¿Necesitamos un nuevo nacionalismo económico?

El crecimiento inclusivo está concentrado en un número relativamente pequeño de lugares en América Latina. Con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, Rimisp y una red de socios en toda América Latina, revisamos los cambios en el crecimiento económico y la inclusión social de 9.000 municipios en nueve países.

Maria Ignacia Fernández
Maria Ignacia Fernández
Directora Ejecutiva. Rimisp Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
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26 de Abril de 2017

M. Ignacia Fernández

Julio Berdegué

 

Por estos días se alzan voces fuertes y poderosas que piden una nueva era de "nacionalismo económico", a la vez que una “desregulación radical de los mercados”. Los análisis realizados por Rimisp sobre la dinámica territorial y social del desarrollo desde los años noventa, nos llevan a concluir que tales estrategias profundizarían los problemas de la excesiva concentración de las oportunidades y el bienestar.

Si queremos mejorar los efectos de inclusión del crecimiento económico (y del comercio, en particular) debemos construir más -y no menos- respeto a los derechos básicos de los trabajadores, y de las trabajadoras en particular-. Necesitamos dedicar más –y no menos- atención y recursos al fortalecimiento de los bienes y capacidades de aquellos lugares y grupos sociales que se encuentran rezagados en el proceso de desarrollo. Para avanzar en una senda de crecimiento con inclusión social, necesitamos más -y no menos- comercio internacional, más -y no menos- integración económica a través de las fronteras,  por cierto que sobre la base de reglas que efectivamente resulten en una mayor y más justa participacion de los países menos desarrollados y, en ellos, de los sectores sociales excluidos.

El crecimiento inclusivo está bastante concentrado en un número relativamente pequeño de lugares en América Latina. Con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, Rimisp y una red de socios en toda América Latina, revisamos los cambios en el crecimiento económico y la inclusión social de 9.000 municipios (o sus equivalentes) en nueve países, que cubren cerca de 400 millones de personas. La gran mayoría de ellos corresponden a áreas rurales y a lugares con ciudades pequeñas y medianas que se relacionan con un interior rural.

A pesar de las tendencias positivas a nivel agregado nacional, encontramos que sólo el 36% de estos municipios, con el 25% de la población total, experimentó dinámicas de crecimiento económico con reducción de la pobreza.

También nos preguntamos qué factores están detrás del éxito de ese 36% y de las oportunidades y el bienestar al que tienen acceso los 99 millones de personas que viven allí. Aunque no hay una bala mágica, encontramos que un factor muy importante son los fuertes vínculos de estos lugares con mercados dinámicos.

Hay muy poco espacio para un crecimiento localizado, socialmente inclusivo, en ausencia de estos fuertes vínculos con los mercados. No obstante, estar vinculado a mercados dinámicos, por sí solo no es suficiente. Un buen número de los territorios que estudiamos tenían estos vínculos con el mercado y experimentaban crecimiento, pero éste no beneficiaba a la mayoría de la población y ciertos grupos sociales se enfrentaban a formas particulares de exclusión económica.

Las mujeres, en particular, experimentaron barreras significativas para ser incluidas en estas tendencias positivas de desarrollo, dondequiera que ocurrieran. Las desigualdades estructurales en materia de género figuran entre las barreras más importantes para el acceso de las mujeres a las oportunidades comerciales. Estas desigualdades afectan principalmente a las mujeres rurales y por lo tanto requieren políticas públicas específicas y diferenciadas para mejorar los activos económicos y también para abordar la redistribución de la atención y el trabajo doméstico.

Sabido es que las mujeres se encuentran en una peor posición relativa que sus pares hombres para acceder a empleos de buena calidad y asegurar su autonomía económica. Las políticas comerciales internacionales pueden ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad de género al incorporar más a las mujeres en la fuerza de trabajo y mejorar la calidad de los mismos. Un conjunto sólido de evidencia muestra que hay impactos positivos del comercio en el empoderamiento económico de las mujeres en América Latina.

Una publicación de Rimisp -el Informe Latinoamericano de Pobreza y Desigualdad- ha descrito ejemplos de inclusión social (y de género) influenciados por los acuerdos comerciales, en territorios con fuertes transformaciones derivadas del reciente crecimiento de la minería (Perú) y la actividad acuícola (Chile).

 

El Informe del año 2013 estudió el territorio de Ilo en Perú, un territorio de tamaño mediano con buenos resultados de desarrollo humano. El porcentaje de la Población Económicamente Activa con trabajo decente en 2011 supera el 26%, muy por encima del promedio nacional del 10% por ciento para Perú. Los resultados en Ilo son explicados por multiplicadores económicos locales de la minería, una estructura productiva piramidal que favorece el empleo asalariado y la tradición local de negociación colectiva y sindicalismo, en una cultura política que se caracterizó por la participación y el consenso en los años ochenta y noventa

Para Chile, el Informe examina en 2015 la situación de la provincia de Chiloé, que ha pasado de ser una sociedad agrícola tradicional a una economía fuertemente marcada por la salmonicultura, con el consecuente desarrollo del sector servicios. Ambas son actividades económicas intensivas en la contratación de mano de obra femenina. Chiloé exhibe una significativa reducción de las brechas en los indicadores de autonomía económica de las mujeres, como la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres, que disminuye en los últimos años, a un ritmo más rápido que el promedio nacional, en un contexto en que los programas y políticas gubernamentales han ayudado a crear condiciones individuales y colectivas para que las mujeres ceen sus propias empresas.

Los casos de Ilo en Perú y Chiloé en Chile muestran que la estructura productiva y la actividad económica que predomina en un territorio tienen un alto impacto en crear mejores o peores condiciones para asegurar la inclusión social y un crecimiento más equitativo. En el caso de las brechas de género, nos muestra además que las políticas orientadas a aumentar los activos individuales de las mujeres son necesarias, pero no son suficientes.

Las desigualdades en el acceso a las oportunidades y a los beneficios del crecimiento económico y del comercio no desaparecerán por sí solas ni como resultado de las fuerzas del mercado. Las políticas públicas tienen un papel esencial que desempeñar y, en particular, las políticas comerciales pueden y deben hacer una diferencia.

En unos meses tendrá lugar la primera renegociación de un importante acuerdo comercial: el NAFTA. Los países de América Latina estaremos mirando con gran atención a lo que surge de ese proceso. ¿Veremos un acuerdo comercial que amplíe las oportunidades para muchas de las personas y lugares que no se beneficiaron del NAFTA de primera generación, o se dará un paso atrás que agravará el problema?

Pero, al mismo tiempo, nuestros propios países necesitan hacer más para desarrollar políticas integrales que tengan en cuenta las interrelaciones entre las políticas comerciales y sus consecuencias (tanto deseadas como no deseadas) a nivel nacional, así como la especificidad de las situaciones y los actores involucrados, es decir, la forma diferenciada en que las políticas comerciales afectan a las mujeres, la pobreza, las comunidades rurales y las personas vulnerables en general.

Para aprovechar el aumento del comercio en lograr una mayor cohesión social y territorial, nuestros propios países necesitan invertir más voluntad política y recursos públicos para hacer frente a la desigualdad estructural general. Seguir trabajando en esta dirección resulta fundamental en un momento político y económico plagado de incertidumbres.