Los Territorios Campesinos Agroalimentarios

El 25 de noviembre de 2016 en un acto público, las comunidades campesinas del norte de Nariño y sur del Cauca declararon el primer Territorio Campesino Agroalimentario del país en el municipio de San Pablo (Nariño) ¿Qué sentido tiene este evento? ¿Qué alcance nacional de esta figura de gobierno territorial campesino?

Carlos Duarte
Carlos Duarte
Línea de Investigación en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Interculturales - Universidad Javeriana de Cali.
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08 de Febrero de 2017

El caso del norte de Nariño y Sur del Cauca

El Territorio Campesino Agroalimentario del norte de Nariño y sur del Cauca se compone de 15 municipios, comprendiendo una extensión que inicia con la depresión del Patía en Mercaderes y Taminango, y  se eleva recogiendo a su paso las territorialidades de Florencia, la Unión y San Lorenzo hasta chocar con el inexpugnable complejo volcánico de Doña Juana. Allí, esta iniciativa campesina cierra su círculo protector recogiendo a los municipios de San Pablo, Colón, Belén, San Bernardo, Albán, Arboleda y Chachaguí (Ver mapa No 1).

La importancia de este primer Territorio Campesino Agroalimentario – TCA resalta en al menos dos aspectos: su carácter articulador y su función protectora.

En primer lugar, los TCA no buscan ser la expresión aislada e independiente de un sector poblacional que se organiza contra el resto de la sociedad. Todo lo contrario, el trabajo previo de este evento ha implicado la realización de cerca de 45 asambleas municipales (3 por municipio); la asistencia de varios alcaldes que integran su territorialidad con el motivo de su lanzamiento en la esfera pública, la presencia de representantes del Ministerio de Agricultura; así como de 2.500 campesinos liderados por el Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC, el Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica. Durante la jornada de lanzamiento, las diversas intervenciones campesinas remarcaron que la figura de Territorio Campesino Agroalimentario debía servir como un dispositivo articulador entre las necesidades de las poblaciones campesinas y los representantes de la política pública local y sectorial.

En segundo lugar, el TCA busca proteger las manifestaciones productivas y culturales de los campesinos que lo habitan, por medio de la defensa del medio ambiente y de los sistemas ecológicos que lo integran. En este sentido, las montañas que circundan el complejo volcánico de Doña Juana se constituyen como recursos naturales fundamentales para asegurar la provisión de bienes y servicios ambientales estratégicos. Los campesinos de manera histórica han valorado el recurso hídrico que germina en este TCA.

Desde su visión, este recurso no sólo es importante para asegurar la supervivencia de sus modestas economías familiares, sino que además es inmanente a la vida social y cultural de estas poblaciones, puesto que funciona como una trama escarpada por donde fluyen hilos de vida transversal desde el macizo colombiano hacia las vertientes hidrográficas del piedemonte amazónico y del litoral pacífico.

Tanto para estos habitantes como para todo el país, este sistema acuático fundamental se está viendo amenazado por su potencial aurífero (Ver abajo el mapa No. 1 de la actividad minera formal y el trazado del TCA Norte de Nariño y Sur del Cauca). De acuerdo con Robert Daza, uno de los voceros de este TCA y líder histórico del CIMA Nariño: “[…] tan solo en el norte de Nariño existen 32 permisos para exploración minera que abarcan 64.000 hectáreas de los cuales se han otorgado 4 títulos para explotación a la Anglo Gold Ashanty y la Gran Colombia Gold que abarcan 6.000 hectáreas. Mientras que en los tres municipios del sur del Cauca se registran más de 100 permisos de exploración”.

Frente a esta minería institucional, los campesinos del CIMA han movilizado múltiples recursos de acción colectiva para impedir que se consoliden los grandes proyectos extractivos de las multinacionales. No obstante, este tipo de movilización no ha impedido la arremetida del fenómeno de la mineriía ilegal que ha estado vinculado al uso de maquinarias criminales.

Al respecto, el Foro regional de capacitación a los actores mineros de Nariño, organizado en 2011 por la Gobernación, permitió establecer que para este año: “[…] ya existían cerca de 300 asentamientos de mineross ilegales, de las cuales el 70% es propiedad de las FARC, BACRIM y ELN”.

Así mismo, el sistemático trabajo de Frédéric Massé en 2012, demuestra que la dinámica de la minería ilegal en Nariño siguió los mismos patrones del sur de Bolívar o el norte Caucano: “[…] toda vez que los grupos armados suelen llegar a zonas donde ya es desempeñada esta actividad de forma informal o ilegal y buscan establecer por medio de la fuerza normas a los mineros –horarios, zonas de extracción, ‘vacunas’ a pagar y permisos- para beneficiarse directamente de la producción económica derivada.”

Mapa No 1 realizado por Dayver Betancourt (IEI-PUJ Cali)

Actualmente, municipios como San Pablo reflejan los síntomas de aquellos lugares que transitan la delgada línea que separa sus debilitadas economías campesinas (tradicionalmente agrícolas), de los consumos ostentosos derivados de la veloz y letal inyección de las economías extractivas.

