Los desafíos étnico territoriales de la mesa de negociación en La Habana

Las comunidades y organizaciones étnicas más representativas del país han manifestado de manera contundente su apoyo al proceso entre las Farc y el gobierno nacional. Sin embargo, a lo largo del último año también han evidenciado su preocupación respecto a varios aspectos de este proceso.

Carlos Duarte
Carlos Duarte
Línea de Investigación en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Interculturales - Universidad Javeriana de Cali.
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01 de Julio de 2016

Si bien las comunidades y organizaciones étnicas más representativas del país han manifestado de manera contundente su apoyo al proceso de acuerdos entre las Farc y el gobierno nacional desarrollado en La Habana, a lo largo del último año también han evidenciado su preocupación respecto a varios aspectos de este proceso. El objetivo del presente texto es reflexionar en torno algunas de dichas inquietudes.

Recordemos que en un primer momento las organizaciones indígenas y afrodescendientes mostraron su discrepancia con la metodología de la negociación ya  que esta no incluyó un enfoque étnico-diferencial. Ahora, en días pasados, luego de la reciente firma de los Acuerdos sobre cese al fuego bilateral y definitivo, el blanco de las preocupaciones parece haberse trasladado al punto seis de la Agenda que establece la implementación, verificación y refrendación del Acuerdo General.

Al revisar los diferentes comunicados emitidos por las organizaciones indígenas y afrocolombianas queda claro una gran diversidad de opiniones que bien pueden agruparse en inquietudes del orden nacional y otras que se instalan en el ámbito regional y local.

 

Preocupaciones del orden nacional: La Consulta Previa

Bajo el anterior orden de ideas, la primera de las preocupaciones que se instala en las plataformas de orden nacional como la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano – CONPA, es que los acuerdos de La Habana deben efectuarse bajo un proceso de Consulta Previa. Sin embargo, y de acuerdo con la opinión del abogado consultor Samuel Escobar, el presidente no tiene porque llevar a Consulta Previa el efectivo acatamiento del artículo 22 de la Constitución Política que se refiere a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

La discusión de fondo con referencia a la Consulta Previa es la que plantea Fredy Páez, abogado y doctor en filosofía del derecho de Paris X. Para este abogado, si el Acuerdo Final se promueve a Acuerdo Especial en los términos del Artículo 3 común al Convenio de Ginebra de 1949, la Consulta Previa no aplicaría en la medida que los Acuerdos suscritos entre las Farc y el Estado colombiano al ser integrados al bloque de constitucionalidad serían elevados a rango constitucional. Lo anterior porque las Constituciones Políticas no son objeto de Consulta Previa, según la naturaleza de dicha figura plasmada tanto en los Artículos 7, 8 y 34 del Convenio 169, como en su reconocimiento en el bloque de constitucionalidad colombiano (Sentencias SU-039 de 1997 y T-376 del 2012).      

La segunda de las preocupaciones expresadas por las organizaciones étnicas está referida a que los Acuerdos de la Habana puedan significar la regresividad de los derechos afrocolombianos e indígenas garantizados en la actual jurisprudencia colombiana. Esta problemática está directamente vinculada con la anterior, en la medida en que si bien los Acuerdos no están obligados a pasar por Consulta Previa, seguramente las posteriores disposiciones legislativas y administrativas que se implementen por mandato constitucional, y que por su carácter afecten a las comunidades étnicas si deberán ser objeto de Consulta Previa.

Desde este punto de vista, la incorporación de los Acuerdos de La Habana al bloque constitucional no significa la regresión de los derechos étnicos, sino que su implementación deberá respetar tanto los procedimientos del Convenio 169 como las disposiciones plasmadas en la Ley 21 de 1991 (que desarrolla los derechos de poblaciones indígenas) y la Ley 70 de 1993 (que reconoce derechos de poblaciones afrocolombianas).

Para sintetizar: el Acuerdo Final en caso de ser refrendado tal y como lo designe la Corte Constitucional se elevaría a rango constitucional y por lo tanto no debería ser objeto de Consulta previa. En cambio sus disposiciones operativas bien sea en Leyes, Decretos, Planes o Proyectos que puedan afectar a las comunidades étnicas, si deberán ser consultadas con las minorías étnicas.

Como vemos las interpretaciones en torno a los procedimientos y momentos de la Consulta Previa parecen encarnar las preocupaciones de un derecho que se ha constituido en una verdadera “arma de los débiles” para salvaguardar los derechos de las minorías étnicas. Sin embargo el Estado y las mismas comunidades étnicas deberán tener cuidado de guardar su verdadero espíritu, para que esta herramienta no sea un obstáculo para la promoción de los derechos de poblaciones igualmente vulnerables como las del campesinado pobre y despojado que no se reconoce bajo categorías étnicas.

 

Preocupaciones del orden regional: La representación étnica y las capacidades institucionales

De otra parte nos encontramos con un segundo orden de inquietudes que tienen que ver con el orden regional y operacional de la fase de tregua bilateral recientemente iniciada. A este respecto podríamos decir que los desafíos serian de dos tipos: primero, las dinámicas de la representación organizativa y asociativa de las comunidades étnicas en el territorio. Segundo, la capacidad del Estado colombiano y sus entidades para responder a los desafíos rurales de un escenario de postconflicto.

