¿Conviene la Reforma Electoral que propone la Misión Electoral Especial?

Las propuestas de la MEE, por como se están concertando entre Gobierno y partidos, son más un consenso entre élites -entre ellas élites desmovilizadas- que un consenso entre la ciudadanía para definir la forma en que puede ser mejor representada. Mecanismos constitucionales de representación se están definiendo de espaldas a los representados.

Pedro Durán Barajas
Pedro Durán Barajas
Sociólogo
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25 de Abril de 2017

Para no ir tan lejos con las comparaciones que pueden ilustrar las fallas de un sistema electoral con listas cerradas y bloqueadas como el que propone la MEE en el documento conocido la semana pasada, examinemos el caso de Venezuela.

Desde 1961, la Constitución venezolana acordada entre las élites de los partidos reunidas en Puntofijo -nombre que tenía la quinta de Rafael Caldera en Caracas, y en donde, tratándose de la sala de una casa, no cabía mucha gente-, adoptó el sistema de listas cerradas y bloqueadas que rigió hasta 1993, año en el que se modificó tras responsabilizársele del descrédito que afectaba gravemente los partidos y la democracia, con las consecuencias que después conocimos.

Las listas cerradas y bloqueadas fortalecieron a las élites de los partidos en ese país al mismo tiempo que las distanciaron de la ciudadanía a tal punto que colapsaron con todo y partidos, llevándose por delante el sistema democrático como la actualidad venezolana lo patentiza. Los partidos acabaron convertidos en propiedad de lo que los venezolanos de entonces llamaban “cogollos”, las jefaturas inamovibles de Acción Democrática y Copei, que se aferraron una generación entera al poder hasta que lo vieron extinguirse cuando el propio anciano Rafael Caldera le entregó la presidencia a Hugo Chávez.

Los “cogollos” decidían las listas cerradas y bloqueadas al amparo de procedimientos que remedaban la democracia en el seno de los partidos, pero que no eran más que la ruinosa lucha cortesana por estar más y más al arrimo de los jefes que exprimieron el país hasta que lo entregaron en bandeja de plata al chavismo.

Ahora que la MEE propone algo parecido en Colombia, y los jefes de los partidos acarician la posibilidad de reelegirse en sus curules sin gastar mucho por cuenta de un lapicero que respetaría su derecho adquirido a ir en una buena posición dentro de la lista cerrada y bloqueada, vale la pena recordar lo que ese sistema significó en la historia de Venezuela, un país que tenemos muy cerca, ahora que los expertos de la MEE nos sugieren dizque mirar a Alemania.

El problema del sistema Venezolano fue que en Puntofijo se acordaron reglas de juego electorales de mutua conveniencia para las élites de los partidos, apenas las que cabían en la sala de la casa de Caldera, sin prestar mucha atención a lo que resultaba de mayor conveniencia para la ciudadanía. Algo parecido se está haciendo hoy en Colombia. Se discute entre el Gobierno Nacional y las élites de los partidos la reforma del sistema constitucional de representación política, de espaldas a los representados. Vaya curiosidad.

Si no fuera así y primara la ciudadanía, antes que de listas cerradas y bloqueadas, se estaría hablando de normas de democracia interna, que hicieran a los partidos representantes veraces de los intereses ciudadanos. De una concertación como la que se está intentando, solo pueden resultar normas que favorezcan el florecimiento de los mismos “cogollos” excluyentes que a largo plazo pusieron al país vecino en manos del chavismo.

Con las actuales condiciones de negociación, la única forma en que el Gobierno nacional podrá darle vía libre, por la vía rápida, al sistema de listas cerradas y bloqueadas, es concediéndole a los congresistas actuales el privilegio de encabezar las listas que se integren para las elecciones de 2018, asegurándoles altas posibilidades de reelección a bajo costo, en listas que ellos mismos definan sin asomo alguno de procedimientos que garanticen democracia dentro de los partidos.

La consigna ciudadana frente a esta posibilidad debe ser: reforma constitucional para listas cerradas y bloqueadas sí puede haber, pero solo después que una ley estatutaria reglamente minuciosamente los procedimientos democráticos que cada partido debe observar para elegir sus directorios y constituir sus listas, lo cual no es posible hacer antes de las elecciones de 2018.

El otro ingrediente de la propuesta es la creación de un sistema electoral mixto para integrar la Cámara de Representantes, que combinaría el sistema de listas cerradas y bloqueadas con el sistema de elección por distritos electorales, en cada uno de los cuales se elegiría un solo representante. El modelo recomendado por la MEE propone que en cada departamento se elija cada mitad de sus representantes por cada uno de estos métodos, privilegiando el sistema de distritos uninominales en los departamentos más pequeños.

Ese sistema, que puede funcionar muy bien en Alemania, en la mayor parte de Colombia no tendría otra consecuencia que convertir a los alcaldes en los grandes árbitros electorales dentro de los distritos uninominales coincidentes con su jurisdicción.

