Parques con campesinos o exclusión en áreas protegidas

Esta es la carta abierta de organizaciones campesinas en Mesa de Concertación Nacional con Parques Nacionales sobre inconveniencia del decreto Fast Track que esta entidad propuso.El debate público,abierto y transparente debe contribuir a exigir y salvaguardar los derechos campesinos en áreas protegidas.Los campesinos presentaron su propuesta de decreto a través de FARC a CSIVI

César Jerez
César Jerez
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21 de Mayo de 2017

Mientras Parques Nacionales Naturales y el gobierno sigan hablando de desmontes graduales, saneamientos automáticos, sanciones, confiscaciones, diciéndole no a un régimen especial que reconozca derechos a los campesinos dentro de los Parques, muy difícilmente se va a poder solucionar uno de los conflictos territoriales más grandes del país con profundos impactos humanos y sociales. Parques Nacionales insiste en una política que significa despojo ydesplazamiento para comunidades que habitan estas áreas desde antes de que se constituyeran en parques. El reto está en armonizar la conservación y el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de comunidades campesinas que llegaron a estos territorios como resultado de la violencia política. Garantizar sus derechos es reparación e inclusión, no se puede seguir improvisando con poblaciones victimizadas por determinismos militares y conservacionistas.

"De permanecer la perspectiva obtusa de PNN expresada en su propuesta de Decreto, desconociendo el Acuerdo Final como parte del bloque de constitucionalidad, se desperdicia una oportunidad histórica en Colombia para avanzar hacia formas de ordenamiento territorial y ambiental incluyentes, compatibles con las necesidades de conservación natural y cultural, que aportan importantes servicios ambientales a los colombianos, como la provisión de agua y de alimentos".

Carta abierta

Bogotá, 21 de mayo de 2017

Señores(as):

Sergio Jaramillo, delegado del gobierno

Rafael Pardo, delegado del gobierno

Juan Fernando Cristo, delegado del gobierno

Judith Simanca Herrera, Delegada FARC

Seusis Pausivas Hernández, Delegado FARC

Luciano Marín Arango, Delegado FARC

Comisión de Seguimiento, Impulso y verificación a la implementación- CSIVI

 

Señora:

Julia Miranda

Parques Nacionales Naturales

 

Señor:

Luis Gilberto Murillo

Ministro de Ambiente

 

Observaciones de la delegación campesina sobre propuesta de Decreto Ley planteada por Parques Nacionales Naturales mediante la cual “se dictan medidas para el manejo de conflictos socio-ambientales generados por el uso, ocupación y tenencia en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, tendientes a su recuperación y conservación”.

 

En la última semana el país ha conocido una serie de debates en torno a las vías para solucionar los conflictos territoriales entre el Sistema de Parques Nacionales Naturales-SPNN y los asentamientos campesinos a su interior o en sus zonas de influencia. Si bien las discusiones en torno a las mejores opciones para solucionar estos conflictos tiene un largo contexto y antecedentes, la coyuntura actual ha agitado las controversias, pues en la última semana se han conocido dos propuestas legislativas, una desde el SPNN y otra desde el campesinado, que buscan dar solución a estos conflictos, y que pretenden ser aprobadas como Decreto Ley fast track. En el fondo la discusión puede resumirse en si las estrategias de conservación deben ser implementadas con la población campesina, garantizando los derechos fundamentales y el buen vivir o si se excluye al campesinado de estas áreas.

 

En este sentido, el marco normativo que propone PNN va en contravía del espíritu del Acuerdo Final y  del mecanismo de la vía rápida puesto que lo dispuesto por la corte constitucional en términos de conexidad, necesidad estricta y finalidad, debería facilitar la implementación del Acuerdo Final, en donde cada insumo debe guardar plena concordancia con la solución al conflicto social y, en general, garantizar a plenitud los derechos del campesinado.

 

De esta manera quisiéramos hacer las siguientes observaciones:

 

--> Parques Nacionales Naturales - PNN propuso de manera unilateral un decreto Fast Track desconociendo el acuerdo para la prosperidad 079 de 2012, el acuerdo de voluntades y el carácter vinculante de la Mesa de Concertación Nacional –MCN-, para resolver los conflictos de campesinos asentados en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. El procedimiento democrático debió ser acoger las propuestas de la MCN, las mesas locales instaladas para tal fin y el abordaje de los desacuerdos contemplados en el acuerdo de voluntades, con base en el derecho a la participación como principio constitucional y claro está el Acuerdo Final.

--> También es necesario que este ejercicio normativo recoja los puntos del Acuerdo de Paz que desde la perspectiva de las organizaciones campesinas en la MCN aportan a la solución del conflicto territorial con las áreas protegidas: 1.1.8 Algunos mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria”; 1.1.10 Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva”, y 4.1.4 Implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Parques Nacionales Naturales – PNN” dando igual prevalencia a la conservación ambiental y a la defensa de los derechos de los campesinos en estas áreas.

--> Por tratarse de un decreto que por la vía rápida pretende de manera excepcional solucionar estos conflictos, debe tenerse en cuenta que los campesinos sobre los cuales pesa la norma adelantada son sujetos de especial protección reconocidos por la Corte Constitucional, contrario a lo anterior esta propuesta se enmarca en la solución de manera ordinaria, para lo cual las medidas que propone Parques Nacionales Naturales ya están contempladas en la normatividad vigente y han demostrado no ser aptas para solucionar estos conflictos.

