Tres razones por las que la Corte debe salvar la ley de tierras

Hoy la Corte Constitucional tiene que decidir sobre la constitucionalidad del Decreto Ley 902, aquí tres argumentos para salvarla. 

Margarita Varón
Margarita Varón
Fundadora y Gerente de Colombia Rural
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1986

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12 de Abril de 2018

Hoy la Corte Constitucional tiene que decidir sobre la constitucionalidad del Decreto Ley 902, por medio del cual se adoptaron las medidas para implementar los puntos relacionados con la tenencia de tierras del Acuerdo de Paz. Al menos tres consideraciones son claves en el análisis de la norma:


1. Es incluyente y al mismo tiempo desarrolla la prioridad del Acuerdo para la pequeña y la mediana propiedad

La Reforma Agraria del 94 no definió de manera clara que se consideraba por pequeña, mediana y gran propiedad. Si se supone que el acceso debe ser gratuito para los pequeños productores pero no se sabe con claridad qué es pequeña propiedad, ¿Cómo se espera un cumplimiento ágil y sistemático de la norma?

Eso hizo que, por ejemplo, se permitiera la adjudicación de baldíos a personas que tuvieran hasta 1000 SMMLV de patrimonio neto que a hoy representa 781.242.000 millones de pesos. Es decir, admitía la adjudicación de baldíos a personas que no necesariamente representan los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente que requieren apoyo del Estado.

En múltiples ocasiones, se cuestionó por qué personas que no son pobres habían sido beneficiadas por el Incora o el Incoder. Por supuesto que el escenario es mucho más complejo que solo la norma pero el hecho es que la Ley 160 así lo permitía.

El Decreto Ley 902 resuelve esta situación. Estandariza qué es pequeña, mediana y gran propiedad o sujetos, y qué tipo de derecho o actuación corresponde a cada quién (Lea el artículo 20 del Decreto Ley 902 sobre la prioridad en la asignación de derechos).

No solamente esto permite que en la práctica efectivamente sean beneficiados los campesinos que fueron priorizados en la Reforma Rural Integral sino que reduce el patrimonio para clasificar la pequeña propiedad de 1000 SMMLV a un máximo de 250 SMMLV.

El Decreto Ley 902 define al campesino mediano en el rango entre 250 y 700 SMMLV y a los grandes propietarios a quienes tengan más de 700 SMMLV de patrimonio neto.

Si algo fue ajustado luego de los resultados del plebiscito fue la inserción de un lenguaje  inclusivo que contemplara un espacio en el campo para los grandes productores.

La inclusión de los agroindustriales tiene tres efectos muy importantes: 1. Aclarar y estandarizar quiénes son los sujetos que no serán beneficiarios de los programas de dotación de tierras. 2. Proponer una visión incluyente del campo colombiano – no polarizante – en el Acuerdo Final para la Paz y 3. Avanzar en la formalización de la propiedad rural pagada por parte del particular. Es decir, el Estado va a recibir dinero por adelantar esta formalización.

Muchos se preguntan por qué se incluyó la formalización para la gran propiedad. Esta pregunta tiene dos respuestas técnicas. Por un lado, el Acuerdo Final ordena al Estado avanzar hacia la formalización masiva.

Por otro lado, la formalización y la claridad en los títulos, extensión y linderos en la propiedad rural es la base del cobro de un impuesto predial que sea efectivamente recaudado y que ingrese a las arcas del Estado.

 

2. Desarrolla el enfoque territorial

Tramitar los asuntos pendientes en materia de tierras, uno por uno, es inviable.

Ruanda – aunque con una extensión total mucho menos extensa y menos antecedentes en la materia que los que tiene Colombia -, hizo un barrido predial a 10.4 millones de hectáreas en aproximadamente 5 años con un costo promedio de 7 dólares por parcela. Etiopía resolvió 14 millones de parcelas en 5 años aproximados, con un costo promedio de 5 dólares por parcela. 

