¿Acabar con el Polo y el Partido Verde por "fast track" para consolidar a las Farc?

Está a punto de presentarse en el Congreso el proyecto de acto legislativo de reforma electoral, que ya se concertó con los partidos de la Unidad Nacional. Si se aprueba como viene, afectaría gravemente a los partidos pequeños y beneficiaría a los cuatro grandes. Las Farc también ganaría.

Pedro Durán Barajas
Pedro Durán Barajas
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17 de Mayo de 2017

A través de los medios de comunicación se han conocido algunos aspectos del proyecto de reforma constitucional que se tramitará mediante fast track para modificar las reglas del juego electoral colombiano. Se ha señalado el día de hoy como fecha de su presentación al congreso. Sus términos están recién concertados con los congresistas jefes de los partidos de la Unidad Nacional –curiosidad del fast track donde la principal discusión no es pública en el seno de las cámaras legislativas sino privada en el seno de los directorios- personas que por cierto expresan muy pobremente los vientos de modernidad que la tal reforma pretende traer a la política nacional.  

Yendo de inmediato a lo censurable en el proyecto de acto legislativo, y dejando de lado aspectos positivos -pero accesorios- que sin duda tiene, puede vérselo como una propuesta contra los cuatro partidos minoritarios que hoy tienen presencia en el Senado. El Partido Verde (5 curules), el Polo Democrático (5 curules), Opción Ciudadana (5 curules) e incluso Cambio Radical (9 curules).

El proyecto, según informaba ayer La Silla Vacía, propone listas cerradas y bloqueadas para las elecciones posteriores a las de 2018 en todas las corporaciones públicas. En las del año entrante, por una sola vez, propone listas con voto preferente, pero otorgándole a los cinco (5) primeros candidatos de cada lista según el orden de aparición en la misma al momento de su inscripción, a cada uno un quinto de la votación que se deposite por el logotipo del partido, lo que tendrá como consecuencia que en partidos que en este momento tan solo tienen cinco (5) curules (PV, OC, PD) o apenas unas pocas más (CR), va a desincentivarse gravemente la aparición de candidaturas nuevas.

Muchos posibles nuevos candidatos ya no querrán integrar las listas de tales partidos minoritarios por considerar que estando más allá del quinto lugar en el orden de inscripción no tendrán posibilidades de competir contra los cinco primeros candidatos inscritos, que obviamente serán los cinco senadores actuales o sus favorecidos, que se repartirán entre ellos la votación depositada por el logo.

En otras palabras, quienes quieran llegar por primera vez al Senado y contemplen la opción del Partido Verde, Cambio Radical o el Polo, seguramente desistirán de hacerlo por esos partidos minoritarios que tienen poca capacidad electoral para elegir más de sus cinco (5) senadores actuales, o nueve (9) en el caso de CR.

Si acaso la votación total de uno de estos partidos le permitiera elegir algunas curules más fuera de las que hoy tiene, aun así los nuevos candidatos enfrentarían una desventaja enorme en la competencia interna frente a los cinco primeros candidatos inscritos. Muchas de esas nuevas candidaturas acabarían optando por partidos mayoritarios en los que habría mayor equidad en el juego, como ya veremos.

De aprobarse la propuesta del gobierno, en lo partidos minoritarios se reduciría dramáticamente la sumatoria de votos en su lista al senado, porque tendrían grandes dificultades para reclutar nuevos aspirantes que sumaran votos a la lista.

Por consiguiente, correrían el grave riesgo de no alcanzar el umbral de 3% señalado en los artículos 108 y 263 de la Constitución para obtener representación en el Congreso y conservar su personería jurídica. Vale recordar que el Polo Democrático, el Partido Verde y Opción Ciudadana, a duras penas superaron ese umbral, lo que les permitió elegir a cada uno de ellos una bancada de cinco (5) senadores, la menor participación que es posible obtener en el Senado al contar con el 3% de los votos de la circunscripción nacional, salvo que se trate de partidos de minorías étnicas o del partido de las FARC, que con votos o sin ellos tendrá 5 congresistas en cada cámara.

A los tres grandes partidos de la Unidad Nacional (U, PC y PL), que eligen entre 18 y 21 congresistas, la medida no los afecta puesto que conservan cada uno cerca de 15 curules en disputa franca mediante voto preferente, lo que ofrece mayores garantías de competencia a los aspirantes nuevos que sin duda los preferirán, y porque quienes en esos partidos gocen el privilegio de los primeros cinco lugares, serán muy seguramente los veteranos electores de la Unidad Nacional que cuentan con las participaciones burocráticas y los cupos de contratación más jugosos del actual gobierno, lo que garantiza que sus maquinarias sumen votos a la lista pese a tener asegurada de antemano la elección. Además, las listas de los grandes partidos cooptarían las candidaturas nuevas que no vean ventajosa su participación en los partidos minoritarios, por las razones citadas.

El malestar que resulta de esta reflexión es pensar que el gobierno quiera acabar con expresiones de la socialdemocracia y de la izquierda democrática como el Partido Verde y el Polo Democrático, acaso obrando en favor de las FARC, un partido apenas experimental, que quedaría en la condición de único vocero político de la izquierda.

Pero tal vez sea algo peor. Con esta movida, si llega a concretarse, la Unidad Nacional vería facilitado su escenario en 2018, puesto que sería muy probable que en marzo de ese año por cuenta de estas nuevas reglas, salieran del Senado tanto el Partido Verde como el Polo Democrático, quedando muy debilitado el abanico de candidaturas presidenciales vinculadas a esos partidos. Por otra parte, reduciendo los escaños de Cambio Radical, se tendría como consecuencia que si acaso es Vargas Lleras el candidato de la Unidad Nacional, estaría sin remedio sometido a las exigencias de la bancada santista, al estar muy menguada la bancada de su propio partido. ¿Será eso modernizar la política?

Medidas que se presentan como modernizadoras de la política, como la financiación estatal, el acceso equitativo y más generoso a medios de comunicación, controles rigurosos de aportes y gastos, despolitizar al CNE y dotarlo de mayores herramientas para controlar y sancionar, solo pueden ser de veras modernizadoras y democráticas si se acompañan con facilidades mayores para que la sociedad civil no clientelizada acceda a las corporaciones públicas, cosa muy distinta a lo que mediante ardides legales se pretende restringir con este proyecto, que no moderniza nada, sino que le facilita y le abarata todo a los que ya están. Hasta donde se ha podido conocer a través de los medios, ni una palabra dice el proyecto sobre el voto electrónico y menos aun sobre el voto obligatorio.

Otras medidas favorables contempladas en la propuesta, como las facilidades mayores para la creación de partidos y movimientos, podrían ser útiles a mediano plazo para aspiraciones a corporaciones locales, pero inanes para que pudieran llegar al congreso en las elecciones de 2018 incluso movimientos muy bien organizados como Compromiso Ciudadano o los Progresistas, porque, la verdad sea dicha, esta es una reforma que tal como salió de la concertación con los directorios políticos de la Unidad Nacional, lejos de tener como propósito primario la modernización de la política colombiana, si alguna vez lo tuvo, lo que pretende ahora es apoltronar mejor a los que ya están.

P.D.: Esta columna es la continuación de otra que puede encontrarse en este mismo medio: