Los criterios de priorización de la JEP podrían re-victimizar a las poblaciones campesinas y NARP

La Guía de Priorización de Casos y Situaciones socializada la semana pasada por la JEP deberia incluir de manera más precisa a las poblaciones NARP; así como a las comunidades campesinas que no se identifican bajo criterios étnicos.

Carlos Duarte
Carlos Duarte
Línea de Investigación en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Interculturales - Universidad Javeriana de Cali.
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18 de Junio de 2018

Por Grace Boffey & Carlos Duarte

Cartografía de Dayver Betancourt

La semana pasada la JEP socializo una propuesta de Guía de Priorización de Casos y Situaciones en la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Este documento  plantea los lineamientos básicos que guían el proceso de priorización de casos y situaciones al interior de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, y de Determinación de los Hechos y Conductas (en adelante, SRVR). Dicha Guía plantea unos criterios iniciales y presenta una metodología de aplicación y definición de prioridades.

Si bien, de una parte el ejercicio realizado por la JEP es necesario y oportuno para garantizar los derechos de las víctimas, contribuir a la construcción de la verdad, y promover la reconciliación. De otra parte, tambien creemos fundamental incluir de una manera más precisa a las poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras – NARP; así como al campesino que no se identifica bajo criterios étnicos. Vale la pena remarcar que el campesinado mestizo, en tanto sujeto colectivo, se encuentran ausente de la metodologia propuesta por la JEP.

A continuación explicaremos la Guia de priorización propuesta por la JEP, para en un segundo momento proponerle a la JEP la adición de algunos items en concordancia con lo expuesto anteriormente.

 

La priorización y los criterios propuestos por la SRVR

La adopción de esta política de priorización al interior de la SRVR es coherente con el mandato constitucional de la JEP de: (i) satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia; (ii) ofrecer verdad a la sociedad colombiana; (iii) proteger los derechos de las víctimas; (iv) contribuir al logro de una paz estable y duradera; y (v) adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno.

Bajo el anterior propósito, dentro de su procedimiento, la SRVR recibe los informes de los hechos relacionados con el conflicto, así como los reconocimientos de responsabilidad por parte autores, partícipes o encubridores de las conductas punibles de competencia de la JEP. Acto seguido, se espera que los comparecientes aporten en el esclarecimiento de la verdad plena, contribuyendo a la reparación de las víctimas, y a la garantía de la no repetición. En ese sentido, la SRVR es, por excelencia, el foro de rendición de cuentas de la JEP.

Las medidas de priorización son importantes, porque a través de estas, la SRVR busca caracterizar periódicamente su carga de trabajo en la definición y organización de la atención a los casos y situaciones de su competencia, así como tomar decisiones de gestión de recursos que permitan satisfacer, progresivamente, los derechos de las víctimas y los intereses de la sociedad. 

, la Sala ha estructurado el proceso de priorización de acuerdo a tres grandes etapas: agrupación, concentración y priorización. (i) por agrupación se entiende la construcción y delimitación de universos provisionales de casos competencia de la SRVR, (ii) por concentración, el conjunto de labores preliminares que le permiten a la Sala focalizar su trabajo en la recolección y el análisis de información sobre determinados grupos de personas o de casos, con el fin de contar con los presupuestos necesarios para adoptar decisiones de priorización. Finalmente, la etapa concreta de (iii) priorización, supone la aplicación de criterios de carácter estratégico que le permiten a la SRVR determinar el orden de gestión de los casos, así como la asignación diferenciada de recursos de acuerdo con las necesidades de los mismos. 

Una vez delimitado el universo provisional de hechos y conductas que cumplen con factores de competencia de la SRVR, y disponiendo de suficiente información, se aplicarán criterios de priorización que le permita establecer un orden racional de atención para los mismos y asignar recursos diferenciados.

Los criterios de priorización tienen dos dimensiones: impacto y disponibilidad de la información. La dimensión de impacto a su vez tiene dos componentes: subjetivo y objetivo. El componente subjetivo del impacto de los casos y situaciones se refiere a las características de víctimas y de los presuntos responsables; mientras que el componente objetivo se refiere a los hechos.