El tema de la representación étnica bajo el sistema multicultural colombiano está profundamente anclado en los procesos de auto-identificación. Es decir, cada individuo puede definirse como perteneciente a un grupo étnico por medio de su decisión personal. De otro lado, los mecanismos asociativos de carácter étnico se encuentran vinculados a un peritazgo estatal que se ciñe a una orientación histórico-territorial, pero que en líneas generales, es lo suficientemente amplio para reconocer nuestra amplia diversidad cultural.

En esta medida, a lo largo de los últimos 20 años han venido emergiendo con fuerza una multitud de organizaciones que apelan a su identificación y representación territorial para buscar un reconocimiento estatal a su etnicidad. Este escenario ha venido produciendo que la representación étnica tienda a su fragmentación, y que cada vez se cruce con factores como el género,  la religiosidad o la clase social. El anterior fenómeno no es problemático en sí mismo, todo lo contrario, permite apreciar la columna vertebral de la diversidad sobre la que se articula el sistema de derechos multicultural colombiano.

Sin embargo, el nacimiento de nuevas organizaciones indígenas que asocian reivindicaciones étnicas a las de clase social como la Coordinación Nacional de Pueblos, Organizaciones y Líderes Indígenas - CONPI y la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima- ACIT, no terminan de ser bien recibida por los procesos más tradicionales como la ONIC, o el Consejo regional Indígena del Cauca - CRIC. La anterior situación se evidencio en el encuentro del 26 y 27 de Junio entre la Mesa de Negociaciones y las comunidades étnicas.

Para dicho evento la Mesa de negociaciones de La Habana insistió en elegir 5 de 10 representantes indígenas y 6 de 10 representantes afrodescendientes, quienes pertenecen a estas organizaciones étnicas de clara filiación con estructuras reivindicativas como la Marcha Patriótica. De igual manera, la negativa del CRIC para asistir a dicho encuentro y la propuesta para recibir una Comisión de la Habana en el Resguardo de la María – Cauca, indudablemente hacen parte de ese pulso por la representación política de las comunidades indígenas y afrocolombianas.

Finalmente, la habilidad institucional del Estado para entender los territorios en los que tendrá el desafío de implementar una agenda de post-conflicto ya ha sido un tema recurrentemente analizado por expertos de la talla de Juan Camilo Restrepo o la misma Misión para la Transformación del Campo Colombiano. A este respecto, conviene resaltar que en una reunión ocurrida el 2 de Septiembre del 2015 entre la Cumbre Agraria y el ya desaparecido Incoder, donde se analizaron detalladamente los escenarios de conflictividad territorial entre campesinos, indígenas y afrodescendientes, se señalaba que un porcentaje importante de dichos conflictos estaban motivados por “omisión o fallas de las entidades estatales”. Este aspecto cobra toda su relevancia cuando el Estado manifiesta que las zonas veredales de concentración se eligieron siguiendo los siguientes principios: “distantes de cascos urbanos o cabeceras municipales; con una extensión razonable que garantice la verificación; con condiciones que faciliten el suministro de la logística; distantes de áreas de frontera; y que no estén ubicadas en parques naturales, áreas de infraestructura estratégica, cultivos ilícitos, explotación minera, grupos étnicos y resguardos indígenas” (Ministerio de Defensa - Diario El Tiempo 24 de Junio, Edición Digital).

Pues bien, bajo la anterior tipología resulta inexplicable que se haya elegido a un municipio como Buenos Aires – Cauca como zona de concentración de las Farc, si se tiene en cuenta que este es un municipio fundamentalmente minero, en el que a lo largo de los últimos años se ha venido experimentando la profundización de la minería ilegal. Pero además, es un municipio donde existen dos Resguardos Indígenas (las Delicias y la Paila) los cuales como se observa en el mapa abajo presentan una configuración territorial dispersa; y en el que un 84 % de su población se reconoce como afrocolombiana, organizada en 10 Consejos Comunitarios quienes en su gran mayoría pertenecen a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC.

Sin lugar a dudas, este segundo conjunto de discusiones que por su carácter regional y local conciernen al ámbito operacional de los Acuerdos, son los más complejos y difíciles a resolver. Las discusiones por la representación plantean debates largamente postergados en el sistema multicultural colombiano, como por ejemplo la inequidad en los derechos de las poblaciones rurales, que con el tiempo han venido configurando una perversa maquinaria de competencia interétnica e intercultural.

En un corto plazo, parece que el éxito de la actual Fase de 180 días dependerá de la capacidad del Estado y de las FARC para reconocer los actores étnicos y sociales que se encuentran presentes en los mismos territorios donde ellos esperan hacer política. En esta medida el éxito de una verdadera política de construcción de paz radicará en que sus promesas de integración, reconocimiento y progreso no se transformen en nuevas fuentes de segregación y fragmentación.