En Colombia un proceso de extinción del dominio sobre sólo un predio tiene una duración promedio de 10 años y lo mismo la acción de revisión que es solo una parte de los procesos de clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.

El nuevo decreto transforma la manera en la que la institucionalidad se acerca al habitante rural para llevar hasta las veredas y corregimientos a los funcionarios para que escuchen, - en un ejercicio participativo-, el estado actual de los asuntos de tierras en cada zona, de tal manera que las soluciones propuestas sean pertinentes a cada territorio.

Haciendo uso de los códigos ya existentes el Decreto Ley introduce un enfoque territorial y una perspectiva rural apenas lógica para poder aplicar los códigos contencioso administrativo y general del proceso, en las áreas no urbanas de Colombia.

 

3. No aborda los asuntos de fondo en tema de tierras respetando los criterios y parámetros para el ejercicio de las facultades extraordinarias del “Fast Track”

Se ha discutido si el Decreto Ley 902 fue expedido respetando  los parámetros que fijó la Corte Constitucional para expedir las normas del  “Fast Track” vía decreto ley.

No hay un solo asunto de fondo desarrollado por el Decreto Ley 902 que no tenga soporte en una ley previa y ordinaria expedida por el Congreso. 

  1. Reconocimiento a la economía del cuidado: Artículo 1, numeral octavo --> Ley 160 de 1994
  2. Adjudicación directa: Artículo 102 --> Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo
  3. Crédito Especial de Tierras: Artículo 101 --> Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo
  4. Crédito Especial de Tierras: Artículo 1, numeral noveno; Ley 160 de 1994 --> Artículo 12; Ley 101 de 1993, Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero
  5. Formalización de predios privados: Artículo 103 --> Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo
  6. Procedencia del procedimiento único en zonas focalizadas: Artículo 100 --> Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo
  7. Prevalencia de lo rural: Artículo 6 --> Ley 101 de 1993, Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero
  8. Rectificación administrativa de área y linderos: Artículo 105 --> Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo

Por otro lado el Decreto no soluciona los principales asuntos de fondo en el tema de tenencia de tierras que Colombia debe resolver:

1. Falsa tradición: ¿Cómo resolverá el Estado las transacciones de más de 60 años que no tienen soporte de pleno dominio y que sin embargo fueron adquiridas de buena fe y legítimamente? ¿Serán recuperadas como baldíos indebidamente ocupados?   

2. Ocupación histórica de baldíos: Cuál será la alternativa para los colonos que sin apoyo alguno o presencia del Estado cumplen la función social de la propiedad rural, pagaron por lo que denominan “posesión” y han generado ingresos significativos, en algunos casos generando empleo, pero que no tienen título de propiedad. ¿Estos predios también serán recuperados como baldíos indebidamente ocupados?

3. Acumulación de UAF de predios previamente adjudicados: El Estado Colombiano aplicará a rajatabla, medidas para declarar la nulidad de los negocios cuando se evidencia que una persona – así sea pequeño o mediano productor – tiene en su haber más de una unidad agrícola familiar?

4. Extinción del dominio: ¿Cómo resolverá el Estado colombiano la necesidad de contar con instrumentos objetivos y verificables para determinar que un predio no ha sido aprovechado por su dueño – o al contrario – ha sido abandonado sin justa causa?

5. Especulación en el precio de la tierra: ¿Qué medidas normativas adoptará el Estado para controlar la especulación de precios al implementar el barrido predial, obras de interés público y la compra de tierras para nutrir el Fondo de Tierras?

6. Expropiación por motivos de interés público para la reforma agraria: ¿Qué medidas objetivas y verificables serán diseñadas para justificar la compra de la tierra – incluso si el dueño elige no venderla voluntariamente – para transferir el dominio a otra persona con el fin de cumplir los propósitos de redistribución de la propiedad?

Estos si son – entre otros asuntos– los temas de fondo que Colombia debe resolver en materia de tierras, sobre los cuales el Decreto Ley 902 no pronuncia palabra alguna.