Un sistema de elección semejante supondría que cada municipio capital o municipio metropolitano convertido en distrito electoral uninominal, o cada conjunto de municipios agrupados en un distrito, escogería un representante a la cámara, en donde el candidato favorecido por el alcalde tendría una notoria ventaja frente a sus contendientes y las mayores posibilidades de ser el único elegido. Además, las campañas a la cámara dentro de cada distrito uninominal coincidente con una ciudad capital, serían casi tan costosas como una campaña a la alcaldía. ¡Qué contradicción en una propuesta de reforma que tiene dentro de sus finalidades abaratar las campañas al congreso! Puede ser que los expertos de la MEE estén familiarizados con las publicaciones especializadas en ciencias políticas, pero están muy distantes de las calles de los pueblos y ciudades donde cobrarían efecto sus recomendaciones.

Colombia no es un país en donde puedan aprovecharse las virtudes del sistema mixto alemán de distritos uninominales y competencia de listas cerradas en circunscripciones regionales, salvo que la uninominalidad se limite a distritos trazados dentro de unas pocas grandes ciudades con amplias franjas de clase media. En aras de la simplicidad, y mientras la mayor parte del país moderniza sus costumbres políticas, es preferible renunciar a la idea del sistema mixto, para no correr el riesgo de acentuar aun más el peso de los ejecutivos regionales en la elección de los representantes a la cámara.

¿Cuál podría ser una hoja de ruta sensata que pusiera, si no por delante, por lo menos a la par el interés de los ciudadanos y el de las élites apoltronadas en el congreso y primordialmente interesadas en reelegirse sin mucho esfuerzo mediante listas cerradas y bloqueadas?

  1. Listas cerradas a todas las corporaciones públicas, solo después de aprobada una Ley Estatutaria que imponga reglas de juego y mecanismos democráticos idénticos dentro de cada partido, empezando por la elección de órganos directivos territoriales mediante el voto de militantes carnetizados, llevadas a cabo el mismo día, en todo el país y por períodos iguales, para todos los partidos políticos. Por razones obvias, el sistema no podría ponerse en marcha para las elecciones del año entrante.
  2. Renunciar a la creación de circuitos electorales uninominales que en la mayor parte del país apuntalarían el poder de los alcaldes, y por consiguiente del poder ejecutivo local sobre los congresistas, además de encarecer las campañas dentro de cada circuito.

Respecto a la arquitectura institucional, en lo tocante a la propuesta de una Corte Electoral, no hay mucho más que decir fuera de lo manifestado por el Consejo de Estado. Crear una Corte Electoral como órgano especializado de justicia electoral es una manera muy costosa de asignarle a una burocracia paralela, nueva y frondosa, que además se replicaría en seis (6) tribunales regionales, las mismas funciones que hoy asume la jurisdicción contencioso administrativa. Una pléyade nueva de magistraturas electorales en el nivel central y el territorial no tiene justificación clara en nombre de la paz, que precisa destinar esos recursos a asuntos de fondo, y no a más salarios de magistrados, carros, conductores, asesores, secretarias, oficinas, muebles, escoltas, etc.

La propuesta de crear el Consejo Electoral Colombiano como cuerpo colegiado integrado por siete (7) consejeros elegidos por cooptación de ternas presentadas por las altas cortes y la Presidencia, para que asuma funciones de autoridad electoral que hoy son propias del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, podría cobrar mayor sentido si se plantea solo como una reforma del actual Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Registraduría, para sustraer estas entidades del arbitrio de los partidos políticos, que en el caso del CNE tienen la facultad de ternar sus magistrados, y en el caso de la Registraduría, una vieja tradición heredada del Frente Nacional les otorga la prerrogativa, en ese entonces exclusiva de los partidos Liberal y Conservador, de postular cada partido uno del par de registradores que hay en cada departamento y en cada ciudad capital de departamento, en aras del antiguo equilibrio bipartidista.

Por supuesto que se justifica una reforma que le otorgue al CNE y la a la Registraduría independencia plena de los partidos, y que le permita al CNE extender su jurisdicción a cada departamento, dándole a uno de los dos registradores departamentales funciones exclusivamente electorales, y adscribiéndolo al CNE. Pero se sirve mejor a la paz reformando y corrigiendo las instituciones actuales, que redenominándolas y anulando tradiciones institucionales que ya tienen casi tres décadas.

Ojalá los principios que alientan esta reforma, como la necesidad de diseñar un sistema de representación política más simple y más fácil de financiar con recursos del Estado, no terminen siendo el pretexto de un sistema, que por combatir el clientelismo promoviendo las listas cerradas, acabe introduciendo severas restricciones a las posibilidades ciudadanas de representación política, cosa que pasaría si el empoderamiento de los directorios de los partidos políticos no se compensa con la obligatoriedad de reglas de juego democráticas en el seno de cada uno de ellos.

Al Gobierno Nacional le cabe la responsabilidad de no promover cambios del sistema constitucional de representación política a las carreras y de espaldas a la ciudadanía. Si procede de esa forma, por intentar pasar a la historia como gran promotor de reformas, puede acabar improvisando remedios peores que la enfermedad.