--> Refuerza el paradigma de parques sin campesinos, desconociendo el reconocimiento de derechos asociados a la tierra por parte del Estado, el cual prioriza que las personas que no se ajustan a las restricciones establecidas en el marco normativo deben reubicarse, persistiendo un choque de derechos contemplados en la legislación concernientes a la conservación de estas áreas y a la garantías de acceso a la tierra para el campesinado.

--> Estas medidas no contribuyen al cierre de la frontera agrícola, la estabilización económica de la población campesina y la conservación, por el contrario deja irresuelto el conflicto social y territorial, dejando en el vacío procesos de reubicación, estabilización y atención integral a la población campesina.

--> De otro lado el decreto vulnera los principios de la justicia ambiental que contempla elementos participativos, distributivos y de reconocimiento, lo que requiere de cambios en los ajustes institucionales, normativos y políticos en donde se acojan las propuestas de las comunidades en espacios deliberativos y no con los tiempos limitados por las premuras de los proyectos que deben radicar, y peor aún en contradicción con las propuestas de las comunidades campesinas.

--> En el proceso de caracterización de la situación de los asentamientos que se propone desde PNN, no hay una propuesta para revisar los usos sostenibles y las diversas formas de uso del suelo, esto implica la realización del plan de zonificación ambiental propuesto en el Acuerdo de Paz, lo cual contribuye al ejercicio de la conservación y que no va en detrimento de la protección de estas áreas de especial interés ambiental, pues los procesos de adaptación sociocultural a estos ecosistemas dan cuenta de experiencias locales para su cuidado y manejo.

--> Las medidas que se toman para el ejercicio de la función sancionatoria en este decreto las contempla con base en la celebración de acuerdos transitorios de restauración ecológica, donde prima la recuperación y conservación entrando en colisión innecesaria con los derechos de la población campesina que depende de la tierra para su subsistencia. Esto impide que puedan realizar otras actividades más allá de lo permitido, además de que se deben ajustar a la caracterización que adelante Parques, sin que se garantice la participación y concertación de las comunidades para ello, tampoco se reconocen derechos en relación a la tierra. Por tal motivo, estos acuerdos deberán firmarse en la medida que las familias estén enteradas de que serán reubicadas.

--> Este decreto omite las razones por las cuales las poblaciones campesinas llegaron a habitar las áreas del SPNN, como en los casos de violencia política, despojo, desplazamiento, procesos de colonización, alta concentración de la tierra, entre otras razones, por lo cual desde el punto de vista de las organizaciones campesinas esta propuesta no guarda relación directa con la solución a las causas estructurales que dieron origen al conflicto entre la insurgencia y el Estado, y que debería responder al espíritu del acuerdo de paz, por el contrario lleva a agudizar la conflictividad y a insistir en medidas coercitivas.

--> El decreto de PNN ratifica la imposibilidad de acceder a tierra para actividades agrícolas y pecuarias, limitando los usos a lo establecido en el Decreto Ley 2811 de 1974 –Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente- y Decreto 622 de 1977, lo cual va en contravía de los preceptos constitucionales de acceso progresivo a la tierra para los trabajadores agrarios, que implica involucrar a las instituciones ambientales y agrarias y obviando las propuestas de recuperación comunitaria de bosques y medio ambiente que contribuya al cierre de la frontera agrícola, que es mencionada en el punto 1.1.10.

--> En este sentido, la propuesta de Parques Nacionales Naturales hace un énfasis en las opciones de reasentamiento y de compra de mejoras, pero nada dice sobre las opciones de permanencia que el Acuerdo de Paz establece. En fin, la propuesta de PNN tranquilamente podría haber sido presentada antes de la firma del Acuerdo de Paz, pues se mantiene en los marcos jurídicos y conceptuales antiguos, que no permiten avanzar en soluciones integrales para esta conflictividad.

 

De permanecer la perspectiva obtusa de PNN expresada en su propuesta de Decreto, desconociendo el Acuerdo Final como parte del bloque de constitucionalidad, se desperdicia una oportunidad histórica en Colombia para avanzar hacia formas de ordenamiento territorial y ambiental incluyentes, compatibles con las necesidades de conservación natural y cultural, que aportan importantes servicios ambientales a los colombianos, como la provisión de agua y de alimentos.

Así, es necesario señalar que el carácter participativo y democrático de la construcción de paz y justicia en los territorios debe superar el hermetismo jurídico y la miopía institucional frente a las construcciones de las comunidades rurales en el ejercicio de la conservación y el buen vivir.

Cordialmente,

Delegación Campesina

Mesa de Concertación Nacional para la Formulación de la política pública de solución de conflictos territoriales entre áreas protegidas del SPNN y comunidades campesinas.

 

 

 


La MCN fue instalada para la formulación de la política pública de solución de conflictos territoriales en áreas protegidas del SPNN, que conduzca a lograr los objetivos de la conservación de estas áreas y la garantía de derechos fundamentales de las comunidades campesinas allí asentadas.