Colombia exige un análisis profundo y juicioso sobre el Decreto Ley 902 que busca implementar apenas una parte de la Reforma Rural Integral.

 

Comentarios (5)

Andres Felipe Garcia Rovira

12 de Abril

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Si el salario minimo son 781 mil millones de pesos y que 1.000 salarios minimo...+ ver más

Si el salario minimo son 781 mil millones de pesos y que 1.000 salarios minimos son 781 billones de pesos es tan poco serio el texto que por ello los argumentos de ahi en adelante tienen las mismas debilidades en logica.

Nosferatu

12 de Abril

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Si se refiere a esto "1000 SMMLV de patrimonio neto que a hoy representa 781.2...+ ver más

Si se refiere a esto "1000 SMMLV de patrimonio neto que a hoy representa 781.242.000 millones de pesos" yo entiendo que, el total de 1000 SMMLV equivalen a 781.242.000 millones de pesos. Tal vez fue corregido o usted leyó mal.
Saludos

Prada

13 de Abril

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Donde dice: "781.242.000 millones de pesos"
Debe decir: "781.242.000 peso...+ ver más

Donde dice: "781.242.000 millones de pesos"
Debe decir: "781.242.000 pesos"
¿Defecto mortal? ¿Error de lógica? No, parece un lapsus, que una persona inteligente, o una no uribista, filtra sin mosquearse.
Lógica: "Parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos".

Andres Felipe Garcia Rovira

13 de Abril

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Notaste que Alex cree que la gente se gana 781 mil millones de pesos, porque n...+ ver más

Notaste que Alex cree que la gente se gana 781 mil millones de pesos, porque no hay ninguna correciòn aun hoy a las 8 de la mañana se puede leer los 781 billones, pero cuando trata de corregir y ni siquiera entiende que se mantiene el error es dificil de contradecir, supongo que alex es millonario porque asumo gana mas de un salario minimo, asi que hasta de pronto se gana mas de un billon, ademas pensar que yo leo mal , porque el no sabe multiplicar, en las competencias basicas estan fallando mucho.

Si el articulo no fuera 3 razones, habria pasado el numero, por cierto no tiene que ver con uribismo, sino con matematicas, si no se entiende bien el concepto de numero, que 781 millones no son 781 billones, el numero 3 tampoco aplica y no se, tu ya no estas en santander sino en barranquilla, crees que si fueras uribista estarias en medellin?, yo creo que la correlaciòn de ue piensa uno y que hace no es tan fuerte y trascendente como ustedes quieren pensar.

Yo No trabaje en proyectos del gobierno de uribe y si de lucho garzon, por la razon que uno hace lo que le ofrecen, no se debe detener a pensar sera que ideologicamente no me debo ganar esta plata, se complican mucho, los numeros son importantes en la medida en que representan conceptos pero le atribuyen caracteristicas que no tienen.

Prada

13 de Abril

1 Seguidores

A veces se puede ser indulgente con un lapsus puntual sin demeritar la obra co...+ ver más

A veces se puede ser indulgente con un lapsus puntual sin demeritar la obra completa. Claro que en un informe técnico o científico escribir de más la palabra "millones" sería un error IMPERDONABLE (se podría caer una nave espacial o lanzar por accidente un misil nuclear), pero en un artículo periodístico no tanto.

Fíjate que se quedó solo en risas la declaración de Uribe cuando Duque ganó en la consulta el derecho a ser candidato a "vicepresidente". ¿Lo traicionó el subconsciente? Tal vez, pero no se la cobraron muy caro.

Uno podría llamar la atención sobre el yerro tipo lapsus y continuar sin necesidad de utilizarlo como pretexto para condenar el escrito a la hoguera "ipso facto". Este tipo de reacciones exageradas -a matar, innecesariamente- son las que me parecen propias de los uribistas, aún de los más inteligentes, como tú, lástima.