Hay que buscar a las personas desaparecidas del Magdalena Medio

Un primer paso por implementar, necesario y urgente, es la creación de un plan de búsqueda e intervención en los cementerios municipales y lugares de inhumación de personas no identificadas (PNI) en los municipios estudiados por el informe. 

Álvaro Frías Cruz
Álvaro Frías Cruz
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01 de Diciembre de 2017

El pasado viernes 9 de noviembre de 2017 en el auditorio Luis Carlos Galán de la Universidad Javeriana en Bogotá se realizó el lanzamiento del Informe “Memoria de la Infamia – Desaparición forzada en el Magdalena Medio” del Centro Nacional de Memoria Histórica. Este informe contó con la participación en su investigación y análisis de contexto de organizaciones históricas de la región como ASFADDES-Barrancabermeja, CREDHOS, Colectivo 16 de mayo, la Fundación Círulo de Estudios Culturales y Políticos, el Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio y la Organización Femenina Popular. Este es un esfuerzo de trabajo y articulación en memoria histórica que se debe resaltar en procesos de investigación y recuperación del tejido social de estas comunidades.

Las cifras y relatos que narra el informe son realmente desalentadoras, preocupantes y revelan un panorama complejo para las familias de personas desaparecidas en la región. En el periodo estudiado, entre 1971-2013, se registran 2647 personas desaparecidas en los municipios que conforman la ribera del Magdalena Medio. Esta cifra debe ser mayor puesto que se debe sumar el subregistro de aquellas familias que no realizaron estas denuncias por situaciones de riesgo y seguridad.

Los 128 casos presentados en el informe se concentran en Puerto Berrio y Yondó (Antioquia), Cantagallo y San Pablo (Bolívar), Barrancabermeja, Cimitarra , Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí (Santander), este último municipio constituido desde 1985. Estas comunidades presenciaron un nivel de violencia sin precedentes, con una intensidad similar a la de una guerra civil (Vargas, A. 2009) por la violencia ejercida en contra de sus habitantes y organizaciones sociales, la sistematicidad y control de territorios (urbanos y rurales) por grupos armados y los niveles de crímenes por homicidios por armas de fuego.

Un primer paso por implementar, necesario y urgente, es la creación de un plan de búsqueda e intervención en cementerios municipales y lugares de inhumación de personas no identificadas (PNI) en los municipios estudiados por el informe. Esta propuesta se constituye en un desafío porque recuerda  las obligaciones del Estado colombiano de satisfacer los derechos a la verdad de familias colombianas, de identificarlos y entregarlos de manera digna. En palabras bíblicas, las personas víctimas de desaparición forzada en el Magdalena Medio (¡y en todo el mundo!) son como “una voz que grita en el desierto” (Isaías 40, 3) y nos invita a no olvidarlos hasta que regresen al seno de sus familias.

La creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el marco de los acuerdos de paz, es una oportunidad única en la historia del país que merece el trabajo y articulación de instituciones del Estado, organizaciones de derechos humanos y de familiares víctimas de desaparición forzada.

Para ello, es necesario tener en cuenta los aprendizajes y desafíos en la implementación de la ley 1408 de 2010, que fijó lineamientos para la localización e identificación de cuerpos óseos, y en especial de la entrega digna, a sus familias. Esta ley es fruto de un espacio de articulación entre instituciones del Estado (Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y DIJIN-Interpol, Unidad de Víctimas, entre otras) y las demandas de justicia, verdad y reparación de las organizaciones de derechos humanos (Colectivo OFB, Equitas, CCJ, CAJAR, entre otras) y de familiares (ASFADDES, Fundación Nidya Erika Bautista, entre otras) sobre la necesidad de implementar medidas con base en el respeto, el reconocimiento y la dignidad de las víctimas de desaparición forzada en Colombia.

Actualmente, la experiencia de los cementerios de Vistahermosa, Villavicencio, La Macarena (Meta) y  San José del Guaviare (Guaviare) se configura como un esfuerzo que merece ser resaltado por el acompañamiento y compromiso de las instituciones del Estado y de organizaciones de la sociedad civil hacia a las familias colombianas que viven este flagelo. Este trabajo exige un abordaje interdisciplinario: desde los derechos humanos, medicina forense y acompañamiento psicosocial para las familias de la persona identificada.

La entrega de un familiar es una experiencia de alto impacto emocional, que puede generar episodios de crisis y ansiedad. Tristeza, llanto y desconsuelo, pero tambien certeza y descanso son las sentimientos encontrados con la entrega del familiar. Es necesario el acompañamiento en salud y psicológico para las situaciones de crisis que se puedan presentar. Aún es necesario avanzar en protocolos diferenciales con grupos de especial protección constitucional, como mujeres, menores de edad o pueblos indígenas.

Esta responsabilidad no es fácil, puesto que detrás de cada entrega se encuentran cientos de horas de trabajo de personal técnico, judicial y de investigación que ha estudio científicamente los restos óseos de la persona identificada, a fin de evitar errores del pasado en la identificación. Estos procesos requieren de altas inversiones en personal, trabajo y tecnología (ejemplo: la actualización de la base de datos de perfiles genéticos CoDIS),sumado a los cambios institucionales de las entidades involucradas, con asignaciones de casos especiales como el Palacio de Justicia (1985) o la Masacre de Bojayá (2002) y las eventualidades del país hacen que los procesos puedan demorarse mucho más de lo esperado para las familias .

Con la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) emerge este desafío dirigido a explicar a los habitantes del Magdalena Medio y con los hallazgos propuestos por el informe presentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en los municipios ribereños, lo acontecido con los centenares de personas que han sido reportadas y denunciadas como desaparecidas. Debe desarrollarse una priorización de parte de instituciones locales y nacionales que permita impactar y responder a la grave crisis humanitaria que viven las familias de personas desaparecidas en el Magdalena Medio.

El crimen de la desaparición forzada y su dimensión en esta región exige responder al reclamo actual de sus habitantes. Se espera en los próximos años, que más familias logren ejercer su derecho a la verdad, con la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos y también la recuperación de la memoria que se les negó al sepultarlas sin identificar. Esta propuesta es un camino para avanzar en esa misión en el Magdalena Medio.

Como dijo el Papa Francisco en su visita apostólica a Colombia, es necesario que "demos el primer paso" por la búsqueda de las personas desaparecidas en el Magdalena Medio. Porque tienen una historia que contar. Porque sus familias aún los esperan y solo con la entrega de los restos podrán comenzar a trabajar en la elaboración de su duelo y la superación en su proyecto de vida. En sus palabras, que esto nos permita “ayudarnos a sanar nuestro corazón” “y “darnos fortaleza en la adversidad” para la sociedad colombiana.

 

Bibliografía

Centro Nacional de Memoria Histórica (2017), Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena Medio, CNMH, Bogotá. Consultado el 14/11/2017. En:

Papa Francisco. Saludo del santo padre al pueblo colombiano. Balcón del Palacio Cardenalicio. Jueves, 7 de septiembre de 2017.

Vargas, Andrés. Guerra civil y violencia de la guerra civil contra las organizaciones sociales de Barrancabermeja.