Criterio subjetivo del impacto: La priorización de casos y situaciones por el componente subjetivo del impacto tendrá en cuenta:

La vulnerabilidad de las víctimas en razón a su origen étnico e identidad racial, orientación sexual e identidad de género, edad, condición de discapacidad, condición de pobreza, rol social de la víctima, derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación y ausencia o debilidad de las instituciones estatales.

Impacto diferenciado en los pueblos étnicos y sus territorios en especial cuando los daños colectivos e individuales ponen en riesgo de exterminio físico y cultural, riesgo de extinción y pervivencia de los sujetos colectivos de derechos.

La representatividad de los presuntos responsables. La participación determinante de los presuntos responsables en los patrones de macrocriminalidad, planes y o políticas, asociados a los casos y situaciones de competencia de la Sala.

Criterio objetivo del impacto: La priorización de casos y situaciones por el componente objetivo del impacto tendrá en cuenta:

La gravedad de los hechos que por su modalidad o sus efectos afectan más gravemente los derechos fundamentales individuales y colectivos en términos de intensidad de la violencia, sistematicidad, masividad, daños o impactos generados.

La magnitud de la victimización en términos de número de víctimas directas e indirectas, duración en el tiempo de los hechos victimizantes y extensión en el territorio.

Representatividad de los hechos en cuanto a la capacidad de ilustrar el modus operandi relacionado con prácticas, políticas, planes o patrones criminales de competencia de la SRVR, en el marco de los objetivos de la jurisdicción.

Así mismo y de manera complementaria la SRVR aplicara criterios de disponibilidad de la información y de simetría. Entendiendo por este último, un tratamiento equitativo, equilibrado y simultáneo entre quienes hubieran participado en el conflicto armado interno.

Para quienes quieran profundizar en la metodología y la propuesta completa. .

 

La propuesta de criterios adicionales

A continuación, explicamos algunos aportes nuestros frente a diversos aspectos del documento planteado por la JEP, que creemos fortalecerán el trabajo de la SRVR, a partir de nuestra experiencia en tanto investigadores del . Vale la pena remarcar que nuestro trabajo se focaliza en las problemáticas de comunidades rurales étnicas y campesinas; así como en el entendimiento de los fenómenos interculturales desde lo territorial.

Nuestras recomendaciones giran en torno a dos aspectos: 1) La definición de sujetos colectivos, con el fin de reconocer a todos los grupos poblacionales etnicos y culturales afectados por el conflicto armado (especialmente comunidades Negras, Afrodescendientes, Maizales y Palanqueras NARP; así como poblaciones campesinas que no se identifican bajo criterios étnicos); y 2) la incorporación del enfoque territorial como poderosa herramienta analítica con el objetivo de analizar la conexión de diversas violaciones a los derechos humanos en tanto estrategia de gobernanza armada.

  1. Comunidades NARP y el campesinado en la definición de sujetos colectivos

El conflicto armado en Colombia ha tenido un impacto desproporcionado en los sectores rurales, razón por la cual esas regiones y sus comunidades deben ser priorizadas por las instancias de la JEP. Como plantea el informe del CNMH Basta Ya, aunque muchos colombianos no han vivido el conflicto armado directamente en las ciudades, este “[…] se vive cotidianamente en la marginalidad de las zonas rurales, en medio de un país en proceso de acelerada urbanización que no pudo ver o quizás opto por ver solo lo que le era próximo y más llamativo…es una violencia con mucho impacto en lo local y lo regional, pero con muy poca resonancia en lo nacional” (p.108).

Revisando la redacción de la Guia en cuestión, nos parece importante proponer la modificación de la definición de los sujetos colectivos presente en el texto, para reconocer todos los grupos poblacionales etnicos y culturales afectados por el conflicto armado, sobre todo las organizaciones comunitarias rurales. Esas organizaciones deben ser contempladas en su totalidad en los criterios de priorización, debido al impacto pronunciado que ha tenido el conflicto en comunidades y territorios rurales como se evidencia en el mapa a continuación.

