¿Y la plata de la democracia?

En época electoral para la configuración política nacional, otras formas de participación están siendo olvidadas.

Andrés Vargas Ferro
Andrés Vargas Ferro
Politólogo y periodista
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14 de Marzo de 2018

La democracia necesita dinero para funcionar y su sostenimiento debe estar a cargo de los organismos del Estado que garantizan que el sistema ande. Pero en Colombia la consulta popular, clave para la participación ciudadana, por falta de financiación está en veremos, no por que la gente se abstenga de votar, sino porque no se están girando los recursos para su correcto despliegue.

En las poblaciones quieren participar y muchos colectivos están preparados para hacerlo activamente, en busca de garantizar sus derechos civiles o territoriales. Las consultas en 2017, se volvieron una expresión de los pueblos para involucrarse directamente en lo que a su territorio en términos de explotación petrolera o minera se refiere, la severidad fue la clave de los resultados y las distintas expresiones fueron resumidas con la polarización y el rechazo; 7 consultas con más del 90% en contra de los proyectos extractivos, marcaron los resultados.

Gracias a la tendencia, en la agenda de la prensa resonaron los titulares de las “famosas consultas mineras”, indistintamente fueran petroleras o no. La otra noticia también sorprendió a pesar del auge de la participación, cuando MinHacienda decidió frenar la plata, para la realización de 4 consultas; 2 en Santander,  1 en Quindío, 1 en el Meta y las consultas desde finales de 2017, deberán ser subvencionadas por gobernaciones y alcaldías quedando fuera del alcance financiero del gobierno central.

¿Cuánto vale la consulta? entre 30 y 180 millones de pesos, pero la problemática no se encamina por la falta de recursos sino por el miedo a los resultados que puedan frenar el desarrollo minero-energético. La medida y la falta de claridad sobre los giros, sólo van a esparcir el resentimiento en los colectivos municipales.

Si bien las decisiones informadas, en comunidades y gobierno, debe ser un eje común y la explotación de los hidrocarburos también debería ser estimada y garantizada por un consenso nacional, debido a la importancia en renta y aprovechamiento del recurso nacional, la excusa tampoco puede ser que no hay plata suficiente, para resolver unas votaciones en un municipio del país. El debate es más profundo que eso. Por ahora el ministro Cardenas, por desacato, recibió una sanción de 1 salario mínimo, la Registraduría, según El Espectador, se estima cuenta con un presupuesto de 1,8 billones de pesos y aún los habitantes de Cordoba (Quindio) mediante tutelas, esperan garantizar el derecho a la participación ciudadana junto con los 32 millones de pesos, para hacer la Consulta que busca parar cerca de 50 títulos mineros.

Un paréntesis fuera del petróleo, no para decir que una idea deba ser escrita aunque fuera una obviedad, sino para resaltar una matanza. No son sólo las amenazas, son los asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos a lo largo del territorio colombiano. Según el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en los primeros 40 días de 2018 han asesinado a 29 líderes sociales en Colombia.

Para mayor información sobre impactos sociales y económicos del sector petrolero en colombia, visite