No sorprende entonces ver poderosas camionetas 4x4 transitando de un extremo a otro del municipio, locales comerciales que exceden la oferta usual, discotecas que yuxtaponen luces de color incandescente sobre las sinfonías locales, y gigantescas pantallas de televisión que generan un encantamiento hipnótico hacia al abigarrado conjunto de mercancías globalizadas que navegan su superficie. Como en muchos otros lugares, la rueda de la economía de enclave difícilmente tiene reversa: se necesita el dinero, porque se ansían cosas que antes no eran necesarias; mientras que los productos locales, importantes para la alimentación, terminan importándose de afuera.

Frente a las anteriores amenazas, una parte significativa de los campesinos que integran estos 15 municipios juntaron sus esfuerzos, organizándose bajo la figura de TCA para hacer frente a los olvidos estatales, las amenazas multinacionales y las mafias extractivas. En esta dirección se conformó una Junta de Gobierno Campesino conformada por tres delegados pertenecientes a cada uno de los 15 municipios, quienes son los encargados de hacer la gestión del Plan de Vida.

De igual manera, se proyecta la conformación de las Guardias Campesinas, las cuales tienen el objetivo de funcionar como una especie de sistema nervioso territorial, diseñado para identificar e intervenir sobre las amenazas que se detecten en el TCA. También han sido implementados cerca de 10 comités operativos del TCA encargados de proyectar el trabajo organizativo en distintos frentes de actuación territorial, tales como: el fortalecimiento organizativo, la mujer campesina, la juventud, el agua, la agricultura y la producción, entre otros.

 

Los Territorios Campesinos Agroalimentarios a Nivel Nacional

Si bien la anterior descripción hace posible construir una idea de este proceso organizativo en el contexto del norte de Nariño y el sur del Cauca, inmediatamente arroja otra serie de cuestionamientos: ¿Cuál es el contexto nacional de los TCA? ¿Qué organización los lidera y cuáles son sus alcances territoriales?, ¿Cuál es su realidad jurídica institucional? y seguramente ¿En qué se diferencia un TCA de una Zona de Reserva Campesina - ZRC?

Pues bien, los TAs son una propuesta del . Organización que tiene una presencia campesina en gran parte del territorio nacional y que este año cumple 20 años de funcionamiento. Desde el ámbito nacional, el CNA pertenece a diversas plataformas organizativas nacionales como el Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Mientras que desde el ámbito internacional el CNA hace parte de la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo CLOC; La Vía Campesina, y la Convergencia de los Movimientos y Pueblos de las Américas COMPA.

El CNA, en su cuarta Asamblea, realizada a finales de 2013, precisamente en San Lorenzo (Nariño), decidió que a pesar que la figura de Zonas de Reserva Campesina - ZRC ya se encuentra consagrada en la Ley 160, no brinda las garantías necesarias y suficientes por parte del gobierno, ni la protección jurídica que requieren los territorios campesinos. Vale la pena anotar que la anterior discusión no pone en tela de juicio el valor de un proceso tan relevante como el de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC.

Por el contrario, los TCA buscan ser un pie de apoyo para el avance en la protección de los derechos campesinos en sus diferentes manifestaciones territoriales. Por las anteriores razones, la Asamblea del CNA mandató el diseño de una figura de gobierno territorial que signifique una evolución significativa con referencia a las que actualmente se encuentran establecidas en la jurisprudencia agraria del país. Así pues, luego de múltiples asambleas, reuniones con académicos y fuertes debates al interior del CNA, se construyó una y un que resumen el espíritu y el diseño de los Territorios Campesinos Agroalimentarios.

Los TCA han intentado entonces superar la asimilación propia de los paradigmas de la reforma agraria bajo los cuales el campesinado ha sido visto exclusivamente como un trabajador rural. Por el contrario, los TCA parten . Directamente relacionado con el punto anterior, los TCA buscan superar la trampa de la competencia multicultural entre campesinos, indígenas y afrocolombianos, pues si los TCA se equilibran con figuras de protección y gobierno como los resguardos indígenas y titulaciones colectivas de poblaciones negras, podrán convertirse en una verdadera figura de relacionamiento intercultural. Ello se sustenta en que esta figura hace énfasis en la manera en que diversas poblaciones (afro, campesinas e indígenas) puedan convivir juntas en un idéntico espacio y no en la reproducción de la asimetría de derechos multiculturales entre comunidades rurales que actualmente opera en el país

Desde una dimensión territorial, los TCA buscan que se reconozca . En la actualidad la anterior facultad solamente le es reconocida a las comunidades indígenas y en un grado menor a las poblaciones afrocolombianas que cuenten con titularidad colectiva. De este modo, la propuesta de los TCA se enfatiza en actualizar y armonizar los regímenes ambientales y de acceso social a la propiedad, bajo una línea similar que contiene el Acuerdo para la prosperidad 079 del 28 de agosto del 2012.

Esto significa que las zonas de amortiguación de los Parques Naturales y las Zonas de Reserva Forestal, donde el campesinado tiene una tradición y una pre-existencia, se hace necesario viabilizar formas ecológicas de reconocimiento a la propiedad campesina bajo planes de sostenibilidad ambiental.

