“A dedo” el alumbrado público en Cúcuta

Las concesiones de alumbrado público, que son útiles en municipios pequeños y con poca capacidad administrativa, en las ciudades intermedias se han convertido en un apetecido botín de la corrupción. En Cúcuta, está a punto de entregarse “a dedo” y por treinta años un negocio que pasa del billón de pesos, y le dará a su adjudicatario una rentabilidad sin parangón.

Pedro Durán Barajas
Pedro Durán Barajas
Sociólogo
28 Seguidores67 Siguiendo

0 Debates

2 Artículos

Artículo

2162

0

18 de Noviembre de 2016

El impuesto de alumbrado público, pese a que por su nombre parece tener destinación específica, es uno de los principales ingresos de libre destinación en los presupuestos de las ciudades intermedias. En ciudades como Cúcuta y Bucaramanga, que por este impuesto recaudan anualmente cerca de 34 mil millones de pesos, es el tercer ingreso tributario en importancia después del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio.

Desde los años 90 muchas ciudades pequeñas y medianas decidieron entregar en concesión sus sistemas de alumbrado público, otorgándole a sus concesionarios el derecho de disponer de los recursos del impuesto, que goza de la doble fortuna de ver siempre actualizada su base gravable –el precio de la energía- y ser eficazmente recaudado con la facturación mensual de ese servicio.

Las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y recientemente Cali, con la sola excepción de Barranquilla, prestan directamente el servicio de alumbrado con sus empresas de servicios públicos como Codensa o EPM, o creando empresas descentralizadas municipales, como en Bucaramanga.

 

Lo macondiano

Vamos al caso de Cúcuta. En 1997 se concesionó por veinte años el servicio de alumbrado público, período que culmina el 31 de diciembre de 2017 con resultados regulares. Hoy el alcalde tiene en el bolsillo la autorización del Concejo Municipal para concesionarlo por otros 30 años, término máximo que establece el régimen de Asociaciones Público Privadas. Tan largo período de concesión se justifica para explotar infraestructura construida por cuenta del concesionario, no obstante en el caso que nos ocupa, la infraestructura ya existe, y consiste mayoritariamente en postes y luminarias.

El servicio de alumbrado público se prestará en Cúcuta por 30 años a cambio de cobrar 34 mil millones anuales de impuesto, con promedio histórico de recaudo mensual de $2.837.909.350. Por supuesto, debe descontarse el precio de la energía eléctrica que se paga al generador, que en el caso de Cúcuta es 51% del recaudo, y el valor de la interventoría del contrato, lo que deja en manos del concesionario 15 mil millones de pesos anuales mal contados, que aumentarán año a año con el crecimiento conjunto de la población y del consumo de energía, y sin perjuicio de eventuales aportes adicionales del presupuesto municipal, o de incrementos en la tarifa del impuesto, o de la ampliación del plazo de la concesión, si se estima necesario equilibrarla financieramente por esa vía, según advierte el modelo de contrato contenido en los pliegos de la licitación.

A cambio de llevarse anualmente 15 mil millones de pesos durante 30 años, que sin los incrementos resultantes del crecimiento poblacional y el aumento del consumo de energía suman casi medio billón de pesos, y que aplicando esa indexación llega a 1.5 billones de pesos, el concesionario se compromete a hacer una inversión de 91 mil millones, generando una utilidad tan alta que le alcanza para dar y convidar. Ustedes entenderán.

Esa inversión, según los pliegos del proceso licitatorio y sus estudios previos, se concentrará solamente en el primer año, (!) por lo visto sin prestarle mucha atención al principio legal de buena planeación del gasto público. En cambio, prima el principio político de hacer quedar bien al alcalde que entrega el contrato: solamente él inaugurará todo lo que en materia de alumbrado público se hará en los próximos 30 años. Seguramente así funcionaría también el alumbrado público de Macondo. Como justificación de semejante desatino se habla del cambio integral de tecnología de iluminación, que pasaría de luces convencionales a luces led.

El Procurador Regional, dirigiéndose al Secretario de Planeación del Municipio de Cúcuta, hace preguntas que translucen una natural perplejidad ante este curioso contrato:

“No encuentra este despacho dentro de la documentación publicada un estudio técnico real y completo que determine la necesidad que pretende satisfacer el municipio con el objeto a contratar 91.358.196.795.19 ‘valor estimado previamente en los estudios de mercado’. ¿Dónde se encuentran los estudios de mercado? ¿De qué forma determina el municipio que el término de duración de la concesión es de 30 años? ¿Por qué no 20 años? ¿Por qué no 50 años?”