Por lo tanto, aunque el texto en general habla genéricamente de pueblos étnicos, en la tabla 1 que empieza en la página 11 se debe identificar explícitamente en los elementos objetivos de medición relacionados con el impacto diferenciado en cuanto al sujeto de derechos colectivos étnicos no solamente a las victimas indígenas, sino además víctimas de las comunidades afro-descendentes NARP. Los derechos colectivos NARP son reconocidos en la Ley 70, como instrumento de desarrollo jurídico del artículo transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991. 

Su reconocimiento como colectivo étnico es particularmente importante a la luz del Auto 005/09 de la Corte Constitucional, en lo cual la Corte afirma que en la los individuos y comunidades afrocolombianos tiene un ‘status como sujetos de especial protección constitucional, en sí mismos titulares de derechos individuales y colectivos fundamentales, y merecedores de atención y protección prioritaria y diferenciada y declarar que sus derechos fundamentales prevalecientes que están siendo masiva y continuamente desconocidos’ (Resolución primera).

Por lo tanto, su inclusión explicito como sujeto de derecho colectivo étnico tiene una importancia no únicamente legal sino también simbólica, en medida que visibiliza esas comunidades que han sido históricamente marginalizadas.

Se sugiere que el texto podría quedar de la siguiente forma:

Interseccionalidad del impacto diferenciado del sujeto colectivo (por ejemplo, mujeres indígenas o afrodescendientes víctimas de violencia sexual, NNA indígenas o comunidades NARP víctimas de reclutamiento que hacen parte de un pueblo).

Es igualmente importante reconocer el impacto diferencial en las comunidades y organizaciones rurales no étnicos, como son las organizaciones campesinas. El reconocimiento de la población campesina se manifiesta en la Constitución de 1991, y sus derechos como grupo social organizado merecedor de una protección especial se desarrollan en el marco de la normatividad que establece y reglamenta las Zonas de Reserva Campesina. El objetivo de esa figura de ordenamiento territorial es “fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causa de los conflictos sociales que las afectan y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social…” (Decreto 1777/96, Art.1).

Asimismo, el reconocimiento del campesino como grupo poblacional significativo fue admitido en la sentencia 2028/2018 de la Corte Suprema de Justicia, en lo cual la Corte hace una llamada a atención al Ministerio de Interior, al DANE, a la Presidencia de la Republica, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, resaltando la importancia de elaborar estudios que permiten delimitar a profundidad el concepto de campesino con el fin de “[...] contabilizar a los ciudadanos que integran ese grupo población y además que …se identifique la situación actual de la población campesina y se apoye la formulación y seguimiento de planes, programas y políticas públicas que permitan la materialización del derecho fundamental a la igualdad material que asiste al campesinado colombiano” (Res. 2).

Es difícil cuantificar el impacto del conflicto armado en la población campesina y sus procesos organizativos, justamente porque, aunque esa población tiene derechos diferenciales, el Estado colombiano no establecido criterios para identificar personas perteneciendo a esas comunidades.

De esa forma, la inclusión y reconocimiento de la población campesina por entidades estatales como la SRVR pueda empezar el proceso de reparación simbólica a esas comunidades, que llevan una larga trayectoria luchando por sus derechos colectivos, o que tienen actualmente Mesas de interlocución con el gobierno colombiano producto de diversas movilizaciones a lo largo de los últimos decenios. Lo anterior cobra relevancia particular cuando consideramos que esa lucha en muchos casos ha sido parte de la motivación de la violencia experimentado por esas comunidades.

Como aparece en el Acto Legislativo 01 de 2017, "[] uno de los paradigmas orientadores de la JEP será la aplicación de una justicia restaurativa que preferentemente busca la restauración del daño causado y la reparación de las victimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización" (Art. Tr.1).  Resarcir esa exclusión social tiene que partir desde el reconocimiento pleno de la identidad de las víctimas, a partir de las primeras fases del proceso, porque para que el proceso sea realmente restaurativo, el como del proceso es tan importante como el resultado.