Por último, pero no menos importante, los TCA plantean que la Junta Territorial elegida periódicamente como mecanismo colegiado e intercultural de gobierno territorial pueda administrar los recursos del Sistema General de Participaciones que le corresponderían a cada territorio en virtud de su peso demográfico. Este tipo de sostenibilidad económica supone que estos recursos tengan una destinación específica en líneas de inversión como: adecuación de vivienda rural, infraestructura, educación y producción rural.

 

Potencialidad de los Territorios Campesinos Agroalimentarios

En un ejercicio de talleres nacionales campesinos implementados por el Instituto de Estudios Interculturales y en ejercicios de proyección territorial del CNA, se ha podido estimar la potencialidad de los Territorios Campesinos Agroalimentarios así como su dispersión territorial por medio del Mapa No 2 (abajo). 

Mapa No 2 realizado por Dayver Betancourt (IEI-PUJ Cali)

Para terminar, a continuación, se presenta una tabla de comparación entre la figura que actualmente se encuentra vigente en la jurisprudencia colombiana, es decir las Zonas de Reserva Campesina - ZRC y los Territorios Campesinos Agroalimentarios - TCA. Cómo se podrá observar, más que un ejercicio de demarcación y división entre ambas territorialidades, los puntos nodales que plantean los TCA significan derroteros lógicos hacia los cuales deberían avanzar las ZRC y los territorios campesinos en general en términos, de gobierno territorial, autonomía financiera, y convivencia intercultural.

 

 

ZONA DE RESERVA CAMPESINA

TERRITORIOS AGROALIMENTARIOS

REGLAMENTACIÓN

Paradigma Trabajador Rural. LEY 160 DE 1994, Art. 83, Decreto 1777 de 1996, así como el acuerdo 024 de 1996 del entonces INCORA.

BENEFICIARIOS LEY 160:

TITULACION INDIVIDUAL, COMUN Y PROINDIVISO, EMPRESAS COMUNITARIAS y ORG SOCIALES

Se sustenta en el reconocimiento colectivo de los derechos del campesinado, como un sujeto de especial protección, el cual representa una cultura tradicional en Colombia. Igualmente se propone reconocer la convivencia de diferentes culturas y grupos étnicos en territorios comunes. Por tal motivo se propone por medio de esta ley establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural campesina y de las formas de convivencia intercultural e interétnica

TERRITORIO

Las ZRC tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas.

Los Territorios Agroalimentarios podrán declararse en zonas de colonización, predominio de baldíos, en territorios contiguos y compartidos por grupos étnicos y campesinos, en áreas de ecosistemas frágiles y de alto grado de biodiversidad; en zonas de modernización y diversificación de la agricultura tradicional; en zonas de consolidación y fortalecimiento de la economía campesina; en zonas de expansión de plantaciones forestales; en zonas de sustitución de cultivos de uso ilícito; zonas  de ordenamiento productivo y de estímulos directos a la utilización eficiente de la tierra y del agua para riego; en zonas de estímulo a los esquemas de asociatividad y alianzas entre productores; en zonas o regiones de fortalecimiento de las actividades de transformación agroindustrial, agregación de valor y de comercialización interna y externa; en zonas de reestructuración de minifundio; en Zonas de Reserva Forestal de Ley segunda, o en áreas de protección ambiental como los paramos humedales o ciénagas se podrán constituir los Territorios Interculturales Agroalimentarios con el fin de proteger dichos territorios

ORGANIZACIÓN INTERNA

Para darse la titulación de los territorios y la creación de la ZRC, debe crearse una organización o empresa con sus estatutos  y funciones delimitadas.

Los Territorios Interculturales Agroalimentarios se fundamentaran en la interacción de las comunidades, bajo el reconocimiento de la otredad, propugnando por la igualdad sustantiva, promoviendo relaciones que fortalezcan la salvaguarda, respeto y ejercicio del derecho de toda persona y comunidad. Los Territorios Agroalimentarios buscaran profundizar la convivencia y el ordenamiento territorial donde habitan conjunta y/o contiguamente grupos étnicos y campesinos.

GOBIERNO

Las ZRC son concebidas como una forma de organización, la cual permite la reunión en un proyecto común y de desarrollo sostenible, más no como un modelo de gobierno propio, por lo que tienen autonomía en la conformación de los estatutos de la organización, pero no en lo concerniente a salud, educación y justicia.

En los Territorios Agroalimentarios será  elegida una Junta de Gobierno Territorial para ejercer la autoridad, teniendo en cuenta las particularidades de sus pobladores, los grupos étnicos y las organizaciones sociales que integra. La Junta de Gobierno es la autoridad política en los Territorios Agroalimentarios encargada de la dirección, coordinación, ejecución y administración, el cual estará integrado por cinco (5) representantes.

RECURSOS FISCALES

Articulación privilegiada a la oferta institucional agraria

Los Territorios Agroalimentarios serán favorecidos con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones y su administración estará a cargo de las Juntas de Gobierno Territorial.

La asignación de los recursos se realizara en proporción a la participación de la población del territorio.

 

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