comité Intergremial? Ninguno de los anteriores. Los cuestionamientos han corrido por cuenta de escasísimos veedores independientes y de unos pocos medios de comunicación.

¿Cómo llamar este tipo de silencio entre la dirigencia política, solo comparable al que reinaba durante los tiempos el que el paramilitarismo imponía su ley a sangre y fuego en Norte de Santander? ¿Quién impone el consenso hoy y con qué métodos? ¿Por qué nadie dice nada?

La respuesta es clara: existe un monopolio de la distribución de las rentas públicas y del poder político en la ciudad de Cúcuta, hecho posible por las condiciones de pobreza y precariedad social que muestran los indicadores de desarrollo como el IPS. Esto también es posible gracias al silencio cómplice de los gremios, y sobre todo gracias al silencio cómplice y encubridor de la dirigencia regional.

El jefe político de Cúcuta, el director de la orquesta, es Ramiro Suárez, alcalde de facto que manda en la ciudad por sobre cualquier otra figura. Hoy nadie discute su liderazgo, que es digno de asombro, no porque genere condiciones de desarrollo favorables para Cúcuta, sino por la temeridad con que se impuso y se mantiene como jefe, y por la forma en que hace valer su jefatura en medio de las conocidas condiciones en que se encuentra.

Nadie lo cuestiona. Ni los jefes de las organizaciones más tradicionales de la política conservadora y liberal del departamento, Corzo y Cristo, que alguna vez lo enfrentaron, y después optaron por la comodidad de ser sus mejores valedores y amigos; ni el Gobernador de Norte de Santander, ni mucho menos los demás políticos, mayoritariamente beneficiarios del consenso distributivo de las rentas públicas y del poder local que Suárez impuso.

Las condiciones sociales en que surgió y se ha consolidado el liderazgo político de Ramiro Suárez tienen mucho que ver con el embotellamiento productivo local y con la pauperización que muestran las cifras mencionadas. Con la quiebra de Venezuela, con la asfixia que ha vivido la ciudad por cuenta de la violencia en el Catatumbo que ha impedido el desarrollo de la vocación agroindustrial de Norte de Santander, con la pasada violencia paramilitar y con las dificultades de infraestructura vial para conectarse con el interior del país que apenas comienzan a superarse.

 

VII. Luz al final del túnel

¿Se ve la luz al final del túnel? Todavía no. Esperemos que no esté lejos de aparecer. El factor que modifique las ecuaciones de poder locales y propicie cambios favorables no está, por supuesto, entre la dirigencia política y gremial actual, que hace parte del consenso, bien sea aliada de manera activa, o aliada pasiva con su silencio amañado. Además, porque está afectada por esa percepción distorsionada de quienes se encapsulan en un par de clubes, un par de centros comerciales y un par de barrios, pequeños ambientes desde donde con el tiempo se va forjando una ilusión de normalidad, aun estando en medio del sumidero más grande.

El cambio a largo plazo pasa por la recuperación de la economía, la superación de la informalidad y la pobreza y el engrosamiento de la clase media. Pero eso puede tardar una generación entera. Cambios más esperanzadores por la prontitud de su llegada pueden darse si el país se transforma, y desde los centros de poder políticos nacionales se imponen dinámicas modernizadoras que impliquen profundos cambios institucionales.

Tal vez se den cambios inesperados en la política municipal que se impongan por cuenta de la conciencia pública de la gravedad de la crisis, como ha ocurrido en otras ciudades de Colombia que también tocaron fondo.

Por lo pronto, y al menos durante un par de años, la ciudad seguirá vagando por el momento más obscuro de su noche.