Consecuentemente, sería pertinente modificar la definición de la vulnerabilidad de la siguiente forma, para poder contemplar grupos colectivos no étnicos:

La vulnerabilidad de las víctimas en razón de su origen étnico, pertenecía a procesos comunitarios organizativos, identidad racial, social, cultural, económico o político, orientación sexual o identidad de género, edad, condición de discapacidad, condición de pobreza, rol social de la víctima, derivados de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación y ausencia o debilidad de las instituciones estatales.

En ese orden de ideas, nos parece importante incluir un criterio del impacto diferenciado que contempla las organizaciones campesinas, lo cual se debe agregar después del punto el impacto diferenciado en los pueblos étnicos en la página 9. Surgimos que se puede redactar de la siguiente forma:

Impacto diferencial a las comunidades campesinas y sus territorios en especial cuando los daños colectivos, familiares e individuales ponen en riesgo de exterminio físico o cultural, y pervivencia de los sujetos campesinos y sus procesos organizativos.

Como consecuencia se debería agregar a la tabla que resume los criterios de priorización el siguiente inciso: 

 

 

 

Impacto diferencial a las comunidades campesinas y sus territorios

Interseccionalidad del impacto diferenciado del sujeto colectivo campesino (por ejemplo, mujeres campesinas víctimas de violencia sexual; NNA jóvenes campesinos víctimas de reclutamiento).

Presencia de minas antipersonales en territorios campesinos.

Zonas de Reserva campesina en proceso de solicitud y/o constitución.

Explotación económica forzada en territorios campesinos y/o cambio del uso del suelo sin consulta previa (como por ejemplo la deforestación, los cultivos de uso ilícito y la explotación de monocultivos agroindustriales).

Casos que involucren delitos contra  líderes u organizaciones  campesinas.

Informes o decisiones de entidades públicas, o de organizaciones sociales y de DH que adviertan de afectaciones sobre comunidades y organizaciones campesinas.

Número de integrantes de sujetos rurales no étnicos en desplazamiento forzado o confinamiento.

Integrantes de organizaciones campesinas con medidas cautelares o provisionales en el Sistema Interamericano de DH.

 

2. La incorporación del enfoque territorial

El enfoque territorial es un enfoque transversal al Acuerdo Final y debe estar contemplado en los criterios de priorización, con el fin visibilizar los territorios más afectados por el conflicto armado, y lograr correlacionar efectivamente actores armados, dinámicas de control territorial y repertorios de victimización. Tal y como quedo el Acto Legislativo 01 de 2017 parte del enfoque territorial ‘corresponde a las características particulares de la victimización en cada territorio’ (Art. Tr. 1, Par.1).

Creemos que, desde el enfoque territorial, se puede tanto elucidar los motivos atrás del conflicto, como facilitar la priorización en un momento inicial, y llevar a la comprensión de las lógicas de control territorial que permiten comprender de manera articulada los diversos crímenes perpetrados contra la población civil.

Este ejercicio es esencial para que la Sala puede cumplir con su obligación según el Acto Legislativo 01 de 2017 de no poder ‘presumir el carácter masivo o sistemático de las conductas punibles investigados, ni que el hecho ha sido cometido como parte de un plan o política o como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de los crimines’ (Art Tr.12).

A través de estudios preliminares que hemos realizado sobre las dinámicas del conflicto armado, usando indicadores que permitan aproximar las regiones del país donde el conflicto armado ha tenido sus impactos más intensos, como se evidencia en el mapa en la sección anterior que representa los números históricos de víctimas, convergencia de los actores armados ilegales, y la presencia de comunidades rurales.

Además, cuando veamos los cruces de algunos de las categorías de victimización registrados por la Unidad de Victimas, es evidente la confluencia de diferentes modalidades de violencia en un espacio territorial, lo cual nos lleva a pensar que el contexto territorial tiene claves para entender la lógica de la violencia en los territorios. 