Los pliegos se esfuerzan por garantizarle al futuro concesionario recursos abundantes y buen margen de libertad para administrarlos. Aquí poco importa que en 2010 se haya expedido la Ley 1386 “por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares”, con base en la cual la Contraloría General de la República le ha insistido a los Municipios que concesionan el alumbrado público, que la administración de los recursos del impuesto debe hacerse mediante una fiducia pública, constituida por el Municipio y no por el concesionario. “Incurren en la prohibición de la Ley 1386 de 2010 los contratos de concesión de alumbrado público en los que se pacte que los recursos se manejen en fiducia privada. Es obligatorio entonces que el concesionario del servicio de alumbrado público constituya fiducia publica” (Concepto No. 2011IE54205 de 2011). Pero en el caso de Cúcuta eso no vale. Los pliegos establecen que el encargo fiduciario será privado y punto. Vean lo que contesta el Municipio de Cúcuta ante una observación al respecto:

¿Cómo se explica todo esto? Vamos a la siguiente parte de la historia.

 

El amarre del negocio

En cada esquina de Cúcuta se dice que un personaje de ingrata mención en la prensa nacional, Alfonso “el Turco” Hilsaca, poderoso concesionario del alumbrado público, sobre todo en municipios de la costa atlántica, hizo un generoso aporte a la campaña del actual alcalde. Como los documentos que reposan ante el Consejo Nacional Electoral no confirman el rumor, no podemos darlo por cierto.

Sin embargo, el día 16 de noviembre, durante la diligencia de apertura de las propuestas, su empresa familiar AGM DESARROLLOS apareció entre las tres interesadas como integrante del “Consorcio Alumbrado Público SJC”.

Se presentó también la firma ELECTROINGENIERÍA, que fue por cierto junto con AGM DESARROLLOS única pareja de proponentes a la concesión de alumbrado de Palmira, oportunidad en la cual ganó la licitación. Quizá esta vez ocurra lo contrario.

Ambas empresas, ELECTROINGENIERÍA y AGM DESARROLLOS son concesionarias del alumbrado público en pequeñas ciudades, sobre todo de la Costa Atlántica. La primera en municipios como Planeta Rica, San Andrés de Sotavento, Chinú y Tuluá. La segunda en Dibulla, Distracción, San Juan del Cesar, Barrancas, Magangué y más recientemente Ocaña y Pamplona, en Norte de Santander, entre otros municipios más.

También se presentó a la licitación de Cúcuta la empresa multinacional EN EL AMERICA, que controla a CODENSA, pero revisando los pliegos se advierte una condición que CODENSA no cumple:

CODENSA le preguntó al Municipio por estas condiciones y recibió esta lapidaria respuesta:

La exclusión de ENEL AMERICA S.A. se dará por la caprichosa razón de no tener contratos de concesión, puesto que presta el servicio directamente (precisamente como debería hacerse en una ciudad del tamaño de Cúcuta) en la condición de distribuidor y comercializador de energía eléctrica en la totalidad de Bogotá y Cundinamarca, que suman la quinta parte del mercado nacional. Sin embargo, AGM DESARROLLOS le gana en número de concesiones en municipios como Dibulla, Distracción, San Juan del Cesar, Barrancas, Magangué, Ocaña y Pamplona. Otra exigencia, tener al menos 20 años de creación, tampoco la cumple hoy CODENSA, creada en 1997.

El principio de objetividad que debe subyacer a las condiciones de cualquier licitación no luce claro en este jugoso proceso, donde muy seguramente otros posibles interesados desistieron al encontrarse condiciones que parecen tomadas de la experiencia de AGM DESARROLLOS, firma cuyo consorcio todo el mundo da por seguro ganador. En casos como este cae muy bien el refrán según el cual en Colombia hay licitaciones tan, pero tan transparentes, que desde el principio se ve muy bien quién se las va a ganar.

A la luz de este caso, uno más entre centenares, pero notable por tratarse de una ciudad grande con un alto recaudo de impuesto de alumbrado público, se nota la necesidad de mayor severidad legal respecto a negocios que permiten a los particulares lucrarse con la administración de tributos. También parece necesaria más regulación que prevenga restricciones a la libre competencia mediante acciones efectivas de la Superintendencia de Industria y Comercio o de la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República. Ni qué decir del control fiscal a las entidades territoriales, que las contralorías ejercen a posteriori y con una dosis altísima de inanidad, semejante a la de acciones administrativas como las populares o de nulidad, cuyos resultados tardarían casi tanto como los 30 años de la concesión misma.

Por lo tanto, sin prescindir de los mecanismos públicos de control, a pesar de su morosidad, lo más efectivo es la veeduría ciudadana y el control social a través de los medios de comunicación. Imposible que las ciudades intermedias y aun pequeñas de Colombia no tengan, a estas alturas, ciudadanos capaces de manejar una calculadora y entender que la plata pagada mes a mes en el recibo de energía se la va a apropiar una gente que apenas devuelve una fracción de lo que se lleva, generando un lucro excesivo e ilegal por cuenta del consentimiento de alcaldes llenos de gratitud, pero no gratitud con sus electores, sino con sus financistas. Esa es la realidad de la mayor parte de las concesiones de alumbrado público.

Y para completar, todo a las carreras. Si no hay contratiempos, el 2 de diciembre se adjudicará el contrato como está cantado. Con nuestros impuestos se dará cumplimiento a la palabra del gallero, porque estamos entre gente seria.