En ese orden de ideas, en el momento en lo cual la SRVR hace su demarcación de los casos del universo de hechos de su competencia, sería útil contrastar la información recibido con información de estadísticas contemplado de una forma territorial, que puede ayudar a identificar tendencias en la actuación de las estructuras armadas que son indicativo de un plan o política en la actuación de los actores armados. Con esa información, se podría orientar mejor las preguntas a las personas comparecientes antes la Sala, enfocándose en los patrones más relevantes a las estructuras a lo cual pertinencia, e identificando posibles vacíos en las declaraciones presentadas.

Más allá de la capacidad de elucidar el contexto y encontrar los hilos unificadores de actos de violencia individuales, un enfoque territorial también debe informar la priorización de los casos.  Como era evidente en los mapas anteriores, hay algunas regiones del país en donde el conflicto ha tenido un impacto más elevado en la población civil. Consecuentemente, es relevante buscar que las experiencias de violencia en estos territorios en particular sean tratadas por la JEP.

Por lo tanto, creemos que sea oportuno incluir en el criterio de representatividad elementos que contemplan expresamente un enfoque territorial. Ese enfoque se puede expresar de la siguiente forma:

Representatividad de los hechos en cuanto la capacidad de ilustrar el modus operandi relacionado con prácticas, políticas, planes o patrones criminales de competencia de la SRVR, y su capacidad de revelar las motivaciones atrás de las violencias en los territorios más golpeados por el conflicto armado, en el marco de los objetivos de la jurisdicción.

En los elementos de medición de los criterios de priorización, corresponderá agregar un elemento en el criterio de representatividad de los hechos:

El caso aborda la violencia de los territorios más golpeados por el conflicto armado.

Asimismo, cabe manifestar la preocupación que nos causa el criterio complementario sobre la disponibilidad de la información, lo cual podría llevar a un escenario en lo cual no se prioriza los territorios anteriormente mencionado, debido a que muchos de estos territorios se han caracterizado por la debilidad de la institucionalidad estatal, y en esa lógica, los hechos de violencias en esos territorios han quedado sin investigar.

Reconocemos que al final, para que el caso pueda prosperar, es necesario tener suficiente información para sustentar los cargos. Sin embargo, como se ha planteado en las secciones previas, es importante que el proceso de justicia en si tiene un componente restaurativo, buscando remediar el abandono histórico de las comunidades rurales. Por eso, es vital que hay un esfuerzo considerable en algunos casos que han sufrido por dificultades en la recopilación de información relevante.

 

3. Otras observaciones

Nos parece importante revisar el criterio de simetría, que en el caso de que se va a aplicar, debería ser más especificado como se va a medir. De toda forma, no sería oportuna aplicarlo de una forma simple en lo cual se intentaba llevar casos pares de cada actor, sino que eso tendría que reflejar los indicadores globales de los hechos cometido por cada actor en el marco del conflicto armado, por acto u omisión, para que la simetría respondía de la forma más cercana posible al accionar de los mismos.

 

 

 

 


 Para representar la presencia de las comunidades étnicas y campesinas, se incorporó territorios colectivos titulados tanto como las zonas en proceso de solicitud y las presencias de procesos para tener el panorama que refleja la identificación de las comunidades. Específicamente la presencia afro se representa en los puntos de palenques históricos y los consejos comunitarios sin títulos, y territorialidades afros son las áreas de títulos colectivos. Las territorialidades indígenas representan la presencia de las comunidades indígenas a través de resguardos coloniales, resguardos constituidos y predios indígenas comprado por el fondo nacional agrario. La presencia campesina se aproxima a través de las áreas de Zona de reserva campesina construida, en constitución, solicitada, y aspirada, la presencia de las organizaciones campesinas PUPSOC y CIMA, las aspiraciones de la Cumbre Agraria, y la aspiración de constitución de .

Artículos 58, 64, 65 y 66. 


Marco normativo creado en Capitulo XII de la Ley 160 de 1994, Decreto 1777 de 1996, Acuerdo 24 de 1996, declarado constitucionalmente exigible en la sentenciaC-371/2014.